PRIMERA PARTE.
En ocasión de celebrarse el Día de las Glorias del Ejército, el General Mario Arteaga, Comandante en Jefe de la VI División, dijo en su alocución oficial: “La Historia de la Patria y del Ejército (por extensión, de todo el conjunto de las Fuerzas Armadas) son una sola, y continuamos escribiéndola juntos.” Y prosiguió: “ el Ejército ha contribuido a consolidar el espíritu libertario de la sociedad chilena, y a hacer realidad la ruta que trazaron los Padres de la Patria.” Bellas palabras. Sin embargo, si observamos objetivamente la historia reciente del país, veremos que más tienen de retórica que de realidad. En estos precisos instantes, un masivo y prolongado movimiento estudiantil por una educación gratuita y de calidad ha concitado la simpatía de la abrumadora mayoría ciudadana. Esta inusitada situación ha terminado por poner en jaque a todo el orden político-administrativo y económico vigente, caracterizado, fundamentalmente, por una exagerada concentración del ingreso y riqueza del país en unas pocas manos. Pues bien, ese orden responde a las concepciones ideológicas e intereses de sólo una parte de la sociedad política chilena, representada políticamente por la derecha nacional. Como es ella la que hoy gobierna, lógicamente es difícil que quiera conmover las bases del sistema en el cual cree. Mientras tanto, el resto del país exige una mejor y más equitativa distribución del ingreso, lo que, según ella, puede resolver todos los problemas educacionales y sociales del país. Este conflicto de intereses es la causa de la crisis que hoy vivimos. Ante ella, algunos conspicuos personajes de la derecha (Zalaquett, Pérez de Arce, Labbé, Lobos y varios más), directa o indirectamente, han llamado a las Fuerzas Armadas (FF AA) a intervenir en la crisis; por supuesto, en favor del sector político al cual pertenecen. ¿Por qué estos civiles de derecha se sienten con autoridad para hacer estos llamados? Por una razón muy simple: porque asumen que las FF AA son sólo suyas. Por desgracia, tienen base para hacerlo. En efecto, la verdad histórica es que el orden vigente, programado unilateralmente por sólo una parte de la civilidad, la derecha, fue impuesto “manu militari” por las FF AA en 1973. “Miles sub omnibus civibus,” decían los antiguos romanos (los militares deben estar bajo el poder de todos los ciudadanos). Además de ser ésta la enseña universal sobre la cual descansa todo sistema democrático en el mundo moderno, tras ella hay una cuestión moral básica: la sociedad entera, y no sólo una de sus partes, ha entregado a sus militares, con arreglo a la Ley, el privilegio del monopolio de las armas, que pertenecen a todo el pueblo. La misión básica de las FF AA es, entonces, una sola: la defensa del territorio nacional contra eventuales enemigos externos. No obstante ese principio, en 1973 se introdujeron en el país los conceptos “enemigo interno” y “seguridad interna,” completamente ilegales, pero también 100% políticos. En efecto, esos conceptos dieron cuenta de un acuerdo político suscrito por nuestros militares, la derecha civil nacional y el imperio estadounidense, que en plena Guerra Fría, defendía sus propios intereses geo-políticos globales, con el objeto de eliminar de todo el cono sur latinoamericano a los militantes y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda, entre ellos los que sostenían en Chile el gobierno constitucional de Salvador Allende. De modo que, objetivamente, nuestras FF AA tomaron entonces partido político, y claramente en favor de una sola y reducida parte de la sociedad, para luego instaurar, con ella, una atroz dictadura militar. La dictadura cumplió su tarea: exoneró de sus trabajos, persiguió, torturó, asesinó, encarceló y exilió a cientos de miles de chilenos y chilenas. La derecha llamó a esa felonía “otra gloria del Ejército,” mientras cómodamente, con todo el poder imaginable en sus manos y sin oposición, llevaba adelante su programa político íntegro, lo que nunca pudo hacer en el Chile libre y democrático de antes del golpe de estado de 1973. Por lo tanto, por lo menos dejemos en claro que las FF AA no escribieron esa infamante parte de nuestra historia “junto con la Patria,” ni tampoco preservaron “el espíritu libertario de la sociedad chilena.” Por el contrario, durante la dictadura militar, que presidía el todavía primer líder e ídolo de la derecha civil, Pinochet, el sagrado legado de O’Higgins, Carrera y Rodríguez, sellado en los versos de nuestro Himno Nacional “que, o la tumba serás de los libres, o el asilo contra opresión” fue letra muerta, puesto que entonces no hubo libertad en Chile, sino opresión. Es obvio que si las FF AA realmente hubiesen querido “salvar la democracia y la libertad,” habrían llamado a un plebiscito, no a la manera del fraude de 1980, sino uno que observara todas las garantías propias de los comicios democráticos del mundo, para que el pueblo, libre y legítimamente, decidiera su destino (CONTINUARÁ).
