El actual gobierno y los Poderes del Estado

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21. 27 /10/2011.

EL ACTUAL GOBIERNO Y LOS PODERES DEL ESTADO.

PRIMERA PARTE.
Los términos “soberanía” y “Estado” son claves en el trato de los problemas relativos a la política y el gobierno. Soberanía es, grosso modo, el ejercicio del gobierno; y Estado, su aparato institucional, establecido sobre un determinado cuerpo de leyes. En la Atenas pre-clásica y clásica (siglo VI y V a. C.), probablemente por primera vez en el mundo civilizado, se organizó una compleja forma de Estado democrático; es decir, aquel en que la soberanía está en manos de todos los ciudadanos, y no de un monarca. Con limitaciones propias de la antigüedad, los atenienses eran los autores de las leyes de su Estado y, además, elegían periódicamente a sus gobernantes. Fue la democracia lo que hizo a Atenas la indiscutida líder y adalid de la victoria griega contra la invasión persa, y también fue la democracia lo que la llevó a las cumbres del Humanismo. Empero, la Atenas democrática, una extraña y microcósmica excepción en el mundo antiguo, finalmente sucumbió a las condiciones políticas generales de esa época. En el siglo IV a. C. fue anexada en calidad de colonia al imperio macedónico, luego al romano, después al turco, hasta desaparecer por completo. Los imperios y estados contemporáneos de la Atenas clásica, eran regidos por monarcas absolutos, cuya potestad tenía su origen en una supuesta voluntad divina. Desde entonces, hasta por lo menos el siglo XVI, no se alteró aquel concepto. El primer intento de restringir la soberanía monárquica fue la propuesta del francés Jean Bodin, quien en su “República” (1576) sugiere tímidamente que el monarca, sometido naturalmente a la ley divina, debe cumplir realmente con ella, que, en tanto cristiana, es esencialmente buena. Un siglo después, ante los primeros esbozos de propuestas democráticas en Europa -particularmente en Inglaterra- el inglés Thomas Hobbes propone someterse, fatalmente, al Estado. Lo hace en su nada optimista obra “Leviathan,” nombre que da al Estado, que define como una especie de monstruo colosal e invencible, y, sobre todo, inevitable. La contrapartida a Hobbes, por fin, llega en el siglo XVIII, poco antes de la Revolución Francesa. El pensador francés Jean Jacques Rousseau vuelve al tema de la soberanía y el Estado con dos propuestas revolucionarias. Primero, las leyes del Estado, en las que se enmarca la soberanía, deben tener su origen en la voluntad popular; y, segundo, esa soberanía, para ser justa y legítima, debe ser ejercida directamente por el pueblo, puesto que él es el autor de las leyes. Pero el Estado democrático es complejo. De partida, los gobernantes, elegidos periódicamente, fuera de serles imposible servir en todos los frentes sociales, siempre representan a una determinada parte de la ciudadanía. Si esa parte se hiciera de todo el poder, bien podría caer en la tentación autocrática, y, con ella, en la corrupción. Los atenienses se dieron cuenta de ello, y supieron separar al gobernante elegido de la instancia creadora de las leyes, como asimismo, de la encargada de administrar justicia. En términos modernos, el problema viene a resolverlo Charles Louis de Secondat, más conocido como Montesquieu, coetáneo de Rousseau. Montesquieu propone “la división de los poderes del Estado.” Escribía, “cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad… Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.” En suma, en el Estado democrático la soberanía la ejerce el pueblo, sobre la base de leyes que él mismo ha creado, y la división de los poderes del Estado. Los legisladores (el Parlamento) introducen a la Ley ( lo que hoy se llama la Constitución Política del Estado) leyes que la actualizan, sin modificar su sentido original, lo que sólo puede hacer el pueblo. El Poder Judicial (los jueces del país) aplicará esas leyes de manera totalmente libre e independiente, y el Poder Ejecutivo (el Presidente de la República y sus ministros) será, en general, gestor de las leyes que involucren costos financieros, y el primer garante de la correcta marcha del Estado, dividido en tres poderes. Veremos luego que nada de ello se cumple cabalmente en nuestro país (CONTINUARÁ).
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PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21. 3/ 11/2011.

