POLÍTICA Y DINERO.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 19 / 06 / 2015. En Chile, la relación del dinero con la política es un hecho, lo que ya no sorprende a nadie. De partida, en virtud de sus enormes sueldos y otras “entraditas”, la mayoría de los políticos profesionales, sobre todo los parlamentarios, cuya misión es hacer las leyes, se han enriquecido a lo largo de luengos períodos de ejercicio, que se repiten sostenidamente. Como bien sabemos, es la legislación heredada de la dictadura lo que les ha permitido darse el lujo de ser re-elegidos “ad aeternum,” y salvo contadas excepciones, no precisamente por su capacidad ni luces intelectuales. Lo lamentable es que los “honorables” no han tenido la altura moral para cambiar ese modelo. Pudiendo hacerlo, no cambiaron el tramposo sistema binominal de elecciones; apenas sólo lo modificaron, y como muchos aún creen lo contrario, NO lo eliminaron ni remplazaron por el sistema proporcional, el único que rige en todas las democracia de verdad. Fue sólo la movilización popular, producto de la severa crisis institucional y moral por la que está atravesando el país, el factor que incidió en la corrección, aunque fuese en parte, de ese engendro dictatorial. En verdad, nada bueno puede esperar el pueblo si gobiernan los millonarios, quienes ni siquiera gastan dinero en campañas electorales, porque en muchísimos casos éstas, transversalmente, les son financiadas por las mega-empresas nacionales, las que, para rematar, a buena parte de nuestros congresistas les proveen de “mesadas” y regalitos luego de votarse una ley en su favor. Pero hay algo más grave que esto: ahora los propios “honorables” se están sumando al grupo de quienes son los dueños y administradores del país, tanto de su sistema económico como el político; vale decir, se está produciendo en Chile la unidad perfecta entre la política y el poder económico. Es probable que este fenómeno apenas esté comenzando, pero su proyección es innegable. En verdad, puede ser que sólo con la excepción de Estados Unidos, país en que la mayoría de los senadores (allí sólo existe una cámara) son dueños o accionistas de grandes empresas, Chile ya ha comenzado a seguir el esquema de gobierno plutocrático, i. e., el tipo de Estado que manejan a su arbitrio los posesores del dinero. Los hechos están a la vista: la mitad de los legisladores tienen participación en alguna sociedad o empresa. Tenemos 157 parlamentarios, tanto diputados como senadores. 73 de ellos tienen participación o propiedad en sociedades civiles o comerciales; es decir, prácticamente la mitad. Veamos los senadores. Son 38, y 19 participan en alguna organización financiera, industrial o comercial. En la derecha, Andrés Allamand, Baldo Prokurica, Hernán Larraín, Ena von Baer, Francisco Chahuán, Alberto Espina, Jacqueline Van Rysselberghe, Jaime Orpis, Manuel José Ossandón, Juan Antonio Coloma y Alejandro García-Huidobro tienen participación en una o más sociedades económicas. La coalición de gobierno sigue las mismas aguas. Ignacio Walker, Patricio Walker, Jorge Pizarro, Andrés Zaldívar, Felipe Harboe, Eugenio Tuma y Manuel Antonio Matta, son prósperos empresarios, además de parlamentarios. En cuanto los diputados, 37 han declarado formalmente que tienen intereses en alguna empresa y 17 de ellos, en más de una. La balanza se inclina ostensiblemente más hacia la derecha, sobre todo la más extrema, porque ella es la fundadora del sistema económico imperante en el país. Por ejemplo, José Antonio Kast, de la UDI, participa nada menos que en 14 sociedades. ¿Qué les parece?. Aunque en Chile la simbiosis política-dinero está a la vista, hasta hoy no se avizoran muchas esperanzas que esta situación se corrija. Conocida la avalancha de coimas y boleteos fraudulentos de muchos parlamentarios, en cualquier país de tradición verdaderamente democrática, el Presidente de la República, con el apoyo de los propios parlamentarios, por lo menos ya habría llamado a la disolución del Parlamento y convocado a nuevas elecciones. Mientras los escándalos de corrupción, producto del vil maridaje entre dinero y política, siguen en curso, la clase política actúa como si ello fuese lo más normal del mundo. En estos momentos, ya son al menos 15 los parlamentarios que están siendo investigados por la justicia por escándalos de corrupción. En la UDI, Jaime Orpis, el senador que poco antes de los dos últimos terremotos propugnaba la construcción de plantas atómicas en Tarapacá, será formalizado por recibir plata de CORPESCA, la mega empresa de la familia Angelini, uno de los grupos dueños de nuestro mar. Iván Moreira, su correligionario, aquel que hizo una huelga de hambre (breve, desde luego) cuando la justicia internacional atrapó a su ídolo Pinochet, será formalizado como infractor a las leyes por el caso PENTA. Jacqueline van Rysselberghe está siendo investigada por malos manejos de dineros municipales cuando fue alcaldesa de Concepción. Ena von Baer, la miembro de la familia representante de la transnacional MONSANTO, que se está apoderando de nuestras preciosas semillas alimenticias para su manipulación genética, está querellada por cohecho en el caso PENTA-SOQUIMICH (SQM). Felipe de Mussy, también conspicuo UDI, será