30 DE OCTUBRE DE 1973

PROF. HAROLDO QUINTEROS, DIARIO EL LONGINO. 1 / 11/ 2023. Anteayer miércoles 30 de octubre, se cumplieron 40 años del asesinato de los cuatro más altos dirigentes del Partido Socialista de Chile (PS) en la región. El crimen fue en las afueras del cementerio de Pisagua, muy cerca del campo de concentración que se levantó allí luego del golpe de estado, tras una horrenda farsa judicial. Las acusaciones fueron redactadas por el fiscal de aquellos juicios, Mario Acuña, un juez local que, poco después del golpe, fue expulsado del Colegio de Abogados, por cargos del mismo calibre que era investigado hasta el 11 de septiembre de 1973. Acuña se encontraba en ese aprieto por graves sospechas de corrupción -contrabando y narcotráfico – en el ejercicio de su cargo, levantadas en su contra por el Consejo de Defensa del Estado, presidido por Julio Cabezas, prestigioso abogado que ocupaba ese cargo exclusivamente en razón de su carrera profesional. Por supuesto, luego del golpe, Acuña procuró y consiguió el fusilamiento de Cabezas. No era difícil, el juez general de esos juicios era un personaje aun más siniestro que Acuña, el general alemán-chileno Karl Forestier Haensgen, confeso nazi, cuya fama de sed de sangre y crueldad traspasó nuestras fronteras. Por lo años 80, Forestier no había logrado hacer carrera de ninguna especie durante la dictadura, y, disgustado con Pinochet, terminó sirviendo, por dinero, al empresario de armas Carlos Cardoen, a la sazón enredado en oscuros líos con la dictadura por la fabricación de las terroríficas bombas de racimo, hoy prohibidas por las Naciones Unidas, para todo tipo de guerras. Los cuatro dirigentes asesinados aquel 30 de octubre eran Freddy Taberna, de 30 años; José Sampson, de 32,secretario de Organización del PS, y director de la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad, hombre honesto y querido por todos, conocido actor de teatro y luchador social; Juan Antonio Ruz, de 32 años, conocido hombre público, presidente del entonces “Frente Para el Progreso de Iquique,” una agrupación civil que reunía a los dirigentes de todas las organizaciones sociales, laborales y empresariales de la región, y, además, concejal de la Municipalidad de Iquique. El cuarto dirigente socialista asesinado era Rodolfo Fuenzalida, piloto profesional de aviación, empleado como tal en las industrias pesqueras de entonces. De manera totalmente gratuita y desinteresada, Fuenzalida instruyó en la conducción de aviones y helicópteros a personal de organizaciones civiles y militares. Un quinto dirigente socialista, Germán Palominos, también iba a ser fusilado ese día, pero su muerte fue postergada por un mes, para no escandalizar demasiado a la Cruz Roja Internacional y a la prensa mundial, que por entonces ya narraban al mundo, por vía radial, lo que sucedía en el país. Palominos era un esforzado obrero carpintero, socialista de base y destacado dirigente poblacional. Como todos los demás asesinados, era un honesto jefe de hogar que sostenía a su familia con su trabajo. Mezcla de asesinato político y estupidez, el cargo hecho contra aquellos dirigentes fue “Traición a la Patria.” Freddy Taberna, que presidía el PS regional, era, hasta el el día del golpe de estado, el Jefe de la Oficina Regional de Planificación y , sin duda, el más conocido de los dirigentes del PS. Provenía de una familia pobre de pescadores artesanales del barrio El Morro, y sólo por su inteligencia y tenacidad llegó a la Universidad, titulándose de geógrafo en 1967. Su primer trabajo se lo encomendó el gobierno de Eduardo Frei Montalva: integrar el equipo de geógrafos que debía trazar los límites de Chile con Argentina en la disputa por Palena. Freddy vadeó ventisqueros, atravesó glaciares y finalmente hizo esos mapas. Chile ganó el laudo arbitral, y por esa sola razón, esa zona es hoy parte de nuestro territorio. Sin embargo, Taberna, al igual que Sampson, Ruz y Fuenzalida, fue acusado de traición a la patria, y por ese cargo, fusilado. Obedeciendo las órdenes de los verdaderos traidores de entonces, Acuña tejió una maraña de descabellados cargos para justificar esos fusilamientos, y obligó a los prisioneros, en estado de torturados, a firmarlos con amenazas de muerte para sus familias. Aun así, cometió un error jurídico. Para decretar una pena de muerte en “tiempos de guerra,” según lo ordenaba la propia ley entonces vigente, era preciso la unanimidad del tribunal militar. Uno de sus miembros, el Mayor de Ejército Enrique Synn, no se dejó amedrentar y dejó constancia de su oposición a los fusilamientos, lo que bastaba para que no se produjeran. Esperamos que se reviva este caso, aunque hayan pasado cuarenta años. Por lo menos, los miembros de ese infamante consejo de guerra que aún viven, deben responder por esa vil felonía.

