CHILE Y VENEZUELA (Segunda parte)

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 20 / 03 / 2015. Un estado socialista, en mayor o menor grado, es posesor y administrador de las principales industrias y suelos estratégicos, cultivables o mineros, de un país. Las viejas revoluciones triunfantes socialistas armadas simplemente confiscaban de sus antiguos dueños esos medios de producción. Contaban con la fuerza militar para hacerlo, fuerza que, por supuesto, también se usó en algunos casos para la comisión de todo tipo de tropelías. Hacer esto en democracia es imposible. Como decía Churchill, parafraseando a Aristóteles, gobernar en democracia es más difícil, y así lo demostró la experiencia chilena con el gobierno de Salvador Allende, quien, tal como lo había prometido en cada una de sus cuatro campañas electorales desde 1952 hasta la de 1970, procedió al traspaso legal de una importante parte de las industrias estratégicas del país, con indemnización a sus ex – dueños, chilenos o extranjeros. La más importante fue la gran minería del cobre, propiedad de la transnacional Andes Mining, aduciendo en este caso el principio de las “ganancias excesivas,” lo que, obviamente, sentó un precedente internacional y le atrajo la ira del gobierno de Estados Unidos. La verdad es que era imposible que el proyecto socialista de Allende tuviese éxito, porque ese Estado socialista, aunque fuese elevado al poder político dentro del juego democrático, no contó con apoyo militar. Esta es, precisamente, la diferencia entre las experiencias socialistas democráticas venezolana y chilena. En Chile, la derecha golpista contó finalmente con un brazo armado para interrumpir el impulso revolucionario del gobierno de Allende, y, además, imponer por la fuerza, de modo perfecto, de A a Z, su modelo económico y político, además, preconizado y propuesto para Chile por el gobierno estadounidense. En Venezuela, las Fuerzas Armadas han seguido unidas al Presidente Nicolás Maduro y el proyecto político iniciado por un militar, el extinto Hugo Chávez. En verdad, el gran pecado de ese país es estar parado sobre un inmenso pozo petrolífero, uno de los mayores del mundo, hoy nacionalizado y administrado por los venezolanos, y hasta hoy, sin la menor intervención militar sobre las instituciones del Estado. En efecto, a pesar de los probados sabotajes a la macro y micro-economía, como el acaparamiento y el desabastecimiento, más la conmoción y desórdenes apoyados y financiados abiertamente por el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de Chávez y Maduro han ganado 18 de 19 elecciones populares en menos de 15 años, incluso con referéndum revocatorio. Negar este hecho es como negar la intervención norteamericana en la serie de golpes de estado en el cono sur americano en los años 70. El ejemplo de independencia económica de la geopolítica y economía global norteamericana que representaba Chile, y que hoy representa Venezuela, es por cierto, un problema muy serio para Estados Unidos, cuyo poderío económico se basa en la dominación de la economía global, particularmente en los países en desarrollo y subdesarrollados. Las intervenciones estadounidenses en la política interna de los países, por la vía encubierta o militar, incluyendo la invasión, son conocidas, cada vez que su capacidad de dominación se ha visto amenazada. Es de comprobación empírica que este histórica constante se ha dado con especial claridad en América Latina, prácticamente en cada uno de nuestros países (CONTINUARÁ).

