LA QUEMA DE JUDAS.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 25 /03/ 2016. En años anteriores, y por estos mismos días de Semana Santa, hice referencia a la "Quema de Judas," un espectáculo que en Iquique sus organizadores exhiben como la preservación de una amable tradición iquiqueña. Noto, para empezar, que cada vez estas personas son menos del grupo de los antiguos iquiqueños que vamos quedando, porque, evidentemente, desconocen mucho del origen e historia de este show, pues recientemente han dado datos a la prensa local que son definitivamente incompletos y falsos. La Quema de Judas se inició al inicio de la década de los 40 y desapareció por completo a mediados de la década posterior. Mientras tuvo lugar, y desde su reposición hace algunos años, la cantidad de accidentes que provocó bastaría para que se suspendiera definitivamente, sobre todo en el caso de los niños, que se queman las manos en busca de las monedas que caen ardientes mientras arde el muñeco. No obstante, a pesar de la gravedad de estos incidentes, hay razones de mayor peso para que se ponga fin a este espectáculo. Para empezar, no es una tradición nuestra, si atendemos seriamente al significado del término “tradición.” Se llama así a aquello que se manifiesta de manera espontánea, anónima, continua y masiva y desde la base social. Esto no es eso, puesto que siempre ha tenido el carácter de farándula de calle, copiada de una versión anterior, y organizada por un grupo reducido de personas. Además, ni siquiera es realmente iquiqueño. Veamos: Siglos atrás, la quema de Judas era un tipo de "auto sacramental" católico, obviamente traído de España y Portugal, siempre acompañado de una pieza teatral sobre pasajes bíblicos. Se realizaba en toda América Latina, y su vigencia se correspondía con la muy primitiva y elemental religiosidad popular de esos tiempos. Con la Independencia, el progreso educacional y social, y la separación de la Iglesia del Estado al término del primer cuarto del siglo pasado, este acto desapareció en nuestro país. Sin embargo, un comerciante venido de Valparaíso, Jorge Muñoz Rojas, imitando a un congénere suyo también porteño, lo revivió en Iquique hace unos 70 años, pero con el único y exclusivo fin de promover su negocio, una tienda de cambalaches, “Mi Casa,” ubicada en la esquina noroeste de la calle Juan Martínez, en la intersección con Zegers. Cuando niño, mi familia era vecina de ese barrio, y recuerdo muy bien lo que entonces vi allí siendo pequeño, muchos Sábados Santos. Por ejemplo, recuerdo que mientras el monigote pendía de cuatro cables de acero sujetos a las esquinas de ese cruce de calles, la esposa e hijas de Muñoz Rojas repartían volantes entre las personas que iban al espectáculo: "Compre bueno y barato en Mi Casa… También le compramos a usted lo que no le sirve…”, etc. Mientras esas mujeres hacían lo suyo, un hijo de Muñoz Rojas, con la ayuda de un anciano que era dependiente y bodeguero de la tienda, lanzaba desde el techo de ella unos globos de papel de seda con las letras MI CASA. Los globos remontaban el cielo de Iquique impulsados por una tea encendida en su interior, así que podrán imaginar el pavor de los vecinos en una época en que virtualmente toda la construcción iquiqueña era de madera, y el agua estaba racionada en toda la ciudad. Mientras la familia del dueño de "Mi Casa" trabajaba en la promoción del negocio cambalachero, Muñoz repartía “cañas” de vino desde una ventana que daba a la calle Zegers. El hijo de Muñoz, finalmente, encendía el monigote. Terminado el espectáculo, mientras la gente abandonaba el lugar, un carretero, de esos de carreta y burro del viejo Iquique, cargaba su carreta con borrachos y los iba literalmente a tirar no lejos de allí, a la polvorienta calle Juan Fernández con la aun más terrosa calle Latorre, luego de recibir una propina de Muñoz. Unos años después se instaló en la calle Zegers con la calle Tacna (hoy Obispo Labbé) un negocio del mismo tipo, “Las Cachás Grandes,” pero que nada pudo hacer con la competencia que ofrecía “Mi Casa.” Al desaparecer “Las Cachás Grandes,” la gente empezó a llamar a la tienda de Muñoz, y a él mismo, “los cachos grandes,” lo que a Muñoz, por supuesto no le agradaba nada. La quema de Judas no se realizaba todos los años, y desapareció en 1955, cuando el negocio declinó, hasta desaparecer. Pero vamos a la parte realmente seria del asunto. En cuanto a su fondo, que es, por supuesto, religioso, es realmente muy extraño que la Iglesia Católica no se pronunciara antes ni hoy sobre este espectáculo, a pesar que muchos católicos lo reprueban, y con toda razón. Desde aproximadamente el Siglo VII, se realizaba en todos los países cristianos, y siguió hasta no hace mucho, en algunos del Mediterráneo. Hoy en día, su transformación y en muchos casos su desaparición, da cuenta de un fenómeno muy importante para el mundo cristiano, cual es la modernización y humanización de las expresiones religiosas cristianas. La “Quema de Judas,” es, en verdad, un rito completamente obsoleto. En España pervivió por más tiempo, en razón de la conquista musulmana de la península ibérica, que hacía de este acto, entre muchos otros, un rito de reafirmación de la identidad cultural y nacionalidad hispanas. España, convertida en la primera potencia del mundo occidental entre los siglos XV y XVIII, la impuso en toda Europa, con Inquisición y todo, en cuyo marco, a veces, en lugar de quemar un monigote que representaría a Judas, se quemaba vivas a personas consideradas herejes, i. e., enemigas de la fe. Normalmente, como cuenta Giovanni Papini en su genial obra "Espía del Mundo," mientras se quemaba a personas, o más tarde un muñeco, se lanzaban a una hoguera siete animales vivos que representaban los siete pecados capitales: un cerdo, la gula; un gato, la pereza; un asno, la lujuria, etc. Los tiempos, felizmente, terminaron con esa atroz barbarie, y para siempre. La “quema de Judas,” en el tono que se le da en Iquique, ya no se realiza en ninguna parte. Si bien esto aún ocurre en unos muy pocos pueblos del Mediterráneo, tiene una connotación jocosa. En España, por ejemplo, al muñeco no se lo quema, en clara alusión a la repulsa que causa el recuerdo de la Inquisición, sino que se lo apedrea o mantea hasta destrozarlo. Esto, porque, al fin y al cabo, aunque se trate de un monigote de pacotilla, representa un ser humano. Los tiempos, por cierto, han cambiado, y mucho. Hoy, cuando cada persona tiene la libertad de estudiar, investigar, pensar lo que le plazca y sacar sus propias conclusiones en cualesquiera asuntos, incluida la religión, lo que muchos aún llaman la "traición de Judas," está en severo entredicho teológico. Desde la perspectiva propiamente religiosa, Judas Iscariote no hizo más que cumplir un rol que alguien debía forzosamente cumplir, como parte del designio divino que el Hijo del Hombre debía morir y resucitar para la salvación de la Humanidad; y lo más importante, que se suicidó porque, lógicamente, se sintió atormentado y arrepentido de su acto, lo que, a la luz de la propia doctrina cristiana del perdón, lo redime para siempre. Por otra parte, desde la perspectiva laica histórico-sociológica (asumiendo que el Nazareno realmente existió), bien pudo ser que Judas entregó a Jesús por el ansia de Judas de liberar al pueblo judío de la dominación romana, y con ello, por la desconfianza que tenía en el método pacifista de vida propagado en su prédica. Así que, no gracias, a esta quema simbólica, o en juego, de un ser humano, y en fin, esperemos que alguna vez se acabe para siempre este morboso acto que sólo nos desprestigia como ciudad. Nos sobran otras tradiciones que conservar, y que,además, son más humanas y verdaderamente nuestras.

DESMUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR.

PROF. DR. HAROLDO QUINTEROS. 22/ 03/ 2016. Hace unos días, el senador Rossi llamó al alcalde Soria a entregar la educación municipal al gobierno, debido, según sus palabras, al fracaso en calidad que ésta registra, a raíz de los continuos bajos resultados SIMCE en la comuna. De los dichos de Rossi, salta a la vista la ingenuidad del senador al suponer que nadie se dará cuenta que se ha acordado de la educación municipal en Iquique justo ahora cuando, por una parte, está compelido a limpiar su deteriorada imagen ética en materia política, y cuando, por otra, el alcalde Soria acaba de anunciar oficialmente que ya es candidato al Senado. En verdad, el comentario de Rossi no responde a mayor convicción en materia de educación, sino a la inveterada obsesión suya por desplazar al viejo caudillo, que si de veras llega a ser candidato al Senado, Rossi puede empezar a olvidarse definitivamente de volver a él, por lo menos en nuestra región. Eso, para empezar. Además, las palabras de Rossi revelan, una vez más, que el joven senador entiende muy poco de educación. Veamos: Primero, la calidad de la educación no sólo se mide con pruebas de conocimientos, sino también con arreglo a otras variables, entre ellas la más importante de todas, la calidad del ambiente, convivencia e interacción diaria al interior de las escuelas entre docentes y educandos, como asimismo entre la escuela y los padres, familias y tutores de los niños. Eso implica la destinación de fondos a la correcta estructuración y re-estructuración de dependencias en las escuelas, la contratación de trabajadores sociales, psicólogos y psico-pedagogos profesionales para cada establecimiento, especialmente en localidades, como Iquique, en que hay fuertes expresiones de desigualdad social, problemas de violencia y abandono de los niños al interior de muchos hogares, drogadicción, casos de suicidio juvenil, etc. A ello, hay que sumar la aplicación de ciertas estrategias metodológicas en el plano del currículo general de cada escuela, asunto que no compete a políticos, sino exclusivamente a especialistas. En segundo lugar, aun con su relativa validez evaluativa, cuestionada desde hace mucho tiempo por infinidad de expertos, SIMCE (“Sistema de Medición de la Calidad de la Educación”) no mide toda la calidad educacional, sino, a pesar de su pretencioso nombre, sólo una parte de ella, el rendimiento asignatural. Además de ciertas fallas metodológicas muy evidentes, es una prueba de tipo nacional en un país por definición diverso y heteróclito hasta la exacerbación. En Chile, desde hace mucho tiempo se viene aplicando esta prueba por igual a niños de las escuelas de Las Condes o Vitacura, como a los que asisten a las escuelitas rurales de la Araucanía o las masivas escuelas de las barriadas santiaguinas de Cerro Navia o la Legua. En verdad, lo que más refleja SIMCE son las agudas diferencias de clases que hay en Chile, y con ello, respalda la acusación de la OCDE contra nuestra educación escolar, en el sentido que su calidad está “directamente asociada al ingreso familiar.” Obviamente, pruebas como SIMCE no existen, en absoluto, en países que exhiben buenos niveles educacionales. En los demás, si existen, son descentralizadas y muy acotadas a contenidos regionales. La educación escolar es de administración municipal en todos los países de democracia avanzada del mundo, y, por lo tanto, decididamente descentralizada. Es lo que Rossi debiera propugnar, como miembro de un partido político que, por lo menos en la letra, es democrático y de izquierda. La municipalización de la educación no es más que una expresión del particular orden democrático y participativo que los países de buen desarrollo educacional se han dado. Su sentido y pilar es la participación del pueblo en la educación de las jóvenes generaciones, que sólo puede partir desde la primera instancia de la democracia, la comuna. En los países en que la educación es municipalizada, existen los “consejos comunales educacionales,” cuyos dirigentes son elegidos en elecciones populares. Por lo tanto, a contracorriente de la probada eficacia internacional que exhibe la municipalización en democracia, el actual gobierno de Chile está cometiendo un muy serio error, quizás el más grave de toda su gestión, al decretar la desmunicipalización de la Educación, en lugar de mejorar el actual sistema municipal. Para que no reclamáramos quienes, modestamente, entendemos de Educación, el decreto desmunicipalizador del gobierno viene, efectivamente, con los “consejos locales educacionales,” pero curiosamente hasta hoy, tal capítulo de la propuesta ni siquiera se ha discutido, ni formulado sus alcances en ningún punto ni materia; menos aun ha sido discutido en instancia alguna. Ni siquiera sabemos si se ha redactado o se está redactando. …………………………………………………………. PROF. DR. HAROLDO QUINTEROS. 22/ 03/ 2016. DESMUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR. (Segunda parte) Lo más divertido de la propuesta desmunicipalizadora del gobierno es que ella podría contar con el respaldo de la derecha, la misma que hizo todo lo contrario, pero en dictadura. Con respecto a la “municipalización” en dictadura, el dato mayor de la causa es que el traspaso de las escuelas y liceos públicos a las municipalidades en Chile no tuvo origen ni basamento democráticos; vale decir, fue nada más que una de las tantas medidas autocráticas de la dictadura cívico-militar de derecha que acabó con nuestra antigua democracia. Según rezaba la propaganda dictatorial de la época, la única permitida, la municipalización era signo que Chile estaba “aprendiendo” de los países de excelencia en materia de educación. Sin embargo, la dictadura se hacía la desentendida del hecho que todos esos países eran democráticos, que en ninguno de ellos existían las descomunales desigualdades sociales que se multiplicaron exponencialmente en razón de la imposición del modelo social y económico que advino con ella, y que aún perviven en nuestros días. Finalmente, en su propaganda la dictadura jamás mencionó los consejos locales educacionales, cuya constitución es inexorablemente inherente al modelo municipalizador. Por ello es que el traspaso de la educación escolar desde el Estado a las municipalidades no era sincero ni podía ser efectivo. Además de todos los abusos que se cometieron en materia laboral, profesional y humana con nuestros maestros, la municipalización, a diferencia del modelo democrático de municipalización, sólo se confinó a la educación pública; tampoco se hizo algún distingo medianamente serio entre los municipios con mayor capacidad de financiamiento y los más pobres; los alcaldes de la época eran exclusivamente personajes de derecha designados desde el Ministerio del Interior, y a su vez, ellos designaban a los directores de las escuelas, y, bueno, mejor paro de contar. Aquello, recto verso, no era municipalización de la educación, como se quiso hacer creer al pueblo de Chile; sino una forma de control ideológico-político sobre los docentes, los asistentes de la educación de la época, los alumnos de los cursos mayores de la educación secundaria, sus hogares y la sociedad toda. El gremio de los profesores (el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTE) ya estaba disuelto, con muchos de sus antiguos dirigentes presos o asesinados. Lo peor de toda esta comedia es que la municipalización hecha en dictadura sigue casi invariable hasta hoy. Los municipios aún observan desiguales competencias técnicas para su administración; ante la ausencia de consejos comunales educacionales, los alcaldes siguen siendo pequeños señores feudales que pueden hacer lo que se les venga en gana en la administración de la educación local, como, por ejemplo, en cuanto la contratación de personal, en la que, como sabemos, demasiadas veces priman los intereses político-partidistas y el nepotismo por sobre las capacidades profesionales; las áreas educacionales de los municipios del país no se conocen entre sí, lo que hace difícil planear acciones regionales conjuntas; existen municipios al borde de la quiebra, con tan serios problemas de financiamiento, que ni siquiera pueden solventar el pago de imposiciones de docentes y asistentes de la educación. En este caos, entre otras barbaridades, como efecto de sus crujías económicas, en muchos municipios ha habido malversación de los recursos provenientes de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), dictada exclusivamente para el mejoramiento de la educación en las escuelas que atienden a los niños provenientes de las familias pobres. A todo esto, también hay que agregar el hecho que hay alcaldes que no creen que la Educación es la más importante de las instituciones sociales, y la relegan a un plano secundario, distrayendo su atención principalmente en otras áreas. En resumen, la educación, sobre todo en nuestros tiempos de progreso de la idea democrática, de las comunicaciones y el desarrollo general de los países, no debiera, por ningún motivo, ser centralizada, y es eso lo que propugna el proyecto del gobierno. Toda la educación escolar, la pública, la privada, y la privada- subvencionada, debería ser de administración municipal, pero, por supuesto, jamás en la forma concebida e impuesta al país por la dictadura. Hoy, Chile tiene la oportunidad de asumir la municipalización de manera correcta; es decir, en un marco democrático de descentralización y regionalización. Sería así, si de este modo lo quisieran nuestros gobernantes y políticos profesionales. Volviendo a Rossi, si realmente quisiera mejorar nuestra educación escolar, no debiera confundirla con el problema senatorial que tiene con Soria, sino, abogar por frenar el proyecto de desmunicipalización en marcha. ¡Sancta simplicitas! , si se aplicara en Chile el modelo municipal correctamente, otro gallo cantaría en educación en nuestro país.