DÍA DEL MAESTRO

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO EL LONGINO, 18 / 10/ 2013. Quizás como nunca será preciso recordar este día y homenajear a nuestros profesores, por lo menos por dos razones. Primero, por el sentido e inapreciable valor de la función docente, de su impacto en la vida social y personal de cada mujer y hombre, lo que, simplemente, la hace la más importante de todas las actividades del país. Así es, y así ha sido siempre, aquí y en el mundo entero. Por cierto, la vida de todos nosotros transcurre cada día teniendo como referencia lo que aprendimos en las escuelas con nuestros maestros, en mil formas. La orientación moral y, en muchos casos, la profesional de una persona, normalmente surgió, a veces de modo explícito, en los primeros tiempos en que estuvo en contacto con ellos. Si bien el ser humano social es educado primero en el hogar, la tarea educativa de los padres siempre será incompleta sin la intervención de la Educación sistemática de Estado, que sólo dan los maestros. Y segundo, particularmente en Chile, porque nuestros maestros, a través de sus organizaciones gremiales y profesionales, siguen luchando incansable y heroicamente por rescatar a nuestra Educación de las garras del mercantilismo en que hoy se encuentra, y, por extensión, de la constante baja en su calidad y de las espantosas desigualdades en cuanto a su acceso, si se quiere que sea buena. Ostensiblemente, tanto la Educación escolar como la superior han bajado en calidad general. No era así en el pasado. Fueron maestros chilenos los que contribuyeron a desarrollar la Educación en Colombia, Venezuela y en otros países de América Latina, y nuestras universidades tenían fama internacional, con aquellos augustos maestros que hicieron de ellas verdaderos templos de la ciencia y la Filosofía. Eso explica por qué a sus aulas llegaban jóvenes de muchos países a estudiar, especialmente de América Latina. Para empezar, Chile necesita reformar profundamente la enseñanza escolar. Mediciones internacionales bien conocidas ubican el rendimiento de nuestros niños en muy pobres lugares; y en cuanto a la Educación superior, también es tarea urgente mejorarla. Sólo dos de nuestras universidades, la Universidad de Chile y la Universidad Católica -reservadas en todo caso para los sectores económicos más holgados del país- apenas alcanzan entre el 400 y 500 avo lugares entre las primeras mil universidades del mundo. La experiencia de la subsidiaridad en Educación ha probado, indiscutiblemente, que el haber hecho de la Educación superior, en su totalidad, un servicio comprable, una mercancía como lo es cualquier objeto de mercado, ha menguado su calidad, y, además, la ha transformado, fuera de la cuna en que se nace, en la más formidable fuente de inequidad social. Sin embargo, lo peor no es eso, sino el impacto que esa situación tendrá en nuestro futuro como nación: Dicho brevemente, si no mejora la calidad general de la Educación universitaria, es posible que en Chile, en el mediano plazo, la calidad de nuestros futuros profesionales no condiga con las necesidades de nuestro desarrollo. Si el Estado de Chile, no retoma su rol educador, y revierte el actual status subsidiario en que se desenvuelve la Educación, estaremos, antes de lo que nos imaginamos, en una crisis de consecuencias que pueden ser desastrosas. Toda la razón tenía el gran educador Valentín Letelier cuando decía en 1888 en uno de sus discursos más conocidos, pronunciado en la Universidad de Chile: “El Estado no puede ceder a ningún otro poder social la dirección superior de la enseñanza pública...Gobernar es Educar.” Palabras de fuego que recogiera medio siglo después el gran Presidente Pedro Aguirre Cerda. La tarea por recuperar la Educación para la sociedad, organizada en su Estado democrático, ha sido dura y lo sigue siendo. En suma, el orden constitucional que nos rige hizo, para empezar, a la Educación escolar, de manera medio oculta, una mercancía, porque si tiene calidad, cuesta dinero; si no se tiene dinero, será difícil llegar a la Educación superior, o, simplemente, acceder a buenos trabajos. En cuanto a la universidad, ella es enteramente pagada, y si se llega a sus aulas, el joven chileno promedio, hijo de trabajadores o empleados de base, aquel que constituye casi las tres cuartas partes de la juventud del país, tendrá que endeudarse por décadas, reduciendo así sus posibilidades de ahorro y de fundar una familia. Esa es la actual lucha de los maestros chilenos, recuperar para el Estado el poder administrativo y financiero que la Educación tuvo en el pasado; es decir, que la Educación vuelva a ser su atención preferente. Será, sobre todo, la movilización de nuestros maestros la que conseguirá mejorar su calidad, ubicándola así en el sitial de respeto que merece. Además, será esa lucha, la que conseguirá que nuestros maestros puedan gozar de salarios dignos y de la estabilidad laboral que merecen. ¡Viva el Día del Maestro!

