viernes, 11 de septiembre de 2015
ROSSI
PROF. HAROLDO QUINTEROS. 11 / 09 / 2015.
Tras el bullado caso de las vinculaciones de Fulvio Rossi con SOQUIMICH (SQM), que él había negado, hay más que un acto personal de mendacidad y cohecho. Este episodio no es sino una expresión más de la crisis moral que sacude a la clase política nacional, incluida la izquierda oficial, supuestamente el sector político contestatario al orden económico neo-liberal vigente, según ella, no sólo la fuente de las desigualdades sociales existentes en Chile, sino también de la corrupción imperante. Que la derecha pida y reciba plata de SQM para sus campañas electorales, aunque sea ilegal, no tiene nada de raro, puesto que ella es la autora y defensora del orden por definición pro- empresarial instaurado en Chile en 1973. Entonces, no es nada fotogénico que eso lo haga Fulvio Rossi, senador socialista. Por ello, el Tribunal Supremo (TS) de su partido discute hoy sanciones en su contra, entre ellas, la expulsión. El Partido Socialista (PS) ya no es el de los tiempos anteriores al golpe de estado. Había entonces un fuerte y continuo control interno sobre la ética personal y política de sus militantes, sobre todo de sus dirigentes y mandatarios. En verdad, de regir hoy ese celo ético partidario, antes que Rossi, debió ser expulsado del PS, por ejemplo, Enrique Correa, ex ministro de Aylwin, quien es hoy lobbysta y asesor de SQM. Tampoco la dirección nacional del PS sancionó a Rossi cuando debió hacerlo por el bochornoso fiasco de sus “whatsapp,” aunque ya el 9 de junio pasado un grupo de militantes hizo una presentación formal al TS del partido sobre el caso exigiendo la expulsión de Rossi. Como el asunto nunca se trató en el TS, cabe preguntar, ¿por qué sólo ahora el TS se preocupa de Rossi, si ya había antecedentes sobre su dudoso comportamiento ético? El antiguo PS, además, era fiel a su declaración de principios (aún vigente) que lo define como un partido revolucionario, latinoamericanista y anti-imperialista. Pues bien, aunque José Antonio Viera-Gallo y otros dirigentes del PS, como Rossi, se han sumado a la propaganda de la minoritaria derecha de Venezuela contra la Revolución socialista en marcha en ese país latinoamericano, el PS propuso a Viera-Gallo como embajador en Argentina, y allí está. En fin, en ese ambiente de tan poca consistencia doctrinaria, para Rossi, individuo audaz y ambicioso, no fue difícil hacer carrera. Una vez elegido parlamentario, estableció vínculos secretos con SQM, cuyo dueño es el beneficiario más conspicuo de la dictadura, Julio Ponce Lerou, con el obvio fin de financiar sus campañas electorales y las de su gente oficiosa local que trabajarían para mantenerlo en el poder y así seguir ascendiendo en él. Si sólo fuera Rossi el político de la ex - Concertación que tenía vínculos con Ponce Lerou, podría justificarse que cayeran sobre él las peores penas del infierno, pero no es así. El “yernísimo” también ha financiado a un número hasta hoy indeterminado de políticos del PPD y la DC, además de haber empleado a otros más. Vale decir, las mega-empresas chilenas compran leyes, como lo prueban, por ejemplo, los casos Corpesca y Cascadas. Y todo, por supuesto, a espaldas del pueblo.
viernes, 4 de septiembre de 2015
CAMIONEROS
PROF. HAROLDO QUINTEROS. 5/ 09 / 2015.
La movilización de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga no ha dejado indiferente a nadie. Antes que nada, aclaremos que los movilizados son sólo los dueños de camiones, porque en su declaración del 27 de agosto de 2015, la Federación Nacional de Conductores de Buses y Camiones rechaza categóricamente la movilización. Por cierto, es preocupante lo ocurrido, porque el país no tiene trenes ni barcos mercantes suficientes para paliar la falta de camiones en el transporte de bienes. León Vilarín, el líder de los dueños de camiones en los años del gobierno de Salvador Allende, luego del golpe de 1973, expresaba públicamente su júbilo por el derrocamiento del Presidente, señalando que ahora “todo Chile se moverá sobre las ruedas de nuestros camiones.” En efecto, entre 1972 y 1973, los dueños de camiones fueron especialmente activos en crear el clima de desabastecimiento, descontento popular y caos que sirviera para destituir legalmente al Presidente constitucional en ejercicio. Al respecto, conviene, una vez más, recordar: 1. La destitución del Presidente debía contar con los votos de los dos tercios del Parlamento que se elegiría en las elecciones legislativas de marzo de 1973. La oposición (la derecha y la DC, unidas en coalición desde 1971) sólo obtuvo poco más del 55%. Por su parte, a pesar del clima creado en su contra desde dentro y fuera del país, el gobierno obtuvo más del 44% de los votos, cifra nunca alcanzada por otro gobierno, hasta entonces y hasta hoy, en esas elecciones parlamentarias, las que, además, se realizan universalmente en toda democracia al llegar un gobierno a la mitad del período legal de su mandato. ¿Se imaginan qué hubiese pasado con las dos últimas administraciones si para acabar con ellas las FF AA tuvieran como argumento el apoyo ciudadano que tienen en la mitad de su gobiernos? 2. Las huelgas de los camioneros, desde la primera, en octubre de 1972, fueron un acto político, tan político, que fueron financiadas por el gobierno de Estados Unidos, como lo han revelado ante el mundo entero infinidad de archivos de la CIA desclasificados desde 1990, justo al término de la Guerra Fría. Esos mismos documentos revelan que, una vez fracasado el intento de destituir legalmente a Allende, el gobierno estadounidense participó directamente en el golpe de Estado. No sólo eso; organizó y dio todo el apoyo logístico necesario a la “Operación Cóndor,” un eje conspirativo de las dictaduras cívico-militares de derecha que operaron en el cono sur latinoamericano, con el fin de aniquilar a los partidos políticos de izquierda del subcontinente. Hasta ahí el pasado. Veamos ahora el presente. La movilización de los dueños de camiones, según sus organizadores, tiene su razón en las acciones de sabotaje que sectores organizados mapuches están llevando a cabo en la Araucanía. Efectivamente, estos hechos se han producido y son repudiables, pero también muchos han sido falsos. Nadie ignora que varios camiones fueron incendiados por sus dueños; obviamente, sólo camiones asegurados. Pero, en fin, la razón clave es otra, y es política: la inveterada incapacidad y/o falta de voluntad de toda la clase política chilena de resolver seriamente el antiguo conflicto que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche, que ha sufrido el más abusivo despojo de tierras que les eran legalmente propias, y que hoy sólo busca, sin éxito, llegar a una recuperación pactada de ellas. Tras la movilización de los dueños de camiones, está incuestionablemente, la derecha, particularmente su más genuino referente, la UDI. Su verdadero objetivo no es otro que no devolver esas tierras a sus legítimos dueños, y preservarlas para la extensión de su explotación por capitalistas privados (termoeléctricas, forestales, etc.). Para eso, es preciso el aplastamiento militar de la rebelión mapuche antes que ésta cobre más ímpetu. La mayor parte del país dice otra cosa: hágase justicia al pueblo mapuche, y no habrá razones para más conflictos en la Araucanía ni huelgas de camioneros.
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