DÍA DE LA MUJER.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 08/ 03/ 2016. Hoy es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. En este día, en la prensa oral, visual y escrita abundan los panegíricos y loas a las mujeres, hasta el punto de definirlas, algunos de mis congéneres hombres, sean éstos periodistas, opinólogos y, obviamente, políticos profesionales, como seres cuasi divinos, y, desde luego, superiores a los varones. La verdad es que las mujeres no necesitan tantos piropos en este día ni en ningún otro, sino, simplemente, que en los 364 restantes del año, todos los hombres del mundo, incluidos los curas y predicadores antiguo-testamentarios fanáticos y misóginos, y, sobre todo, los hombres que han accedido al poder político, simplemente las consideren personas. Así de simple, PERSONAS. Vale decir, que tengan exactamente los mismos derechos y las mismas posibilidades de desarrollo personal de los hombres, cuestión que por siglos y siglos no ha variado sustancialmente. Como sabemos, y como lo han declarado incontables informes de organismos internacionales como la ONU, UNESCO y otros, en muchos países, incluido el nuestro, las mujeres no son respetadas a nivel social general, cuestión que indiscutiblemente es parte inherente a la cultura de la sociedad de consumo, en la que, incluso, muchas veces participan ellas mismas. Ello tiene su expresión en haber sido transformadas, desde hace mucho tiempo, en objeto de mercado sexual y de farándula (como diría Pamela Jiles, como “muñecas inflables”), y en la vida habitual, siguen siendo consideradas como un ser inferior, como “un hombre incompleto,” como decía San Agustín en el siglo V. Hoy, cuando tantas genuflexiones se hacen ante la figura de la mujer, ellas siguen teniendo en Chile y el mundo, sobre todo en la clase obrera, salarios inferiores a los de los hombres, aunque realicen la misma labor; el trabajo de la mujer en el hogar no es considerado como tal, las mujeres siguen siendo objeto de acoso sexual en el trabajo y de abuso verbal y físico en muchos hogares, sin que los acosadores ni los abusadores sean realmente sancionados; siguen marcando segunda prioridad cuando se trata de acceder a un puesto de trabajo, especialmente en las universidades y centros científicos de investigación; tampoco acceden con la debida facilidad a los cargos políticos y de poder, etc., etc. Personalmente, lo que más me impresiona es la ignorancia existente sobre el origen del Día de la Mujer. En general, algunos saben que un 8 de marzo, de algún año, hubo en algún lugar del mundo una especie de protesta en que murieron mujeres, y nada más. Para quienes no conocen bien en lo ocurrido, les cuento: En un día como hoy, en 1908, en Nueva York, Estados Unidos, las obreras de una fábrica textil protagonizaron una jornada de protesta, que tuvo un horrendo fin. Era una fábrica de vestuario, y ellas eran costureras, lavanderas y aplanchadoras. Habían planteado reiteradas veces sus demandas a sus patrones, sin ningún éxito. Sus sueldos eran mucho más bajos que los de los obreros estadounideneses; trabajaban más de 8 horas diarias sin compensación adicional alguna, aunque la jornada de las 8 horas ya era una conquista laboral conseguida por los trabajadores de Estados Unidos y de Europa varias décadas antes. Tampoco se practicaba en esta fábrica la debida mantención de las máquinas, lo que era causa de continuos accidentes. Había también otra demanda: La mayoría de esas obreras eran madres, y ellas pedían la habilitación de una sala cuna y un jardín infantil para sus hijos. Ante las negativas patronales, desesperadas, salieron a las calles en protesta, y días después declararon la huelga. De pronto, los patrones, y, en general, el sistema político imperante, inquietos por lo que estaba ocurriendo, decidieron aplastar el movimiento de aquellas mujeres. Les dijeron que estaban dispuestos a negociar, y las invitaron a una reunión en el interior del taller mayor de la fábrica. Sospechosamente, no aparecieron los patrones, sino unos representantes suyos, los que, inexplicablemente, venían acompañados de un numeroso piquete policial. Las mujeres fueron las primeras en entrar. Lo hicieron en fila y se ubicaron en asientos dispuestos en el interior. Al ingresar al recinto la última trabajadora, las puertas se cerraron abruptamente, y a los minutos sobrevino un feroz incendio. 129 trabajadoras murieron quemadas vivas o asfixiadas, al no poder escapar. Muy sugestivamente, ningún policía ni delegado patronal quedó encerrado en la fábrica. Sobrevino el juicio de rigor, y desde un comienzo las declaraciones de los sospechosos de haber causado el incendio fueron contradictorias. Como el cine y la televisión no existían, los hechos no se registraron visualmente, menos aun mientras sucedían, y, por lo tanto, era difícil probar la verdad. No obstante, siempre se supo que todo había sido una monstruosa masacre seguida por un montaje en el que se coludieron patrones, la policía, la prensa, el poder judicial y el poder político. A pesar de todo, se filtraron declaraciones de algunos policías que contaron todo. Mientras oficialmente se decía que todo había sido un “lamentable“ accidente, aquellos policías declararon días después que ellos, como asimismo varios de sus colegas, fueron obligados a encerrar a las mujeres “cumpliendo órdenes superiores,“ y que otros tantos recibieron la orden de un oficial superior de iniciar el fuego. El crimen, finalmente, quedó impune. El conflicto era social y político, puesto que al igual que la masacre de Chicago del 1 de mayo de 1856, que dio origen al Día Internacional de los Trabajadores, se trató de un episodio de confrontación entre capital y trabajo, y en estos casos, como sabemos acá y acullá, los que poseen la fuerza de las armas, las usan, si consideran que la situación es extrema. Desnudada toda la verdad, el horror que causó en el mundo esta masacre fue tal que los patrones debieron ceder a muchas de las demandas de las mujeres trabajadoras, que se alzaban organizadamente en todo el país. El propio gobierno central, algunos años después, decretó, incluso, el sufragio universal. Por extensión, y rindiendo mi más sentido homenaje a una coterránea nuestra, recordemos que demasiado tiempo después, sólo en 1949 (tanta hipocresía en Chjile, por Dios), nuestras compatriotas conquistaron ese derecho, a través de la lucha, en primera línea, de nuestra muy iquiqueña Elena Caffarena, Amanda Labarca, María de la Cruz y otras próceres chilenas de los derechos de la mujer. Empero, la brega por los derechos de nuestras madres, hermanas, esposas, hijas y amigas no ha terminado. La discriminación sexual y el machismo han perdido bastante terreno, como asimismo las posturas retrógradas ultra - conservadoras que se negaban a aceptar el divorcio, el control responsable de la maternidad, y hasta una ley de filiación. Hoy, a la zaga de todos los países desarrollados y democráticos del mundo, aún no se resuelve el tema del aborto sobre las tres causales ya conocidas; siguen las violaciones y los femicidios, todavía hay muchas fábricas y lugares de trabajo sin salas-cunas; como promedio nacional, las mujeres trabajadoras chilenas ganan un 33% menos que los hombres; etc., etc.. En fin, falta mucho por hacer. Se trata de una lucha en la que, también, todo hombre justo y digno debe participar. La brecha ya fue abierta. La abrieron, para el mundo, esas tiernas y heroicas mártires estadounidenses, aquel 8 de marzo, hace 108 años.