ELECCIONES Y PLATAS DE CAMPAÑAS.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO EL LONGINO, 20.09.2013. En verdad, la derecha es el conglomerado político que menos razones tiene para preocuparse del financiamiento de sus campañas electorales. Piénsese sólo en que el comando de Joaquín Lavín, cuando éste fue candidato a la presidencia de la República, pagó 240 millones solamente a la cantante Miriam Hernández por algunas breves presentaciones en su campaña (dato aparecido en Revista “Qué Pasa, ” Nºs 1.487 y 1.488, de 1999). El gran argumento en favor del comando de Lavín para justificar ese gasto, como los demás de miles de millones que se gastaron en su campaña hasta unas horas antes de la elección, es que, simplemente, no eran estatales. En cambio, los de Chile Deportes sí lo eran. Por supuesto, no suena mal el argumento. Uno es, evidentemente, un robo al Estado, y el otro aparece como una generosa donación. Sin embargo, aunque suene razonable, el argumento es intrínsecamente falaz, porque el dinero no surge de la nada. Por cierto, ¿cuál es el origen del dinero, si no el trabajo humano? El economista del siglo XVIII David Ricardo – que, por supuesto, no tenía nada de marxista – decía que “el propietario no produce dinero, sino sólo lo recibe… y el valor de todo bien está determinado por la cantidad de trabajo que se necesitó en su producción” (Enciclopedia Collier’s, Vol. 20, 1966). Vamos ahora al asunto: el grueso del poder empresarial de Chile está, evidentemente, con la derecha política. Son centenares las empresas que financian las candidaturas de la derecha y de la Concertación. Se trata, después de todo, de un asunto puramente comercial: un empresario de la hípica compra un caro caballo de fina raza para que cuando llegue el momento de correr, éste gane y le asegure no sólo la amortización de la compra del animal, sino, además, una buena ganancia. Las enormes sumas de dinero que los clanes Edwards, Lucsic o Angelini regalan sistemáticamente en cada campaña electoral a sus candidatos, en su significado intrínseco, son ganancias obtenidas del trabajo ajeno; más claramente, del trabajo de los trabajadores chilenos. Vale decir, al final de cuentas, son los trabajadores de Chile los que financian todas las campañas electorales, sin excepción. La revisión de la actual Ley Electoral, muy especialmente en lo que respecta al financiamiento de las campañas, está en la agenda presidencial de Marcel Claude. El esquema actual sobre el tema es totalmente inmoral. Efectivamente, resulta exasperante que un compatriota que no sea cliente de algún empresario; es decir, que sea, por ejemplo, un trabajador que vive de su salario y, además, de izquierda, difícilmente pueda, como candidato, dar a conocer bien su programa político. De modo que si pierde las elecciones, bien pudo ser no porque le faltara capacidad e inteligencia, sino porque le faltó dinero en su campaña. Si el Estado y la Ley aseguraran a todo candidato las mismas posibilidades en el volumen de propaganda electoral, otro gallo cantaría en Chile. En las democracias más desarrolladas del orbe, además de la prohibición legal de embadurnar las calles con papelería y pinturas, de caravanas de automóviles, etc., todos los candidatos tienen el mismo acceso y tiempo en televisión, radios, revistas y diarios. Así, disminuye la cantidad de dinero que se gasta en las elecciones, y en Chile, tal medida terminaría con la inmoralidad de gastar millonadas en letreros luminosos, shows y avisos televisivos y radiales, mientras miles de chilenos viven en la miseria. Por supuesto, este cambio también terminaría con la tentación de robarle plata al Estado para gastarla en el circo electoral.

12 DE OCTUBRE

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO EL LONGINO, 11 / 10/ 2013. Mañana es 12 de octubre, día feriado en Chile y fecha que aún se la llama en nuestro país y otros más americanos el día del “Descubrimiento de América,” el “Día de la Raza” y el “Día de la Hispanidad.” Se trata de una descomunal aberración que merece aclararse. Partamos por dejar establecido que los estados europeos, como en todos los lugares que conquistaron para su beneficio en los siglos XV y XVI fundamentalmente, vinieron a América exclusivamente a buscar oro y plata, el acicate que entonces movía las noveles industrias de las metrópolis de Europa, fenómeno que diera origen al capitalismo moderno. Como sabemos, aquel objetivo fue cumplido de modo dramáticamente eficaz. Europa creció y se desarrolló vertiginosamente, mientras que más de la mitad de la población continental aborigen americana fue aniquilada en menos de cien años. La “conquista” no tuvo, entonces, motivaciones civilizatorias, menos aun de idealista o heroico, salvo la prédica de algunos sacerdotes y laicos que defendieron hasta el fin los derechos de los hombres y mujeres que constituían nuestros pueblos originarios, en tanto seres humanos. Si los españoles se quedaron aquí fue sólo para facilitar la continuidad de aquella empresa expoliatoria, un proceso de dominación por la fuerza bruta del fuerte contra el débil, que, terminó con la gesta independentista. La verdad es que el 12 de octubre no es más que una fecha española; de ahí que resulta realmente inexplicable que la celebremos como nuestra. Los tres apelativos mencionados que ha recibido en España son totalmente incorrectos, porque ninguno refleja su significado. Ni siquiera la misma fecha, porque Colón no llegó a América el 12 de octubre, sino el 21 de ese mes, según la corrección del calendario gregoriano con respecto al juliano, vigente en 1492. “Descubrimiento de América” debe ser el más inexacto, porque la noción “descubrimiento” tiene un sesgo centro-étnico que, desde el punto de vista antropológico moderno, es inaceptable, por lo menos, por dos razones. Primero, porque Europa y España no pretendían descubrir nada, sino ocupar militarmente Asia por el occidente, ya conocida por los europeos antes del siglo XV. Luego de llegar a América, creyendo que se había llegado a Cipango (Japón), Catay (China) y la India, ese fue precisamente el error que por casi un siglo prevaleció en Europa. Segundo, porque no se descubren personas, sino cosas; a otros hombres, sólo se los conoce. Además, el territorio americano era, obviamente, conocido por los cerca de 100 millones de hombres y mujeres que lo poblaban, tan seres humanos como los españoles. Ergo, Colón, en estricto rigor, no descubrió absolutamente nada. “Día de la Raza” (de la “raza” española, desde luego) es otra aberración de carácter mayor. Como señalan los sociólogos estadounidenses Mac Iver y Page, sólo puede admitirse la existencia de una raza, la humana, puesto que, como lo ha determinado definitivamente el descubrimiento del genoma, las diferencias biológicas entre los seres humanos son insignificantes, aunque en ello vaya el color de la piel o ciertos rasgos de la forma del cráneo. Hoy sólo puede hablarse de “pueblos,” “etnias” y “comunidades,” lo que los españoles y todo el mundo civilizado saben muy bien; a tal punto, que el nombre “Día de la Raza” fue anulado oficialmente en España, aunque por aquí aún hay algunos que lo repiten. En efecto, el rey Alfonso XIII, padre de Juan Carlos, lo había decretado en la segunda década del siglo pasado, pero el Estado español decretó su fin en 1987. “Día de la Hispanidad,” también es inexacto, no sólo porque no hay ninguna relación racional entre el arribo de Colón a una tierra desconocida con la que se topó por casualidad, y la cultura española, sino porque la influencia hispana cubre un mundo mucho mayor que la Iberia española, tanto en lo lingüístico como en lo cultural general. Hoy, el 12 de octubre tiene en España un solo apelativo, “Día Nacional.” Sin embargo, todavía los españoles discuten la validez de la fecha, por la plena conciencia que ahora se tiene allí sobre el significado de la incursión hispana en América, hace más de cinco siglos. Por cierto, hay días en la historia de España más significativos como para constituirse en su Día Patrio, como el de la victoria de los Reyes Católicos sobre el Islam a comienzos de 1492, el del nacimiento del gran Cervantes, el novelista más excelso de la historia; o los días de la heroica resistencia popular contra el invasor Napoleón en Aranjuez. Esos, entre muchos más, reflejan de verdad el alma e historia de España.

