POLÍTICA Y DINERO.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 19 / 06 / 2015. En Chile, la relación del dinero con la política es un hecho, lo que ya no sorprende a nadie. De partida, en virtud de sus enormes sueldos y otras “entraditas”, la mayoría de los políticos profesionales, sobre todo los parlamentarios, cuya misión es hacer las leyes, se han enriquecido a lo largo de luengos períodos de ejercicio, que se repiten sostenidamente. Como bien sabemos, es la legislación heredada de la dictadura lo que les ha permitido darse el lujo de ser re-elegidos “ad aeternum,” y salvo contadas excepciones, no precisamente por su capacidad ni luces intelectuales. Lo lamentable es que los “honorables” no han tenido la altura moral para cambiar ese modelo. Pudiendo hacerlo, no cambiaron el tramposo sistema binominal de elecciones; apenas sólo lo modificaron, y como muchos aún creen lo contrario, NO lo eliminaron ni remplazaron por el sistema proporcional, el único que rige en todas las democracia de verdad. Fue sólo la movilización popular, producto de la severa crisis institucional y moral por la que está atravesando el país, el factor que incidió en la corrección, aunque fuese en parte, de ese engendro dictatorial. En verdad, nada bueno puede esperar el pueblo si gobiernan los millonarios, quienes ni siquiera gastan dinero en campañas electorales, porque en muchísimos casos éstas, transversalmente, les son financiadas por las mega-empresas nacionales, las que, para rematar, a buena parte de nuestros congresistas les proveen de “mesadas” y regalitos luego de votarse una ley en su favor. Pero hay algo más grave que esto: ahora los propios “honorables” se están sumando al grupo de quienes son los dueños y administradores del país, tanto de su sistema económico como el político; vale decir, se está produciendo en Chile la unidad perfecta entre la política y el poder económico. Es probable que este fenómeno apenas esté comenzando, pero su proyección es innegable. En verdad, puede ser que sólo con la excepción de Estados Unidos, país en que la mayoría de los senadores (allí sólo existe una cámara) son dueños o accionistas de grandes empresas, Chile ya ha comenzado a seguir el esquema de gobierno plutocrático, i. e., el tipo de Estado que manejan a su arbitrio los posesores del dinero. Los hechos están a la vista: la mitad de los legisladores tienen participación en alguna sociedad o empresa. Tenemos 157 parlamentarios, tanto diputados como senadores. 73 de ellos tienen participación o propiedad en sociedades civiles o comerciales; es decir, prácticamente la mitad. Veamos los senadores. Son 38, y 19 participan en alguna organización financiera, industrial o comercial. En la derecha, Andrés Allamand, Baldo Prokurica, Hernán Larraín, Ena von Baer, Francisco Chahuán, Alberto Espina, Jacqueline Van Rysselberghe, Jaime Orpis, Manuel José Ossandón, Juan Antonio Coloma y Alejandro García-Huidobro tienen participación en una o más sociedades económicas. La coalición de gobierno sigue las mismas aguas. Ignacio Walker, Patricio Walker, Jorge Pizarro, Andrés Zaldívar, Felipe Harboe, Eugenio Tuma y Manuel Antonio Matta, son prósperos empresarios, además de parlamentarios. En cuanto los diputados, 37 han declarado formalmente que tienen intereses en alguna empresa y 17 de ellos, en más de una. La balanza se inclina ostensiblemente más hacia la derecha, sobre todo la más extrema, porque ella es la fundadora del sistema económico imperante en el país. Por ejemplo, José Antonio Kast, de la UDI, participa nada menos que en 14 sociedades. ¿Qué les parece?. Aunque en Chile la simbiosis política-dinero está a la vista, hasta hoy no se avizoran muchas esperanzas que esta situación se corrija. Conocida la avalancha de coimas y boleteos fraudulentos de muchos parlamentarios, en cualquier país de tradición verdaderamente democrática, el Presidente de la República, con el apoyo de los propios parlamentarios, por lo menos ya habría llamado a la disolución del Parlamento y convocado a nuevas elecciones. Mientras los escándalos de corrupción, producto del vil maridaje entre dinero y política, siguen en curso, la clase política actúa como si ello fuese lo más normal del mundo. En estos momentos, ya son al menos 15 los parlamentarios que están siendo investigados por la justicia por escándalos de corrupción. En la UDI, Jaime Orpis, el senador que poco antes de los dos últimos terremotos propugnaba la construcción de plantas atómicas en Tarapacá, será formalizado por recibir plata de CORPESCA, la mega empresa de la familia Angelini, uno de los grupos dueños de nuestro mar. Iván Moreira, su correligionario, aquel que hizo una huelga de hambre (breve, desde luego) cuando la justicia internacional atrapó a su ídolo Pinochet, será formalizado como infractor a las leyes por el caso PENTA. Jacqueline van Rysselberghe está siendo investigada por malos manejos de dineros municipales cuando fue alcaldesa de Concepción. Ena von Baer, la miembro de la familia representante de la transnacional MONSANTO, que se está apoderando de nuestras preciosas semillas alimenticias para su manipulación genética, está querellada por cohecho en el caso PENTA-SOQUIMICH (SQM). Felipe de Mussy, también conspicuo UDI, será