EL ACTUAL GOBIERNO Y LOS PODERES DEL ESTADO
(SEGUNDA PARTE).
Efectivamente, sólo la real expresión de la voluntad popular en la gestión de la Ley: la separación de los poderes del Estado, que impide el abuso y la tentación autocrática; y, finalmente, la formación de una cultura cívica de participación permanente de la ciudadanía en la vida política, garantizan la fortaleza y vigencia de la democracia, hasta hoy la única forma posible de alcanzar una vida social en paz, segura e igualitaria. Como les anunciaba en la primera parte de esta crónica, probaré que Chile no es una democracia verdadera. Partamos por la base sobre la cual descansa toda la vida social: la Ley; es decir, la Constitución Política del Estado. En una democracia de verdad, la Ley – recordando a Rousseau – surge íntegra y directamente de la soberanía popular. Pues bien, la Constitución vigente, la de 1980, no surgió así, sino del arbitrio de un dictador, cuyo gobierno fue integrado unilateralmente y sin elecciones, por una sola de las corrientes políticas entonces existentes, la derecha. Con todo el poder en sus manos, y con la protección de las armas brindada por la dictadura, esa corriente política tuvo el impresionante desparpajo de imponer al país un cambio revolucionario en el país, que consagró en la actual Constitución. Para rematar, lo que hace más dramático ese aciago capítulo de nuestra historia, es que la Constitución se impuso luego de un patético espectáculo eleccionario que la dictadura llamó “plebiscito,” en aquel tiempo en que no había prensa libre, ninguna posibilidad de confrontar ideas, ni registros electorales ni observadores extranjeros. Ergo, y lo digo con todas sus letras, estamos regidos por una Constitución Política ilegítima y espuria, e impuesta al país cuando la libertad no existía. Lo que corresponde, entonces, es liquidarla y plebiscitar una nueva, en que estén presentes todos los requisitos propios de un acto realmente democrático, anotados más arriba. Sigamos con el Poder Legislativo. Estatuido en la Constitución de 1980, estamos ante otra fechoría de la dictadura, por cuanto el sistema de elecciones de los parlamentarios no es proporcional, sino binominal, caso insólito y único en el mundo. Por esta razón, tanto la Constitución Política como el sistema binominal son incambiables, lo que es impensable en una democracia. Y finalmente, el Poder Judicial. En las democracias verdaderas, rige un sistema objetivo de carrera profesional que separa de plano al Poder Ejecutivo del Judicial. En otras, como la estadounidense (lo que USA haga afuera es otro cuento), los jueces se eligen en votaciones populares. En Chile, el Poder Ejecutivo tiene una amplia influencia en las designaciones, promociones y ascensos de los jueces, así que las “recomendaciones“ que haga el Presidente o su Ministro de Justicia difícilmente pueden ser evadidas por los jueces. Eso explica por qué hoy nos aflige una severa crisis entre el gobierno y el Poder Judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Chile (ANM), oficialmente rechazó lo que llamó “las presiones" que el gobierno está ejerciendo sobre el poder judicial, luego que el Ejecutivo acusara a los jueces de ser demasiado "garantistas" con los detenidos por desórdenes públicos en las marchas estudiantiles, condicionando la promoción de los magistrados a los fallos que ellos dicten. El Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, no pudo ser más directo al asegurar que “el gobierno tendrá en cuenta el desempeño de los jueces a la hora de promocionarlos.” Cito textualmente a Leopoldo Llanos, presidente de la ANM: "… esto es derechamente una intimidación para que los jueces durante su desempeño se guíen por los criterios del Ejecutivo para ser posteriormente nombrados." Mientras tanto, la política de verdad se está dando en las calles, no en el ineficiente Parlamento que tenemos, ni en el gobierno ni en los ministerios. No puede ser de otro modo, puesto que lo que está en el tapete es la exigencia de la mayoría de los chilenos de un giro político de 180º en el país, hacia más justicia y equidad social. El país pide la instauración en Chile de un orden institucional nuevo, verdaderamente democrático. La resistencia del actual gobierno a esa reivindicación popular ha ido más allá de lo esperado. Por ejemplo, además de la violenta represión de la policía contra los manifestantes, muchos de ellos niñas y niños adolescentes, Carabineros, que obedece al Ministerio del Interior (o sea, al gobierno) se ha querellado contra civiles por la toma del ex – Congreso, una bagatela comparada con la desastrosa situación educacional, causa del levantamiento estudiantil. Este es un caso inédito en nuestra historia, más grave que todas las tomas y marchas juntas, que, al fin de cuentas, son sólo la expresión natural del descontento popular. Así las cosas, preparémonos para tiempos peores.