CHILE Y VENEZUELA.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 06 / 03 / 2015. (Primera Parte) En 1973, el gran argumento de los sectores golpistas que consiguieron el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende -sectores encabezados políticamente por la derecha y la dirigencia mayor de la DC- era éste: Allende pretendía cambiar el país no teniendo la mayoría para hacerlo. Veamos: En las elecciones presidenciales de 1970, Allende obtuvo más de un tercio de los votos, y con esa mayoría relativa fue elegido legalmente por el Parlamento. En las elecciones municipales de 1971, la coalición de su gobierno, la Unidad Popular, superó el 50%, y en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, obtuvo el 44%. Como sabemos, en toda democracia los gobiernos se someten al juicio ciudadano en elecciones que se realizan en el transcurso de su mandato. La más importante es la elección del Parlamento, porque según su resultado la oposición puede poner fin al gobierno, pero… siempre que alcance los dos tercios de la votación. No puede ser por menos, porque se entiende que la oposición debe aceptar que el gobierno elegido complete su programa dentro del lapso asignado por la Ley, y, además, si pierde las elecciones parlamentarias, también puede recuperarse y volver a ganar las presidenciales siguientes. Este es el juego democrático universal, lo que explica por qué el golpe de estado de 1973 fue repudiado en todo el mundo, además por la feroz y sangrienta dictadura que advino con él. En suma, la oposición no consiguió los dos tercios en el Parlamento para destituir legalmente a Allende; por el contrario, en toda la historia del Chile del siglo XX ninguno de los gobiernos había llegado a una adhesión popular del 44% en la mitad de su período, y a nadie se le habría ocurrido derrocarlos. Además, en 1976, habría elecciones presidenciales, y la coalición derecha-DC podía ganarlas y revertir las transformaciones hechas por Allende. Sin embargo, la derecha eligió el golpe. Para la creación del clima social que lo justificara contaba con el apoyo de sectores claves en la economía diaria de consumo, como camioneros y parte del comercio; más, sobre todo, con el abierto respaldo del gobierno estadounidense y sus agencias, abiertas y secretas. No fue difícil, entonces, declarar la guerra del desabastecimiento y del mercado negro, aunque la producción industrial y agrícola no había bajado, lo que explica por qué a sólo horas del golpe, los productos repletaban las estanterías de las tiendas. Está ampliamente probada la participación directa estadounidense en el derrocamiento de Allende. La propia CIA se ha encargado de revelarlo en una inmensa cantidad de documentos desclasificados que refieren la planificación y ejecución de atentados terroristas, financiamiento de la prensa opositora y de las huelgas de los dueños de camiones, del cobre, etc. La razón, ¡o sancta simplicitas! es clara. Con su 44%, el gobierno de Allende podía recuperarse y ganar las elecciones de 1976. El precio del cobre subía y las obras sociales del gobierno se ampliaban día a día. En verdad, para todo el mundo Allende había obtenido una victoria, porque ese 44% se había conseguido cuando más arreciaba la ofensiva opositora, tanto nacional como desde Estados Unidos. Para el imperio norteamericano, el riesgo era demasiado grande. El Chile socialista de Allende ya era un ejemplo internacional de anti-imperialismo y de un nuevo orden interno social y económico dentro del orden democrático. Hoy, ese ejemplo vuelve redivivo en varios países latinoamericanos, especialmente en Venezuela, donde se está repitiendo la historia chilena, aunque, claro, con una crucial diferencia: allí las Fuerzas Armadas son fieles al orden constitucional (CONTINUARÁ).

Y AHORA… SOQUIMICH.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 27 /02/ 2015. Por cierto, la mayoría de los chilenos nunca tuvo dudas de la estrecha relación entre el dinero y la política; dicho con más claridad, la relación entre los políticos prominentes del país cuando están en campañas electorales, y los dueños de las mega-empresas chilenas que las financian. Por supuesto, ¿cómo explicar las descomunales cantidades de dinero que se dilapidan en elecciones, muy lejos de lo que podrían aportar de sus bolsillos los candidatos “favorecidos” o los partidos políticos a los cuales pertenecen? PENTA ha puesto al descubierto, sin lugar a la menor duda, esa perversa relación. Como ella es un delito tipificado en nuestras leyes, por contener la obvia sospecha de coima y soborno a quienes las hacen, esa relación entre política y dinero se ha materializado a través de fraudes tributarios y falsificaciones de boletas de honorarios. Al principio, la investigación realizada por el Fiscal Gajardo, a partir de una denuncia presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), desnudó