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PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21, 6 / 10 / 2011.
EL DISCURSO DEL GENERAL ARTEAGA.
SEGUNDA PARTE.
El concejal UDI de Concepción Fernando González debe sentir muy suyas a las FF AA. Hace un tiempo, declaró públicamente lo siguiente: “A punta de balazos deberían sacar a los upelientos que aún hay en el gobierno regional…con dos militares se te arrancan.” González no se iba molestar de echar a esos “upelientos” a través de la Ley o la denuncia pública. ¿Por qué, si era más simple que lo hicieran por él “sus” militares, a balazos? González no es un político cualquiera. Fue jefe de gabinete de la intendenta de la Octava Región, la presidenciable Jacqueline van Rysselberghe, y es hermano del gobernador de Concepción. En su twitter, González cuenta que se reúne frecuentemente con los oficiales del Ejército en retiro para “conversar y escuchar historias del Pronunciamiento Militar.” Si las FF AA tuvieran una cultura de verdadera neutralidad política habrían respondido ipso facto a González, separando aguas públicamente con él. De este modo, este político profesional habría quedado como un desubicado. En realidad, no quedó como un desubicado. En esa oportunidad, tanto el gobierno de derecha que tenemos, como el propio comandante en jefe de las FF.AA, el general Fuente-Alba, callaron; y quien calla, otorga. González quedó feliz, pues, como nadie replicó sus dichos, se ratificó, en la realidad, que las FF AA pertenecen a su bando. Son demasiados los hechos que prueban la parcialidad de nuestras FF AA en materia política. Por ejemplo, ha sorprendido a todo el país que una nave insignia de la Marina de Chile, de gran desempeño en el rescate de los restos de los infortunados compatriotas que murieron en la tragedia de Juan Fernández, no lleva el nombre de ningún héroe de nuestra Marina, sino del más fanático e ideologizado de los golpistas de 1973, el almirante José Toribio Merino, muerto de viejo en su cama. La personalidad de Merino ya había quedado retratada en 1964 en el relato del difunto ex – canciller Gabriel Valdés (G. Valdés: “Sueños y Memorias,” Editorial Taurus, 2011). Cuenta Valdés que en calidad de segundo Jefe de la Marina, Merino propuso al recién elegido Presidente Frei (padre) hundir el acorazado argentino “Belgrano,” surto en un astillero trasandino por reparaciones, para así acabar con las disputas territoriales que teníamos con Argentina (disputas que ganamos legalmente en La Haya, poco después). Luego del golpe de 1973, Merino asumió públicamente la responsabilidad personal de los asesinatos y torturas que se realizaran contra civiles chilenos y extranjeros en los cuarteles de la Marina, y particularmente en el buque-escuela “Esmeralda,” baldón que todavía impide a esa bella y emblemática nave nuestra ser bienvenida y recalar tranquila en los puertos del mundo. Al fin y al cabo, como decía Merino, los izquierdistas no eran personas, sino “humanoides.” Bufón por vocación, motejó al cardenal Juan Francisco Fresno como “El chapulín colorado,” por la postura crítica del prelado ante las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por la dictadura. También, ante el estupor internacional, Merino llamó a los bolivianos “auquénidos metamorfoseados…” ¡y una poderosa nave insignia de la Marina de Chile lleva el nombre de ese desquiciado! Más todavía: Hay en Chile las “Asociaciones de Amigos del Ejército,” que repletan exclusivamente civiles de derecha, y donde se producen los “encuentros” a que se refería Fernando González. ¿”Amigos del Ejército”? ¿Qué significa eso? ¿Que el Ejército tiene todavía su “enemigo interno,” el sustento ideológico del golpe de estado de 1973? Si las FFAA fueran realmente neutrales, no sólo ignorarían tales “asociaciones,” sino evitarían toda relación corporativa con civiles reconocidamente activos en política, del signo que sean. Para rematar, otro hecho que no da cuenta precisamente de la necesaria ponderación republicana y neutralidad política que debieran observar nuestros militares: Entre muchos otros, ex - uniformados de alto rango, como Stange, Frez, Arancibia, y el polémico ex – agente de la Dina Cristián Labbé, se lanzaron a la política contingente apenas terminada la dictadura, en calidad de candidatos; desde luego, de partidos de derecha o de agrupaciones proclives a ella. ¿No es hora que el Estado y las propias FF AA establezcan la condición militar permanente del soldado, hasta su muerte? El militar en retiro, al ingresar a un partido político, está proclamando públicamente que mientras vistió uniforme no fue neutral en política, como debió serlo, obligado por las leyes del país. A pesar de todo lo anterior, en estricto rigor, las FF AA son y serán siempre de todos los chilenos. Como así el Estado de Chile y ellas mismas lo proclaman, pues demuéstrenlo en los hechos, particularmente a través de la conducta personal de los soldados, activos o en retiro. Sólo cuando lo hagan, recuperarán el cariño y la confianza de TODO el pueblo de Chile.
