NUESTRA DISCRETA CLASE POLÍTICA.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 14 / 02/ 2016. El público apoyo de José Miguel Insulza a Pablo Longueira, y el espaldarazo que este gesto ha tenido de varios caudillos del Partido Socialista (PS. el partido de Insulza), de varios jefes más de partidos de Nueva Mayoría (NM), y, obviamente de toda la derecha, es la más reveladora fotografía que pudo tomarse la clase política chilena (digo “clase política” a sabiendas que algunos ortodoxos no aceptarán el término. Creo, empero, que cabe perfectamente en el caso del grueso de los políticos profesionales chilenos). Aunque esta clase, por mandato de las leyes de la Historia, de seguro será transitoria, se presenta ante el país y el mundo entero en la forma de un match entre dos gladiadores que se disputan apasionadamente el gobierno del país, los hechos - lo único que cuenta en política y en todas las cosas de la vida - vienen demostrando irrefutablemente que tal match no es sino un “tongo,” y desde hace bastante tiempo. Funciona, ni más ni menos, a la manera de las clases sacerdotales hereditarias de la Antigüedad, i. e., como un grupo de privilegiados que creen en el mismo dios y a los cuales los pueblos los veneran en periódicos ritos, como hoy son los actos electorales y sus campañas. La legislación que enmarca nuestra sociedad ha sido elaborada en función de los intereses de la clase dominante en lo económico, la misma que hoy, mientras se dedica a lo que le da vida, los negocios, asegura su carácter dominante financiando horizontalmente a la clase política, la que le sirve a las maravillas para mantener un falso clima social de “paz,” “acuerdos,” “democracia,” etc., gracias al poder que el pueblo le otorga voluntariamente en las elecciones, aunque por suerte, cada vez con menos entusiasmo. Esto no sólo permite a los individuos que integran la clase política perpetuarse en el poder, sino, además, preservar indefinidamente el status quo vigente, el hasta ahora inamovible organum capitalista subsidiario neoliberal que fuera impuesto al país por el imperio estadounidense y la derecha nacional a través de una dictadura cívico militar que consiguió recuperar el poder del Estado en 1973 por la única vía que le era posible, la violencia. Esto sucedía cuando el avance de las libertades populares - que permitía a medias el modelo constitucional de entonces - había desbordado todos los límites y se acercaba a la estructuración de un orden económico nuevo. En verdad, a pesar de su aparente perfil confrontacional, la clase política chilena actúa unida. Lo hace como un grupo compacto, cerrado, elitario y unísono cuando se trata de abordar los temas realmente claves. De hecho, en el concierto de las naciones capitalistas del mundo, ninguna de las reformas actualmente en curso en Chile, en materia tributaria, educacional, sanitaria o laboral, se acercan siquiera a las estructuras que en esos rubros caracterizan a los países capitalistas más conservadores. Vale decir, las concesiones que de vez en cuando hace la derecha política nacional, no alteran las bases sobre las cuales se sostiene el sistema. Estamos, en estricto rigor, ante el más perfecto complexio oppositorum (opuestos que, al fin de todo, están unidos), concatenado en su interior por compromisos económicos con el sistema imperante del más diverso tipo y calibre, por el control que tienen sus integrantes sobre las burocracias de sus partidos políticos, por relaciones de nepotismo, amiguismo, y servilismos locales a poderosos caudillos de provincia que darían envidia a las peores dictaduras centroamericanas de los años 50. Con gran precisión, como si fuera sido escrito con dedicatoria al caso chileno, el novelista y pensador estadounidense Donald de Lillo señaló: Quienes tienen el poder harán todo en secreto con el fin de mantenerlo y afianzarlo. Pues bien, la clase política nacional hace tiempo que exhibe esta oscura impronta. El más flagrante ejemplo lo grafica la reciente firma de la Presidenta de la República en el pre-acuerdo de aceptación por parte de Chile del Acuerdo Transpacífico (Trans - Pacific Partnership, TPP), pacto comercial que integra a Chile en calidad de satélite a una asociación internacional de comercio controlada sin contrapeso por Estados Unidos, con arreglo a sus intereses y condiciones. Si el TPP fuese tan conveniente para Chile, como alega el gobierno y la derecha (vale decir, la clase política nacional), ¿por qué durante meses se realizaron secretamente conversaciones entre Chile y Estados Unidos, antes