formalizado por financiamiento irregular de campañas políticas. Los escándalos por platas suman y siguen. En Nueva Mayoría, el PPD Eugenio Tuma está siendo investigado por mal uso de asignaciones parlamentarias. Fulvio Rossi (PS), cabeza del “whatsApp” que puso en evidencia los peores métodos conspirativos de secta que usa en su gestión parlamentaria, más sus colegas DC Jorge Pizarro y Roberto León, enfrentan querellas por ser beneficiarios de SQM, cuyo dueño es el primer favorecido del Dictador, el “yernísimo” Julio Ponce Lerou. Los escándalos de los “honorables” no se relacionan sólo con PENTA O SQM. En muchos casos, antes de postularlos a diputaciones o senaturías, sus partidos debieron haber tenido la decencia de averiguar más sobre ellos, o no haber sido tan cínicos y candidatearlos conociendo sus historias. No olvidemos que los parlamentarios llegan a sus cargos sólo por decisión de los partidos, y de nadie más. El diputado Cristián Campos (PPD) reconoció haber cobrado horas extraordinarias mientras era administrador municipal de Hualpén, su colega Christian Urízar (PS) fue formalizado por fraude al Fisco y el senador Carlos Bianchi está desaforado por fraude y negociación incompatible, por el arriendo ilegal de inmuebles a parientes. En fin, ¿se impondrá en Chile el peor tipo de plutocracia, aquel tipo de gobierno que manejan los políticos millonarios en perfecta connivencia con los grandes empresarios? No quiero exagerar, pero hacia allá pareciera que vamos: a la máxima expresión de la corrupción política: la plutocracia.

¿SUELDOS “HONORABLES”?

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 12/ 06/ 2015. Como sabemos, Chile es uno de los tres países del mundo que acusa las mayores diferencias entre los sueldos más altos y los más bajos. Pero, aclaremos: Si hay chilenos que ganan escandalosamente más que la total mayoría de sus compatriotas se debe, al fin de cuentas, a que son, en general, gerentes, directores o consultores de las grandes empresas nacionales y extranjeras. Lo que envilece definitivamente este hecho, es que la clase política –sobre todo nuestros parlamentarios- es parte de ese puñado de privilegiados sobre-pagados, puesto que el pueblo no elige a sus representantes para que se hagan ricos (lo que realmente está sucediendo), sino para legislar y administrar el país especialmente en beneficio de los chilenos que lo pasan mal, precisamente porque son mal pagados. El desprestigio general de la clase política de hoy se debe, sin duda, a la repugnancia que han despertado en la ciudadanía los escándalos de corrupción que demasiados políticos profesionales han protagonizado durante años. A esto, que ya es suficiente, se ha sumado la revelación de los exorbitantes sueldos y prebendas monetarias adicionales que perciben los “honorables,” primero, por decisión privativa de ellos mismos y, segundo, por cohecho. Veamos el primer caso: En 2012, nuestros congresistas ganaban $2.400,000. Hoy, ganan $8.600.000; es decir, se han aumentado el sueldo en $6.200.000. Ahora comparemos: en este mismo lapso, el sueldo mínimo apenas ha aumentado en unos $60.000. Los diputados Boric y Jackson han propuesto en el Parlamento un “límite ético” a las suculentas dietas parlamentarias, planteando con toda razón que son los parlamentarios quienes abultan aun más el triste récord mundial de Chile en cuanto las diferencias entre los sueldos altos y los bajos; esto, en un país en desarrollo y con abismantes desigualdades sociales. Plantean, además, que estos sueldos son los más altos de los países de la OCDE, que en su mayoría son más ricos y desarrollados que Chile. ¿No es esto una inmoralidad manifiesta? Ante la propuesta de Boric y Jackson, transversalmente, algunos “honorables” se corrieron por la tangente, mientras otros se opusieron a la idea arguyendo lo “costoso” de los gastos que involucra ser congresista. Pues, sépase que además de sus exorbitantes sueldos, los senadores perciben $8.000.000, y los diputados $5.000.000 adicionales para gastos de peajes, estadías, comidas, teléfonos, Internet, etc., sin contar con otras aportaciones para gastos en asesorías y otros. A estas “entraditas,” se suman probadamente el cohecho, la emisión de boletas de servicios falsas, y los furtivos depósitos en forma de “mesada” en sus cuentas bancarias. Es hora de terminar con esta vergüenza. Hay que poner fin a las felices “re-elecciones,” que, en realidad, los mismos re-elegidos se procuran en sus partidos, puesto que los dominan por completo; también hay que poner fin a la inmoralidad pública de sus sueldazos. Es preciso que se investigue, y en serio, qué capital y bienes tenían los parlamentarios antes de ser elegidos, investigación que debe alcanzar a partidos y “palos blancos,” y luego cotejar ese patrimonio con el que poseen hoy. Claro está, después pedirles cuentas sobre los orígenes de ese patrimonio, y proceder a las sanciones a que haya lugar. Finalmente, y lo más importante: Deben derogarse todas las leyes en que hubo cohecho, como la Ley de Pesca, en plena vigencia, cuyo origen es la inmoralidad pura. Si no se actúa hoy mismo ante la corruptela que campea en la política, ¿de qué otra forma podría el Parlamento como Corporación del Estado recuperar su honorabilidad?