lunes, 26 de septiembre de 2011
LA CRISIS EDUCACIONAL CHILENA
La crisis educacional que vive Chile vis à vis la inmensa riqueza del país en que nos tocó nacer y vivir, justo en estos tiempos en que la humanidad cada día afirma más los valores democráticos, los de la igualdad, la independencia económica y la justicia social, revela un cuadro rayano en el más completo absurdo. Se trata de un absurdo que tiene una explicación muy real: somos un país riquísimo, con un pueblo amante de su patria y trabajador, pero atravesado por la dependencia económica, la enajenación de nuestras riquezas básicas y muy agudas desigualdades sociales. Si antes de 1973, estos problemas existían, el rumbo social y político que tomaba el país, marcaba un seguro paso hacia su desaparición. Luego de ese año, se exacerbaron a un grado extremo, por la instauración en Chile de una economía nueva, la neo-liberal, subsidiaria por definición, y protegida por la espuria constitución de 1980. A la luz de datos oficiales de gobierno e institutos de investigación social (Education at a Glance, OCDE, 2009; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; Emol www.buscacarreras.com, “Estudio Sobre las causas de la deserción universitaria,” Centro de Microdatos , Dep. de Economía de la Universidad de Chile, entre otras fuentes), veamos lo que ha ocurrido en nuestra historia reciente. Desde 1950 a 1973, el gasto público en educación había crecido hasta el 10% anual, llegando a constituir el 7% del Producto Interno Bruto (PIB). La dictadura militar abruptamente lo redujo a un 3 %. A esta audaz medida, sin ninguna contemplación por el sentir y los intereses del pueblo, se sumó otra: la mitad de esos fondos, empezaron a distribuirse entre la educación estatal y la privada. Eso explica por qué Chile es el país en el mundo cuyo Estado aporta menos a la educación en comparación con lo que aportan las familias. Ergo, como nuestro país es, además, un país de desigualdades sociales realmente muy agudas, ha terminado por situarse entre el primer y segundo lugar en el mundo de los países con la educación más desigual existente. En el mundo, todos los países, menos uno, financian la Educación entre un 80 y 100%, incluido los de economía más liberal. Ese “uno” es Chile. Aquí, el Estado contribuye a la educación apenas con un vergonzoso 56%, mientras que las familias están obligadas a financiar el 44% restante, trabajando diariamente, haciendo patria cada día con su esfuerzo, y pagando todos sus impuestos. En los países de la OCDE, organización a la cual ingresó Chile con grandes ínfulas de país democrático y supuestamente “en el umbral del desarrollo,” los estados, como promedio, aportan más del 85% del financiamiento de la educación, y las familias, sólo el 15%. Chile tiene el ingreso per cápita (IC) más alto de América Latina, con 15.000 dólares promedio anuales; sin embargo, todos los demás estados de la región, en algunos casos con un IC muchísimo menor, responsablemente asumen su rol docente como corresponde, liberando a las familias de la carga económica de la educación. Chile, con sus 15.000 dólares de IC, exige a las familias que lo hagan. ¡Cómo estarán de “bien” distribuidos esos 15 mil verdes! Este inaudito hecho ha tenido el funesto resultado que en los colegios estatales, que son, en general, de baja calidad, el 85% de alumnos proviene del 60% más pobre de la población. Como contrapartida, en los colegios privados, más del 60% de los alumnos proviene del 20% más rico. Conclusión: como declaró la propia OCDE, directa y claramente contra uno de sus miembros, la calidad de la educación en Chile está profundamente ligada a la clase social a la cual se pertenece. La situación descrita es especialmente aguda en el sector de la educación superior. En Chile, el 15% de los recursos de la educación superior los pone el Estado. Vale decir, las familias deben poner el 85% restante. El 15% estatal equivale al 0,3% del PIB, el más bajo de la OCDE y uno de los más escuálidos del mundo. Para empeorar más las cosas, esos magros recursos se distribuyen tanto en universidades privadas como estatales, caso único en el mundo. Para rematar, como la mitad de esos fondos se destinan sólo a 4 Universidades del Consejo de Rectores, la mayoría de las universidades estatales están gravemente endeudadas, y aun así deben seguir autofinanciándose. Se está dando otra atrofia: la desquiciada “oferta” de carreras universitarias. No importa si habrá o no campo ocupacional para ellas; la cosa es que se vendan, así como vendía “La Polar” con su slogan “llegar y llevar.” (CONTINUARÁ)
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PROF. HAROLDO QUINTEROS, DIARIO 21, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y LA CRISIS EDUCACIONAL.
