BACHELET Y SUS PROMESAS.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 29 / 11 / 13. En general, en tiempos de elecciones, los candidatos, especialmente los presidenciales, se prodigan en promesas, pero cualquiera persona con un mínimo de educación cívica y espíritu crítico sabe que muchas no se cumplirán. Primero, porque un Presidente de la República no es el dueño del Estado, dividido en toda democracia en una tríada de poderes cuyos componentes son intocables entre sí. ¿Recuerdan, por ejemplo, aquel slogan de Piñera que con él a los delincuentes “se les iba a acabar la fiesta”’? Muchos le creyeron, sin reparar que el Presidente no tiene la menor posibilidad de atrapar, ni juzgar, ni condenar delincuentes; y, bueno, ya ven en qué quedó esa promesa. Y segundo, porque en el caso de muchos candidatos, si se recorre reflexivamente sus capacidades personales e historia política, quedará al descubierto que ellas no son limpias ni tienen el brillo de su verborrea. Peor aun, aunque las intenciones sean buenas, los poderes ocultos del país –sobre todo, económicos- harán todo por impedir que lo prometido se cumpla. Pues bien, Michelle Bachelet acaba de declarar textualmente: “tenemos la mayoría parlamentaria necesaria para cumplir lo que prometimos.” En su primera administración, Bachelet tuvo mayoría para producir cambios en el país, y no lo hizo. Ahora, como segura Presidenta, también la tendrá, y con creces. ¿Cumplirá ahora? Si realmente lo quisiera, puede, por ejemplo, llevar adelante una profunda reforma laboral, que, entre otras medidas, contemple el restablecimiento del derecho a huelga en la forma que existe en todo país democrático del mundo, y como lo era en Chile hasta 1979; una reforma laboral que baje la abultada semana de trabajo de por lo menos a 40 horas, que en los países desarrollados (¿no estamos “en las puertas del desarrollo”?) es de sólo 35, y en varios, incluso menos; una reforma laboral que establezca igual salario entre trabajadores de empresas contratistas y empresas mandantes, etc. También tendrá mayoría de quórum calificado en el Parlamento (a lo menos 61 diputados y 20 senadores), para llevar adelante una justa reforma tributaria; crear empresas del Estado en cualquier sector económico, como ocurre en todos los países del mundo excepto Chile; puede estatizar el Transantiago, como lo propuso Eduardo Frei Ruiz-Tagle en su fallida campaña presidencial de 2009. También puede derogar o reformar el DL 3500 relativo a las infamantes AFP; establecer la gratuidad de la educación pública, recuperar el cobre; y, como se lo permite la propia constitución de 1980, que no niega que el poder político de la nación reside en “la soberanía popular,” puede convocar a una Asamblea Constituyente que someta al veredicto popular una nueva Constitución, y así tengamos, por fin, una Carta que sea realmente legítima. Objetivamente, no sabemos qué pasará en su gobierno, pero no faltan motivos para ser escépticos. Hay, por ejemplo, compromisos en pleno vigor entre la ex –Concertación y el gran capital financiero nacional e internacional, con leoninos “tratados de libre comercio” y voraces transnacionales (Monsanto, Barrick Gold, entre muchas más) que tienen sus garras clavadas en el país. Finalmente, está la inveterada cultura de la Concertación de no hacer nada sin el permiso de la derecha dura, por temor a su poder de desestabilización que ésta tiene, por la vía de la economía y militar. Además, ya empezamos mal: falló la ley para reformar el sistema binominal por la ausencia de varios diputados de la Concertación a la sesión en que el tema se discutió. Si Bachelet no cumple, los partidos de izquierda que se sumaron a la Concertación, el Partido Comunista (PC) y el MAS, serán expulsados del gobierno tal como sucedió con el PC en 1948, o no tendrán otra alternativa que irse a su casa, como lo hizo el Partido Socialista Popular en 1954. Lo concreto es que esta vez, como nunca en el pasado reciente, el sueño de un país más justo es posible, con que sólo la Presidenta cumpla lo que ha prometido.