NUESTRA DISCRETA CLASE POLÍTICA.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 14 / 02/ 2016. El público apoyo de José Miguel Insulza a Pablo Longueira, y el espaldarazo que este gesto ha tenido de varios caudillos del Partido Socialista (PS. el partido de Insulza), de varios jefes más de partidos de Nueva Mayoría (NM), y, obviamente de toda la derecha, es la más reveladora fotografía que pudo tomarse la clase política chilena (digo “clase política” a sabiendas que algunos ortodoxos no aceptarán el término. Creo, empero, que cabe perfectamente en el caso del grueso de los políticos profesionales chilenos). Aunque esta clase, por mandato de las leyes de la Historia, de seguro será transitoria, se presenta ante el país y el mundo entero en la forma de un match entre dos gladiadores que se disputan apasionadamente el gobierno del país, los hechos - lo único que cuenta en política y en todas las cosas de la vida - vienen demostrando irrefutablemente que tal match no es sino un “tongo,” y desde hace bastante tiempo. Funciona, ni más ni menos, a la manera de las clases sacerdotales hereditarias de la Antigüedad, i. e., como un grupo de privilegiados que creen en el mismo dios y a los cuales los pueblos los veneran en periódicos ritos, como hoy son los actos electorales y sus campañas. La legislación que enmarca nuestra sociedad ha sido elaborada en función de los intereses de la clase dominante en lo económico, la misma que hoy, mientras se dedica a lo que le da vida, los negocios, asegura su carácter dominante financiando horizontalmente a la clase política, la que le sirve a las maravillas para mantener un falso clima social de “paz,” “acuerdos,” “democracia,” etc., gracias al poder que el pueblo le otorga voluntariamente en las elecciones, aunque por suerte, cada vez con menos entusiasmo. Esto no sólo permite a los individuos que integran la clase política perpetuarse en el poder, sino, además, preservar indefinidamente el status quo vigente, el hasta ahora inamovible organum capitalista subsidiario neoliberal que fuera impuesto al país por el imperio estadounidense y la derecha nacional a través de una dictadura cívico militar que consiguió recuperar el poder del Estado en 1973 por la única vía que le era posible, la violencia. Esto sucedía cuando el avance de las libertades populares - que permitía a medias el modelo constitucional de entonces - había desbordado todos los límites y se acercaba a la estructuración de un orden económico nuevo. En verdad, a pesar de su aparente perfil confrontacional, la clase política chilena actúa unida. Lo hace como un grupo compacto, cerrado, elitario y unísono cuando se trata de abordar los temas realmente claves. De hecho, en el concierto de las naciones capitalistas del mundo, ninguna de las reformas actualmente en curso en Chile, en materia tributaria, educacional, sanitaria o laboral, se acercan siquiera a las estructuras que en esos rubros caracterizan a los países capitalistas más conservadores. Vale decir, las concesiones que de vez en cuando hace la derecha política nacional, no alteran las bases sobre las cuales se sostiene el sistema. Estamos, en estricto rigor, ante el más perfecto complexio oppositorum (opuestos que, al fin de todo, están unidos), concatenado en su interior por compromisos económicos con el sistema imperante del más diverso tipo y calibre, por el control que tienen sus integrantes sobre las burocracias de sus partidos políticos, por relaciones de nepotismo, amiguismo, y servilismos locales a poderosos caudillos de provincia que darían envidia a las peores dictaduras centroamericanas de los años 50. Con gran precisión, como si fuera sido escrito con dedicatoria al caso chileno, el novelista y pensador estadounidense Donald de Lillo señaló: Quienes tienen el poder harán todo en secreto con el fin de mantenerlo y afianzarlo. Pues bien, la clase política nacional hace tiempo que exhibe esta oscura impronta. El más flagrante ejemplo lo grafica la reciente firma de la Presidenta de la República en el pre-acuerdo de aceptación por parte de Chile del Acuerdo Transpacífico (Trans - Pacific Partnership, TPP), pacto comercial que integra a Chile en calidad de satélite a una asociación internacional de comercio controlada sin contrapeso por Estados Unidos, con arreglo a sus intereses y condiciones. Si el TPP fuese tan conveniente para Chile, como alega el gobierno y la derecha (vale decir, la clase política nacional), ¿por qué durante meses se realizaron secretamente conversaciones entre Chile y Estados Unidos, antes que se firmara el pre-acuerdo, sin conocerse su texto ni en lo más mínimo? Además, ¿por qué la entrada definitiva y formal de Chile al TPP será próximamente sometida al voto del Parlamento –como corresponde legalmente hacerlo- sin información a la ciudadanía, a tiempo y completa, sin ningún examen crítico público, sin una consulta o encuesta popular que lo legitime, como se haría en cualquier país democrático? Su próxima ratificación, obviamente, ya es un hecho, porque así ya lo ha acordado la clase política. No fue discutida seriamente en el país, y tampoco lo será en el Parlamento. Por cierto, todo esto ocurre sabiéndose que la mayor parte del país rechazaría el TPP si se aventaran con claridad y transparencia sus alcances. Esto de la clase política de actuar a escondidas, cobró ribetes realmente dramáticos cuando nos impusimos de la distribución secreta e ilegal de dineros de SQM y otras mega-empresas a connotados líderes de Nueva Mayoría (NM) y de la derecha, para –hasta donde sabemos- el financiamiento de campañas electorales. Vale decir, estas platas se destinaban a prácticamente toda la clase política. Esto, simplemente, revela un masivo dolo contra el Estado, tras la expedición fraudulenta de boletas de honorarios ideológicamente falsas al Servicio de Impuestos Internos. No obstante, revela dos cuestiones más graves aun: Primero, el colectivo compromiso que existe entre la clase política y quienes detentan y manejan el concentrado sistema capitalista imperante y, segundo, el conocimiento mutuo y cómplice que las dos grandes coaliciones tenían de su participación en un acto ilegal e inmoral. En medio de este descalabro moral, justo ahora, surge Insulza quien, a la manera del Chapulín Colorado, pone su coraza de “panzer” en defensa de su afligido amigo y socio Longueira, acosado por la Justicia por ser el más conspicuo protagonista del delito señalado. José Miguel Insulza, probablemente el más importante militante socialista (es, por cierto, el más conocido socialista en el exterior), entre otros panegíricos, definió a Longueira como un “estadista,” porque éste, en sus tiempos de corifeo mayor de la derecha, había demostrado “capacidad de llegar a acuerdos” con la ex - Concertación. Esto es enteramente cierto, pero ¡vaya qué acuerdos!, tomados en secreto, sin conocimiento, escrutinio ni consentimiento de la ciudadanía. Recordemos, por ejemplo, el caso “MOP-gate,” un escándalo de corrupción al interior de dos gobiernos de la Concertación, que finalmente quedó en la nada, como igualmente quedaron en la nada los casos COPEVA, las indemnizaciones multimillonarias e ilegítimas que se pagaron a funcionarios de gobierno que no habían jubilado ni que habían sido despedidos, y los copiosos dineros, hasta hoy irremediablemente perdidos, que Alemania envió a Chile para ser entregados a los ex - exilados chilenos que se refugiaron en ese país. Y, bueno, mejor paro de contar. Por entonces, la evidente moneda de cambio fue la salvada de Pinochet, un criminal que había caído en manos de