formalizado por financiamiento irregular de campañas políticas. Los escándalos por platas suman y siguen. En Nueva Mayoría, el PPD Eugenio Tuma está siendo investigado por mal uso de asignaciones parlamentarias. Fulvio Rossi (PS), cabeza del “whatsApp” que puso en evidencia los peores métodos conspirativos de secta que usa en su gestión parlamentaria, más sus colegas DC Jorge Pizarro y Roberto León, enfrentan querellas por ser beneficiarios de SQM, cuyo dueño es el primer favorecido del Dictador, el “yernísimo” Julio Ponce Lerou. Los escándalos de los “honorables” no se relacionan sólo con PENTA O SQM. En muchos casos, antes de postularlos a diputaciones o senaturías, sus partidos debieron haber tenido la decencia de averiguar más sobre ellos, o no haber sido tan cínicos y candidatearlos conociendo sus historias. No olvidemos que los parlamentarios llegan a sus cargos sólo por decisión de los partidos, y de nadie más. El diputado Cristián Campos (PPD) reconoció haber cobrado horas extraordinarias mientras era administrador municipal de Hualpén, su colega Christian Urízar (PS) fue formalizado por fraude al Fisco y el senador Carlos Bianchi está desaforado por fraude y negociación incompatible, por el arriendo ilegal de inmuebles a parientes. En fin, ¿se impondrá en Chile el peor tipo de plutocracia, aquel tipo de gobierno que manejan los políticos millonarios en perfecta connivencia con los grandes empresarios? No quiero exagerar, pero hacia allá pareciera que vamos: a la máxima expresión de la corrupción política: la plutocracia.

¿SUELDOS “HONORABLES”?

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 12/ 06/ 2015. Como sabemos, Chile es uno de los tres países del mundo que acusa las mayores diferencias entre los sueldos más altos y los más bajos. Pero, aclaremos: Si hay chilenos que ganan escandalosamente más que la total mayoría de sus compatriotas se debe, al fin de cuentas, a que son, en general, gerentes, directores o consultores de las grandes empresas nacionales y extranjeras. Lo que envilece definitivamente este hecho, es que la clase política –sobre todo nuestros parlamentarios- es parte de ese puñado de privilegiados sobre-pagados, puesto que el pueblo no elige a sus representantes para que se hagan ricos (lo que realmente está sucediendo), sino para legislar y administrar el país especialmente en beneficio de los chilenos que lo pasan mal, precisamente porque son mal pagados. El desprestigio general de la clase política de hoy se debe, sin duda, a la repugnancia que han despertado en la ciudadanía los escándalos de corrupción que demasiados políticos profesionales han protagonizado durante años. A esto, que ya es suficiente, se ha sumado la revelación de los exorbitantes sueldos y prebendas monetarias adicionales que perciben los “honorables,” primero, por decisión privativa de ellos mismos y, segundo, por cohecho. Veamos el primer caso: En 2012, nuestros congresistas ganaban $2.400,000. Hoy, ganan $8.600.000; es decir, se han aumentado el sueldo en $6.200.000. Ahora comparemos: en este mismo lapso, el sueldo mínimo apenas ha aumentado en unos $60.000. Los diputados Boric y Jackson han propuesto en el Parlamento un “límite ético” a las suculentas dietas parlamentarias, planteando con toda razón que son los parlamentarios quienes abultan aun más el triste récord mundial de Chile en cuanto las diferencias entre los sueldos altos y los bajos; esto, en un país en desarrollo y con abismantes desigualdades sociales. Plantean, además, que estos sueldos son los más altos de los países de la OCDE, que en su mayoría son más ricos y desarrollados que Chile. ¿No es esto una inmoralidad manifiesta? Ante la propuesta de Boric y Jackson, transversalmente, algunos “honorables” se corrieron por la tangente, mientras otros se opusieron a la idea arguyendo lo “costoso” de los gastos que involucra ser congresista. Pues, sépase que además de sus exorbitantes sueldos, los senadores perciben $8.000.000, y los diputados $5.000.000 adicionales para gastos de peajes, estadías, comidas, teléfonos, Internet, etc., sin contar con otras aportaciones para gastos en asesorías y otros. A estas “entraditas,” se suman probadamente el cohecho, la emisión de boletas de servicios falsas, y los furtivos depósitos en forma de “mesada” en sus cuentas bancarias. Es hora de terminar con esta vergüenza. Hay que poner fin a las felices “re-elecciones,” que, en realidad, los mismos re-elegidos se procuran en sus partidos, puesto que los dominan por completo; también hay que poner fin a la inmoralidad pública de sus sueldazos. Es preciso que se investigue, y en serio, qué capital y bienes tenían los parlamentarios antes de ser elegidos, investigación que debe alcanzar a partidos y “palos blancos,” y luego cotejar ese patrimonio con el que poseen hoy. Claro está, después pedirles cuentas sobre los orígenes de ese patrimonio, y proceder a las sanciones a que haya lugar. Finalmente, y lo más importante: Deben derogarse todas las leyes en que hubo cohecho, como la Ley de Pesca, en plena vigencia, cuyo origen es la inmoralidad pura. Si no se actúa hoy mismo ante la corruptela que campea en la política, ¿de qué otra forma podría el Parlamento como Corporación del Estado recuperar su honorabilidad?