sólo la relación de los corifeos de la UDI con PENTA, como su presidente el diputado Silva, los senadores Von Baer y Moreira, los ex candidatos Golborne y Lavín, y Jovino Novoa. Además, el affaire también embadurnó al ex-candidato presidencial Andrés Velasco, entre otros personajes. Ahora, dos nuevos hechos proveen de mayor base a la asunción, ya popular, que nuestro país está bien lejos de ser la república impoluta libre del flagelo de la corrupción. Primero, el escándalo CAVAL, que ha salpicado a la propia Presidenta de la República, quien pudo haber conseguido para su hijo y nuera un desproporcionado crédito en el Banco de Chile; crédito que permitió a la pareja ejecutar un vergonzoso negociado. La única pregunta importante sobre el caso CAVAL, hecha por una periodista a la Presidenta, fue ésta: “¿usted tuvo alguna conversación con Luksic antes que su hijo hablara con él?” Pues bien, esa pregunta no fue respondida. Segundo, la denuncia del SII contra el UDI Pablo Wagner, trajo la arista SOQUIMICH (SQM), que involucra al UDI Pablo Zalaquett y –aquí está lo nuevo- también a varios políticos de la coalición de gobierno, como el hijo del diputado León de la DC, el ex embajador DC Marcelo Rozas y su esposa, y al senador Fulvio Rossi. Hasta ahora todo da vueltas en un enrarecido aire, mientras continúan las indagaciones. Así como fue un error del gobierno intentar reducir el caso CAVAL a un simple transacción privada, también fue un error exonerar de las indagaciones sobre el caso PENTA al fiscal Gajardo, muy sospechosamente justo cuando se extendía a SQM, y con ello, a Fulvio Rossi. Efectivamente, la Fiscal Nacional, la socialista Solange Huerta, había cambiado a Gajardo por Andrés Montes, otro socialista, e hijo del senador Carlos Montes, también socialista. Por lo menos, ante la presión de todo el país, ahora el Fiscal Nacional Sabas Chahuán será quien se hará cargo de la investigación completa del caso, lo que da esperanzas que por fin la verdad se conozca en toda su desnudez. Obviamente, con un fiscal del mismo bando político de los involucrados, podía llegarse -como señala El Mostrador- a la suspensión condicionada del procedimiento, que consiste en un acuerdo entre el fiscal y el imputado para paralizar el proceso entre 1 y 3 años, y así, hasta el sobreseimiento definitivo del caso. Ahora, anulada esa burda maniobra, y conscientes los chilenos de lo que está sucediendo en nuestro país en materia de probidad y transparencia políticas, sólo nos resta exigir, no esperar, que la justicia haga bien su trabajo. Como decía Serrat, “el problema de la verdad es que no tiene remedio.“ Pues, que no lo tenga y se imponga por completo, caiga quien caiga.

¿A QUIÉN CREERLE?

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 20 / 02 / 2015. El caso de Sebastián Dávalos ha conmovido al país en sus bases morales. El ciudadano común hoy se pregunta: “¿bueno, a quién creerle… si todos son iguales?” Cuando la derecha había sido ampliamente derrotada en las elecciones pasadas, y mucho más aun en las encuestas; cuando luego de aventarse el caso PENTA se había desenmascarado su vinculación con los grandes imperios económicos, los que por esa obvia razón financiaban sus campañas electorales; cuando Nueva Mayoría (NM) parecía demostrar al país su completa separación de aquéllos y de los personajes más ricos del país, como Andrónico Luksic, el mismísimo hijo de la Presidenta se encarga de demostrar lo contrario. Ahora, la derecha criolla ha sanado milagrosamente de su depresión, ha dejado en segundo plano sus planes de reagrupamiento, y unida, organiza el contra-ataque con querellas y bulliciosas exigencias judiciales de investigación sobre el “caso Dávalos.” Esa es la objetiva verdad, aunque, por supuesto, el caso Dávalos, el “Mopgate,” y cualquier otro escándalo de la ex – Concertación, son una alpargata al lado de la venta a precio de huevo de las empresas estatales luego del golpe de estado a los grandes empresarios que han financiado siempre y masivamente las campañas electorales de la derecha, los “pinocheques,” la asunción por el Estado de la quiebra general de los bancos privados en los 80’; el escándalo Piñera y el fraude el Banco de Talca, el caso PENTA, etc., etc. Es así porque, un acto de corrupción, pequeño o grande, no deja de ser eso: un acto de corrupción, pero, claro, con esta alpargata, la derecha ha conseguido el empate. Al comienzo, los voceros de gobierno y toda la NM argumentaron que todo el asunto se reducía a una transacción legal entre privados. Ese fue el primer error de NM, porque era una mentira. También fue un error alzar al “primer damo,” un individuo mediocre, sin luces ni antecedentes académicos, a cargos y tareas de gobierno que no merecía (hasta llegó a oficiar de asesor en tratos comerciales con China y países asiáticos). Otro error fue el desparpajo con que actuaba el delfín