SEGUNDA PARTE.
Sigamos con nuestras universidades. Hoy tenemos muchos más profesionales universitarios (una enorme parte, completamente cesantes) que técnicos, mientras que en todos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es al revés (¿no pertenece Chile a la OCDE?). El lucro, para el caso de las universidades, no es constitucional ¡en el propio esquema de la constitución del 80!, y, sin embargo, nadie ignora que existe. ¿Se terminará con él de una vez por todas? Una sola universidad, la estatal Universidad de Chile, genera el 80% de la investigación y las publicaciones científicas nacionales, y gran parte de los presupuestos universitarios, en lugar de destinarse a infraestructuras, mejor docencia, investigación, extensión universitaria y el desarrollo de tecnologías, se van, en millones de dólares, en pura publicidad, con los motes, slogans, carteles y jingles propios de una marca de cerveza o de calzoncillos. En Chile, prácticamente no existen filtros de ingreso en las universidades. Basta pagar. Si a un joven le fue mal en la PSU, hay decenas de universidades privadas esperando reclutarlo. Y si no tiene plata, están los bancos, para sacarle el alma por décadas después de titularse, aun si no pudo hacerlo… Por el contrario, los sistemas de ingreso a las universidades y los estudios en ellas, en todos los países desarrollados y de la OCDE (menos su socio Chile, por supuesto), son claramente meritocráticos, además de ser, en la mayoría de los casos, prácticamente gratuitos. A nivel universitario, el costo de la educación (que, como se ha anotado, pagan en su mayor parte las familias) es un 72% del ingreso per cápita (IC); en tanto,en los países de la OCDE es el 44%. La gran crisis educacional chilena radica en dos grandes ejes: Primero, la educación escolar es mala para la mayoría del país, y buena, y hasta muy buena, para una minoría. Segundo, por falta de dinero, una gran parte de nuestra juventud no accede a la educación superior, puesto que es pagada; y el 65 % de los jóvenes que lo consiguen no termina sus carreras, exclusivamente por razones económicas. Para rematar, casi la mitad de ese porcentaje no termina en las carreras en que se iniciaron, sino en otras; por cierto, más cortas y baratas. Finalmente, los jóvenes que pudieron estudiar gracias a créditos fiscales, se endeudan por más del doble o el triple que lo que pagaron, hipotecando así su futuro. Para complicar todavía más las cosas, los aranceles universitarios chilenos se encuentran entre los cinco o seis más caros del mundo, superado sólo por países de altísimo desarrollo económico, en una comparación sobre la base de igual poder de paridad de compra. Hay más aun: según la OCDE, Chile tiene el peor sistema de becas y ayuda de estudio de los 6 países de aranceles caros (como Australia y Estados Unidos, nada menos), y ninguna universidad de calidad mundial, a diferencia de los otros 5. Las acreditaciones sirven de poco o nada, puesto que, de manera ya explícita, no acreditan calidad. Evalúan procesos y no resultados, y sólo acreditan que los egresados de tal o cual universidad tengan el perfil que esa misma universidad define, según como ella, exclusivamente, estime conveniente. A diferencia de los países de la OCDE, debiéramos contar con sistemas que acrediten la igual calidad de los egresados, como asimismo de la investigación, definiendo un perfil estándar para todas las universidades y todas las carreras del país. En el mejor de los casos, debiera apoyar financieramente y dar plazos a las universidades menores, para que así alcancen el estándar nacional de acreditación. Hay otra carencia muy seria en el sistema universitario chileno. También a diferencia de los países de la OCDE, en Chile aún no se acreditan los grados académicos. Esto es especialmente grave, porque la calidad de los docentes, cuyo aval son sus estudios de grado, es el mérito mayor de una universidad. Si no se acreditan pronto los grados, la calidad de los docentes quedará en una nebulosa. No puede ser de otro modo, porque los grados ya se están transformando en una mercancía más. Como todo el mundo académico lo sabe, muchas universidades nacionales y extranjeras los venden en breves y cómodos cursos, a veces sólo levemente presenciales, y sin control alguno de acreditación. Así, la posesión del grado de magíster o doctor en tal cual disciplina, no podrá garantizar necesariamente la calidad del docente (CONTINUARÁ).