LA URGENCIA DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 29 / 05/ 2015. “La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora – el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario.” (Jaime Guzmán, primer redactor de la Constitución Política de Chile en vigencia, 1980). La conclusión es obvia: cuando se redactó la actual Constitución, el objetivo de sus autores fue asegurar indefinidamente el tipo de Estado que ellos preconizaban de modo excluyente y sectario. Ese fue, en el fondo, el quid de todo: imponer al país unilateralmente una constitución política que consagrara un tipo muy específico de Estado, de acuerdo al programa de sólo una de las varias corrientes políticas existentes en la sociedad chilena. ¿Puede, entonces, llamarse “demócratas” a sus autores, los mismos personajes que desde el Parlamento hoy se niegan a terminan con ese engendro anti-democrático? Ahora veamos otro pensamiento. Cito textualmente: " La soberanía reside en el pueblo. Ella es una e indivisible, imprescriptible e inalienable. Una porción del pueblo no es la soberanía, ni puede ejercer la potencia soberana del pueblo entero. El pueblo siempre tiene derecho de rever y reformar su constitución. Una generación no puede sujetar irrevocablemente a sus leyes a las generaciones futuras. Todos los hombres libres tienen derecho a concurrir a la formación de la Constitución." (Fray Camilo Henríquez, 1813). He ahí dos pensamientos políticos sobre cómo se deben gestar las leyes que han de regir la vida social. Son, desde luego, diametralmente opuestos. El primero, el de la dictadura, anti-democrático, anacrónico, excluyente e impuesto exclusivamente sobre la base de la represión y la ausencia de las libertades públicas. El segundo, el del cura patriota Camilo Henríquez, es en cambio, democrático, inclusivo y dinámico, porque, aunque pronunciado hace 202 años, asegura la participación ciudadana tanto en su concepción como en su redacción. Asimismo, ese pensamiento garantiza el crecimiento, perfeccionamiento y adaptación de la Constitución política a nuevos tiempos; vale decir, es moderno y, sobre todo, humano. Esta es, precisamente, la diferencia entre una conciencia atrasada y opresiva, aquélla sobre cuya base se redactó la actual constitución, y una democrática y marchadora con los tiempos. Si nuestro deber ciudadano es honrar a pro-hombres de nuestra Historia como fue Camilo Henríquez, y con él, a todos los Libertadores, ¿qué impide que Michelle Bachelet y la clase política parlamentaria pregunten al pueblo qué tipo de Estado quiere, y por extensión, bajo qué tipo de Constitución Política se ha de ordenar la vida social de todos en nuestra Patria? La convicción de la necesidad de una nueva constitución ya se ha entronizado en el alma nacional, y ya nadie podrá evitar que el pueblo la tenga, ejerciendo así libremente su soberanía. Sin embargo, una vez más la mayor parte de quienes constituyen la clase política, transversalmente, pretenden usurpar al pueblo esa soberanía, y una vez más, con acuerdos bajo cuerda tomados entre cuatro paredes. De partida, no tienen ese derecho y, además, el pueblo, evidentemente, ya no les tiene confianza, y cada vez menos, en tanto su descrédito, prácticamente unánime en el país, aumenta cada día mientras más se conocen nuevos y peores actos de corrupción (CONTINUARÁ). La única vía posible de construir un nuevo cuerpo de leyes que refleje realmente la soberanía popular es la Asamblea Constituyente. Si