Dávalos. En efecto, hace un año, Dávalos, aparentemente un chileno de clase media más, de pronto apareció luciendo tres automóviles Lexus, cada uno avaluado en 30 millones. Finalmente, el colofón de oro: su mujer, dueña de una empresita con un capital base de 6 millones, obtiene un crédito por un valor de 500 veces esa suma, algo imposible para un pequeño empresario o un chileno común. Luego, con esa platita, compra un terreno y enseguida lo vende al doble. ¿De dónde obtuvo el dato que el precio de ese terreno subiría? Desde luego, el dueño anterior del terreno, de saber de la inminente alza de su precio (que fija el Estado), no lo habría vendido a la señora Dávalos, sino habría esperado unos días para venderlo él. La sospecha de información privilegiada, el delito de enriquecimiento ilícito, y el crédito otorgado por Luksic por sólo ser la mujer del hijo de la Presidenta, caen de Perogrullo. Michelle Bachelet no debió esperar su renuncia, sino despedirlo, ella misma e ipso facto, de su cargo de gobierno. Mas aun, debió exigirle la inmediata anulación de esa sucia transacción. En fin, mientras el país no tenga un rearme moral político pronto, “¿a quién creerle?”

ABORTO E HIPOCRESÍA.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 13 / 02 / 2015. Las leyes sobre aborto, total o parcial, son legales en la gran mayoría de los países del mundo, incluidos los más religiosos, como las naciones árabes, Italia, Polonia, Grecia y España, por sólo mencionar algunos. El aborto parcial, i. e., el terapéutico, es aquél que se practica en caso de inviabilidad del feto, violación y si el parto conlleva riesgo de muerte para la embarazada, y sólo está interdicto en unos pocos y pequeños países: El Salvador, Malta, República Dominicana, y Haití (este último, como es uno de los países más pobres del mundo, sólo porque carece de hospitales y médicos suficientes para su práctica pública). A ellos sólo se suman dos: El Vaticano, la ciudad-estado confesional en que habitan sólo unos 300 civiles, y…. Chile. Sí, Chile, pero sólo porque el minúsculo puñado de militantes de extrema derecha que usurpó el poder en Chile en 1973 y gobernó en dictadura durante 17 años, barrió con la ley de aborto terapéutico que existía desde 1931, para imponer en su lugar su penalización. Veamos hasta qué punto llega el fundamentalismo de esta gente. En el acta del 14 de noviembre de 1974 de la llamada “Comisión de Estudios de la Nueva Constitución,” consta que el más conspicuo de los asesores políticos del gobierno dictatorial, Jaime Guzmán, propuso la siguiente redacción para la nueva ley de aborto: "La madre debe tener el hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o aunque, de tenerlo, derive su muerte.” Se infiere de este juicio no sólo un anacrónico fanatismo, sino el absoluto desprecio a la vida, pensamiento y opinión de la mujer, como si ésta sólo fuese un objeto, un animal que pare, y no una persona. En nuestro país existen enormes desigualdades sociales, producto, precisamente, del esquema económico que impuso por la fuerza en el país la ultra-derecha, la misma que hoy lidera la vocinglería contra el proyecto de ley de aborto terapéutico. La primera expresión de esas desigualdades es la extrema pobreza que hoy afecta tan gravemente por lo menos a unos 3 millones de chilenos; por lo tanto, según el pensamiento de Guzmán, tenemos que dejar morir a una madre de 3 hijos, pobre, y que acusa problemas irreversibles en su cuarto parto, sin siquiera haber tenido ella derecho a voz. Finalmente, ¿de qué principios hablan estos talibanes criollos? Hace sólo unos días, la abogada Lucrecia Brito ingresó ante tribunales de Santiago una querella más contra algunos “valientes soldados” acusados de practicar violaciones contra 14 presas políticas. De esas mujeres, varias quedaron embarazadas, y a ellas, dentro de los propios centros de torturas se les practicaron abortos. Pues bien, ¿por qué los que cacarean contra el aborto terapéutico no se suman hoy a esta querella que justo contempla el “delito” de aborto? Por cierto, cómo vamos a pedirles que siquiera se pronuncien contra esos brutales actos de barbarie, practicados por hombres armados contra mujeres indefensas, si ocurrieron cuando ellos gobernaban sin oposición alguna. Es lamentable que a esta hipocresía se haya sumado el cardenal Ezzati, quien, por supuesto, ha olvidado por completo que somos un país laico desde 1925 y que las leyes hoy se hacen en el Parlamento de la República, y no las impone al país un grupúsculo de consejeros políticos de una dictadura. En fin, de seguir esta retrógrada resistencia a ley de aborto terapéutico, prácticamente universal en todo el mundo, cortemos por lo sano: Que se convoque a un plebiscito sobre el tema. Sin duda, éste demostrará al mundo entero que Chile sigue avanzando sin tregua hacia la restitución definitiva de la democracia.