jueces extranjeros para ser juzgado de acuerdo a Derecho Internacional. El gobierno concertacionista de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con la intervención directa del entonces canciller Insulza, consiguió traer de vuelta a Chile al dictador, con la promesa formal de juzgársele, pero éste no pisó el estrado de ningún tribunal luego de inventársele una inexistente “demencia senil,” burda farsa que se transformó en el mayor bochorno que Chile pudo haber tenido en toda su historia judicial ante el país y la comunidad de naciones. Como en un operático finale brillante, la lista de “felices” acuerdos signados entre los dos grandes bloques integrantes de la clase política nacional la vino a rematar Ricardo Lagos, quien, en septiembre de 2005, en calidad de Presidente del país, refrendó con su firma la espuria Constitución de 1980; por supuesto, con algunos arreglitos por aquí y por allá, para simular que en lo básico de su estructura ideológica seguía totalmente intacta. Muchos creyeron que este acto, más la salvada del tirano, tendría como efecto la aprobación popular de una nueva Constitución Política, o por lo menos, el fin del sistema binominal de elecciones. Por supuesto, nada de esto sucedió. A propósito, hoy se habla de cambiar la Constitución de 1980, bandera que agitaba la flamante Concertación de Partidos por la Democracia en la histórica campaña del NO en 1988, como asimismo en la campaña electoral que llevó a la presidencia del país a Patricio Aylwin en 1990. Hoy, el gobierno está proponiendo cuatro alternativas, entre ellas, en último lugar, la Asamblea Constituyente; en verdad, internacionalmente, el único expediente verdaderamente democrático para darse un pueblo una Constitución Política. Aunque explícita y horizontalmente muchos dirigentes de la clase política han manifestado su rechazo a la Asamblea Constituyente, por lo menos, se ha abierto una tímida puerta que permite llevar a la discusión pública su necesidad, lo que podría significar (¡albricias, por fin!) la muerte del engendro dictatorial de 1980, aún vigente . Atención, entonces: habrá que ser extraordinariamente firmes en llevar adelante esa alternativa, dado el viejo historial de engaños y promesas incumplidas a que nos ha acostumbrado la clase política. Que la derecha nacional se juegue por preservar el orden existente es obvio, puesto que ella es su autora. Empero, que a esa defensa se sumen socialistas no tiene explicación, a menos que tales “socialistas” no lo sean. Los acuerdos producidos al interior de nuestra clase política en orden a preservar la herencia dictatorial, son muchos y han sido fraguados desde el mismo día de la partida de Pinochet. Un reciente ejemplo es “el fin del sistema binominal,” que no es tal, sino el resultado de un acordado cambio superficial del sistema de elecciones parlamentarias, el más ingenioso invento de la dictadura para preservar el sistema vigente. El binominalismo no ha terminado. Por el contrario, su falso fin no es sino una descomunal maniobra anti-democrática para evitar el surgimiento de una tercera fuerza alternativa e independiente que enfrente en cancha pareja y limpiamente a la corrupta clase política que nos gobierna. En otras palabras, preservar el binominalismo, con algunos cambios cosméticos, conviene tanto a la derecha como a los partidos mayores de NM. A la derecha, porque siendo minoría conserva el empate político que garantiza la inmutabilidad del sistema fundado por ella en 1973; al grueso de NM (que simula brillantemente su naturaleza de centro-derecha teniendo en su interior a comunistas, la IC y al MAS de Navarro), porque impide la formación de una fuerza auténtica de izquierda que le sea contrapeso ante los sectores populares más vapuleados por el neo-liberalismo. “El fin del sistema binominal” no es más que un conveniente re-distritaje para dos socios, al que hacía falta agregar un costoso y desproporcionado aumento de “honorables,” lo que significará un gasto adicional de miles de millones de pesos anuales que, obviamente, pagaremos nosotros. En los hechos, en el conteo de los votos seguirán prevaleciendo las listas sobre los candidatos independientes que obtengan primeras mayorías, sistema que, excepto Chile, no existe en ningún otro país del mundo. Sigamos con “los acuerdos” de nuestra clase política: En 1990, Codelco producía más cobre que las empresas transnacionales. Esto era así porque en ese tiempo cerca del 80% de la producción de nuestra mayor riqueza estaba en manos del Estado; hoy es menos de un tercio. La desnacionalización de nuestra riqueza básica no fue obra de la dictadura ni exclusivamente de la derecha, sino de la clase política nacional; es decir, fue acordada por la derecha y la ex – Concertación, y tuvo lugar, además, nada menos que en los gobiernos de esta última. El propio Pinochet había dejado vigente en la Constitución del 80 (Disposición 3° Transitoria) la nacionalización de la Gran Minería, la obra mayor del Presidente Allende, como asimismo la posesión del Estado de todas las riquezas mineras ya descubiertas y que se descubrieren en nuestro suelo. En 1990, un tercio de la generación eléctrica estaba en manos del Estado, con empresas como Colbún, Edelnor, Edelaysen, Termoeléctrica Tocopilla y Termoeléctrica Cachapoal. Todas fueron privatizadas en los marcos de la “política de los acuerdos.” Esto ocurrió en gobiernos de la Concertación, así como también se privatizaron todas las empresas del agua y de los puertos que pertenecían al Estado. En 1990, la colusión empresarial era objeto de penas que incluían la cárcel, según leyes de la propia dictadura. En 2005, Ricardo Lagos, Presidente de la Concertación y hoy presidenciable de ciertos recalcitrantes personajes de la derecha, propuso al congreso la Ley 19.911, en virtud de la cual se elimina la reclusión como castigo a este delito, que hoy tiene a gran parte de los chilenos empobrecidos y endeudados hasta la médula. Obviamente, la ley fue aprobada. ¿Por qué se promulgó esta ley? La respuesta es obvia: porque la colusión ya existía, y de ello, más obvio aun, Lagos y la clase política entera tenían pleno conocimiento. En 1990, las AFP eran casi todas chilenas, y la dictadura sólo permitía invertir el 10% de los fondos de pensiones en el extranjero. Gracias a esa limitación la rentabilidad de los fondos en esa época era bastante superior a la de ahora. La Concertación (con Bachelet en La Moneda), autorizó la colocación hasta el 80% de los fondos de pensiones en el extranjero, y, además, eximió a las AFP de pagar el IVA. Como guinda de la torta, les mejoró el negocio al aumentarles la cotización adicional. Hoy, una familia humilde debe pagar 19% de IVA al comprar pan (con Pinochet, era un 16%), mientras que a las AFP, aunque también pagan IVA por todo lo que compran, el Estado se lo devuelve, porque así lo establece la ley 20.255 de 2008; es decir, una ley dictada bajo la presidencia de doña Michelle Bachelet. En 1990, las universidades privadas no recibían créditos del Estado, ni sus estudiantes Créditos con Aval del Estado (CAE). Hoy estas universidades han proliferado y sus dueños se han hecho más ricos que nunca gracias a los CAE. ¿O creen ustedes que ya se acabó el lucro en materia educacional, tanto escolar como superior? En 1990, estaba estampado en la Ley que las resoluciones sobre los temas laborales eran, y son hasta hoy, de quórum simple y de iniciativa presidencial. Sin embargo, la clase empresarial, la posesora real del poder en nuestro país nunca ha permitido que los gobiernos engañosamente democráticos transformen