la Presidenta de la República, a quien en primer lugar corresponde convocarla, no lo hace, no tendremos un Estado ni país realmente libre, en el que su pueblo haya expresado cabalmente su soberanía. Esto es lo que NO tenemos en Chile, puesto que se nos impuso una constitución por la fuerza, y bajo el imperio de un régimen dictatorial. Ningún Estado que haya tenido una dictadura y restablecido o fundado un régimen democrático ha dejado de anular por completo la constitución que lo rigió bajo dictadura. Un caso interesante es éste: En 1949, un tribunal en la República Federal Alemana procesó a una mujer según las leyes anteriores al ascenso de Adolf Hitler al poder. La mujer fue juzgada por haber delatado a un disidente anti-nazi, quien, nótese, era su cónyuge legal. El hombre fue declarado culpable por un tribunal nazi y condenado en primera instancia a muerte, pero no fue ejecutado, sino se le mandó a luchar al frente ruso. La mujer, en su defensa, alegó que su acción no había sido ilegal pues la conducta de su marido había contravenido las leyes vigentes en la época, las que obligaba a todo ciudadano a denunciar a los opositores. No obstante, el tribunal condenó a la mujer a presidio, por cuanto al restaurarse la democracia, según reza la sentencia, aquellas leyes eran "contrarias al sentido común y de justicia de cualquier ser humano decente." Por ende, la obligación de todo ciudadano alemán, aun bajo el atroz régimen dictatorial nazi, era no respetarlas. Hitler, si bien no eliminó completamente la Constitución alemana de 1919, aprobada en la ciudad de Weimar por una Asamblea Constituyente, le introdujo reformas que la dejaron irreconocible; entre ellas, su inmutabilidad, tal como lo quisieron los autores de la actual Constitución chilena. Los nazis, para evitar la posible rebelión de algunos militares de conciencia democrática (por lo tanto, contrarios a sus designios y al nuevo estado que fundaban, el “Tercer Reich”), sólo un año después de su ascenso al poder, asesinaron a varios altos militares de las FFAA alemanas, como Ernst Röhm, un antiguo amigo y partidario de Hitler. En Chile, recuérdese siempre, la ultra-derecha armada asesinó al General René Schneider en 1970 y Pinochet mandó matar a Carlos Prats en 1974. ¡Que parecidas estas dos historias! Lo primero que hizo el Estado alemán democrático (el occidental, obviamente) luego de constituirse poco después de finalizada la 2º guerra mundial, guerra inspirada e iniciada por los nazis, fue declarar ilegítimas todas las leyes impuestas por la dictadura de Hitler, restituyendo, con las debidas modernizaciones, su antigua constitución política. Por lo tanto, la defensa de aquella mujer que durante el régimen nazi denunció a su marido aduciendo que ella sólo cumplía con la ley, es básicamente ilegal, pues el basamento de las leyes impuestas al pueblo alemán por los nazis era totalmente espurio e ilegítimo, y sólo podían servir los intereses políticos de sus autores. Ese caso no fue el único. Los alemanes reconocidos después de la guerra por haber denunciado a disidentes anti-nazis fueron procesados y castigados. Hoy, lo único que pedimos es que en un plebiscito se le hagan al pueblo dos preguntas: si quiere o no una nueva Constitución, y si la quiere a través de la elección de una Asamblea Constituyente, o si dejamos a los “honorables” (¿honorables?) que decidan nuestro destino. En verdad, no es pedir nada del otro mundo si creemos sinceramente en la democracia.