MAR PARA BOLIVIA

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 06 / 02/ 2015. Es un error de los gobiernos bolivianos insistir que su derecho al mar por territorio chileno se debe a que lo perdieron a través de la “invasión chilena de 1879.” La Guerra del Salitre se produjo en circunstancias históricas y geopolíticas que hoy no sólo son inexistentes, sino totalmente diferentes a las que ambos países y todo el mundo viven en nuestros tiempos. Por lo tanto, Tarapacá y Antofagasta son territorios chilenos, habitados, desarrollados económica y socialmente por chilenos, e insistir en aquello es simplemente ridículo, tanto como si Chile exigiera a Argentina la devolución de Mendoza o de la Patagonia atlántica. También es un error boliviano no involucrar derechamente a Perú en su demanda, por cuanto el veto peruano de ceder una salida al mar a Bolivia, impuesto por Perú a Chile en el Tratado de 1929, es la primera causa de su mediterraneidad. Nadie ignora que Chile ha estado dispuesto a satisfacer la demanda boliviana a través de un corredor al norte de Arica, pero eso no ha sido posible porque Perú no lo ha querido. Sin embargo, para Chile, lo más grave de este tratado es que nuestro país reconoce un cierto derecho de propiedad peruana sobre Tarapacá, al haber aceptado en ese tratado que “ningún territorio que fue peruano puede ser entregado por Chile a Bolivia.” ¿En qué quedamos? ¿Es Tarapacá 100% chilena o no? Como lo estableció el tratado, ya era una concesión importante haber devuelto Tacna a Perú, pero limitar a la vez nuestra total soberanía sobre lo que es hoy la Primera Región no debió admitirse jamás. Bolivia no ha cesado de pedir a Perú la revisión de su tratado con Chile en torno a este específico punto; obviamente, sin éxito. Entonces, es Perú el que impide la solución de la demanda boliviana, y no Chile. El último error de Bolivia es haber llevado su caso a La Haya, lo que por tensionar más aun las malas relaciones entre ambos países, exacerba en Chile los ánimos chauvinistas y seudo-territorialistas. Pero al fin de cuentas, no es justo ni inteligente seguir negándose a aceptar la satisfacción pactada de la demanda boliviana. Bolivia no es un enemigo, sino un país hermano que necesita una salida al Pacífico. Ya no es el país atrasado y aislado gobernado por atroces dictaduras militares o corruptos gobiernos seudo-civiles, sino una democracia que hoy se desarrolla económica y socialmente con éxito. Mas, sobre todo, no olvidemos la tarea que nos encomendaron los Libertadores: mantenernos como pueblos hermanos y procurar unidos nuestro desarrollo sub-continental. Bolívar y nuestro Padre de la Patria, don Bernardo O´Higgins, sabían que la total independencia económica y desarrollo de nuestros pueblos dependería mucho de nuestra integración y colaboración en todos los planos posibles. Hoy, Bolivia ha radicalizado su demanda hasta el absurdo; pero en ello también hay responsabilidad nuestra, por las viejas y anacrónicas herencias chauvinistas y etno-céntricas aún reinantes en Chile; y, por supuesto, por la evidente falta de visión sobre nuestro propio futuro como país y región sub-continental. Una salida al mar negociada con Bolivia, con un corredor y un portezuelo sin soberanía y de plazo renovable, a cambio de contratos favorables para nosotros sobre dotación de agua para todo el norte chileno, y de gas para el resto del país, no puede ser más beneficiosa para Chile. Todos sabemos en el norte que el agua se nos acaba y a Bolivia le sobra. Ah, si Santiago estuviese en Tarapacá, qué rato nuestros gobiernos habrían negociado con Bolivia.