que se firmara el pre-acuerdo, sin conocerse su texto ni en lo más mínimo? Además, ¿por qué la entrada definitiva y formal de Chile al TPP será próximamente sometida al voto del Parlamento –como corresponde legalmente hacerlo- sin información a la ciudadanía, a tiempo y completa, sin ningún examen crítico público, sin una consulta o encuesta popular que lo legitime, como se haría en cualquier país democrático? Su próxima ratificación, obviamente, ya es un hecho, porque así ya lo ha acordado la clase política. No fue discutida seriamente en el país, y tampoco lo será en el Parlamento. Por cierto, todo esto ocurre sabiéndose que la mayor parte del país rechazaría el TPP si se aventaran con claridad y transparencia sus alcances. Esto de la clase política de actuar a escondidas, cobró ribetes realmente dramáticos cuando nos impusimos de la distribución secreta e ilegal de dineros de SQM y otras mega-empresas a connotados líderes de Nueva Mayoría (NM) y de la derecha, para –hasta donde sabemos- el financiamiento de campañas electorales. Vale decir, estas platas se destinaban a prácticamente toda la clase política. Esto, simplemente, revela un masivo dolo contra el Estado, tras la expedición fraudulenta de boletas de honorarios ideológicamente falsas al Servicio de Impuestos Internos. No obstante, revela dos cuestiones más graves aun: Primero, el colectivo compromiso que existe entre la clase política y quienes detentan y manejan el concentrado sistema capitalista imperante y, segundo, el conocimiento mutuo y cómplice que las dos grandes coaliciones tenían de su participación en un acto ilegal e inmoral. En medio de este descalabro moral, justo ahora, surge Insulza quien, a la manera del Chapulín Colorado, pone su coraza de “panzer” en defensa de su afligido amigo y socio Longueira, acosado por la Justicia por ser el más conspicuo protagonista del delito señalado. José Miguel Insulza, probablemente el más importante militante socialista (es, por cierto, el más conocido socialista en el exterior), entre otros panegíricos, definió a Longueira como un “estadista,” porque éste, en sus tiempos de corifeo mayor de la derecha, había demostrado “capacidad de llegar a acuerdos” con la ex - Concertación. Esto es enteramente cierto, pero ¡vaya qué acuerdos!, tomados en secreto, sin conocimiento, escrutinio ni consentimiento de la ciudadanía. Recordemos, por ejemplo, el caso “MOP-gate,” un escándalo de corrupción al interior de dos gobiernos de la Concertación, que finalmente quedó en la nada, como igualmente quedaron en la nada los casos COPEVA, las indemnizaciones multimillonarias e ilegítimas que se pagaron a funcionarios de gobierno que no habían jubilado ni que habían sido despedidos, y los copiosos dineros, hasta hoy irremediablemente perdidos, que Alemania envió a Chile para ser entregados a los ex - exilados chilenos que se refugiaron en ese país. Y, bueno, mejor paro de contar. Por entonces, la evidente moneda de cambio fue la salvada de Pinochet, un criminal que había caído en manos de jueces extranjeros para ser juzgado de acuerdo a Derecho Internacional. El gobierno concertacionista de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con la intervención directa del entonces canciller Insulza, consiguió traer de vuelta a Chile al dictador, con la promesa formal de juzgársele, pero éste no pisó el estrado de ningún tribunal luego de inventársele una inexistente “demencia senil,” burda farsa que se transformó en el mayor bochorno que Chile pudo haber tenido en toda su historia judicial ante el país y la comunidad de naciones. Como en un operático finale brillante, la lista de “felices” acuerdos signados entre los dos grandes bloques integrantes de la clase política nacional la vino a rematar Ricardo Lagos, quien, en septiembre de 2005, en calidad de Presidente del país, refrendó con su firma la espuria Constitución de 1980; por supuesto, con algunos arreglitos por aquí y por allá, para simular que en lo básico de su estructura ideológica seguía totalmente intacta. Muchos creyeron que este acto, más la salvada del tirano, tendría como efecto la aprobación popular de una nueva Constitución Política, o por lo menos, el fin del sistema binominal de elecciones. Por supuesto, nada de esto sucedió. A propósito, hoy se habla de cambiar la Constitución de 1980, bandera que agitaba la flamante Concertación de Partidos por la Democracia en la histórica campaña del NO en 1988, como asimismo en la campaña electoral que llevó a la presidencia del país a Patricio Aylwin en 1990. Hoy, el