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PROF. HAROLDO QUINTEROS, DIARIO 21, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y LA CRISIS EDUCACIONAL.
TERCERA PARTE.
No sólo las desigualdades en Chile alcanzan la categoría del espanto, sino también el trato de privilegio tributario a las empresas privadas. Por ejemplo, en la actualidad, las empresas mineras privadas, aun con el alto precio del cobre, pagan sólo poco más de 3 mil millones de dólares de impuestos, produciendo el 70% del cobre chileno. CODELCO, la única empresa cuprífera estatal, con el 27% de toda la extracción nacional, aporta cerca de 7 mil millones de dólares. Las ganancias de las mineras privadas en 2007 fueron más de 25 mil millones de dólares, y entre 1974 y 2005 toda la inversión extranjera en minería fue de 20 mil millones. Es decir, en un año se llevaron todo lo que invirtieron en 30. En 2010, las mineras privadas tuvieron ganancias por 29 mil 500 millones de dólares, y a fines de este año, sus ganancias llegarán a los 34 mil 600 millones. A todo ello, se suma el insólito hecho que sólo CODELCO financia el 10% adicional a las Fuerzas Armadas. Que alguien responda, ¿no es justo que parte de ese 10% también lo financien las empresas mineras privadas, que obtienen más del doble de las ganancias de CODELCO? Las ganancias de las empresas mineras equivalen hoy a 3 veces el presupuesto educacional, 7 veces el presupuesto en salud, y 12 veces el de vivienda. CODELCO, con su 27% de la producción nacional, aporta al fisco más de 4 millones de dólares por tonelada extraída, mientras que el sector privado lo hace sólo con 1,7 millones de dólares. Como si todo esto fuera poco, las empresas privadas no pagan impuestos, puesto que lo que pagan en impuestos, sus dueños lo descuentan de sus propios impuestos. Dicho más claramente, si se elimina este “derecho,” el Estado tendría importantes recursos adicionales. Hay más: En Chile, la carga tributaria para las grandes empresas es el 19% del PIB; en los países de la OCDE llega al 38% promedio. Por lo tanto, si Chile realmente mereciera su membresía en la OCDE (de la que tanto se jacta), subiría esa carga tributaria. Bastaría que lo hiciera en unos10 puntos para obtener el margen de recursos que le permitiría crear nuevas universidades, financiar bien la educación superior estatal y mejorar ostensiblemente la escolar. ¡Cómo han inflado sus fortunas los imperios familiares económicos chilenos, gracias a esa más que favorable política tributaria, en desmedro del desarrollo general del país, impuesta al país por la fuerza hace 38 años! Se pensaba que la Concertación pondría fin a este inicuo régimen de tan disparatadas desigualdades. No fue así, y aunque sus líderes aleguen que no pudieron hacerlo, por no tener la mayoría parlamentaria necesaria, por efecto del incambiable sistema binominal de elecciones, su desprestigio ya es general. No admitirlo sería esconder la cabeza bajo la arena, a la manera del avestruz. Las encuestas más serias dan cuenta de esa realidad, con índices de rechazo a la Concertación en más del 70%, levemente mayor, incluso, que el del propio gobierno, hoy en manos de los autores del sistema imperante. En un país en que la tributación a las grandes empresas es la menor del mundo, puede darse el caso que la Familia Luksic, por ejemplo, tenga una fortuna neta de 19.200 millones de dólares, con un aumento en su patrimonio de 8.100 millones de dólares, en comparación sólo con el año 2010. El imperio del retail Cencosud, cuyo dueño es Horst Paulmman y su familia, posee un patrimonio de 10.500 millones de dólares, 5.500 millones más que el que tenía el mismo año pasado. Las familias de los hermanos Eliodoro, Bernardo y Patricia Matte tienen un patrimonio de 10.400 millones dólares, con una variación positiva de 2.300 millones en un año. Y sin embargo, Chile tiene una pésima educación, con rendimientos escolares de los peores del mundo. Nuestro país es hoy 7 veces más rico que en los 60, y exporta 80 veces más cobre que en esos tiempos, cuando el metal rojo valía mucho menos y cuando se financiaba bien e íntegramente toda la Educación Pública. En fin, como he estado repitiendo desde hace semanas, el problema educacional tiene solución, tanto en el inmediato como en el largo plazo. En el largo plazo, habrá que llegar paulatinamente a una mejor distribución de la riqueza, producida por el trabajo de todos los chilenos. En efecto, sólo un cambio estructural en el financiamiento de la educación, nos pondrá a la altura, por lo menos, de los países de la OCDE. En el plazo inmediato, es decir, ahora, bastaría con volver al 7% del PIB en gasto público en educación. Para eso, se requieren sólo 7 mil millones de dólares, que pueden alcanzarse con sólo enmiendas menores al sistema tributario nacional, y con un trato ecuánime y justo sobre las ganancias privadas del cobre.