EDUCACIÓN GRATUITA.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO EL LONGINO, 27 /09/ 2013. En el fragor de la presente contienda electoral, ha vuelto el tema de la gratuidad universal de la educación. Nadie ignora que en el pasado la educación chilena fue totalmente gratuita, desde el entonces novel nivel pre-escolar hasta la educación superior; en este último caso, se tratase de universidades o institutos profesionales, como el antiguo y estatal INACAP. Chile, por lo tanto, ofrecía a la niñez y a la juventud una educación universal de Estado y gratuita en todos sus niveles. En términos relativos, nuestra educación era buena, si no muy buena. No podía ser de otro modo, puesto que el Estado de Chile, con entero arreglo a la Ley, desde la constitución de 1833, la definía como su “atención preferente.” Hoy, la Educación, como reza la propia Ley, no es atención preferente del Estado, sino un servicio que se vende según las reglas y contingencias establecidas espontáneamente por el mercado. Así las cosas, si bien la educación escolar de Estado es gratuita, deja demasiado que desear, por razones que hemos analizado ya varios veces en estas columnas. Sólo recordemos que antes del golpe militar de 1973, la educación escolar estatal era tan buena como la privada, la que sólo llegaba al 10%, guarismo que se da como constante en todos los países del mundo, excepto Chile. Además, el financiamiento de las escuelas privadas corría por cuenta exclusiva de sus dueños; vale decir, el Estado sólo financiaba lo que era suyo. La educación superior (llamada también “terciaria”), es hoy totalmente pagada, sea estatal o privada. Son dos los argumentos que los partidarios de la educación pagada - la derecha neo-liberal - exhiben para justificarla. Partamos por el primero. Dicen que la gratuidad es injusta porque es inaceptable que los pobres paguen la educación de los ricos. Como, en efecto, es el Estado el que la financiaría, y éste, a su vez, se nutre del trabajo y los impuestos que paga toda la población, incluidos los pobres, éstos estarían, entonces, costeando la educación superior de los ricos. Agregan que como los ricos pueden pagar su educación, el Estado se ahorraría grandes sumas de dinero que pueden servir para mejorar las condiciones de vida de la población, particularmente de los más pobres. El segundo argumento es tan atractivo como el primero. Dicen que nunca en la historia de Chile tantos jóvenes habían accedido a la educación superior. Por cierto, así presentado el tema, estos argumentos parecieran responder al más sano sentido ético y social. Sin embargo, no es así. Por el contrario, ambos argumentos son falaces, anti-democráticos y, básicamente, falsos. El primero acusa, en primer lugar, una falta total de sentido de sociedad, de comunidad chilena. La Educación general, en manos de privados en más del 60%, como ocurre en el Chile de hoy, divide a la sociedad dos sectores: el de los que, por ser pobres, no pueden pagar una buena educación; y el de los que poseen dinero, y, por lo tanto, pueden pagarla. Nada es peor para una sociedad que poseer dos tipos distintos de educación, cuya base es la diferencia de clase social. La propuesta de un sistema universitario estatal gratuito, obviamente, sólo es posible si a la vez se decreta una reforma tributaria que por fin, ponga las cosas en su lugar en Chile en materia de impuestos. Las grandes empresas nacionales y extranjeras pagan los royalties e impuestos más bajos del mundo, lo que explica el exagerado volumen de sus ganancias. El Estado puede perfectamente financiar sus universidades e, incluso, crear muchas más, a partir de una profunda reforma tributaria, que, por supuesto, no significaría ningún sacrificio para los pobres. Como la derecha se opone tenazmente a la exacción de impuestos a las mega-empresas, es natural que sea partidaria de la continuidad del actual modelo de financiamiento de la educación superior; es decir, que sea pagada por todos sus estudiantes. El segundo argumento conlleva un escandaloso engaño. Es cierto que las universidades, sobre todo, las privadas, están llenas de alumnos, pero, ¿no es al costo del endeudamiento de por vida? Además, ¿son de calidad los estudios que ofrecen? ¿Son serios sus títulos? Cada día se hace más evidente el hecho que la competencia por ganar mercado (es decir, estudiantes) se basa en las facilidades que las universidades ofrecen para la obtención de un título. Las antiguas universidades chilenas eran buenas porque eran exigentes. Salvo una que otra excepción, hoy la universidad que exige, sobre todo si es privada, está condenada a perder clientela; vale decir, a desaparecer. Sus dueños serían muy malos comerciantes si se pusieran realmente serios en el aspecto académico. Sin embargo, sólo la gratuidad asegura la calidad de los estudios en las universidades, y por extensión, de la excelencia profesional de sus futuros egresados.