CORRUPCIÓN (HABÍA MÁS TODAVÍA)

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 22 / 05 / 2015. Con su gigantesco poder financiero, los grandes empresarios descubrieron que podían manipular a su conveniencia a buena parte de la clase política, financiando transversalmente campañas electorales, ofreciendo millonarios cargos en directorios de sus empresas, o, simplemente, recurriendo al cohecho (léase, coimeando). Esta nueva forma de modus vivendi político, inédita en el pasado por su volumen, tiene su origen y data. Se desencadenó inmediatamente después del advenimiento de la dictadura cívico-militar que impuso en Chile un nuevo tipo de Estado, el Estado subsidiario, concebido y programado por la derecha; en lo económico definido, grosso modo, como el traspaso de las empresas del Estado a los mega-empresarios y, claro está, a varios nuevos ricos más, como el yerno del dictador. Las empresas mayores estatales habían sido levantadas con gran sacrificio por todo el pueblo de Chile por lo menos desde la fundación de la CORFO, durante la presidencia de Pedro Aguirre Cerda (1939-1942), el mismo mandatario radical autor de las históricas frases “Pan para el Pueblo” y “Gobernar es Educar.” Con Pinochet, el Estado las perdió prácticamente todas. El propio dictador fue uno de los beneficiarios de un orden que jamás habría podido implantarse e institucionalizarse en democracia. Sólo recientemente, la prensa ha revelado un hecho sucedido hace bastante tiempo: seis militares en retiro han sido formalizados por malversar fondos públicos a través del traspaso de dineros a las cientos de cuentas que tenía en diversos bancos del mundo Augusto Pinochet, bajo varias "chapas," como "Daniel López;" en fin, conforme a la usanza habitual de los delincuentes económicos. Según nos lo informa con todo detalle el periodista Benedicto Castillo en su reciente estudio “Pinochet el Gran Comisionista," los fraudes al Estado los hacían estos militares en calidad de secretarios privados del dictador. Abrían cuentas en el Banco Riggs, y luego las desviaban a 129 cuentas repartidas en todo el mundo, todas de propiedad de Pinochet. Añade Castillo que desde 1989, en plena democracia, el Servicio de Impuestos Internos (SII) no se querelló nunca contra el entonces senador vitalicio Augusto Pinochet ni su familia por estos fraudes, existiendo antecedentes de sobra como para hacerlo. Eran, al fin y al cabo, los mejores tiempos de la “política de los acuerdos” y de "las razones de Estado," la mismas razones acordadas entre cuatro paredes por los corifeos de las dos coaliciones reinantes en Chile desde el fin de la dictadura. Esas "razones de Estado," entre otras desgracias para el pueblo de Chile, al cual se le había prometido Justicia y democracia, y para nuestro propio prestigio como país, llevaron al gobierno de la Concertación a liberar al dictador de la Justicia internacional. Hoy, cuando las ollas de la corrupción se han destapado por completo, estos seis ex – militares deberán enfrentar la Justicia por “substracción de fondos públicos;” es decir, de dineros de todos los chilenos que engrosaron la fortuna del dictador hasta 21 millones de dólares. Estos “verdes,” desde luego, nunca tuvieron explicación legal alguna, lo que ameritaba una investigación. Una vez más, sólo serán los sirvientes y no los amos los que paguen los delitos de estos últimos. La fortuna del dictador, el verdadero malhechor en esta historia, la heredó su familia, y hasta ahora nadie habla de recuperarla desde esa fuente, por lo menos en parte. En suma, la corrupción partió en dictadura, y con el propio dictador y su familia a la cabeza. Alcanzó luego horizontalmente a la clase política, y también a nuestras FF AA. Como ya lo demostró la periodista Olivia Monckeberg en su libro-libelo “El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno,” así como el sociólogo Dauno Tótoro con su “La Cofradía Blindada,” son muchos los oficiales que se convirtieron en hombres ricos de la noche a la mañana, al hacerse de bienes y tierras expropiadas por la dictadura. “Cosas que ya pasaron,” dirán hoy algunos, pero no es del todo así. Informa la prensa que sólo hace unos días, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte de Santiago formalizó al mayor de Ejército Mauricio Lazcano por la emisión de más de cien facturas a nombre del Ejército por servicios informáticos que nunca se prestaron, ascendentes a 6 mil millones de pesos. Además, según la acusación, la empresa cómplice en el fraude pagó a Lazcano $200 millones en coimas. Antes de 1973, nunca en la historia de las FFAA se habían conocido casos como éstos.

NUEVO GABINETE

