UNAP Y GRATUIDAD DE LAS UNIVERSIDADES.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 16 /12 / 2015. En torno a la problemática de la gratuidad en el acceso a las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), integrado por 19 universidades estatales y 6 privadas, el gobierno decretó la acreditación por cuatro años como requisito para acceder a tal beneficio. No puede pasar inadvertido el hecho que en cuanto las tres universidades estatales regionales que fueron excluidas de la gratuidad por no cumplir con este requisito, la Universidad Arturo Prat (UNAP), la de Los Lagos y la Tecnológica Metropolitana (UTEM), el gobierno no podía ignorar, desde un comienzo, que ellas serían rechazadas. En relación a la UNAP, sólo cabe la triste deducción que en una ciudad del volumen demográfico de Iquique, en la que habrá una universidad estatal gratuita casi del mismo tamaño de la UNAP y con una similar oferta de carreras (la Universidad de Tarapacá, UTA), bien puede ser que se esté iniciando el desaparecimiento de la UNAP. Por supuesto, también de la de Los Lagos y la UTEM. Esto es obvio, porque sería absurdo suponer que los jóvenes que se incorporarán en 2016 a la educación superior, no van a preferir una universidad gratuita y acreditada. Otro hecho que esperamos sea desmentido lo antes posible, es que el lugar de las tres universidades rechazadas, por la propia iniciativa del gobierno, podrían ocuparlo tres universidades privadas que no pertenecen al CRUCH, la Adolfo Ibáñez, la Finis Terrae y la Adventista, que cumplen con los 4 años de acreditación y su condición de no tener lucro (Diario La Tercera de ayer). Esto último tiene más de chiste que otra cosa, porque el lucro está prohibido por ley para toda institución universitaria, y, sobre todo, porque siempre será difícil probar que no hay lucro cuando una institución es sostenida por privados. También resulta insólito que universidades estatales y laicas desaparezcan en favor de una que es privada y además confesional, como la Universidad Adventista. Ante el trance en que se encuentra la UNAP, también sorprende el rasgue de vestiduras de la derecha y su vocero regional el diputado Trisotti. Fue la derecha política la que en primera línea exigió la acreditación por cuatro años para la obtención de la gratuidad, a sabiendas que con eso se perjudicaba a la UNAP y las otras dos universidades regionales, todas reconocidas por la "vulnerabilidad" (perfil económico deprimido, dicho con claridad) de sus estudiantes. Además, muy sugestivamente, esa misma derecha alegó que había universidades privadas que por tener alumnos vulnerables también debían ser beneficiaras de la medida. Ahora, pues, está a punto de conseguir algo mucho más importante para ella, extender la gratuidad hacia al sector privado, sabiendo también que la vulnerabilidad estudiantil se concentra masivamente en las universidades estatales regionales, dadas las mórbidas condiciones de centralismo y de desigualdades sociales que caracterizan nuestro país. Finalmente, ¿con qué solvencia moral la derecha política se pone en primera fila defendiendo a los estudiantes vulnerables, si fue SU dictadura la que impuso en el país la universidad pagada como la forma básica del financiamiento de la Educación superior? También fue la dictadura la que llevó la desigualdad a su nivel máximo en materia universitaria al instituir el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), puesto que esos fondos se entregan a las universidades que matriculan en Primer Año a los alumnos de los mejores puntajes PSU; es decir, por matricular a aquellos jóvenes que en su total mayoría no provienen de la educación media pública, ni menos aun de los sectores pobres de nuestra sociedad. No obstante la injusticia manifiesta que se produciría si la UNAP no accede a la gratuidad, también la propia UNAP tiene responsabilidad en la situación en que encuentra hoy. Si bien los males de la UNAP y muchas otras universidades regionales son producto general de la involución educacional impuesta al