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO EL LONGINO . 22 / 11 / 2013-11-13 La democracia , si es verdadera, no es un fetiche al cual se le rinde ritual periódicamente en las elecciones. Es un actuar y un participar masivos de la ciudadanía en los asuntos de gobierno. Entonces, ese actuar debe reflejarse en la cantidad de ciudadanos que se interesan en elegir a sus autoridades. Pues bien, a pesar del inmenso número de candidatos que postularon el domingo pasado para 4 tipos de elección (aquí fueron 3), más de la mitad de los chilenos con derecho voto no se molestaron en votar, a pesar de los muchos llamados a hacerlo por parte del gobierno, políticos en ejercicio, candidatos, predicadores, opinólogos y analistas políticos de todo tipo. Votó menos de la mitad (48%) del electorado, y, además, una parte de esa mitad votó nulo o blanco. Por lo tanto, ningún adherente serio a tal o cual candidato podría hoy contentarse con su “buena votación,” aunque hubiese sido ganador. Piénsese sólo que Michelle Bachelet, que ganó la primera vuelta, apenas obtuvo el voto de la quinta parte de los electores del país. No sólo eso, obtuvo menos votos que su colega de coalición Eduardo Frei en 2010, cuando éste se enfrentó con Piñera, y cuando el Partido Comunista (PC), entonces un duro adversario de la Concertación, apoyó a otro candidato, Jorge Arrate. En suma, la Nueva Mayoría (léase Concertación más el PC), tiene menos fuerza electoral que la Concertación de hace cuatro años. ¿Es eso ser “ganador”? El solo sentido común siempre dio como triunfadora en primera vuelta a Bachelet, seguida de la candidata de la derecha Matthei; vale decir, los dos primeros lugares los ocuparían las dos coaliciones que, ya como se ha hecho tradición, se han venido repartiendo el poder político del país de manera alternada por más de dos décadas. ¿Qué demuestra, entonces, la ostensible abstención que hubo en las elecciones pasadas? Muy simple, que la mayoría del país ya no cree en sus veteranos gobernantes; ¡si el 80% de la población no eligió a Bachelet, y el 90% no “pesca” a Matthei! El 15 de diciembre será la segunda vuelta. Como es obvio, ambas candidatas querrán conquistar votos entre la enorme multitud de electores que no las quieren; es decir, entre los abstencionistas y los que votaron sin preferirlas . Matthei, para acortar distancias, tratará de atraer a su égida los votos de Franco Parisi, lo que no le augura mayor éxito, tras su violenta confrontación con él. En verdad, sólo los votantes duros de derecha de Parisi votarán por ella; pero buena buena parte de los demás parisistas creerán a su ídolo que dice Matthei es una “mala mujer,” y, por ende, se sumarán a Bachelet o no votarán. Finalmente, muchos de los que votaron por los tres candidatos de la dividida izquierda no votarán necesariamente por Bachelet, porque sus candidaturas se alzaron precisamente tanto contra la derecha como contra la alianza Concertación-PC. Otros, por supuesto, seguirán el viejo slogan de “votar por el mal menor,” y lo harán a regañadientes. Así, Bachelet, sin duda alguna, ganará. Pírrica victoria, que sólo refleja lo débil que es nuestra supuesta democracia .

ELECCIONES Y DESARROLLO.

HAROLDO QUINTEROS. DIARIO EL LONGINO. 15 / 11/ 2013 A casi horas de las próximas elecciones, ha vuelto al tapete el manido tema “Chile, país desarrollado.” En una de sus últimas embestidas publicitarias, la candidata de la derecha ha acusado a su contendora de dos deméritos: haber impedido que Chile, supuestamente “en las puertas del desarrollo,” accediera a éste durante su administración; y, sólo hace unos días, de gastar millonadas en su campaña, más allá de los márgenes legales. Los dos temas se imbrican perfectamente. En efecto, sobre el tema del desarrollo, son demasiadas las razones que desmienten el supuesto de Matthei que estamos, o hemos estado, en las puertas del desarrollo, entre muchas otras, precisamente aquella que dice relación con las campañas electorales. Los países desarrollados son democracias en todo el sentido de la palabra, lo que no es Chile; es decir, allí, para empezar, no hay