gobierno está proponiendo cuatro alternativas, entre ellas, en último lugar, la Asamblea Constituyente; en verdad, internacionalmente, el único expediente verdaderamente democrático para darse un pueblo una Constitución Política. Aunque explícita y horizontalmente muchos dirigentes de la clase política han manifestado su rechazo a la Asamblea Constituyente, por lo menos, se ha abierto una tímida puerta que permite llevar a la discusión pública su necesidad, lo que podría significar (¡albricias, por fin!) la muerte del engendro dictatorial de 1980, aún vigente . Atención, entonces: habrá que ser extraordinariamente firmes en llevar adelante esa alternativa, dado el viejo historial de engaños y promesas incumplidas a que nos ha acostumbrado la clase política. Que la derecha nacional se juegue por preservar el orden existente es obvio, puesto que ella es su autora. Empero, que a esa defensa se sumen socialistas no tiene explicación, a menos que tales “socialistas” no lo sean. Los acuerdos producidos al interior de nuestra clase política en orden a preservar la herencia dictatorial, son muchos y han sido fraguados desde el mismo día de la partida de Pinochet. Un reciente ejemplo es “el fin del sistema binominal,” que no es tal, sino el resultado de un acordado cambio superficial del sistema de elecciones parlamentarias, el más ingenioso invento de la dictadura para preservar el sistema vigente. El binominalismo no ha terminado. Por el contrario, su falso fin no es sino una descomunal maniobra anti-democrática para evitar el surgimiento de una tercera fuerza alternativa e independiente que enfrente en cancha pareja y limpiamente a la corrupta clase política que nos gobierna. En otras palabras, preservar el binominalismo, con algunos cambios cosméticos, conviene tanto a la derecha como a los partidos mayores de NM. A la derecha, porque siendo minoría conserva el empate político que garantiza la inmutabilidad del sistema fundado por ella en 1973; al grueso de NM (que simula brillantemente su naturaleza de centro-derecha teniendo en su interior a comunistas, la IC y al MAS de Navarro), porque impide la formación de una fuerza auténtica de izquierda que le sea contrapeso ante los sectores populares más vapuleados por el neo-liberalismo. “El fin del sistema binominal” no es más que un conveniente re-distritaje para dos socios, al que hacía falta agregar un costoso y desproporcionado aumento de “honorables,” lo que significará un gasto adicional de miles de millones de pesos anuales que, obviamente, pagaremos nosotros. En los hechos, en el conteo de los votos seguirán prevaleciendo las listas sobre los candidatos independientes que obtengan primeras mayorías, sistema que, excepto Chile, no existe en ningún otro país del mundo. Sigamos con “los acuerdos” de nuestra clase política: En 1990, Codelco producía más cobre que las empresas transnacionales. Esto era así porque en ese tiempo cerca del 80% de la producción de nuestra mayor riqueza estaba en manos del Estado; hoy es menos de un tercio. La desnacionalización de nuestra riqueza básica no fue obra de la dictadura ni exclusivamente de la derecha, sino de la clase política nacional; es decir, fue acordada por la derecha y la ex – Concertación, y tuvo lugar, además, nada menos que en los gobiernos de esta última. El propio Pinochet había dejado vigente en la Constitución del 80 (Disposición 3° Transitoria) la nacionalización de la Gran Minería, la obra mayor del Presidente Allende, como asimismo la posesión del Estado de todas las riquezas mineras ya descubiertas y que se descubrieren en nuestro suelo. En 1990, un tercio de la generación eléctrica estaba en manos del Estado, con empresas como Colbún, Edelnor, Edelaysen, Termoeléctrica Tocopilla y Termoeléctrica Cachapoal. Todas fueron privatizadas en los marcos de la “política de los acuerdos.” Esto ocurrió en gobiernos de la Concertación, así como también se privatizaron todas las empresas del agua y de los puertos que pertenecían al Estado. En 1990, la colusión empresarial era objeto de penas que incluían la cárcel, según leyes de la propia dictadura. En 2005, Ricardo Lagos, Presidente de la Concertación y hoy presidenciable de ciertos recalcitrantes personajes de la derecha, propuso al congreso la Ley 19.911, en virtud de la cual se elimina la reclusión como castigo a este delito, que hoy tiene a gran parte de los chilenos empobrecidos y endeudados hasta la médula. Obviamente, la ley fue aprobada. ¿Por qué se promulgó esta ley? La respuesta es obvia: porque la colusión ya existía, y