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 15 / 05 / 2015. De la formación del nuevo gabinete pueden desprenderse varias conclusiones. La primera es que la esperanza que se cumpla cabalmente el programa de gobierno que Nueva Mayoría (NM) ofreció al país comienza a desvanecerse. El actual estado de cosas, en su visión más general, parte de la comprobación empírica que la derecha chilena aseguraba el financiamiento de sus campañas electorales gracias a siderales sumas de dinero que les proporcionaban las mega-empresas chilenas. Esto, en verdad, no podía sorprender a nadie. Aquello se sabía desde hacía mucho tiempo por las declaraciones de muchos empresarios que ya en los años 90 daban cuenta de ello, aunque la ley lo prohibía. Obviamente, esto no podía ser aportaciones financieras gratuitas, porque, al fin y al cabo, los beneficiarios son los defensores de sus intereses. Ahora, esta situación se vino a complicar gravemente luego del estallido del caso PENTA y las falsas boletas de servicios emitidas, en su gran mayoría, por candidatos de la UDI. Hasta allí, todo marchaba sobre ruedas para NM, que asestaba a la derecha un decisivo golpe de gracia político, a sólo un año de su aplastante victoria electoral. Sin embargo, muy pronto la caja de Pandora se abrió, y aunque fuese en menor escala comparativa con respecto a sus adversarios, el país se enteró que una buena parte de los parlamentarios de NM también hacían lo mismo, en los marcos de una intrincada maraña de oscuros operadores políticos y lobistas. Vale decir, Chile se revelaba como la plutocracia perfecta: la política chilena era financiaba horizontalmente por el gran empresariado. Para la derecha, se había producido el ansiado empate, que abriría las puertas a la restitución de la vieja “política de los acuerdos,” en la que dándose al interior de una cancha cuyo rayado lo hizo enteramente ella, difícilmente puede perder mucho. Se ha iniciado, entonces, la marcha atrás, y, precisamente, lo prueba la conformación del nuevo gabinete. Súper dialéctico todo: Estamos viviendo la más aguda crisis de credibilidad hacia la totalidad del sistema político que recuerda la historia nacional, y ante ella NM sólo tenía dos giros posibles: expulsar de sus filas a TODO político y funcionario suyo metido en chanchullos de negociados, cohechos, fraudes y boleteos falsos, incluyendo al hijo de la Presidenta, enfrentando sin ambages al conservadurismo nacional cumpliendo el programa que prometió al país, o, simplemente, no hacerlo, y saltar, junto a la derecha, de un barco que se hunde. Llegó finalmente la hora de las definiciones y NM empieza, en la práctica, una forzada marcha atrás. De partida, nada cambiará en Chile si no tenemos una nueva Constitución, lo que todo el mundo sabe perfectamente. Pues bien, el Ministro del Interior, el DC Burgos, que se autodefine como persona "prudente,” ya ha anunciado que no se reemplazará la actual Constitución por una nueva y básicamente diferente, sino que sólo habrá "cambios" que se harán haciendo uso de sus mismos instrumentos. Esto es imposible, algo que también él, el gobierno, la derecha, la izquierda y toda la ciudadanía de Chile saben perfectamente. Su primer autor, Jaime Guzmán, declaró públicamente, y varias veces, que ella sería prácticamente inmutable, por los altos quora parlamentarios para introducirle cambios estructurales en la economía, y por la supresión “ad aeternum” del régimen proporcional de elecciones. Remata Burgos su discurso descartando abiertamente el más legítimo de los métodos para que el pueblo ejerza su soberanía: levantar una Constitución Política a través de una Asamblea Constituyente. Y, bueno, ¿cuál será la respuesta de los invitados de piedra “de izquierda” a NM, el PC, el MAS de Navarro y la IC? ¿Seguirán todavía allí sólo para preservar sus status de partidos "institucionales" sólo para mantenerse a flote en un país obligado a no cambiar nunca? ¿O iniciarán, por fin, el camino de reagruparse en torno a la re-fundación del Estado chileno? Por supuesto, tal cambio sólo puede partir con una nueva Constitución Política, surgida inequívocamente de la soberanía popular. Burgos acaba de advertirnos que eso no está en los planes del gobierno que ahora él vice-preside.

“WIKILEAKS” IQUIQUEÑO.

PROF. HAROLDO QUIN TEROS. 01 / 05 / 2015. Las filtraciones del “whatsApp” creado por el senador Fulvio Rossi para comunicarse de manera expedita con sus colaboradores locales no revela, en verdad, nada nuevo, excepto su extrema imprudencia al haber creado tal recurso de mensajería con la seguridad que nadie, excepto el senador y sus cercanos podrían acceder a él. Por cierto, en estos tiempos, es realmente una supina ingenuidad creer que exista privacía en materia de comunicaciones. Por esto es que resulta divertido cómo el diputado UDI Enzo Trissotti se solaza con los efectos mediáticos que han tenido esas filtraciones, que ponen al descubierto de manera especialmente cruda ciertas disensiones internas por las que atraviesa la coalición de gobierno en la región. Trissotti olvida, o se hace el olvidadizo, del capítulo más bochornoso de la historia política nacional en materia de riñas políticas personales, aquel que protagonizaron los dos mayores líderes de la derecha chilena, el ex - presidente Piñera y la reciente