desigualdades ni trampas electorales legales, como el sistema binominal de elecciones chileno, un invento ideado en Polonia en los años 80, como método transitorio de cambio desde una dictadura a una democracia (obviamente, hoy en Polonia el binominalismo ya no existe, mientras que en Chile es virtualmente inmutable). Las prácticas electorales grafican muy bien el abismo que hay entre un país desarrollado y uno que no lo es. Para empezar, en ellos la Ley asegura a los candidatos igualdad de acceso a los medios masivos de comunicación. El Estado pone a disposición de los candidatos legalmente declarados como tales, por igual, de espacios televisados y de radios, sobre cuyos horarios se informa previamente. En Chile, como todos sabemos, excepto en candidaturas presidenciales, no es así. Aquí, el candidato que cuenta con más dinero, tiene más propaganda, y, con ello, como lo demuestra la cruda realidad, tiene también la mayor opción de ganar. ¿Es eso estar “en las puertas del desarrollo?” En un país desarrollado, la prensa y demás medios de comunicación privados, salvo si se unen voluntariamente a los estatales en cadena, no hacen propaganda electoral. Aquí, en períodos de elecciones, los medios de comunicación privados crecen, pagan sus deudas y hasta podrían, si lo quisieran, regalar un “aguinaldo de elecciones” a su personal. En un país desarrollado, las gigantografías son permitidas sólo al comercio, y en lugares pre-establecidos para ello. Los grandes carteles de carácter político no se permiten por ley y los afiches sólo se admiten en espacios especialmente habilitados para ello. Se trata de gruesas columnas en lugares públicos, con espacios para cada candidato previamente asignados por los municipios. Aquí, las paredes de las ciudades se embadurnan con carteles hasta el infinito, lo que, por supuesto, es pingüe negocio para las empresas gráficas locales y del extranjero. En un país desarrollado, los gastos de campaña se auditan hasta el último centavo y tienen un tope, que, en verdad, es comparativamente bajo. También se prohíben a las grandes empresas los “generosos donativos” a tal o cual candidato en campaña. En un país desarrollado, los vecinos reclamarían de inmediato a la policía por los vehículos que de manera ensordecedora perifonean solos o en caravana por los barrios. En un país desarrollado, muy rara vez un jefe político tiene el poder de designar a su mujer, hijos o yernos en postulaciones electorales. Aquí… ¿debo mencionar los clanes y familiones que en muchas ciudades se han adueñado del poder político, por lado y lado, a lo largo de las últimas décadas?. En un país desarrollado, nunca, jamás, alguien se atrevería a llamar a los militares a apoyar corporativamente a un candidato, justo lo que acaban de hacer importantes sectores de derecha. ¿No son neutrales nuestras FF AA, o eso es un cuento? ¿O la “familia militar” es una familia armada que milita en la derecha? Finalmente, el cargo de Matthei a Bachelet sobre gastos de campaña me recuerda el viejo dicho “la sartén le dijo a la olla.” Por cierto, es la derecha el conglomerado político que menos razones tiene para preocuparse del financiamiento de sus campañas electorales, por su relación ideológica directa con los centros financieros y empresariales del país. Las gigantescas sumas de dinero quemadas como hojarasca en las campañas electorales, un hecho en sí inmoral en un país que acusa tantos problemas sociales, tienen, obviamente, un origen, que no puede estar sino en el corazón del hiper-concentrado sector empresarial privado, que nunca ha tenido precisamente aspiraciones filantrópicas ni menos aun ideas de izquierda. Es urgente una nueva Ley Electoral que defina y limite bien el financiamiento de las campañas electorales, el mejor expediente que existe para frenmar la corrupción política, y que, por lo tanto, asegure a todos los candidatos la más absoluta igualdad de acceso a los oídos de la ciudadanía. Sólo así la ciudadanía podrá medir bien la calidad de las propuestas y programas políticos, y, con ello, la posibilidad que Chile sea regido realmente por sus mejores hijas e hijos.