Diario 21, "Indignados:"

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21 . 20 / 10 / 2011.

INDIGNADOS.

Fueron los “indignados” de España quienes iniciaron en Europa el alzamiento popular contra las desigualdades sociales en el viejo continente, efecto del irracional y siempre creciente proceso de acumulación de la riqueza en unas pocas manos, cuestión inevitable en el capitalismo. Tanto este proceso como la paciencia de los pueblos ya han llegado a su punto límite, y la marea de protestas, incluso, ya tocó las playas del primer gran bastión del sistema capitalista mundial, Estados Unidos. La situación ya es mundial, y afecta más dramáticamente a las regiones más vulnerables del planeta. En efecto, en estos momentos, según datos oficiales internacionales (ONU, OCDE, UNESCO, FAO, etc.), mientras las ganancias de los imperios económicos crecen desorbitadamente cada día, la cantidad de hambrientos en el mundo ya alcanza la cifra de 950 millones de seres humanos y los pobres ya suman 4.750 millones. Hay 1.000 millones de desempleados, y el 50% de la población mundial activa está subempleada, o trabajando en precario. A ello hay que agregar que el 45% de la población mundial no tiene acceso directo a agua potable; 113 millones de niños no van a la escuela y 875 millones de adultos son analfabetos. También 12 millones de niños mueren todos los años a causa de enfermedades curables y 13 millones de personas mueren cada año debido al deterioro del medio ambiente y al cambio climático. 16.306 especies animales están en peligro de extinción, entre ellas la cuarta parte de los mamíferos, etc., etc. Si bien este espantoso cuadro, producto exclusivo de la desigual distribución global de la riqueza, es visible en los países más pobres, los efectos de la excesiva concentración del poder económico ya se han dejado sentir en países desarrollados. La acumulación geométrica del dinero es connatural al sistema capitalista, y con mayor fuerza en su versión post-moderna más ultrance, la réplica post-moderna del sistema “laissez faire,” propuesto hace más de dos siglos por Adam Smith, hoy conocida como el neo-liberalismo. En verdad, la derecha y los golpistas chilenos de 1973 entenderían mejor este ya indiscutido aserto, si en vez de quemar los libros de Karl Marx los hubieran leído. Introducido en Chile a balazos, el modelo jibarizó el poder contralor del Estado sobre la economía, redujo drásticamente el gasto público y entregó las empresas estatales (por cierto, a precios de huevo) a la voracidad de los mega imperios económicos, tanto de dentro como de fuera del país. Por causa de estas infelices medidas, surgieron abisales desigualdades en el ingreso, las deudas por bienes de consumo no terminan de pagarse nunca, y la protección sanitaria de la población, las pensiones, la vivienda y la educación son sistemas clasistas y deficitarios. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre 1993 y 2008, el salario real de los trabajadores chilenos creció en un insignificante 1%., mientras que en ese mismo periodo, el producto interno bruto lo hizo en alrededor del 200%. Por otra parte, la banca privada, con una rentabilidad del 30% sobre capital y reservas, acusa ganancias de más de 1.700 millones de dólares anuales. En fin, para terminar, una pequeña digresión. En este mes del Día Nacional de España, comparémonos con ella. A Chile y la Madre Patria les es común no sólo el neo-liberalismo como sistema, sino el hecho que se impuso en ambos países por la fuerza bruta; en Chile con Pinochet y en España, en las postrimerías de la dictadura de Francisco Franco, el general fascista ex - aliado de Hitler. También les es común que quienes sellaron el neo-liberalismo institucionalmente fueron dos supuestos “socialistas,” Ricardo Lagos en Chile y Felipe González en España. Otro hecho en común es cómo se entendían estos muchachos. Lagos y González trajeron a Chile al olvidable empresario neo-liberal Fernando Flores, en calidad de presidenciable para el 2004. El comienzo era hacerlo senador, y aprovechando la confianza que buena parte de los nortinos pusieron en la Concertación, González vino hasta aquí a proclamarlo como candidato. ¡Qué chascarro! Desagradable, soez, flojo y desaprensivo, era imposible que Flores pretendiera seguir en su carrera, y terminó finalmente en su redil político natural. En verdad, fue su elección de senador lo que marcó en nuestra región el comienzo del fin de la confianza ciudadana en la Concertación, y más aun en su ala progresista.