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PROF. HAROLDO QUINTEROS, DIARIO 21, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y LA CRISIS EDUCACIONAL.
SEGUNDA PARTE.
Sigamos con nuestras universidades. Hoy tenemos muchos más profesionales universitarios (una enorme parte, completamente cesantes) que técnicos, mientras que en todos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es al revés (¿no pertenece Chile a la OCDE?). El lucro, para el caso de las universidades, no es constitucional ¡en el propio esquema de la constitución del 80!, y, sin embargo, nadie ignora que existe. ¿Se terminará con él de una vez por todas? Una sola universidad, la estatal Universidad de Chile, genera el 80% de la investigación y las publicaciones científicas nacionales, y gran parte de los presupuestos universitarios, en lugar de destinarse a infraestructuras, mejor docencia, investigación, extensión universitaria y el desarrollo de tecnologías, se van, en millones de dólares, en pura publicidad, con los motes, slogans, carteles y jingles propios de una marca de cerveza o de calzoncillos. En Chile, prácticamente no existen filtros de ingreso en las universidades. Basta pagar. Si a un joven le fue mal en la PSU, hay decenas de universidades privadas esperando reclutarlo. Y si no tiene plata, están los bancos, para sacarle el alma por décadas después de titularse, aun si no pudo hacerlo… Por el contrario, los sistemas de ingreso a las universidades y los estudios en ellas, en todos los países desarrollados y de la OCDE (menos su socio Chile, por supuesto), son claramente meritocráticos, además de ser, en la mayoría de los casos, prácticamente gratuitos. A nivel universitario, el costo de la educación (que, como se ha anotado, pagan en su mayor parte las familias) es un 72% del ingreso per cápita (IC); en tanto,en los países de la OCDE es el 44%. La gran crisis educacional chilena radica en dos grandes ejes: Primero, la educación escolar es mala para la mayoría del país, y buena, y hasta muy buena, para una minoría. Segundo, por falta de dinero, una gran parte de nuestra juventud no accede a la educación superior, puesto que es pagada; y el 65 % de los jóvenes que lo consiguen no termina sus carreras, exclusivamente por razones económicas. Para rematar, casi la mitad de ese porcentaje no termina en las carreras en que se iniciaron, sino en otras; por cierto, más cortas y baratas. Finalmente, los jóvenes que pudieron estudiar gracias a créditos fiscales, se endeudan por más del doble o el triple que lo que pagaron, hipotecando así su futuro. Para complicar todavía más las cosas, los aranceles universitarios chilenos se encuentran entre los cinco o seis más caros del mundo, superado sólo por países de altísimo desarrollo económico, en una comparación sobre la base de igual poder de paridad de compra. Hay más aun: según la OCDE, Chile tiene el peor sistema de becas y ayuda de estudio de los 6 países de aranceles caros (como Australia y Estados Unidos, nada menos), y ninguna universidad de calidad mundial, a diferencia de los otros 5. Las acreditaciones sirven de poco o nada, puesto que, de manera ya explícita, no acreditan calidad. Evalúan procesos y no resultados, y sólo acreditan que los egresados de tal o cual universidad tengan el perfil que esa misma universidad define, según como ella, exclusivamente, estime conveniente. A diferencia de los países de la OCDE, debiéramos contar con sistemas que acrediten la igual calidad de los egresados, como asimismo de la investigación, definiendo un perfil estándar para todas las universidades y todas las carreras del país. En el mejor de los casos, debiera apoyar financieramente y dar plazos a las universidades menores, para que así alcancen el estándar nacional de acreditación. Hay otra carencia muy seria en el sistema universitario chileno. También a diferencia de los países de la OCDE, en Chile aún no se acreditan los grados académicos. Esto es especialmente grave, porque la calidad de los docentes, cuyo aval son sus estudios de grado, es el mérito mayor de una universidad. Si no se acreditan pronto los grados, la calidad de los docentes quedará en una nebulosa. No puede ser de otro modo, porque los grados ya se están transformando en una mercancía más. Como todo el mundo académico lo sabe, muchas universidades nacionales y extranjeras los venden en breves y cómodos cursos, a veces sólo levemente presenciales, y sin control alguno de acreditación. Así, la posesión del grado de magíster o doctor en tal cual disciplina, no podrá garantizar necesariamente la calidad del docente (CONTINUARÁ).