LA DEUDA HISTÓRICA AL MAGISTERIO.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO EL LONGINO. 8-11-2013. ¿Recuerdan ustedes la “deuda histórica al Magisterio”? Por cierto, es una deuda del Estado a muchos maestros chilenos, casi todos ya jubilados, y es histórica porque hace 32 años que no se paga. Gran parte del país ya la ha olvidado y muchos de sus beneficiarios fueron maestros que, lamentablemente para ellos y sus familias, ya han muerto. Este atropello legal, que sólo podía cometerse bajo la égida de una dictadura, es una de las mayores injusticias en materia laboral de nuestra historia que hoy ha vuelto a estar en la discusión nacional, tras una reciente resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en favor de los maestros. Recordemos cómo fueron las cosas. La deuda tiene su primera expresión el 31 de Diciembre de 1973, con el DL 249 de la dictadura. En virtud de este decreto, se ubicó al Magisterio, desde el 1º de Enero de 1974, en la entonces “Escala Única de Sueldos de la Administración Pública,” que tenía 31 grados, ubicándose nuestros educadores en humillantes últimos lugares. Por ejemplo: al profesor básico de aula se lo ubicó en el Grado 28 y al secundario en el Grado 26. El DL 249 aumentó los sueldos de aquella escala a todos los empleados públicos, pero los profesores recibieron solamente alrededor de la mitad de ese aumento. Este solo hecho daba cuenta nítida del desprecio de la dictadura hacia la Pedagogía, los maestros y la Educación. Recuérdese que la Educación dejaba de ser atención preferente del Estado; las universidades empezaban a ser pagadas; el más de un centenar de los institutos profesionales del Estado, que eran gratuitos, se empezaban a vender a precio de huevo a privados, y más tarde a las carreras pedagógicas se les quitaba el rango de carreras universitarias, barbaridad que tuvo un singular efecto en Iquique, cuando la UNAP, que tenía una oferta de muchas carreras de pedagogía, fue despojada de su calidad de universidad y transformada en instituto profesional. 20.000 maestros fueron exonerados de sus trabajos arbitrariamente, tarea que los alcaldes delegados de la dictadura ejecutaron brillantemente; se cerraron los pensionados para estudiantes en las universidades estatales, etc., etc.; todo ello, por supuesto, al amparo de la peor represión que se recuerde en Chile, bajo la cual, entre miles de chilenos, fueron asesinados muchos profesores. En razón del enorme deterioro del poder adquisitivo causado por las políticas neoliberales de contracción en materia salarial, en octubre de 1980, se dicta el DL 3551, o Ley de Reparación Económica para todo el sector público, con aumentos desde 20% para los grados inferiores recién ingresados a la Administración Pública, y hasta un 95% para los grados mayores. Pues bien, para el Magisterio, estos aumentos no se hicieron efectivos, porque a contar del mes de febrero de 1981 la Educación fue municipalizada. Es decir, las municipalidades no recibieron nunca, desde entonces hasta hoy, los recursos para pagar a los maestros el DL 3551, a pesar que el DL 3.063, de fecha 13/6/80, disponía: “al administrar los establecimientos traspasados, se respetarán las relaciones laborales de los funcionarios transferidos y conservarán los derechos y condiciones vigentes, con anterioridad al traspaso.” Entonces, como se observa, el pago de esos dineros era obligatorio, de acuerdo, incluso, a las propias leyes de la dictadura. Esa la deuda histórica al Magisterio. Al paso de los años, tras muchas negociaciones, el Magisterio actuó con generosidad. La deuda real llegaba a unos 9 mil millones de dólares, y los maestros aceptaron bajarla a 1.500; es decir a sólo el 20 % del total, suma que, en definitiva, equivale a todo el monto que piden que se repare. El tiempo pasó, y todos los gobiernos que sucedieron a la dictadura, para no pagar la deuda, adujeron que ella había prescrito. De partida, aunque eso fuese cierto, no deja de ser una brutal injusticia. Sin embargo, los maestros, conocedores de las leyes internacionales en materia laboral, recurrieron a la OIT, cuyos fallos, en tanto organismo de las Naciones Unidas, deben ser respetados por los países signatarios, como es Chile. Ergo, para vergüenza del país, la solución del problema está llegando de fuera. La OIT conformó una comisión tripartita de expertos, que hace unos meses declaró que “la deuda no ha prescrito y, por lo tanto, existe,” en virtud del Convenio 35 de la OIT sobre la imprescriptibilidad de las deudas a los trabajadores. Finalmente, la OIT ha instado al Magisterio y al Estado de Chile a restablecer el diálogo para solucionar el problema. Vale decir, queridos maestros, vuestra lucha en defensa de vuestros legítimos derechos no ha sido en vano, y, en verdad, todo está indicando que, por fin, la justicia está por imponerse.