PENTA Y LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 30 / 1 / 2015. Es imposible creer en la cabal legitimidad de nuestro sistema electoral, puesto que sigue sin corregirse en dos aspectos claves: el recuento de los votos en favor de quien realmente gana, y la materialización de las campañas electorales, la única vía posible que tiene la ciudadanía de conocer bien a todos los candidatos y sus programas. Sobre lo primero, no es verdad que el engañoso sistema binominal de elecciones se haya eliminado por uno proporcional. El binominalismo sigue parado, aunque lo esté sólo en una pata. No ha sido sustituido por el sistema proporcional, el que existe y rige en todas las democracias del mundo; sólo ha sido atenuado, con una medida que, al fin de cuentas, no es más que un costoso aumento del número de parlamentarios. Este segundo tema, el que nos ocupa hoy, ha sido traído al tapete por el bullado caso PENTA. El “Grupo PENTA” es un conjunto de empresas que se han unido en un “holding” o “trust,” mecanismo que evita entre ellas las reyertas por ganar mercados y los juegos sucios en la competencia (ah, si los trabajadores defendieran así sus intereses otro gallo cantaría en Chile). Pues bien, ha quedado al descubierto que ese holding, que controla buena parte de los seguros, la salud, las inmobiliarias e, incluso, la Educación en Chile, y que según estimaciones bajas maneja activos por la friolera de 30.000 millones de dólares, ha financiado siempre las campañas electorales de la derecha chilena, que en un sistema de empates como es el binominalismo, por años le ha servido admirablemente en el resguardo de sus intereses. Esto explica por qué las leyes en Chile por décadas han favorecido ostensiblemente más a las grandes empresas que a los trabajadores, no se las ha castigado debidamente cuando han infringido leyes laborales o tributarias, ni cuando se han coludido, o cuando se enriquecían con la educación. Y ni hablar de sus oscuras maniobras en el plano tributario, las pensiones y la Salud, que nunca llegan a investigarse a fondo. El escándalo no salió a la luz por sus características propias (el financiamiento secreto de campañas electorales), porque las leyes chilenas en materia de elecciones permiten “las donaciones anónimas” a los candidatos… Imagínense PENTA, Luksic o Angelini financiando candidaturas que propongan terminar con las AFP, las Isapres o aboguen por un sistema tributario similar al de cualquier país civilizado del mundo. No, los chilenos nos hemos enterado del financiamiento de las campañas electorales de la derecha nacional, particularmente de la UDI, sólo porque se descubrió un descomunal fraude tributario al fisco en favor de PENTA, a través de falsas exenciones de impuestos, más la emisión de boletas y facturas falsas. El caso ha salpicado también a otros personajes que no son miembros de la UDI, como el ex candidato presidencial y líder de “Fuerza Pública”, Andrés Velasco, y nada menos que el actual Ministro de Obras Públicas y militante DC Alberto Undurraga. Mientras las investigaciones en el caso PENTA siguen en desarrollo, digamos por ahora:¡basta ya! Las campañas electorales no deben ser financiadas por nadie, salvo por el Estado, de manera sobria, austera e igualitaria para todos los candidatos, lo que debe consignarse de manera inequívoca en la Ley. Si efectivamente queremos un Chile democrático, así debe ser. Además, no puede ser más inmoral que en un país donde 4 millones de sus habitantes se debaten en la más extrema pobreza, donde miles de jóvenes no pueden estudiar por falta de dinero, y donde aún faltan tantos hospitales, viviendas dignas y escuelas, se dilapiden miles de millones en campañas electorales que más tienen de circo y farándula que educación e información política. ¿Seguiremos así eternamente?