la legislación laboral hasta un punto que pueda exponerlos a enfrentarse con la clase trabajadora en igualdad de condiciones. Llegado este momento, es cuando recurre, en primera instancia, a su brazo político oficial, los partidos reconocidamente de derecha. Si allí falta fuerza, están, además, aquellos políticos más importantes del resto de la clase política, que han sido financiados en sus campañas con recursos empresariales. Resultado: después de la dictadura, en los gobiernos que se decían democráticos, la clase empresarial ha tenido, en tanto tal, un desarrollo enorme, mientras que el sector laboral sigue estancado. La explicación oficial siempre ha sido “más no se puede hacer,” lo que no es cierto, y que “se necesita tranquilidad social que haga posible el desarrollo económico del país,” lo que tampoco es cierto. ¿De qué desarrollo nos hablan si el único desarrollo que ha habido ha sido el crecimiento de un solo sector, el empresarial? En la actualidad vivimos la globalización de las economías del mundo, consecuencia inequívoca de la cada vez mayor concentración de la riqueza a nivel planetario. Esta situación conlleva, a nivel internacional, la obligación de los países subdesarrollados y en desarrollo (como es Chile), a no contradecir en sus legislaciones los intereses de los más desarrollados. Esto, con el obvio fin de equiparar las condiciones de competencia de las empresas en el mercado internacional. Las grandes empresas, i. e., el poder económico paralelo al poder político, descubrieron que podían rebajar sus costos y reducir sus problemas derivados de la administración de personal, utilizando lo que se llamó “tercerización”, que no es otra cosa que el traslado de la ejecución de algunas funciones de la empresa hacia el exterior; es decir, a empresas menores de contratistas. Obviamente, esto sólo persigue impedir el crecimiento sindical al interior de las empresas. En esta pax romana chilensis, estos trucos son absolutamente legales, aunque tan descaradamente sirvan sólo los intereses de las grandes empresas. Los Presidentes de la Concertación nunca se han decidido a restablecer en plenitud el derecho de huelga, como tampoco que todos los trabajadores contratistas reciban el mismo salario que los trabajadores de las empresas mandantes, como es en todo el mundo democrático. Pudieron establecer la negociación colectiva por rama o sector, etc., pero, teniendo mayoría para hacerlo, esas reformas no se hicieron cabalmente. Sin embargo, se implementaron otras que son un gran retroceso. Desde hace casi un siglo y hasta mediados de los años noventa, en las faenas mineras sólo se podía trabajar por turnos de 8 horas diarias. Ahora se trabaja en turnos de 12 horas día, lo que equivale a dos semanas de trabajo de 42 horas semanales, con gran daño para la salud de los trabajadores, sobre todo los de altura. Dicho de una vez, en materia laboral no se puede culpar a la Constitución de Pinochet sobre lo que la clase política entera no ha querido hacer. La clase política (es decir, hoy NM y Vamos Chile), en forma perfectamente concertada, y las más de las veces de manera subrepticia y secreta, ha tomado medidas y aprobado leyes de carácter político y económico tal como lo haría cualquier gobierno de la más conservadora derecha; es decir, en lo básico, los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales siguen siendo los favorecidos, como así lo demuestra hoy la entrada de Chile al TPP. Como sabemos, todo esto ha sido retribuido generosa y horizontalmente retribuido a la clase política en dinero constante y sonante destinados, por lo menos, a sus campañas electorales, cuestión que revela una colusión peor que la de las farmacias o las multitiendas, la firme colusión entre el poder económico y el político. ¿Se nos acabará la paciencia un día, o seguiremos así eternamente? A estas alturas, evoco al escritor y crítico político alemán Ludwig Börne, quien hace más de 200 años declaró: Todo el secreto del poder es saber que los demás son más cobardes que tú.

¿RESPETO A LAS FUERZAS ARMADAS?

PROF. HAROLDO QUINTEROS. Amigos, después de un descanso, creo que merecido, vuelvo a mis crónicas, del tipo que no todos quieren publicar... En toda democracia, las Fuerzas Armadas constitucionales poseen el monopolio de la tenencia, mantenimiento y uso de las armas, cuando así se lo ordena su jefe máximo, el Presidente de la República. En países de feble historia democrática, la generalidad ciudadana siempre ha mirado con inquietud a las instituciones armadas; esto, porque no pocas veces ellas reprimieron a sangre y fuego las demandas populares por más justicia y equidad social, cuadrándose con la clase dominante. Si bien éste es el caso de Chile, por 1969, el año en que fracasara por completo una intentona de golpe de estado (el “tacnazo”) de corte derechista, dirigida por el general Roberto Viaux Marambio, quien se atrincheró en el regimiento “Tacna” en Santiago, las FF AA parecían situarse en el terreno de la legalidad y la democracia. La intención de Viaux, supuestamente conseguir mejoras salariales para los militares, era otra: impedir las elecciones presidenciales de 1970, en que la izquierda chilena se veía para muchos, si no como segura ganadora, por lo menos muy cerca del triunfo, lo que daba cuenta de su innegable y creciente fuerza política. El fracaso de Viaux demostraba, por lo tanto, que los militares chilenos eran constitucionalistas, neutrales en política, y cualquiera fuese el resultado de las elecciones de 1970, lo respetarían; vale decir, se someterían a la Constitución Política del Estado de Chile, reconociendo en la persona del Presidente elegido a su Generalísimo. Los militares, entonces, habían recobrado su prestigio. A su expresa lealtad a las leyes, se sumaba su probidad, puesto que también en esa época, aunque no parezca importante, los uniformados no tenían privilegios sobre el resto de la ciudadanía en materia de sueldos, pensiones, atención de salud, ni en ninguna otra, a ninguno de sus oficiales se les conocía escándalos bancarios o de enriquecimientos ilícitos o misteriosos, no había leyes reservadas a su favor, y la sub-oficialidad, incluso, vivía como la clase obrera asalariada nacional. La situación cambió dramáticamente en 1970, cuando la ultra-derecha civil, que no se quedó impávida ante el triunfo del candidato presidencial de la izquierda, Salvador Allende, se alzó en sedición contra el gobierno constitucional del país. Sólo entonces se hizo manifiesta la antigua, latente y soterrada alianza entre gran parte de la oficialidad de las FF AA y lo más granado del ultrismo derechista civil. A sólo semanas de la asunción de Allende, un comando armado cívico-militar, encabezado por Viaux, y seguido por los oficiales Camilo Valenzuela, el almirante Hugo Tirado, los generales Alfredo Canales, Vicente Huerta y Joaquín García de la FACH, asesinó nada menos que al comandante en jefe de las FF AA, general René Schneider Chereaux. Lo demás es archisabido: el gobierno de Allende sufrió desde dentro y fuera del país el más abierto boycot económico, sabotajes y asesinatos, incluidos de militares, como el capitán de Marina Arturo Araya, acribillado en el antepatio de su propia casa por un comando armado. A Schneider le sucedió el General Carlos Prats, quien se mantuvo leal al Presidente Allende, al punto de aplastar un intento sedicioso en junio de 1973. Sin embargo, ante las presiones de sus pares golpistas, dimitió sólo meses antes del golpe de estado. La derecha golpista, bien financiada por los entonces grandes consorcios privados empresariales