30 DE OCTUBRE DE 1973

PROF. HAROLDO QUINTEROS, DIARIO EL LONGINO. 1 / 11/ 2023. Anteayer miércoles 30 de octubre, se cumplieron 40 años del asesinato de los cuatro más altos dirigentes del Partido Socialista de Chile (PS) en la región. El crimen fue en las afueras del cementerio de Pisagua, muy cerca del campo de concentración que se levantó allí luego del golpe de estado, tras una horrenda farsa judicial. Las acusaciones fueron redactadas por el fiscal de aquellos juicios, Mario Acuña, un juez local que, poco después del golpe, fue expulsado del Colegio de Abogados, por cargos del mismo calibre que era investigado hasta el 11 de septiembre de 1973. Acuña se encontraba en ese aprieto por graves sospechas de corrupción -contrabando y narcotráfico – en el ejercicio de su cargo, levantadas en su contra por el Consejo de Defensa del Estado, presidido por Julio Cabezas, prestigioso abogado que ocupaba ese cargo exclusivamente en razón de su carrera profesional. Por supuesto, luego del golpe, Acuña procuró y consiguió el fusilamiento de Cabezas. No era difícil, el juez general de esos juicios era un personaje aun más siniestro que Acuña, el general alemán-chileno Karl Forestier Haensgen, confeso nazi, cuya fama de sed de sangre y crueldad traspasó nuestras fronteras. Por lo años 80, Forestier no había logrado hacer carrera de ninguna especie durante la dictadura, y, disgustado con Pinochet, terminó sirviendo, por dinero, al empresario de armas Carlos Cardoen, a la sazón enredado en oscuros líos con la dictadura por la fabricación de las terroríficas bombas de racimo, hoy prohibidas por las Naciones Unidas, para todo tipo de guerras. Los cuatro dirigentes asesinados aquel 30 de octubre eran Freddy Taberna, de 30 años; José Sampson, de 32,secretario de Organización del PS, y director de la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad, hombre honesto y querido por todos, conocido actor de teatro y luchador social; Juan Antonio Ruz, de 32 años, conocido hombre público, presidente del entonces “Frente Para el Progreso de Iquique,” una agrupación civil que reunía a los dirigentes de todas las organizaciones sociales, laborales y empresariales de la región, y, además, concejal de la Municipalidad de Iquique. El cuarto dirigente socialista asesinado era Rodolfo Fuenzalida, piloto profesional de aviación, empleado como tal en las industrias pesqueras de entonces. De manera totalmente gratuita y desinteresada, Fuenzalida instruyó en la conducción de aviones y helicópteros a personal de organizaciones civiles y militares. Un quinto dirigente socialista, Germán Palominos, también iba a ser fusilado ese día, pero su muerte fue postergada por un mes, para no escandalizar demasiado a la Cruz Roja Internacional y a la prensa mundial, que por entonces ya narraban al mundo, por vía radial, lo que sucedía en el país. Palominos era un esforzado obrero carpintero, socialista de base y destacado dirigente poblacional. Como todos los demás asesinados, era un honesto jefe de hogar que sostenía a su familia con su trabajo. Mezcla de asesinato político y estupidez, el cargo hecho contra aquellos dirigentes fue “Traición a la Patria.” Freddy Taberna, que presidía el PS regional, era, hasta el el día del golpe de estado, el Jefe de la Oficina Regional de Planificación y , sin duda, el más conocido de los dirigentes del PS. Provenía de una familia pobre de pescadores artesanales del barrio El Morro, y sólo por su inteligencia y tenacidad llegó a la Universidad, titulándose de geógrafo en 1967. Su primer trabajo se lo encomendó el gobierno de Eduardo Frei Montalva: integrar el equipo de geógrafos que debía trazar los límites de Chile con Argentina en la disputa por Palena. Freddy vadeó ventisqueros, atravesó glaciares y finalmente hizo esos mapas. Chile ganó el laudo arbitral, y por esa sola razón, esa zona es hoy parte de nuestro territorio. Sin embargo, Taberna, al igual que Sampson, Ruz y Fuenzalida, fue acusado de traición a la patria, y por ese cargo, fusilado. Obedeciendo las órdenes de los verdaderos traidores de entonces, Acuña tejió una maraña de descabellados cargos para justificar esos fusilamientos, y obligó a los prisioneros, en estado de torturados, a firmarlos con amenazas de muerte para sus familias. Aun así, cometió un error jurídico. Para decretar una pena de muerte en “tiempos de guerra,” según lo ordenaba la propia ley entonces vigente, era preciso la unanimidad del tribunal militar. Uno de sus miembros, el Mayor de Ejército Enrique Synn, no se dejó amedrentar y dejó constancia de su oposición a los fusilamientos, lo que bastaba para que no se produjeran. Esperamos que se reviva este caso, aunque hayan pasado cuarenta años. Por lo menos, los miembros de ese infamante consejo de guerra que aún viven, deben responder por esa vil felonía.