PINOCHET, A 40 AÑOS DEL GOLPE.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 13 /09/ 2013. Luego del golpe de estado de 1973, planeado íntegramente en Washington y ejecutado por la dupla FF AA-derecha, la dictadura cívico-militar que entonces advino se dedicó, como primera tarea, al exterminio, encarcelamiento y exilio de los dirigentes de la izquierda chilena. Después, con asesoría directa estadounidense, instauró el régimen económico neo-liberal vigente; privatizó los bienes del Estado y los de los partidos políticos de la Unidad Popular, en beneficio directo de sus partidarios civiles y de muchos “patriotas” militares, que se adjudicaron gratis o a precio de huevo bienes raíces, industrias, fundos, casas, emisoras radiales (como la Radio “Esmeralda” de Iquique, que era de propiedad del Partido Socialista), etc. Finalmente, la dictadura impuso su proyecto en una constitución política que no merece el respeto de nadie que no sólo tenga dos dedos de frente, sino que de cualquiera persona de conciencia democrática. Fue el general Augusto Pinochet quien oficiaba de cabecilla de aquel infamante régimen. Como relata el periodista Juan Cristóbal Peña en su obra-investigación “La Secreta Vida Literaria de Augusto Pinochet” (Ed. Randon House, Debate, 2013), el dictador era un individuo de inteligencia menor. En su juventud, sólo consiguió matricularse en la Escuela Militar tras dos intentos fallidos. En uno, fracasó en la prueba física; en el otro, en los exámenes teóricos. Por ello perdió todo interés por seguir la carrera militar, e intentó estudiar Derecho en la Universidad de Chile, carrera en la que no alcanzó a durar un año. Al fin, logró ingresar a la Escuela Militar, en la que se lo recuerda como un sujeto tímido, mediocre y de bajo perfil; tanto, que pasó allí sus años de estudio prácticamente inadvertido. Producido el golpe (que, como todo el mundo sabe, no fue su iniciativa) y estando sólo por antigüedad a la cabeza de las FF AA, la derecha golpista hizo de él una mítica figura, llevándola a límites increíbles, como compararlo con los Padres de la Patria o Cincinato, el recto e incorruptible general romano que jamás obtuvo riquezas ni abusó del poder mientras gobernó. Pinochet se creyó el cuento, y se transformó en el más ridículo de los megalómanos. Envalentonado, empezó por destacarse en el rol del duro gobernante absoluto, lo que no podía complacer más a la ultraderecha, nazis y neo-nazis chilenos. Ordenó personalmente la muerte de miles de chilenos, sobre todo la de quienes odiaba o envidiaba, como David Silberman, el jefe de Codelco, con quien tuvo un agrio altercado días antes del golpe, y el general Carlos Prats, su antípoda profesional, humana y ética; crímenes que, obviamente, otros ejecutaron por él. A su conciencia de sátrapa, volvió con inusitada compulsión su antigua obsesión de aparecer como un intelectual de tomo y lomo, mecanismo mental compensatorio por sus magros logros académicos, desde su infancia hasta su egreso de la Escuela Militar, pasando por su patético y breve paso por la Escuela de Leyes. Embriagado con esta fantasía, encendida por las loas que a diario le dedicaban la prensa y los dirigentes de la derecha, llegó a poseer una enorme y costosísima biblioteca de 55.000 volúmenes, avaluada en unos US $3 millones, la que, por supuesto, no era sino ostentación. Como “historiador,” nunca hizo otra cosa que plagiar a destajo, lo que me consta personalmente. En efecto, cuando escribí mi libro “Militarismo Bismarckiano y las FF AA Chilenas” (Ediciones Campus, 1998) descubrí que su “Geopolítica” (Ed. Andrés Bello, 1968) no es más que un catálogo de copias y citas sin dación de fuentes bibliográficas, como las obras de los más conspicuos ideólogos del nazismo Haushoffer, Kjelen y Mac Kinder. Escaso de información y capacidad reflexiva, sus discursos fueron siempre redactados por Guzmán y Ortúzar, y si abría la boca era sólo para repetir los estereotipados argumentos anti-socialistas de rigor, elaborados en las agencias propagandísticas de la derecha. Paupérrimo en luces, jamás advirtió que los panegíricos a su persona sólo estaban destinados a la manipulación de su inflado ego, para que quien se los hacía a diario, la adulona derecha gobernante, pudiera hacer lo suyo con la mayor tranquilidad posible. Pinochet, el asesino que llegó, incluso, a ordenar la muerte de pares coetáneos suyos, fue, además, corrupto e inmoral. Durante el ejercicio de su gobierno se embolsicó secretamente la friolera de, por lo menos, 19 millones de dólares (9.747 millones de pesos al cambio de hoy). Este infame personaje, por sólo un azar de la historia llegó a encarnar al Ejército de Chile y nuestras caras tradiciones militares, lo que ha traído por consecuencia el alejamiento y desconfianza de la mayor parte del pueblo de Chile hacia las FF AA. El destino de este criminal era morir de viejo en una cárcel de España, o de Chile, como ocurrirá con Manuel Contreras o el dictador argentino Rafael Videla. No fue así, sólo por aquel espurio trato a espaldas del pueblo que la Concertación suscribió con la derecha para salvarlo de la justicia internacional.