de ello, más obvio aun, Lagos y la clase política entera tenían pleno conocimiento. En 1990, las AFP eran casi todas chilenas, y la dictadura sólo permitía invertir el 10% de los fondos de pensiones en el extranjero. Gracias a esa limitación la rentabilidad de los fondos en esa época era bastante superior a la de ahora. La Concertación (con Bachelet en La Moneda), autorizó la colocación hasta el 80% de los fondos de pensiones en el extranjero, y, además, eximió a las AFP de pagar el IVA. Como guinda de la torta, les mejoró el negocio al aumentarles la cotización adicional. Hoy, una familia humilde debe pagar 19% de IVA al comprar pan (con Pinochet, era un 16%), mientras que a las AFP, aunque también pagan IVA por todo lo que compran, el Estado se lo devuelve, porque así lo establece la ley 20.255 de 2008; es decir, una ley dictada bajo la presidencia de doña Michelle Bachelet. En 1990, las universidades privadas no recibían créditos del Estado, ni sus estudiantes Créditos con Aval del Estado (CAE). Hoy estas universidades han proliferado y sus dueños se han hecho más ricos que nunca gracias a los CAE. ¿O creen ustedes que ya se acabó el lucro en materia educacional, tanto escolar como superior? En 1990, estaba estampado en la Ley que las resoluciones sobre los temas laborales eran, y son hasta hoy, de quórum simple y de iniciativa presidencial. Sin embargo, la clase empresarial, la posesora real del poder en nuestro país nunca ha permitido que los gobiernos engañosamente democráticos transformen la legislación laboral hasta un punto que pueda exponerlos a enfrentarse con la clase trabajadora en igualdad de condiciones. Llegado este momento, es cuando recurre, en primera instancia, a su brazo político oficial, los partidos reconocidamente de derecha. Si allí falta fuerza, están, además, aquellos políticos más importantes del resto de la clase política, que han sido financiados en sus campañas con recursos empresariales. Resultado: después de la dictadura, en los gobiernos que se decían democráticos, la clase empresarial ha tenido, en tanto tal, un desarrollo enorme, mientras que el sector laboral sigue estancado. La explicación oficial siempre ha sido “más no se puede hacer,” lo que no es cierto, y que “se necesita tranquilidad social que haga posible el desarrollo económico del país,” lo que tampoco es cierto. ¿De qué desarrollo nos hablan si el único desarrollo que ha habido ha sido el crecimiento de un solo sector, el empresarial? En la actualidad vivimos la globalización de las economías del mundo, consecuencia inequívoca de la cada vez mayor concentración de la riqueza a nivel planetario. Esta situación conlleva, a nivel internacional, la obligación de los países subdesarrollados y en desarrollo (como es Chile), a no contradecir en sus legislaciones los intereses de los más desarrollados. Esto, con el obvio fin de equiparar las condiciones de competencia de las empresas en el mercado internacional. Las grandes empresas, i. e., el poder económico paralelo al poder político, descubrieron que podían rebajar sus costos y reducir sus problemas derivados de la administración de personal, utilizando lo que se llamó “tercerización”, que no es otra cosa que el traslado de la ejecución de algunas funciones de la empresa hacia el exterior; es decir, a empresas menores de contratistas. Obviamente, esto sólo persigue impedir el crecimiento sindical al interior de las empresas. En esta pax romana chilensis, estos trucos son absolutamente legales, aunque tan descaradamente sirvan sólo los intereses de las grandes empresas. Los Presidentes de la Concertación nunca se han decidido a restablecer en plenitud el derecho de huelga, como tampoco que todos los trabajadores contratistas reciban el mismo salario que los trabajadores de las empresas mandantes, como es en todo el mundo democrático. Pudieron establecer la negociación colectiva por rama o sector, etc., pero, teniendo mayoría para hacerlo, esas reformas no se hicieron cabalmente. Sin embargo, se implementaron otras que son un gran retroceso. Desde hace casi un siglo y hasta mediados de los años noventa, en las faenas mineras sólo se podía trabajar por turnos de 8 horas diarias. Ahora se trabaja en turnos de 12 horas día, lo que equivale a dos semanas de trabajo de 42 horas semanales, con gran daño para la salud de los trabajadores, sobre todo los de altura. Dicho de una vez, en materia laboral no se puede culpar a la Constitución de Pinochet sobre lo que la clase política entera no ha querido hacer. La clase política (es decir, hoy