nacionales y norteamericanos, más el confeso apoyo logístico y financiero del Departamento de Estado de EE UU, había recuperado para sí las Fuerzas Armadas, que siempre consideró suyas. Los militares que habían demostrado en 1969 su neutralidad política y adhesión a la democracia y a las leyes vigentes, estaban muertos, renunciados, exonerados o completamente neutralizados. Luego del golpe de estado, Viaux, que había sido condenado a extrañamiento en un país de su elección (obviamente, eligió una dictadura fascista, la de Stroessner en Paraguay), fue retornado al país y recibido con abrazos por Pinochet. Los demás cómplices y sicarios de Viaux, los mismos que asesinaron a Schneider, fueron liberados, y los saboteadores, terroristas de bomba en mano del grupo fascista “Patria y Libertad” también lo fueron. Después, la dictadura impuso en el país un modelo foráneo en lo económico, el neo-liberalismo, y el más cobarde y abyecto régimen de terror, que también sufrieron militares que no siguieron las aguas de la dictadura. En efecto, Prats fue asesinado junto a su esposa en Buenos Aires, el general Augusto Lutz, decidido opositor al omnímodo al dictador Pinochet , fue envenenado; y Oscar Bonilla, que siempre se le opuso, murió en un burdo “accidente” de helicóptero. Otro militar constitucionalista, el mayor Mario Lavanderos, fue asesinado de un balazo que le atravesó el cráneo, disparado por los mismos asesinos de Araya. Quizás nuestro generoso pueblo podría olvidar esa macabra saga de crímenes y abusos de poder, si ahora no fuese testigo del bochornoso involucramiento de altos oficiales de las FF AA en una vorágine de enriquecimiento y corrupción que no cesa de asombrar. Con toda esta historia, ¿qué respeto pueden inspirar en el corazón de los chilenos las FF AA? Como si esto fuera poco, la ideología ultra-conservadora de la derecha civil (por ejemplo, uno de sus instructores semanales, hasta su muerte, era Jaime Guzmán), se enseñorea en las escuelas y academias militares, cuestión que hasta hoy, desde hace 25 años y en democracia, a ningún gobierno preocupa. Tómese un solo ejemplo: el embadurnamiento con pintura del monolito erigido hace un tiempo a los mártires asesinados en 1973 en el regimiento de Telecomunicaciones. Los autores de ese atentado fueron oficiales jóvenes del Ejército. Vale decir, mozalbetes que hace poco habían egresado de la Escuela Militar, no de una célula de la UDI. Evidentemente, egresaron “bien instruidos”, como cualquier militante joven de algún partido político de derecha que pasó por alguna escuela de instrucción política. Por supuesto, es en la Escuela Militar donde justamente hoy los futuros militares debieran aprender bien todo lo relativo al rol de un uniformado en una democracia. En primer lugar, su total neutralidad en política partidista y el respeto irrestricto a los derechos humanos. En suma, y digamos las cosas por su nombre, no estamos en 1969. La mayor parte del país ha perdido la confianza y el respeto que entonces tenía por sus FF AA. A los escándalos de ventas de armas de FAMAE, las platas perdidas de la Ley reservada del Cobre (el bullado “milico-gate”) y otros escándalos más, se suman los noticieros que cada día dan cuenta del arresto, juicio y condena de torturadores, violadores de mujeres y asesinos que durante la dictadura perpetraron sus crímenes vistiendo el uniforme militar. El desprestigio de los militares, aunque parezca una bagatela, lo ilustra este ejemplo: Al último escándalo de platas en que están involucrados oficiales de las FF AA, no sólo el vulgo, sino políticos, académicos y toda la prensa oral y escrita sin excepción, le llaman “milico-gate.” Si “milico” es la palabra despectiva que en Chile hace referencia a un militar, ¿por qué no lo llaman Fuerzas Armadas- gate,” “Militar-gate,” “castrense-gate” o, simplemente, “escándalo de corrupción militar”? Es de esperar que nuestras FF AA limpien su imagen expulsando de sus filas a todos los corruptos que aún perviven en ellas y los pongan en manos de la Justicia, que sean los primeros en renunciar a privilegios advocando por el fin de la Ley Reservada del Cobre, y, sobre todo, que cumplan con su deber constitucional de observar la más estricta neutralidad política y reconozcan ante el país las atrocidades que cometieron y prometan solemnemente no volver a incurrir nunca más en ellas. Finalmente, que colaboren con los tribunales en el esclarecimiento del destino que sufrieron miles de asesinados y desaparecidos. No hay otra forma que recuperen su perdido prestigio.

UNAP Y GRATUIDAD DE LAS UNIVERSIDADES.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 16 /12 / 2015. En torno a la problemática de la gratuidad en el acceso a las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), integrado por 19 universidades estatales y 6 privadas, el gobierno decretó la acreditación por cuatro años como requisito para acceder a tal beneficio. No puede pasar inadvertido el hecho que en cuanto las tres universidades estatales regionales que fueron excluidas de la gratuidad por no cumplir con este requisito, la Universidad Arturo Prat (UNAP), la de Los Lagos y la Tecnológica Metropolitana (UTEM), el gobierno no podía ignorar, desde un comienzo, que ellas serían rechazadas. En relación a la UNAP, sólo cabe la triste deducción que en una ciudad del volumen demográfico de Iquique, en la que habrá una universidad estatal gratuita casi del mismo tamaño de la UNAP y con una similar oferta de carreras (la Universidad de Tarapacá, UTA), bien puede ser que se esté iniciando el desaparecimiento de la UNAP. Por supuesto, también de la de Los Lagos y la UTEM. Esto es obvio, porque sería absurdo suponer que los jóvenes que se incorporarán en 2016 a la educación superior, no van a preferir una universidad gratuita y acreditada. Otro hecho que esperamos sea desmentido lo antes posible, es que el lugar de las tres universidades rechazadas, por la propia iniciativa del gobierno, podrían ocuparlo tres universidades privadas que no pertenecen al CRUCH, la Adolfo Ibáñez, la Finis Terrae y la Adventista, que cumplen con los 4 años de acreditación y su condición de no tener lucro (Diario La Tercera de ayer). Esto último tiene más de chiste que otra cosa, porque el lucro está prohibido por ley para toda institución universitaria, y, sobre todo, porque siempre será difícil probar que no hay lucro cuando una institución es sostenida por privados. También resulta insólito que universidades estatales y laicas desaparezcan en favor de una que es privada y además confesional, como la Universidad Adventista. Ante el trance en que se encuentra la UNAP, también sorprende el rasgue de vestiduras de la derecha y su vocero regional el diputado Trisotti. Fue la derecha política la que en primera línea exigió la acreditación por cuatro años para la obtención de la gratuidad, a sabiendas que con eso se perjudicaba a la UNAP y las otras dos universidades regionales, todas reconocidas por la "vulnerabilidad" (perfil económico deprimido, dicho con claridad) de sus estudiantes. Además, muy sugestivamente, esa misma derecha alegó que había universidades privadas que por tener alumnos vulnerables también debían ser beneficiaras de la medida. Ahora, pues, está a punto de conseguir algo mucho más importante para ella, extender la gratuidad hacia al sector privado, sabiendo también que la vulnerabilidad estudiantil se concentra masivamente en las universidades estatales regionales, dadas las mórbidas condiciones de centralismo y de desigualdades sociales que caracterizan nuestro país. Finalmente, ¿con qué