DÍA DEL MAESTRO

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO EL LONGINO, 18 / 10/ 2013. Quizás como nunca será preciso recordar este día y homenajear a nuestros profesores, por lo menos por dos razones. Primero, por el sentido e inapreciable valor de la función docente, de su impacto en la vida social y personal de cada mujer y hombre, lo que, simplemente, la hace la más importante de todas las actividades del país. Así es, y así ha sido siempre, aquí y en el mundo entero. Por cierto, la vida de todos nosotros transcurre cada día teniendo como referencia lo que aprendimos en las escuelas con nuestros maestros, en mil formas. La orientación moral y, en muchos casos, la profesional de una persona, normalmente surgió, a veces de modo explícito, en los primeros tiempos en que estuvo en contacto con ellos. Si bien el ser humano social es educado primero en el hogar, la tarea educativa de los padres siempre será incompleta sin la intervención de la Educación sistemática de Estado, que sólo dan los maestros. Y segundo, particularmente en Chile, porque nuestros maestros, a través de sus organizaciones gremiales y profesionales, siguen luchando incansable y heroicamente por rescatar a nuestra Educación de las garras del mercantilismo en que hoy se encuentra, y, por extensión, de la constante baja en su calidad y de las espantosas desigualdades en cuanto a su acceso, si se quiere que sea buena. Ostensiblemente, tanto la Educación escolar como la superior han bajado en calidad general. No era así en el pasado. Fueron maestros chilenos los que contribuyeron a desarrollar la Educación en Colombia, Venezuela y en otros países de América Latina, y nuestras universidades tenían fama internacional, con aquellos augustos maestros que hicieron de ellas verdaderos templos de la ciencia y la Filosofía. Eso explica por qué a sus aulas llegaban jóvenes de muchos países a estudiar, especialmente de América Latina. Para empezar, Chile necesita reformar profundamente la enseñanza escolar. Mediciones internacionales bien conocidas ubican el rendimiento de nuestros niños en muy pobres lugares; y en cuanto a la Educación superior, también es tarea urgente mejorarla. Sólo dos de nuestras universidades, la Universidad de Chile y la Universidad Católica -reservadas en todo caso para los sectores económicos más holgados del país- apenas alcanzan entre el 400 y 500 avo lugares entre las primeras mil universidades del mundo. La experiencia de la subsidiaridad en Educación ha probado, indiscutiblemente, que el haber hecho de la Educación superior, en su totalidad, un servicio comprable, una mercancía como lo es cualquier objeto de mercado, ha menguado su calidad, y, además, la ha transformado, fuera de la cuna en que se nace, en la más formidable fuente de inequidad social. Sin embargo, lo peor no es eso, sino el impacto que esa situación tendrá en nuestro futuro como nación: Dicho brevemente, si no mejora la calidad general de la Educación universitaria, es posible que en Chile, en el mediano plazo, la calidad de nuestros futuros profesionales no condiga con las necesidades de nuestro desarrollo. Si el Estado de Chile, no retoma su rol educador, y revierte el actual status subsidiario en que se desenvuelve la Educación, estaremos, antes de lo que nos imaginamos, en una crisis de consecuencias que pueden ser desastrosas. Toda la razón tenía el gran educador Valentín Letelier cuando decía en 1888 en uno de sus discursos más conocidos, pronunciado en la Universidad de Chile: “El Estado no puede ceder a ningún otro poder social la dirección superior de la enseñanza pública...Gobernar es Educar.” Palabras de fuego que recogiera medio siglo después el gran Presidente Pedro Aguirre Cerda. La tarea por recuperar la Educación para la sociedad, organizada en su Estado democrático, ha sido dura y lo sigue siendo. En suma, el orden constitucional que nos rige hizo, para empezar, a la Educación escolar, de manera medio oculta, una mercancía, porque si tiene calidad, cuesta dinero; si no se tiene dinero, será difícil llegar a la Educación superior, o, simplemente, acceder a buenos trabajos. En cuanto a la universidad, ella es enteramente pagada, y si se llega a sus aulas, el joven chileno promedio, hijo de trabajadores o empleados de base, aquel que constituye casi las tres cuartas partes de la juventud del país, tendrá que endeudarse por décadas, reduciendo así sus posibilidades de ahorro y de fundar una familia. Esa es la actual lucha de los maestros chilenos, recuperar para el Estado el poder administrativo y financiero que la Educación tuvo en el pasado; es decir, que la Educación vuelva a ser su atención preferente. Será, sobre todo, la movilización de nuestros maestros la que conseguirá mejorar su calidad, ubicándola así en el sitial de respeto que merece. Además, será esa lucha, la que conseguirá que nuestros maestros puedan gozar de salarios dignos y de la estabilidad laboral que merecen. ¡Viva el Día del Maestro!