NM y Vamos Chile), en forma perfectamente concertada, y las más de las veces de manera subrepticia y secreta, ha tomado medidas y aprobado leyes de carácter político y económico tal como lo haría cualquier gobierno de la más conservadora derecha; es decir, en lo básico, los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales siguen siendo los favorecidos, como así lo demuestra hoy la entrada de Chile al TPP. Como sabemos, todo esto ha sido retribuido generosa y horizontalmente retribuido a la clase política en dinero constante y sonante destinados, por lo menos, a sus campañas electorales, cuestión que revela una colusión peor que la de las farmacias o las multitiendas, la firme colusión entre el poder económico y el político. ¿Se nos acabará la paciencia un día, o seguiremos así eternamente? A estas alturas, evoco al escritor y crítico político alemán Ludwig Börne, quien hace más de 200 años declaró: Todo el secreto del poder es saber que los demás son más cobardes que tú.

¿RESPETO A LAS FUERZAS ARMADAS?

PROF. HAROLDO QUINTEROS. Amigos, después de un descanso, creo que merecido, vuelvo a mis crónicas, del tipo que no todos quieren publicar... En toda democracia, las Fuerzas Armadas constitucionales poseen el monopolio de la tenencia, mantenimiento y uso de las armas, cuando así se lo ordena su jefe máximo, el Presidente de la República. En países de feble historia democrática, la generalidad ciudadana siempre ha mirado con inquietud a las instituciones armadas; esto, porque no pocas veces ellas reprimieron a sangre y fuego las demandas populares por más justicia y equidad social, cuadrándose con la clase dominante. Si bien éste es el caso de Chile, por 1969, el año en que fracasara por completo una intentona de golpe de estado (el “tacnazo”) de corte derechista, dirigida por el general Roberto Viaux Marambio, quien se atrincheró en el regimiento “Tacna” en Santiago, las FF AA parecían situarse en el terreno de la legalidad y la democracia. La intención de Viaux, supuestamente conseguir mejoras salariales para los militares, era otra: impedir las elecciones presidenciales de 1970, en que la izquierda chilena se veía para muchos, si no como segura ganadora, por lo menos muy cerca del triunfo, lo que daba cuenta de su innegable y creciente fuerza política. El fracaso de Viaux demostraba, por lo tanto, que los militares chilenos eran constitucionalistas, neutrales en política, y cualquiera fuese el resultado de las elecciones de 1970, lo respetarían; vale decir, se someterían a la Constitución Política del Estado de Chile, reconociendo en la persona del Presidente elegido a su Generalísimo. Los militares, entonces, habían recobrado su prestigio. A su expresa lealtad a las leyes, se sumaba su probidad, puesto que también en esa época, aunque no parezca importante, los uniformados no tenían privilegios sobre el resto de la ciudadanía en materia de sueldos, pensiones, atención de salud, ni en ninguna otra, a ninguno de sus oficiales se les conocía escándalos bancarios o de enriquecimientos ilícitos o misteriosos, no había leyes reservadas a su favor, y la sub-oficialidad, incluso, vivía como la clase obrera asalariada nacional. La situación cambió dramáticamente en 1970, cuando la ultra-derecha civil, que no se quedó impávida ante el triunfo del candidato presidencial de la izquierda, Salvador Allende, se alzó en sedición contra el gobierno constitucional del país. Sólo entonces se hizo manifiesta la antigua, latente y soterrada alianza entre gran parte de la oficialidad de las FF AA y lo más granado del ultrismo derechista civil. A sólo semanas de la asunción de Allende, un comando armado cívico-militar, encabezado por Viaux, y seguido por los oficiales Camilo Valenzuela, el almirante Hugo Tirado, los generales Alfredo Canales, Vicente Huerta y Joaquín García de la FACH, asesinó nada menos que al comandante en jefe de las FF AA, general René Schneider Chereaux. Lo demás es archisabido: el gobierno de Allende sufrió desde dentro y fuera del país el más abierto boycot económico, sabotajes y asesinatos, incluidos de militares, como el capitán de Marina Arturo Araya, acribillado en el antepatio de su propia casa por un comando armado. A Schneider le sucedió el General Carlos Prats, quien se mantuvo leal al Presidente Allende, al punto de aplastar un intento sedicioso en junio de 1973. Sin embargo, ante las presiones de sus pares golpistas, dimitió sólo meses antes del golpe de estado. La derecha golpista, bien financiada por los entonces grandes consorcios privados