jueves, 26 de marzo de 2015

IQUIQUEÑOS INDIGNADOS

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 27 / 03 / 2015 La semana pasada fue histórica en Iquique. Fue la primera vez que marcharon por nuestras calles iquiqueños que no representaban a grupos determinados políticos, sindicales o estudiantiles. Había manifestantes de todo tipo, aunque, como era de esperar, no participaron quienes adscriben a organizaciones que piensan que no estamos mal en Chile, ni siquiera medio mal; es decir, la derecha política. Los carteles contenían gruesas diatribas contra las desigualdades sociales, contra las AFP, las Isapres, las termoeléctricas, los bajos sueldos, los altos arriendos de casas y departamentos, la falta de atención médica de calidad para los asalariados más pobres, el centralismo, etc., etc. Hasta aquí, cualquiera podría pensar que la marcha pudo ser convocada por algún grupo o partido de izquierda. No. Las pancartas más abundantes se referían a la corrupción política en el país, y más claro aun, a la corrupción personal de los políticos profesionales chilenos, de todas las tiendas sin excepción. La manifestación tuvo ribetes violentos, con apaleos y guanaco incluidos, y la visión de una anciana manifestante, de unos 80 años, enfrentando a viva voz a las fuerzas especiales de represión, recorrió todo el país, lo que devela el carácter horizontal y general de esta “Marcha de los Indignados de Iquique.” Como todas las manifestaciones de este tipo (ya están teniendo lugar en todo el país), la de Iquique empezó hace tiempo con rayados clandestinos, de sello anárquico, no identificables con grupos políticos organizados, los que así como aparecen, al poco tiempo desaparecen, para volver a aparecer. Lo claro es que tendremos que convivir con este fenómeno, porque todo indica que continuará, por lo menos hasta que persistan sus razones básicas: la inequidad reinante en todos los aspectos de la vida social y la rotunda desconfianza que la ciudadanía siente por la totalidad de los chilenos elegidos para ejercer la administración política del país, de rey a paje, sin ambages ni excepción. El descontento es general, porque la clase política, evidentemente, no ha resuelto los graves problemas de la población, y, además, porque, además de incapaz, está resultando ser probadamente corrupta. Es una pena que el sentimiento general del pueblo sea que nuestros políticos no son honestos, porque esto conlleva el mayor de los peligros: la tentación por “la solución militar,” la del “orden” traído por el “general apolítico,” supuesto primer depositario de las glorias de la Patria, etc. La realidad chilena ha demostrado que eso no es más que un cuento. Baste sólo recordar la “neutralidad” y “patriotismo” de la dictadura de Pinochet, que entregó el país entero a la voracidad de las grandes empresas nacionales y transnacionales, en sintonía perfecta con los intereses de la derecha nacional. Es cierto que la clase política está severamente cuestionada por la opinión pública, pero ésta no puede dejar de tener en cuenta que la corrupción política tiene su origen en el orden institucional existente. Lo lógico, entonces, es cambiar ese orden, cuya base es el binominalismo (que no ha sido eliminado, como se miente a diario), y la doctrina general del lucro y la ganancia y ventaja personal. Los dirigentes mayores de las dos grandes coaliciones siguen negándose, en bloque, a terminar de raíz con ese orden antidemocrático y espurio. Se niegan a llamar a una Asamblea Constituyente, con plebiscito popular, que le dé al país una nueva Constitución Política, una que haya surgido de la soberanía popular. En verdad, la colusión de nuestros políticos por negarse a la convocatoria de una Asamblea Constituyente es el mayor acto de corrupción imaginable. Basta ya, ¡Asamblea Constituyente, ahora!.

miércoles, 11 de marzo de 2015

CHILE Y VENEZUELA (Segunda parte)