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PROF. HAROLDO QUINTEROS, DIARIO 21, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y LA CRISIS EDUCACIONAL.
TERCERA PARTE.
No sólo las desigualdades en Chile alcanzan la categoría del espanto, sino también el trato de privilegio tributario a las empresas privadas. Por ejemplo, en la actualidad, las empresas mineras privadas, aun con el alto precio del cobre, pagan sólo poco más de 3 mil millones de dólares de impuestos, produciendo el 70% del cobre chileno. CODELCO, la única empresa cuprífera estatal, con el 27% de toda la extracción nacional, aporta cerca de 7 mil millones de dólares. Las ganancias de las mineras privadas en 2007 fueron más de 25 mil millones de dólares, y entre 1974 y 2005 toda la inversión extranjera en minería fue de 20 mil millones. Es decir, en un año se llevaron todo lo que invirtieron en 30. En 2010, las mineras privadas tuvieron ganancias por 29 mil 500 millones de dólares, y a fines de este año, sus ganancias llegarán a los 34 mil 600 millones. A todo ello, se suma el insólito hecho que sólo CODELCO financia el 10% adicional a las Fuerzas Armadas. Que alguien responda, ¿no es justo que parte de ese 10% también lo financien las empresas mineras privadas, que obtienen más del doble de las ganancias de CODELCO? Las ganancias de las empresas mineras equivalen hoy a 3 veces el presupuesto educacional, 7 veces el presupuesto en salud, y 12 veces el de vivienda. CODELCO, con su 27% de la producción nacional, aporta al fisco más de 4 millones de dólares por tonelada extraída, mientras que el sector privado lo hace sólo con 1,7 millones de dólares. Como si todo esto fuera poco, las empresas privadas no pagan impuestos, puesto que lo que pagan en impuestos, sus dueños lo descuentan de sus propios impuestos. Dicho más claramente, si se elimina este “derecho,” el Estado tendría importantes recursos adicionales. Hay más: En Chile, la carga tributaria para las grandes empresas es el 19% del PIB; en los países de la OCDE llega al 38% promedio. Por lo tanto, si Chile realmente mereciera su membresía en la OCDE (de la que tanto se jacta), subiría esa carga tributaria. Bastaría que lo hiciera en unos10 puntos para obtener el margen de recursos que le permitiría crear nuevas universidades, financiar bien la educación superior estatal y mejorar ostensiblemente la escolar. ¡Cómo han inflado sus fortunas los imperios familiares económicos chilenos, gracias a esa más que favorable política tributaria, en desmedro del desarrollo general del país, impuesta al país por la fuerza hace 38 años! Se pensaba que la Concertación pondría fin a este inicuo régimen de tan disparatadas desigualdades. No fue así, y aunque sus líderes aleguen que no pudieron hacerlo, por no tener la mayoría parlamentaria necesaria, por efecto del incambiable sistema binominal de elecciones, su desprestigio ya es general. No admitirlo sería esconder la cabeza bajo la arena, a la manera del avestruz. Las encuestas más serias dan cuenta de esa realidad, con índices de rechazo a la Concertación en más del 70%, levemente mayor, incluso, que el del propio gobierno, hoy en manos de los autores del sistema imperante. En un país en que la tributación a las grandes empresas es la menor del mundo, puede darse el caso que la Familia Luksic, por ejemplo, tenga una fortuna neta de 19.200 millones de dólares, con un aumento en su patrimonio de 8.100 millones de dólares, en comparación sólo con el año 2010. El imperio del retail Cencosud, cuyo dueño es Horst Paulmman y su familia, posee un patrimonio de 10.500 millones de dólares, 5.500 millones más que el que tenía el mismo año pasado. Las familias de los hermanos Eliodoro, Bernardo y Patricia Matte tienen un patrimonio de 10.400 millones dólares, con una variación positiva de 2.300 millones en un año. Y sin embargo, Chile tiene una pésima educación, con rendimientos escolares de los peores del mundo. Nuestro país es hoy 7 veces más rico que en los 60, y exporta 80 veces más cobre que en esos tiempos, cuando el metal rojo valía mucho menos y cuando se financiaba bien e íntegramente toda la Educación Pública. En fin, como he estado repitiendo desde hace semanas, el problema educacional tiene solución, tanto en el inmediato como en el largo plazo. En el largo plazo, habrá que llegar paulatinamente a una mejor distribución de la riqueza, producida por el trabajo de todos los chilenos. En efecto, sólo un cambio estructural en el financiamiento de la educación, nos pondrá a la altura, por lo menos, de los países de la OCDE. En el plazo inmediato, es decir, ahora, bastaría con volver al 7% del PIB en gasto público en educación. Para eso, se requieren sólo 7 mil millones de dólares, que pueden alcanzarse con sólo enmiendas menores al sistema tributario nacional, y con un trato ecuánime y justo sobre las ganancias privadas del cobre.
