PROCESO CONSTITUYENTE: OTRO ENGAÑO MÁS.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 09 / 05/ 2016. Sin duda, suena duro, pero así es. Puesto que Chile está viviendo precisamente ahora momentos decisivos en su historia, momentos que determinarán su futuro, hay que hablar claramente y sin ambages. El llamado “proceso constituyente” impulsado por el actual gobierno, que, salvo algunos dimes y diretes baladíes entre la derecha tradicional chilena y Nueva Mayoría (NM), ya cuenta con el respaldo mayoritario de la clase política; es decir, la derecha histórica y buena parte de NM. Alerta, chilenos. Es ahora cuando hay que poner en tensión al máximo toda nuestra capacidad reflexiva y crítica. Lo que se nos está vendiendo como otra expresión más del “juego democrático chileno” es, para desgracia del pueblo, el segundo gran engaño fraguado entre cuatro paredes por un compacto grupúsculo de políticos profesionales, i.e., la inefable clase política chilena. El primero fue lo que debía ser el fin total del sistema binominal de elecciones, lo que hasta ahora no ha sucedido cabalmente. En verdad, lo que acordó la derecha y la Concertación-NM al respecto fue maquillar el viejo sistema binominal con un redistritaje a lo largo del país, más el aumento exagerado de “honorables,” lo que permitiría la posible elección de parlamentarios que no provengan del actual duopolio que integran NM y la derecha. En suma, el sistema de listas sigue vigente; por lo tanto, no hay proporcionalidad, cual es el método universal en toda democracia al elegir sus parlamentarios. Por cierto, los parlamentarios elegidos de partidos o coaliciones nuevas, no serán suficientes como para contrapesar el tradicional peso del duopolio. Pues bien, ahora, el fraude mayor: se nos dice que en estos marcos habrá una “nueva constitución.” Esto es básicamente falso. Veamos: Cuando el pueblo de Chile, aún en plena dictadura, decidió terminar con ella, su gran anhelo era el restablecimiento completo del sistema democrático. Ello implicaba, ineludiblemente, el cambio de la constitución política de 1980 por una nueva. Para ello, era preciso, primero, poner fin, total y de raíz, al sistema binominal de elecciones, el mismo que no permite terminar con la constitución de 1980; y, luego, redactar una nueva, que realmente reflejara lo que jurídicamente en todo el mundo se llama “soberanía popular.” El único expediente posible para conseguir ello, es la convocatoria y organización de la Asamblea Constituyente (AC). Razones para justificar este estancamiento de lo que debió ser el desarrollo democrático del país desde el fin de la dictadura, siempre van a sobrar: “Qué pretende usted? ¿No sabe que aquí rige el sistema binominal y que no podemos cambiar nada importante? ¿No sabe que los milicos están con la derecha y que si exigimos mucho puede haber otro pinochetazo como el 1973?, etc.” La constitución política de 1980 es intrínsecamente espuria e ilegítima, tanto moral como jurídicamente; es decir, ilegal. Esto es así desde cualquiera perspectiva. Se impuso bajo la égida de una dictadura, para luego ser “ratificada” en un fraude plebiscitario sin precedentes en toda nuestra historia nacional. Su único objetivo era sentar las bases del régimen económico actualmente vigente, cuyo fundamento fue el desmantelamiento de la propiedad pública y su traspaso a los grandes empresarios chilenos y a las mega-empresas transnacionales, con la consecuente hiper-concentración de la riqueza y la aflicción económica de la gran mayoría de los trabajadores y sus familias. Pues bien, el “proceso constituyente,” a punto de iniciarse, por muchos discursos y frases altisonantes que lo rodeen, sólo tiene por fin la preservación indefinida, con algún maquillaje externo, de las actuales estructuras jurídicas, políticas y económicas consagradas en la espuria constitución política de 1980, la misma que pretendidamente se dice que se quiere cambiar. Veamos los hechos: Como primer paso del proceso, se está llamando al pueblo a reunirse y discutir sobre lo que será la nueva constitución política. De partida, los acuerdos que se tomen no serán vinculantes; es decir, serán, en el mejor de los casos, sugerencias que llegarán … ¿a quiénes? , pues al Parlamento que se elija en 2017. Entonces, será ese Parlamento el que verá qué hace con esas sugerencias y, además, la forma en que finalmente se hará la constitución. Lo primero que llama poderosamente la atención es que, aunque el método de la AC es el único real y universalmente legítimo en