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 20 / 03 / 2015. Un estado socialista, en mayor o menor grado, es posesor y administrador de las principales industrias y suelos estratégicos, cultivables o mineros, de un país. Las viejas revoluciones triunfantes socialistas armadas simplemente confiscaban de sus antiguos dueños esos medios de producción. Contaban con la fuerza militar para hacerlo, fuerza que, por supuesto, también se usó en algunos casos para la comisión de todo tipo de tropelías. Hacer esto en democracia es imposible. Como decía Churchill, parafraseando a Aristóteles, gobernar en democracia es más difícil, y así lo demostró la experiencia chilena con el gobierno de Salvador Allende, quien, tal como lo había prometido en cada una de sus cuatro campañas electorales desde 1952 hasta la de 1970, procedió al traspaso legal de una importante parte de las industrias estratégicas del país, con indemnización a sus ex – dueños, chilenos o extranjeros. La más importante fue la gran minería del cobre, propiedad de la transnacional Andes Mining, aduciendo en este caso el principio de las “ganancias excesivas,” lo que, obviamente, sentó un precedente internacional y le atrajo la ira del gobierno de Estados Unidos. La verdad es que era imposible que el proyecto socialista de Allende tuviese éxito, porque ese Estado socialista, aunque fuese elevado al poder político dentro del juego democrático, no contó con apoyo militar. Esta es, precisamente, la diferencia entre las experiencias socialistas democráticas venezolana y chilena. En Chile, la derecha golpista contó finalmente con un brazo armado para interrumpir el impulso revolucionario del gobierno de Allende, y, además, imponer por la fuerza, de modo perfecto, de A a Z, su modelo económico y político, además, preconizado y propuesto para Chile por el gobierno estadounidense. En Venezuela, las Fuerzas Armadas han seguido unidas al Presidente Nicolás Maduro y el proyecto político iniciado por un militar, el extinto Hugo Chávez. En verdad, el gran pecado de ese país es estar parado sobre un inmenso pozo petrolífero, uno de los mayores del mundo, hoy nacionalizado y administrado por los venezolanos, y hasta hoy, sin la menor intervención militar sobre las instituciones del Estado. En efecto, a pesar de los probados sabotajes a la macro y micro-economía, como el acaparamiento y el desabastecimiento, más la conmoción y desórdenes apoyados y financiados abiertamente por el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de Chávez y Maduro han ganado 18 de 19 elecciones populares en menos de 15 años, incluso con referéndum revocatorio. Negar este hecho es como negar la intervención norteamericana en la serie de golpes de estado en el cono sur americano en los años 70. El ejemplo de independencia económica de la geopolítica y economía global norteamericana que representaba Chile, y que hoy representa Venezuela, es por cierto, un problema muy serio para Estados Unidos, cuyo poderío económico se basa en la dominación de la economía global, particularmente en los países en desarrollo y subdesarrollados. Las intervenciones estadounidenses en la política interna de los países, por la vía encubierta o militar, incluyendo la invasión, son conocidas, cada vez que su capacidad de dominación se ha visto amenazada. Es de comprobación empírica que este histórica constante se ha dado con especial claridad en América Latina, prácticamente en cada uno de nuestros países (CONTINUARÁ).

sábado, 7 de marzo de 2015

CHILE Y VENEZUELA.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 06 / 03 / 2015. (Primera Parte) En 1973, el gran argumento de los sectores golpistas que consiguieron el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende -sectores encabezados políticamente por la derecha y la dirigencia mayor de la DC- era éste: Allende pretendía cambiar el país no teniendo la mayoría para hacerlo. Veamos: En las elecciones presidenciales de 1970, Allende obtuvo más de un tercio de los votos, y con esa mayoría relativa fue elegido legalmente por el Parlamento. En las elecciones municipales de 1971, la coalición de su gobierno, la Unidad Popular, superó el 50%, y en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, obtuvo el 44%. Como sabemos, en toda democracia los gobiernos se someten al juicio ciudadano en elecciones que se realizan en el transcurso de su mandato. La más importante es la elección del Parlamento, porque según su resultado la oposición puede poner fin al gobierno, pero… siempre que alcance los dos tercios de la votación. No puede ser por menos, porque se entiende que la oposición debe aceptar que el gobierno elegido complete su programa dentro del lapso asignado por la Ley, y, además, si pierde las elecciones parlamentarias, también puede recuperarse y volver a ganar las presidenciales siguientes. Este es el juego democrático universal, lo que explica por qué el golpe de estado de 1973 fue repudiado en todo el mundo, además por la feroz y sangrienta dictadura que advino con él. En suma, la oposición no consiguió los dos tercios en el Parlamento para destituir legalmente a Allende; por el contrario, en toda la historia del Chile del siglo XX ninguno de los gobiernos había llegado a una adhesión popular del 44% en la mitad de su período, y a nadie se le habría ocurrido derrocarlos. Además, en 1976, habría elecciones presidenciales, y la coalición derecha-DC podía ganarlas y revertir las transformaciones hechas por Allende. Sin embargo, la derecha eligió el golpe. Para la creación del clima social que lo justificara contaba con el apoyo de sectores claves en la economía diaria de consumo, como camioneros y parte del comercio; más, sobre todo, con el abierto respaldo del gobierno estadounidense y sus agencias, abiertas y secretas. No fue difícil, entonces, declarar la guerra del desabastecimiento y del mercado negro, aunque la producción industrial y agrícola no había bajado, lo que explica por qué a sólo horas del golpe, los productos repletaban las estanterías de las tiendas. Está ampliamente probada la participación directa estadounidense en el derrocamiento de Allende. La propia CIA se ha encargado de revelarlo en una inmensa cantidad de documentos desclasificados que refieren la planificación y ejecución de atentados terroristas, financiamiento de la prensa opositora y de las huelgas de los dueños de camiones, del cobre, etc. La razón, ¡o sancta simplicitas! es clara. Con su 44%, el gobierno de Allende podía recuperarse y ganar las elecciones de 1976. El precio del cobre subía y las obras sociales del gobierno se ampliaban día a día. En verdad, para todo el mundo Allende había obtenido una victoria, porque ese 44% se había conseguido cuando más arreciaba la ofensiva opositora, tanto nacional como desde Estados Unidos. Para el imperio norteamericano, el riesgo era demasiado grande. El Chile socialista de Allende ya era un ejemplo internacional de anti-imperialismo y de un nuevo orden interno social y económico dentro del orden democrático. Hoy, ese ejemplo vuelve redivivo en varios países latinoamericanos, especialmente en Venezuela, donde se está repitiendo la historia chilena, aunque, claro, con una crucial diferencia: allí las Fuerzas Armadas son fieles al orden constitucional (CONTINUARÁ).