ELECCIÓN DE CORES

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO EL LONGINO. 4 /10/ 2013. Probablemente, la mayor expresión de la democracia en un país es la autonomía que tengan sus regiones, provincias o estados, con respecto al poder central. Es asunto de tener confianza en que la ciudadanía tiene la capacidad de decidir bien sobre las materias que le afectan, a lo largo y ancho de una nación. Chile, que se declaró independiente, libre y soberano en 1811 con don José Miguel Carrera, partió como un país altamente descentralizado, y autoproclamado país federal. Esa impronta democrática se perdió con los años, y la verdad es que no fue retomada nunca por gobierno alguno hasta nuestros días. No obstante, el pueblo de Chile, evidentemente, con más claridad que nunca, ha vuelto a esa senda. Lo prueban, por ejemplo, los muchos movimientos por más autonomía regional que han venido surgiendo en los últimos años, que han culminado, por lo menos, en un hecho que no deja de ser sumamente interesante: la elección de los miembros de los Consejos Regionales (CORES) a través del voto universal. Desde luego, este hecho no significa la autonomía regional definitiva; ni siquiera un avance muy importante en materia de descentralización. Sin embargo, puede ser el comienzo de la futura emancipación de las regiones de un centro metropolitano dictatorial y voraz. Es preciso, entonces, hacer de los CORES el inicio de un proceso descentralizador del país. Empecemos por definir bien los CORES. Según reza la Ley, el CORE, es parte del GORE (Gobierno Regional). Este fenómeno equivale a la réplica parcial del Estado en sus poderes ejecutivo y legislativo en las regiones, en el sentido que son órganos públicos fiscalizadores de la gestión del Intendente, con un carácter normativo y resolutivo, y encargado “de hacer efectiva la participación ciudadana en la gestión política y administrativa del Estado.” Vale decir, los CORES son parlamentos regionales, que, así como el Parlamento Nacional fiscaliza al Presidente de la República -pudiendo impedir la concreción de sus planes más importantes y hasta destituirlo - pueden también hacer lo mismo en las regiones con respecto a los intendentes, los primeros representantes del Presidente en cada región. Hasta hace poco, los miembros del CORE eran elegidos por los concejales municipales, lo que equivalía, en un país partidocrático como Chile, a que los partidos políticos fueran los dueños de facto de ese enclave político-administrativo. Peor aun, en los hechos, los CORES han sido feudos personales de caudillos y caciques locales de los partidos, en una nación en que la ciudadanía, indiferente y apática, ha venido desentendiéndose de la política cada vez con más fuerza. No es raro, entonces, tal como ha ocurrido en Iquique, que los amigos de confianza, cónyuges, hijos y parientes de los jefes de los partidos hayan tenido la primera opción de ocupar los sillones de los CORES. Afortunadamente, esa figura ahora ha empezado a cambiar; quizás no enteramente, porque después de todo, los partidos siguen en posesión de la primera movida en el tablero de ajedrez político. Pero, insisto, es un comienzo, y hay que saberlo aprovechar. Por ejemplo, toda gestión municipal que signifique inversiones públicas se trata en el CORE, según las presentaciones de proyectos del intendente. Aun con todas los amarres constitucionales impuestos al país en dictadura, todavía vigentes, podemos lograr avances en la construcción de una sociedad verdaderamente participativa y democrática, exigiendo, por ejemplo, la convocatoria a plebiscitos vinculantes como método para dirimir sobre medidas relacionadas con el desarrollo regional, en caso de producirse empates o disensiones entre el CORE y el Intendente, o entre los propios miembros del CORE. Quienes integren el próximo CORE regional deben exigir la asignación a la región de un porcentaje de los ingresos que genera la minería al Estado, la devolución a la región de un porcentaje del IVA que genera el gasto en la región, incluyendo las empresas que tributan en Santiago; la desmunicipalización de la Educación, la importación y venta de combustible a través de ZOFRI, la nacionalización de los recursos hídricos de la región. Finalmente, debieran hacer todo lo que esté a su alcance para detener la contaminación de nuestro aire y mar con la generación de energía termoeléctrica. En fin, se inicia un proceso democratizador en el país, del que nadie debiera estar ausente.

CONSULTAS CIUDADANAS.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO EL LONGINO. 6/ 10/ 2013. CONSULTAS CIUDADANAS. Con plena tranquilidad, sin oposición y en los marcos de un contexto político represivo sin precedentes en nuestra historia, con todos los medios materiales, militares, legales y mediáticos a su disposición, y con todo el tiempo que fuese necesario, el sector civil que gobernó el país protegido por la dictadura militar, se dio a la tarea de planificar y redactar una nueva constitución política. A unos días de cumplirse 40 años del golpe de estado de 1973, conviene recordar, una vez más, que los autores de la constitución la constitución, Guzmán, Diez y Ortúzar, eran militantes activos de sólo un sector del espectro político nacional, la derecha. La tarea no podía ser más fácil y expedita. Era, por cierto, una orgía de poder absoluto. Como decía Lord Acton, el poder corrompe. En verdad, la corrupción no sólo consiste en usar el poder en beneficio propio del que lo detenta, como lo demuestra, por ejemplo, el enriquecimiento personal del dictador Pinochet. No, la peor expresión de esa corrupción es ideológica, como la que llevó a esos “legisladores” al extremo de dejar establecido en la misma constitución que redactaron, la infame aberración, única en el mundo, de hacerla absoluta; es decir, eterna. Para simular esta atrocidad, se diseñó un sucio plan. La constitución se iba a “plebiscitar,” pero sin registros electorales, debates, prensa libre, derechos cívicos para todos u observadores extranjeros. Mas, el plan no sólo era sucio, sino burdo. ¿Quién podría creer en la validez de un “plebiscito” realizado en las condiciones descritas? Pero más que eso, ¿quién de conciencia verdaderamente democrática podría creer en una constitución que relega al país a un permanente empate entre las dos primeras mayorías, siendo una de ellas, la propia autora de la constitución? Imagínense, para producir algún cambio que afecte la voluntad de la derecha, que nos impuso a balazos “SU” constitución, hay que doblarla en las elecciones parlamentarias por lo menos en dos tercios de los distritos del país. ¿Qué hacer? Pues, luchar por las consultas ciudadanas; i.e., los plebiscitos, transparentes, observados, con plena vigencia de las libertades civiles y con amplios debates públicos. Vale decir, jamás como el fraude de 1980. Si la ciudadanía se organiza en exigirlos, pueden perfectamente hacerse. En Chile, cuando los ha habido, no han sido vinculantes. Esto significa que la autoridad política no está obligada a respetar sus