estos casos, es un secreto a voces que no sólo figura como sólo una de cuatro alternativas (y además, la cuarta), sino, en los hechos, ya ha sido descartado. En otras palabras, los personajes que componen la clase política serán finalmente los autores de la nueva constitución. La primera pregunta que surge naturalmente de este cuadro es, ¿tiene el pueblo de Chile la confianza suficiente en los partidos políticos, sus dirigentes y mandatarios, como para confiar a ellos tan importante misión? Pues, no, y eso lo sabe todo el mundo. Por ello es que no se puede correr el riesgo de que una vez más, esta clase política, resuelva amigablemente NUESTROS problemas por la bendita vía de la “política de los acuerdos.” Por lo tanto, lo más probable, como ha sucedido ya mil veces, es que lleguen a un acuerdo sobre una constitución que deje contentos a todos; o sea, que siga la actual constitución, pero, claro, con algunos arreglos. El Parlamento que se elegirá en 2017, bajo las reglas de un sistema binominal bien maquillado, con dos tercios de los diputados y senadores, decidirá cuál será definitivamente el método que nos llevará a una nueva constitución. No será la AC, a menos que este nuevo fraude lo impida el pueblo chileno. Nadie ignora que la derecha entera y ya varios personajes de NM no la apoyan, y 66% de “honorables” por la democracia verdadera es, por cierto, un lujo en Chile en nuestros días. En suma, dicho crudamente: no habrá la suficiente mayoría de parlamentarios que estén dispuestos a cambiar nada de fondo de la actual institucionalidad. Insisto de modo tajante: Primero, la soberanía de una nación, LLEGADO EL MOMENTO DE CREAR UNA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, reside únicamente en su pueblo, no en sus representantes, que fueron elegidos con anterioridad y para cumplir con otros objetivos y tareas. Este principio es universal en toda democracia, y se nos lo está escamoteando de modo flagrante. Menos aun puede la actual clase política nacional arrogarse unilateralmente una potestad que el pueblo no le ha delegado: su soberanía. Segundo, como el establecimiento de una constitución política debe ser única y exclusivamente producto de la explícita y abierta expresión de la soberanía popular, y como en este caso ésta sólo puede ser ejercida a través de la elección de una AC, debe convocársela. Es ella la que tendrá la única y exclusiva misión de la redacción de nuestra nueva Carta Magna. Finalmente, debe convocarse al pueblo a un plebiscito ratificatorio vinculante. El “proceso constituyente” ya en marcha es abrumadoramente engañoso. La AC apenas se sugiere, y si ésta finalmente no se establece, lo que habrán acordado los cabildos comunales y regionales propuestos no tendrá valor vinculante. Además, puesto que de parte de la clase política no existe la menor intención de dar curso a la AC, y conociéndose ya bien su menguada altura ética, su inveterada cultura de los acuerdos en secreto, y su general ineficacia política, este “proceso constituyente” no llevará a una realmente nueva Constitución. Dicho de una vez, sin AC, todo lo que hagan nuestros “honorables” no será representativo. Hay más todavía: además de hasta hoy la soterrada intención de la clase política de ser ella la autora exclusiva de la nueva constitución, el propio “proceso constituyente” adolece de graves fallas, si pensamos en representatividad y participación ciudadana. En efecto, la cantidad de cabildos es claramente menor a la cantidad de comunas que tiene el país; es decir, la gran mayoría de los ciudadanos ni siquiera se va a enterar del proceso y, en definitiva, el porcentaje de participación con respecto a la cantidad de electores en el mejor de los casos no excederá el 0,5% ciudadano. Como no basta criticar, proponemos: primero, no aceptar que se nos diga “harina, sabiéndose que es afrecho,” recordando a Violeta. Es preciso denunciar y desenmascarar este descomunal “cuento del tío.” Segundo, debemos todos dejar bien establecido, desde ya, que no aceptaremos ninguna seudo-representativa nueva constitución que no venga de una AC. Por lo tanto, debemos exigir, tras una permanente movilización social, que el “proceso constituyente” propuesto por el gobierno debe ampliarse en posibilidades de participación popular, y que forzosamente termine en la convocatoria y elección de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE, SEGUIDA DE SU CORRESPONDIENTE PLEBISCITO RATIFICATORIO. No hay otro camino, si realmente queremos vivir en una democracia de verdad.