ELECCIONES Y PLATAS DE CAMPAÑAS.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO EL LONGINO, 20.09.2013. En verdad, la derecha es el conglomerado político que menos razones tiene para preocuparse del financiamiento de sus campañas electorales. Piénsese sólo en que el comando de Joaquín Lavín, cuando éste fue candidato a la presidencia de la República, pagó 240 millones solamente a la cantante Miriam Hernández por algunas breves presentaciones en su campaña (dato aparecido en Revista “Qué Pasa, ” Nºs 1.487 y 1.488, de 1999). El gran argumento en favor del comando de Lavín para justificar ese gasto, como los demás de miles de millones que se gastaron en su campaña hasta unas horas antes de la elección, es que, simplemente, no eran estatales. En cambio, los de Chile Deportes sí lo eran. Por supuesto, no suena mal el argumento. Uno es, evidentemente, un robo al Estado, y el otro aparece como una generosa donación. Sin embargo, aunque suene razonable, el argumento es intrínsecamente falaz, porque el dinero no surge de la nada. Por cierto, ¿cuál es el origen del dinero, si no el trabajo humano? El economista del siglo XVIII David Ricardo – que, por supuesto, no tenía nada de marxista – decía que “el propietario no produce dinero, sino sólo lo recibe… y el valor de todo bien está determinado por la cantidad de trabajo que se necesitó en su producción” (Enciclopedia Collier’s, Vol. 20, 1966). Vamos ahora al asunto: el grueso del poder empresarial de Chile está, evidentemente, con la derecha política. Son centenares las empresas que financian las candidaturas de la derecha y de la Concertación. Se trata, después de todo, de un asunto puramente comercial: un empresario de la hípica compra un caro caballo de fina raza para que cuando llegue el momento de correr, éste gane y le asegure no sólo la amortización de la compra del animal, sino, además, una buena ganancia. Las enormes sumas de dinero que los clanes Edwards, Lucsic o Angelini regalan sistemáticamente en cada campaña electoral a sus candidatos, en su significado intrínseco, son ganancias obtenidas del trabajo ajeno; más claramente, del trabajo de los trabajadores chilenos. Vale decir, al final de cuentas, son los trabajadores de Chile los que financian todas las campañas electorales, sin excepción. La revisión de la actual Ley Electoral, muy especialmente en lo que respecta al financiamiento de las campañas, está en la agenda presidencial de Marcel Claude. El esquema actual sobre el tema es totalmente inmoral. Efectivamente, resulta exasperante que un compatriota que no sea cliente de algún empresario; es decir, que sea, por ejemplo, un trabajador que vive de su salario y, además, de izquierda, difícilmente pueda, como candidato, dar a conocer bien su programa político. De modo que si pierde las elecciones, bien pudo ser no porque le faltara capacidad e inteligencia, sino porque le faltó dinero en su campaña. Si el Estado y la Ley aseguraran a todo candidato las mismas posibilidades en el volumen de propaganda electoral, otro gallo cantaría en Chile. En las democracias más desarrolladas del orbe, además de la prohibición legal de embadurnar las calles con papelería y pinturas, de caravanas de automóviles, etc., todos los candidatos tienen el mismo acceso y tiempo en televisión, radios, revistas y diarios. Así, disminuye la cantidad de dinero que se gasta en las elecciones, y en Chile, tal medida terminaría con la inmoralidad de gastar millonadas en letreros luminosos, shows y avisos televisivos y radiales, mientras miles de chilenos viven en la miseria. Por supuesto, este cambio también terminaría con la tentación de robarle plata al Estado para gastarla en el circo electoral.