país bajo dictadura, también está de por medio la gestión de la universidad. La UNAP es de mandato unipersonal del rector (aunque haya de por medio una decorativa "Junta Directiva"); es decir, ningún otro sector de la comunidad universitaria decide nada en cuanto, por ejemplo: criterios de inicio de carreras nuevas, formas serias y objetivas de contratación y jerarquización de académicos, revisión de la situación de los profesores a honorarios (a veces, más calificados que de los de planta), de los sueldos de directivos, docentes y funcionarios, criterios de inversión, de estrategias de vínculo con la sociedad, del reglamento de elección de las autoridades, etc., etc. Hoy, 16 de diciembre, el rector convocó a toda la comunidad universitaria a un acto y marcha en defensa de la UNAP, cuestión que, por supuesto, nos alegra. Sin embargo, la larga lucha estudiantil por el derecho a la participación en la gestión institucional ha sido sistemáticamente desoída por la autoridad universitaria desde el advenimiento de la democracia. Esta participación sólo es posible a través de la re-estructuración de la universidad sobre la base de la tri-estamentalidad; i.e., la participación ordenada, reglada y ponderada de toda la comunidad universitaria en su administración. Si el rector piensa que necesita a los estudiantes en su lucha por revertir la exclusión en la gratuidad, debe, ahora mismo, acoger el clamor estudiantil por participación. Como el país aún es presa de las leyes de la dictadura, muchas universidades en Chile han iniciado procesos de tri-estamentalidad, en mayor o menor gradualidad, sobre la base de subterfugios y resquicios legales. Esa es la tendencia actual general en el país; vale decir, la democracia interna. La Universidad Arturo Prat debe sumarse a esa tendencia porque es propiedad del pueblo de Chile, y de nadie más. Esperemos que el gobierno comprenda que no puede abandonar las universidades del Estado y revierta lo que está ocurriendo. No puede, por las mejores razones éticas y políticas, iniciar la liquidación de tres de ellas. En cuanto al caso de, por lo menos, la UNAP, su salvación y futuro, dependen de un urgente cambio, profundo y decidido, en su gestión interna.

EL DRAMA UNAP.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. Son 57 las universidades chilenas, y entre ellas, según la generalidad de los estudios en materia de calidad académica y administrativa, la Universidad Arturo Prat (UNAP) no llega hoy al lugar 40. Son 25 las universidades tradicionales, 19 estatales y 6 privadas. Entre todas ellas, la UNAP ocupa el último lugar, y obviamente, también ocupa el último lugar entre las universidades estatales. El más reciente estudio en cuanto rankings universitarios, fue realizado por el "Grupo de Estudios Avanzados en Educación Superior (más conocido como "Universitas") con la colaboración del diario El Mercurio. Se rankearon 45 universidades (a 12 ni siquiera se las tomó en cuenta, aunque ostenten el título y se vendan como "universidades"). De las 45, la UNAP obtuvo el lugar 44, sólo aventajando a ARCIS, cuya desastrosa situación académica y administrativa, y posible próxima desaparición es conocida. El mismo estudio también revela que entre las 13 universidades chilenas comprometidas institucionalmente en tareas de docencia e investigación, la UNAP ocupa el último lugar. Esta nada edificante situación ya se arrastra por años. En 2010, en el concierto general de universidades chilenas, la UNAP se encontraba entre los últimos 12 lugares, apenas con un índice de 15,3 puntos, de un total de 100. Cada vez que se habla del tema, las autoridades aducen problemas presupuestarios y discriminación estatal. Aunque esto tiene mucho de cierto, no cabe la menor duda que la causa de la actual débacle de la UNAP como institución universitaria reside, sobre todo, en el ámbito de gestión. Por esta razón es que llame la atención que en más de 20 años, la UNAP sólo ha tenido dos rectores, y ambos de la misma línea ideológica, en el sentido más amplio del término. 