resultados ni transformarlos en leyes. Aun así, es importante impulsarlos y realizarlos, porque son moralmente lo suficientemente fuertes como para ejercer presión en favor del mejoramiento de muchos aspectos de la vida social. La iniciativa popular de crear leyes más allá de lo que acuerden los parlamentarios en sus períodos de ejercicio, es propia de las más antiguas y mejores democracias del mundo. En Chile, un ciudadano de 40 años de edad, sólo ha sido convocado a votar en 15 oportunidades, y únicamente para elegir a sus representantes: presidentes, parlamentarios, alcaldes y concejales. No es así en países de verdad democráticos. Por ejemplo, en Suiza (país que conozco bien), los ciudadanos deciden en plebiscitos todas las materias que afectan esencialmente su vida cotidiana, desde las locales hasta las nacionales. El ciudadano suizo, a los 40 años de edad ha tomado decisiones en más de 1000 oportunidades. En la mayor parte de los países europeos y en Estados Unidos, conjuntamente con el voto que se emite en las elecciones políticas ordinarias, es normal ver la presencia de una urna adicional, en la que se consulta sobre un tema que atañe directamente a una localidad determinada, o a opciones nacionales que significarán cambios constitucionales. Por ejemplo, en la última elección presidencial estadounidense, simultáneamente con la elección de presidente, los ciudadanos de distintos estados votaron, en total, alrededor de 100 plebiscitos. El método político de profundizar el sistema democrático a través de las consultas ciudadanas y plebiscitos no es sólo propio de los países desarrollados. De hecho, se hacen frecuentemente en nuestros países vecinos, como Uruguay, donde se votó hace poco si la propiedad del agua sería privada estatal (por supuesto, el pueblo uruguayo votó por que fuese estatal). En nuestro país, luchar por los plebiscitos debiera ser tarea prioritaria de la población. Sería, por lo menos, el inicio de la recuperación verdadera de nuestra perdida democracia.

¿OTRA VEZ EL CUENTO DEL PAÍS DESARROLLADO?

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO EL LONGINO. 30 / 08 / 2013. En los últimos años, y muy especialmente ahora, en la plenitud de las campañas electorales, no han faltado las promesas que muy pronto seremos “un país desarrollado.” Hace unos años, Piñera lo anunció para el año 2018; no obstante, la demagógica fantasía no era nueva, pues también la hizo Ricardo Lagos en 2001. Según Lagos, Chile ya sería hoy desarrollado, puesto que ese año anunció que lo seríamos “para el Bicentenario.” Como la gente candorosa, acrítica y desinformada abunda, muchos creyeron esta ridiculez, sobre todo quienes la necesitan para sentirse mejor en sus duras vidas, sin pensar siquiera en el significado de la palabra “desarrollo.” Reza así la definición internacional de desarrollo: “El término país desarrollado se refiere a países que han logrado un alto grado de industrialización, y cuyos habitantes disfrutan de un alto estándar de vida” (es.wikipedia.org/wiki/País_desarrollado). La definición es tan clara que no debiera prestarse al más mínimo equívoco ni interpretaciones falaces. En efecto, son sólo dos las condiciones que deben darse simultáneamente para que un país sea considerado desarrollado: primero, ser industrializado, y, segundo, poseer una población que mayoritariamente goce de un alto nivel de vida; es decir, que viva tranquila, en casas propias, sin crujías económicas, que acceda a las comodidades del mundo moderno y a una buena educación en todos sus niveles. En la época de los 70, cuando Brasil había conseguido un considerable volumen industrial y de exportaciones gracias a su gigantesco potencial en recursos naturales, la dictadura fascista que lo gobernaba reclamó ante el mundo el derecho de Brasil de ser llamado “país desarrollado.” La pretensión sólo causó una estrepitosa risa internacional. Así fue, porque la industrialización brasileña tenía por sustento la brutal sobre-explotación de los trabajadores, una espantosa desigualdad en la distribución del ingreso y, sobre todo, la represión política. El modelo político fascista chileno, si bien semejante al brasileño, fue distinto a éste en el aspecto económico. Aquí, con la orgía neo-liberal, que no existió en Brasil ni en ninguna otra dictadura de la siniestra “Operación Cóndor,” ni siquiera se obtuvo algún desarrollo industrial nacional importante. La más somera visión de la historia del desarrollo, que se sitúa fundamentalmente en Europa, revela que allí, luego de la Revolución Industrial, se produjeron importantes cambios en la distribución de la riqueza, y aunque a doña Evelyn Matthei y a toda la UDI no les guste, se fundaron Estados-Bienestar fuertes, democráticos y altamente proteccionistas, que permitieron el acceso de las amplias masas del pueblo a la igualdad de oportunidades y al goce de los bienes materiales y espirituales que en el pasado habían sido privilegio de unos pocos. Por supuesto, este no es el caso de Chile, y, por lo tanto, nada avizora que tengamos el desarrollo ad portas, como lo proclamaron Lagos y Piñera. Según cifras internacionales, Chile aún observa una de las peores tasas de distribución del ingreso per cápita del mundo, lo que se traduce en que, por sólo dar un ejemplo, y como lo señala la OCDE, la calidad de la educación es directamente proporcional al dinero que se tiene, dinero que está concentrado en una minoría del país. Tenemos medio millón de madres que son asesoras del hogar, con el consecuente abandono y marginalidad de nuestra juventud; un nivel de delincuencia que no da tregua; jubilados que siguen imponiendo el 7% de sus escuálidos ingresos, y un altísimo nivel de endeudamiento familiar, uno de los más elevados y masivos del mundo. En 2006, la pobreza general era de más del 20% y la pobreza extrema, aquella rayana en el hambre, llegaba al 13,7%. Hoy, la sola pobreza extrema bordea el 20%. Aun si aumentara la producción, sus beneficios no serán destinados a terminar con la irracional actual distribución del ingreso, sino al aumento de la riqueza de los pocos clanes familiares dueños de los bancos privados y las grandes empresas, porque estructural y, lo peor, constitucionalmente, Chile está programado para seguir siendo un país de desigualdades, en los marcos de un orden impuesto al país a balazos y represión, tras la revolución ultra-derechista neo-liberal de 1973. Sólo si ese orden cambiara radicalmente, habría esperanzas de acceder al desarrollo. Es sólo este cambio lo que nos podría llevar, quizás en un medio siglo más, al desarrollo, por lo menos en una primera etapa. Empero, este giro no ha estado nunca en los planes de la derecha ni de la Concertación. Este es un hecho evidente, pues el orden legal que consagra las desigualdades y el estagnamiento social –piezas claves de un país desarrollado- no ha sido tocado en cuatro décadas, y su cambio sigue ausente en los planes políticos del duopolio. Habrá que confiar, entonces, solamente en fuerzas políticas nuevas, que sí lo contemplen en sus programas.