candidata presidencial de la derecha, la militante UDI Evelyn Matthei, cuando ésta espió los llamados telefónicos de Piñera con el único fin de acabar políticamente con él para siempre. No deja de llamar la atención que Rossi haya bautizado su whatsApp como “PS recargado.” ¿Es esta la manera de referirse a su partido, el Partido Socialista de Chile, una antigua organización política en la cual militó el presidente Allende y milita hoy la actual Presidenta Bachelet? “PS Recargado” sólo puede evocar la película yanqui “Matrix Recargado,” el relato ficción de un mundo secreto, conspirativo e imperceptible desde nuestra dimensión, cuyo fin es el control de las personas. ¿Por qué Rossi no eligió un nombre menos siniestro para su invento, o es que su whatsApp, con toda intención suya, es precisamente eso mismo? En fin, el whatsApp en cuestión es básicamente reflejo de las conocidas reyertas públicas que Rossi ha protagonizado con el diputado comunista Hugo Gutiérrez, que ya conocemos; de modo que, objetivamente, lo único nuevo que nos trajo “PS Recargado” es el hecho que Rossi haya involucrado en sus mensajitos secretos a los dos más altos personeros de la actual administración, empezando por la propia Presidenta. En efecto, Rossi escribió que su contendor Gutiérrez no vale nada en La Moneda. A buen entendedor, pocas palabras: con eso quiere decir que la Presidenta no quiere a Gutiérrez, y, por ende, entre los dos y sus disputas, ella se quedaría con Rossi, y lo que éste le sugiera sancionar en la región. También en el lío aparece el Ministro del Interior Peñailillo, con quien el senador estaría conversando con el fin de exonerar de su cargo al gobernador de El Tamarugal Claudio Vila, de quien todo el grupo “PS Recargado,” sugiere que es un incondicional de “Barba” (Gutiérrez), el archi-enemigo de Rossi. Cierto o no, ya ahora Peñailillo debiera estar dando las explicaciones públicas correspondientes, puesto que Rossi no las ha dado. En torno al incidente, al parecer, Rossi se querellaría por violación de la privacidad, delito, por supuesto, tipificado en la Ley. Una acción de este tipo significaría una investigación dirigida a identificar a quien sustrajo por ahí algún celular, un notebook o un pendrive. Lo más probable es que esto termine en nada, y, lo peor para Rossi, es que además de no afectar ni disminuir ante la opinión pública la veracidad de las expresiones vertidas por él y sus amigos de “PS Recargado,” sólo mantendrá vivo el escándalo. ¡Sancta simplicitas!, como decían los latinos. Esto sólo serviría para agravar la penosa situación de deterioro de imagen en que se encuentra el joven senador, de la cual es, en realidad, imposible que pueda salir.

BARROS, CELIBATO Y PEDERASTIA.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 17 / 04/ 2015. Tanta preocupación pública por Penta, Caval y Soquimich, que nos hemos olvidado de otros casos tan importantes como aquellos, como lo es, entre otros, el caso de la asunción de Juan Barros al obispado de Osorno. Así que vamos hoy a este asunto. Pero antes, una reflexión: En junio de 1809, ante la llegada de Napoleón y sus tropas a Roma, el Papa Pío VII se refugió en el palacio del Quirinal. Hasta allí, cuenta la leyenda, llegó el Corso y sostuvo un breve diálogo con el Pontífice. El emperador, reconocido agnóstico anticlerical (lo que le ha valido hasta hoy el mote de “El Anticristo”), espetó al Papa: “Vengo a terminar con la Iglesia y su infame y corrupto poder.” El Papa, impertérrito, le respondió: “Eso es imposible. No hemos acabado nosotros con la Iglesia, ¿y pretende hacerlo usted?” El contenido de la anécdota es simple: a pesar de sus muchas y graves faltas en el curso de su historia, la Iglesia sabe que el pueblo jamás la abandonará. Su continuidad histórica, entonces, no reside tanto en su antigua y reconocida prudencia y astucia política, sino en algo que se ubica mucho más allá de la institución: la Iglesia es el ente ideológico y administrador de la necesidad de los seres humanos de una razón sobrenatural sobre su existencia y destino, y en el caso de lo cristianos, de contar con un Dios Padre protector, y si son católicos, de una Madre Protectora, María, a la que, en los hechos, veneran e invocan más que al propio Dios Padre y su Hijo. Hoy, a la Iglesia no la están avergonzando las barbaridades de la Inquisición o su complicidad con estados corruptos y opresivos, sino los casos de pederastia protagonizados por muchos curas - y hasta de monjas – prácticamente en todos los países en que ella existe. Tales casos de perversión sexual, obviamente, también debieron darse en la Iglesia en el pasado, pero con total impunidad debido al inmenso poder político que tenía, otorgado por la clase dominante que por siglos la declaró legalmente parte constituyente del Estado. Además, todo era más fácil en esos tiempos porque no había libertad para denunciar ni exigir castigo por esos delitos. Hoy no es así. El sacerdocio, si bien es y ha sido