La verguenza de los aranceles universitarios Chilenos
Existen unas 20.000 universidades en el mundo. Las hay en todos los países, incluso en los más pobres y atrasados. La calidad de ellas es evaluada cada año por diversas agencias, como, entre otras, la Universidad Jiao Tong de Shangai, China, por encargo de la Unión Europea; y la revista educacional del periódico inglés “The Times.” Ambas instancias destacan en sus rankings sólo a unas 500 de las universidades existentes. La calidad máxima, en lo fundamental, tiene relación directa con la calidad de sus profesores, que deben, por obligación, ser doctores en sus especialidades; deben realizar permanentemente investigaciones acreditadas, y publicar revistas científicas autorizadas. Las universidades chilenas no son de las mejores. Ni siquiera ocupan algún lugar de cierta dignidad en los rankings mundiales. En las últimas evaluaciones de Jiao Tong y de “The Times,” figuran apenas dos universidades chilenas, la U. de Chile y la U. Católica, entre los últimos lugares promedio, el 450º cada una. La Universidad Autónoma de Méjico (UNAM), y las universidades argentinas de Buenos Aires y la Austral, alcanzan a situarse mucho mejor, entre las primeras 200. Desde luego, es obvio que los primeros lugares se concentren en universidades de países desarrollados, particularmente de Estados Unidos y Europa, cuyo potencial industrial, equidad social y niveles de vida y de salarios son muy altos. Lo que no tiene nada de obvio es que los aranceles universitarios en Chile, un país en desarrollo, con una cuarta parte de su población viviendo en la pobreza y con universidades mal rankeadas en el mundo, sean tan o más altos que los se pagan en muchos países desarrollados, que, precisamente por serlo, albergan a las mejores. Según estudios realizados por la OECD hace algunos años, publicados por la revista en línea “Santiago Times,” el costo promedio de una carrera universitaria en Chile es de poco más de 3.000 dólares al año. En esa misma categoría está Australia, pero con la “pequeña” diferencia que este país tiene a ocho de sus universidades entre las 100 mejores del mundo; también está Canadá, con 6 y Japón, con 4. El escándalo es mayúsculo si comparamos a Chile con países como Inglaterra, cuyo arancel promedio equivale a casi la mitad del chileno, y tiene a 19 de sus universidades entre las 100 mejores del orbe. En torno a este tema de los aranceles de educación superior, es muy importante recordar que la gran mayoría de las universidades de la tierra son totalmente gratuitas, tanto en países desarrollados como en los que no lo son. A lo más, los estudiantes –y no todos ellos- pagan algún leve derecho de matrícula y seguro de salud, como la UNAM de Méjico, la de Buenos Aires y la Austral de Argentina, de mucho mejor ranking que las mejores nuestras. Además, en los países desarrollados en que las universidades se pagan, existen masivos y muy eficaces sistemas de becas de subsistencia y apoyo académico a todos los estudiantes de menores recursos, sin excepción, lo que no ocurre en Chile. Finalmente, en todos los países desarrollados hay universidades estatales (incluyendo a Estados Unidos), con aranceles menores que los que se pagan en todas las de Chile. No puede ser más insólito, entonces, que nuestro país, con su modestísimo 450º lugar mundial, según la OCDE, ocupe uno de los primeros lugares del mundo en costos de aranceles universitarios, que son, además, asumidos ¡en un 85%! por las familias de los estudiantes. Ahora se ha sumado a este patético cuadro un nuevo problema. Por la general baja calidad de nuestras universidades, el Estado debió exigir su acreditación. Si una universidad no acredita consecutivamente algunos años, deberá cerrar, y mientras no esté acreditada, no podrá concursar a fondos estatales, establecer convenios con empresas o entidades internacionales, y sus estudiantes no tendrán derecho a crédito fiscal, lo que las acabaría. Todo esto obliga a las universidades a contratar a más profesores con jornada completa, financiar investigaciones y publicaciones indexadas, y, desde luego, hacerse de una mejor infraestructura en edificios, bibliotecas, equipos y laboratorios. Resultado: como el Estado ni nadie financiará esas necesidades, los hogares chilenos deberán cargar con el grueso de esos nuevos costos. Y pensar que hasta la revolución neo-liberal de 1973, las universidades estatales chilenas eran no sólo gratuitas, sino su calidad era reconocida internacionalmente.
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