empresariales nacionales y norteamericanos, más el confeso apoyo logístico y financiero del Departamento de Estado de EE UU, había recuperado para sí las Fuerzas Armadas, que siempre consideró suyas. Los militares que habían demostrado en 1969 su neutralidad política y adhesión a la democracia y a las leyes vigentes, estaban muertos, renunciados, exonerados o completamente neutralizados. Luego del golpe de estado, Viaux, que había sido condenado a extrañamiento en un país de su elección (obviamente, eligió una dictadura fascista, la de Stroessner en Paraguay), fue retornado al país y recibido con abrazos por Pinochet. Los demás cómplices y sicarios de Viaux, los mismos que asesinaron a Schneider, fueron liberados, y los saboteadores, terroristas de bomba en mano del grupo fascista “Patria y Libertad” también lo fueron. Después, la dictadura impuso en el país un modelo foráneo en lo económico, el neo-liberalismo, y el más cobarde y abyecto régimen de terror, que también sufrieron militares que no siguieron las aguas de la dictadura. En efecto, Prats fue asesinado junto a su esposa en Buenos Aires, el general Augusto Lutz, decidido opositor al omnímodo al dictador Pinochet , fue envenenado; y Oscar Bonilla, que siempre se le opuso, murió en un burdo “accidente” de helicóptero. Otro militar constitucionalista, el mayor Mario Lavanderos, fue asesinado de un balazo que le atravesó el cráneo, disparado por los mismos asesinos de Araya. Quizás nuestro generoso pueblo podría olvidar esa macabra saga de crímenes y abusos de poder, si ahora no fuese testigo del bochornoso involucramiento de altos oficiales de las FF AA en una vorágine de enriquecimiento y corrupción que no cesa de asombrar. Con toda esta historia, ¿qué respeto pueden inspirar en el corazón de los chilenos las FF AA? Como si esto fuera poco, la ideología ultra-conservadora de la derecha civil (por ejemplo, uno de sus instructores semanales, hasta su muerte, era Jaime Guzmán), se enseñorea en las escuelas y academias militares, cuestión que hasta hoy, desde hace 25 años y en democracia, a ningún gobierno preocupa. Tómese un solo ejemplo: el embadurnamiento con pintura del monolito erigido hace un tiempo a los mártires asesinados en 1973 en el regimiento de Telecomunicaciones. Los autores de ese atentado fueron oficiales jóvenes del Ejército. Vale decir, mozalbetes que hace poco habían egresado de la Escuela Militar, no de una célula de la UDI. Evidentemente, egresaron “bien instruidos”, como cualquier militante joven de algún partido político de derecha que pasó por alguna escuela de instrucción política. Por supuesto, es en la Escuela Militar donde justamente hoy los futuros militares debieran aprender bien todo lo relativo al rol de un uniformado en una democracia. En primer lugar, su total neutralidad en política partidista y el respeto irrestricto a los derechos humanos. En suma, y digamos las cosas por su nombre, no estamos en 1969. La mayor parte del país ha perdido la confianza y el respeto que entonces tenía por sus FF AA. A los escándalos de ventas de armas de FAMAE, las platas perdidas de la Ley reservada del Cobre (el bullado “milico-gate”) y otros escándalos más, se suman los noticieros que cada día dan cuenta del arresto, juicio y condena de torturadores, violadores de mujeres y asesinos que durante la dictadura perpetraron sus crímenes vistiendo el uniforme militar. El desprestigio de los militares, aunque parezca una bagatela, lo ilustra este ejemplo: Al último escándalo de platas en que están involucrados oficiales de las FF AA, no sólo el vulgo, sino políticos, académicos y toda la prensa oral y escrita sin excepción, le llaman “milico-gate.” Si “milico” es la palabra despectiva que en Chile hace referencia a un militar, ¿por qué no lo llaman Fuerzas Armadas- gate,” “Militar-gate,” “castrense-gate” o, simplemente, “escándalo de corrupción militar”? Es de esperar que nuestras FF AA limpien su imagen expulsando de sus filas a todos los corruptos que aún perviven en ellas y los pongan en manos de la Justicia, que sean los primeros en renunciar a privilegios advocando por el fin de la Ley Reservada del Cobre, y, sobre todo, que cumplan con su deber constitucional de observar la más estricta neutralidad política y reconozcan ante el país las atrocidades que cometieron y prometan solemnemente no volver a incurrir nunca más en ellas. Finalmente, que colaboren con los tribunales en el esclarecimiento del destino que sufrieron miles de asesinados y desaparecidos. No hay otra forma que recuperen su perdido prestigio.