12 años fueron de gobierno de Carlos Merino (quien al dejar el cargo también abandonó la institución y la ciudad); y Gustavo Soto, ex-colaborador suyo, que hoy se apresta a cumplir otros 12 años de rectorado. Lo extraño es que, a diferencia, por ejemplo, de cualquier club de fútbol, incluidos los de barrio, ante los malos resultados sus autoridades y entrenadores son cambiados de inmediato. Ergo, a la manera del sistema binominal de elecciones chileno, el sistema de elección de rector en la UNAP está hecho para que nada cambie. Es evidente que con este gatopardismo las cosas están organizadas para que la línea direccional de la UNAP iniciada en 1994, con Merino y seguida hasta hoy por Soto, se mantenga indefinidamente. Veamos: En nuestra antigua democracia, desde 1968 hasta su fin en 1973, todos los integrantes de las comunidades de todas las universidades chilenas elegían sus rectores consejos académicos(o senados universitarios). Esto era la tri-estamentalidad, liquidada por la dictadura de Pinochet. Es decir, hoy no existe legalmente, aunque la mayoría de los rectores de las demás universidades chilenas -obviamente, personas de conciencia democrática- han encontrado los resquicios e, incluso, los subterfugios legales como para darle concreción. Desde el fin de la dictadura, los estudiantes de la UNAP no han tenido la menor posibilidad de acceder al poder institucional a través del sistema tri-estamental de gestión, i. e., no han tendio la menor chance de cambiar ni mejorar nada. La elección de cualesquiera autoridades de la UNAP se basa en un vicio triple. Primero, sólo votan los docentes. Segundo, el voto es ponderado. Tercero, y lo más insólito, la ponderación que se asigna al voto es de una arbitrariedad sin precedentes. Su base ni siquiera es la calidad académica del docente, ni investigativa, ni su prestigio profesional, sino exclusivamente su CONDICIÓN CONTRACTUAL. El voto del docente de jornada completa equivale a 6 votos, el de media jornada, 3 y el del profesor a honorarios, sólo 1. En la universidad tri-estamental chilena, el voto del docente no tenía ponderación alguna, como así es en todo el mundo en que opera la democracia universitaria. Aquí en Chile, y particularmente en Iquique, ¿por qué es tan baja la ponderación dada a los votos del profesor de media jornada y del profesor- hora, con respecto al de jornada completa? Aun siendo injusta la sola noción de ponderación, y peor aun, según contrato, ¿por qué no fue 3-2-1-, en lugar de 6-3-1? ¿Está probado que el profesor de jornada completa es 150% y 300% mejor académicamente que los demás? ¿Se ha considerado si tiene más grados y/o si ha investigado más? ¿Se ha cotejado bien su calidad como docente a través de las anuales consultas a los alumnos? Pues, NO. Nada de ello se ha hecho nunca. Las contrataciones y su régimen por profesor, son atribución exclusiva de la autoridad, y resulta que la mayoría de los profesores de la UNAP son los de media jornada y los profesores-hora. Muchos de estos últimos, a pesar de sus títulos, prestigio público y probada calidad académica y docente tienen muchos años de trabajo bajo el humillante régimen del "boleteo." ¿No habrá de por medio la espuria consideración que si esa mayoría votara, Soto no habría sido elegido, aun con tan injusta ponderación 6-3-1? Así las cosas, si los estudiantes no consiguen terminar con tanta oscuridad justo en el lugar en que más debe reinar la luz, nadie lo hará. Evidentemente, hasta ahora no han podido. El gobierno, hace mutis por el foro cada vez que hay un conflicto, con marchas, bataholas y huelgas estudiantiles que no han conseguido hacer ni cosquillas a la autoridad. El rector Soto ha autorizado la realización de un claustro universitario, en el que con toda seguridad se acordará la tri-estamentalidad. ¿Es nuevo esto? No. En 2005, ya se realizó ese claustro, bajo la administración Merino. A pesar que el ex-rector había prometido respetar sus acuerdos, estos quedaron en la nada. ¿Hay todas las razones del mundo para creer que ahora sí se respetarán?