ejercido mayoritariamente por hombres fieles a su apostolado, por desgracia también conviene a individuos tendientes a las perversiones sexuales, como los pederastas. Estos sujetos, en la mayoría de los casos, se hacen intencionadamente curas porque nadie sospecharía que un célibe ministro de Dios sea un abusador sexual de niños, y, para beneplácito de aquellos, por desgracia, a los seminarios y escuelas eclesiales concurren miles de púberes confiados a la Iglesia por sus padres. Es una pena que la jerarquía eclesial, haya tendido a ocultar y encubrir por siglos los casos de pederastia. Ese error la tiene hoy expuesta al escrutinio y escarnio público a través de la prensa, los agitadores ateos y anti-eclesiales, el cine, etc., y a vergonzosas formalizaciones judiciales. Si bien el Papa Francisco, un estudioso jesuita, elegido precisamente por ser un hombre moderno, ha tenido brillantes pronunciamientos sobre la secularización de la Iglesia, su reciente anuencia a la designación de Juan Barros como obispo de Osorno ha causado conmoción y desilusión entre muchos católicos. Como sabemos, penden sobre Barros graves acusaciones de encubrimiento y omisión con respecto a las probadas tropelías sexuales del cura Fernando Karadima. El Papa debió tomar en cuenta, por lo menos, el rechazo público de muchos católicos observantes a esa designación, y no ejecutarla, o por lo menos, dejarla pendiente. Esto fue un funesto mensaje para los católicos que quisieran ver a su Iglesia marchando, ya ahora, con los nuevos tiempos. De la obligación del celibato sacerdotal, se desprende inevitablemente, por parte de la Iglesia, un dejo de rechazo al sexo entre hombre y mujer. Esto es algo que favorece al pederasta homosexual (el que más abunda en los casos de pederastia conocidos en la Iglesia), puesto que su preferencia sexual no es la mujer, adulta o niña. Curiosamente, el celibato fue impuesto bajo el pontificado del Papa Paulo III (Concilio de Trento, entre 1545 y 1563), un político corrupto, nepotista, además de clérigo disoluto y padre de muchos hijos naturales. Para justificar esa imposición, Paulo III y sus seguidores recurrieron a una metáfora bíblica relativa a la dedicación al servicio eclesial. Jesús dijo: “… hay eunucos que fueron castrados por los hombres; y eunucos que se castraron a sí mismos por amor del reino de los cielos” (Mateo 19:10). Si se atiende bien al contexto general de la metáfora, ésta no implica la obligatoriedad de “castrarse,” noción que reafirma el Apóstol Pablo, sabedor, como hombre culto que era, de la inevitable líbido que nos acompaña desde el nacimiento, especialmente activa en la masculinidad. En efecto, Pablo no obligó a los primeros presbíteros (los curas de hoy) al celibato; vale decir, sólo lo recomendó porque sabía que no se cumpliría cabalmente, con el subsecuente desprestigio y vergüenza pública para la Iglesia. Sin duda, esta opción la han debido asumir muchos luchadores espirituales y sociales a lo largo de la historia, como el propio Pablo, que se dedicaron por entero a su causa, abandonando todo por ella, incluida la vida matrimonial y sexual. Dijo San Pablo, estando en plenitud a la cabeza de la Iglesia: “… esto lo digo por condescendencia, que no lo mando… me alegrara que fueseis como yo, más cada uno tiene de Dios su propio don… si no tienen don de continencia, cásense pues más vale casarse que abrasarse” (Corintios I, 7: 6-9). Además, su simpatía por el matrimonio de los sacerdotes es evidente. Dice que el presbítero debe ser “sin tacha, casado una sola vez,” es decir, no polígamo, sino marido de una sola mujer (“unius uxoris vir)” (Tito 1: 5-6). Si la Iglesia volviera a San Pablo, se ahorraría los bochornos por los que pasa hoy, como el penoso espectáculo del obispo Juan Barros en la misa de asunción de su cargo. En realidad, sorprende la porfía eclesial ante las evidencias de muchos estudios al respecto, como el del español Pepe Rodríguez, autor de “La Vida Sexual del Clero” (Ed. B., Barcelona, 1995), cuya conclusión es que sólo una infinitésima parte del clero católico cumple o ha cumplido con esa obligación en su vida sacerdotal. En verdad, en el pasado la razón del celibato era económica. Un cura casado significaba la manutención no sólo de él sino de su mujer y sus hijos, que en esos tiempos debían ser “todos los que mande Dios.” Además, como al morir los curas no tenían hijos –reconocidos, por supuesto- todos sus bienes los heredaba la Iglesia. Hoy, la Iglesia acepta el control natural de los nacimientos, y, además, tiene fuentes duras de sustento: la contribución diaria de los fieles, sus bancos, empresas, instituciones educacionales, etc. Finalmente, si católicos casados que trabajan accedieran al sacerdocio, como asimismo las mujeres (ah, para eso sí que falta tiempo), su número sería tal, que no faltaría asistencia espiritual a ningún católico que la requiera. En fin, ¿se pondrá la Iglesia Católica a la altura del tercer milenio y sus nuevos tiempos?