EL LASTRE DEL CENTRALISMO.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO “EL LONGINO.” 23 / 08/ 2013. Si hay algo que une a más de la mitad del país es su rechazo al fuerte centralismo que día a día ahoga a las regiones. Esperemos que el clamor por más autonomía regional consiga unir definitivamente a las provincias, hasta que ellas, unidas, alcancen un nivel moderno, ecuánime y eficaz de autonomía. Chile está políticamente organizado como un país altamente centralista, condición que se cubre con el término “unitarismo.” Tenemos un gobierno central metropolitano que, muy suelto de cuerpo, se hace cargo de la total organización y administración de todo el país. Los defensores de unitarismo (en verdad, prácticamente el grueso de la clase política) aducen el ejemplo de países desarrollados democráticos como Francia e Italia, que se definen como unitarios. Sin embargo, el argumento es falaz. Precisamente por ser democráticos, lo que llamamos “centralismo” es inexistente en estos países, como lo es en todos los que consagran en sus leyes la libertad y la equidad de oportunidades para todas las regiones, como práctica política y cultural. En efecto, en Francia existe un alto grado de autonomía de las regiones, consagrado en sus leyes. En todas ellas existen las “assamblées locales”; especie de parlamentos provinciales que, en los hechos, deciden su marcha; de ahí que a Francia también se la califica como un “Estado regional”. En Italia, la situación no es diferente. Aunque posee un estado central que oficia de coordinador de la marcha general del país (de ahí que sea unitario), es, como Francia, un Estado regional, y, además, posee 5 regiones que son totalmente autónomas. En el Chile de la dictadura cívico-militar que encabezó Pinochet, se ratificó, sin reformas ni actualizaciones congruentes con la modernidad, el viejo Estado portaliano, radicalmente unitario. Es natural que haya sido así, si se toma en cuenta la impronta represiva de aquel régimen. ¿Cuál fue la concepción patriota, apenas conseguida la independencia? Pues, el Estado descentralizado, incluso, federal. Las situaciones históricas que torcieron la voluntad federalista de Carrera, están en el pasado, y la verdad es que hoy nada serio justifica el agobiante centralismo que tenemos en Chile. Es el exagerado unitarismo existente lo que conlleva la errática y anacrónica planificación de la economía nacional en desmedro evidente de la periferia, las regiones; de una Educación que no se centra en las realidades naturales y humanas de cada región; la designación de las autoridades regionales desde Santiago, y la nominación de los candidatos de todo el país al Parlamento, las más de las veces tras oscuros arreglines cocinados en las sedes centrales capitalinas de los partidos políticos, cuyos dirigentes rara vez tienen clara idea de lo que ocurre más allá del Mapocho. En verdad, muchas regiones de Chile se debaten en el más franco subdesarrollo, aunque potencialmente sean riquísimas, como la Araucanía o el extremo sur. Las cosas, empero, no podían seguir así eternamente, y, por fin, los movimientos sociales por la autonomía regional han irrumpido en todo el país, y cada vez con mayor organicidad y vigor. Tocopilla, aún siendo puerto, es la ciudad más contaminada de Chile, porque en pleno centro de la ciudad funcionan dos gigantescas centrales termoeléctricas. Allí no hay médicos broncopulmonares ni oncólogos en sus hospitales, y sus habitantes presentan el mayor índice de cáncer del país. Hoy, todo el pueblo tocopillano, muy bien organizado, está en las calles. En Arica y Coronel, la población también se ha levantado. Lo ha hecho para impedir la construcción de nuevas plantas termoeléctricas. ¿Recuerdan Freirina, y la pestilencia de aquel fatídico matadero de cerdos? La población se desbordó en las calles y hasta enfrentó a Fuerzas Especiales, hasta que por fin pudo detener la lenta muerte por envenenamiento que los amenazaba, como también la anulación de la aprobación por parte del “Comité de Ministros” del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde de Endesa. Hoy, la mayor parte de las regiones ya se han organizado en “asambleas ciudadanas” para exigir derechos, frenar proyectos termoeléctricos, mineros, de plantaciones de monocultivos forestales exógenos, etc. Ante la ausencia de voluntad de la clase política por una legislación descentralizadora del país, ¿qué otra cosa se puede hacer sino movilizarse?