solvencia moral la derecha política se pone en primera fila defendiendo a los estudiantes vulnerables, si fue SU dictadura la que impuso en el país la universidad pagada como la forma básica del financiamiento de la Educación superior? También fue la dictadura la que llevó la desigualdad a su nivel máximo en materia universitaria al instituir el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), puesto que esos fondos se entregan a las universidades que matriculan en Primer Año a los alumnos de los mejores puntajes PSU; es decir, por matricular a aquellos jóvenes que en su total mayoría no provienen de la educación media pública, ni menos aun de los sectores pobres de nuestra sociedad. No obstante la injusticia manifiesta que se produciría si la UNAP no accede a la gratuidad, también la propia UNAP tiene responsabilidad en la situación en que encuentra hoy. Si bien los males de la UNAP y muchas otras universidades regionales son producto general de la involución educacional impuesta al país bajo dictadura, también está de por medio la gestión de la universidad. La UNAP es de mandato unipersonal del rector (aunque haya de por medio una decorativa "Junta Directiva"); es decir, ningún otro sector de la comunidad universitaria decide nada en cuanto, por ejemplo: criterios de inicio de carreras nuevas, formas serias y objetivas de contratación y jerarquización de académicos, revisión de la situación de los profesores a honorarios (a veces, más calificados que de los de planta), de los sueldos de directivos, docentes y funcionarios, criterios de inversión, de estrategias de vínculo con la sociedad, del reglamento de elección de las autoridades, etc., etc. Hoy, 16 de diciembre, el rector convocó a toda la comunidad universitaria a un acto y marcha en defensa de la UNAP, cuestión que, por supuesto, nos alegra. Sin embargo, la larga lucha estudiantil por el derecho a la participación en la gestión institucional ha sido sistemáticamente desoída por la autoridad universitaria desde el advenimiento de la democracia. Esta participación sólo es posible a través de la re-estructuración de la universidad sobre la base de la tri-estamentalidad; i.e., la participación ordenada, reglada y ponderada de toda la comunidad universitaria en su administración. Si el rector piensa que necesita a los estudiantes en su lucha por revertir la exclusión en la gratuidad, debe, ahora mismo, acoger el clamor estudiantil por participación. Como el país aún es presa de las leyes de la dictadura, muchas universidades en Chile han iniciado procesos de tri-estamentalidad, en mayor o menor gradualidad, sobre la base de subterfugios y resquicios legales. Esa es la tendencia actual general en el país; vale decir, la democracia interna. La Universidad Arturo Prat debe sumarse a esa tendencia porque es propiedad del pueblo de Chile, y de nadie más. Esperemos que el gobierno comprenda que no puede abandonar las universidades del Estado y revierta lo que está ocurriendo. No puede, por las mejores razones éticas y políticas, iniciar la liquidación de tres de ellas. En cuanto al caso de, por lo menos, la UNAP, su salvación y futuro, dependen de un urgente cambio, profundo y decidido, en su gestión interna.

EL DRAMA UNAP.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. Son 57 las universidades chilenas, y entre ellas, según la generalidad de los estudios en materia de calidad académica y administrativa, la Universidad Arturo Prat (UNAP) no llega hoy al lugar 40. Son 25 las universidades tradicionales, 19 estatales y 6 privadas. Entre todas ellas, la UNAP ocupa el último lugar, y obviamente, también ocupa el último lugar entre las universidades estatales. El más reciente estudio en cuanto rankings universitarios, fue realizado por el "Grupo de Estudios Avanzados en Educación Superior (más conocido como "Universitas") con la colaboración del diario El Mercurio. Se rankearon 45 universidades (a 12 ni siquiera se las tomó en cuenta, aunque ostenten el título y se vendan como "universidades"). De las 45, la UNAP obtuvo el lugar 44, sólo aventajando a ARCIS, cuya desastrosa situación académica y administrativa, y posible próxima desaparición es conocida. El mismo estudio también revela que entre las 13 universidades chilenas comprometidas institucionalmente en tareas de docencia e investigación, la UNAP ocupa el último lugar. Esta nada edificante situación ya se arrastra por años. En 2010, en el concierto general de universidades chilenas, la UNAP se encontraba entre los últimos 12 lugares, apenas con un índice de 15,3 puntos, de un total de 100. Cada vez que se habla del tema, las autoridades aducen problemas presupuestarios y discriminación estatal. Aunque esto tiene mucho de cierto, no cabe la menor duda que la causa de la actual débacle de la UNAP como institución universitaria reside, sobre todo, en el ámbito de gestión. Por esta razón es que llame la atención que en más de 20 años, la UNAP sólo ha tenido dos rectores, y ambos de la misma línea ideológica, en el sentido más amplio del término. 12 años fueron de gobierno de Carlos Merino (quien al dejar el cargo también abandonó la institución y la ciudad); y Gustavo Soto, ex-colaborador suyo, que hoy se apresta a cumplir otros 12 años de rectorado. Lo extraño es que, a diferencia, por ejemplo, de cualquier club de fútbol, incluidos los de barrio, ante los malos resultados sus autoridades y entrenadores son cambiados de inmediato. Ergo, a la manera del sistema binominal de elecciones chileno, el sistema de elección de rector en la UNAP está hecho para que nada cambie. Es evidente que con este gatopardismo las cosas están organizadas para que la línea direccional de la UNAP iniciada en 1994, con Merino y seguida hasta hoy por Soto, se mantenga indefinidamente. Veamos: En nuestra antigua democracia, desde 1968 hasta su fin en 1973, todos los integrantes de las comunidades de todas las universidades chilenas elegían sus rectores consejos académicos(o senados universitarios). Esto era la tri-estamentalidad, liquidada por la dictadura de Pinochet. Es decir, hoy no existe legalmente, aunque la mayoría de los rectores de las demás universidades chilenas -obviamente, personas de conciencia democrática- han encontrado los resquicios e, incluso, los subterfugios legales como para darle concreción. Desde el fin de la dictadura, los estudiantes de la UNAP no han tenido la menor posibilidad de acceder al poder institucional a través del sistema tri-estamental de gestión, i. e., no han tendio la menor chance de cambiar ni mejorar nada. La elección de cualesquiera autoridades de la UNAP se basa en un vicio triple. Primero, sólo votan los docentes. Segundo, el voto es ponderado. Tercero, y lo más insólito, la ponderación que se asigna al voto es de una arbitrariedad sin precedentes. Su base ni siquiera es la calidad académica del docente, ni investigativa, ni su prestigio profesional, sino exclusivamente su CONDICIÓN CONTRACTUAL. El voto del docente de jornada completa equivale a 6 votos, el de media jornada, 3 y el del profesor a honorarios, sólo 1. En la universidad tri-estamental chilena, el voto del docente no tenía ponderación alguna, como así es en todo el mundo en que opera la democracia universitaria. Aquí en Chile, y particularmente en Iquique, ¿por qué es tan baja la ponderación dada a los votos del profesor de media jornada y del profesor- hora, con respecto al de jornada completa? Aun siendo injusta la sola noción de ponderación, y peor aun, según contrato, ¿por qué no fue 3-2-1-, en lugar de 6-3-1? ¿Está probado que el profesor de jornada completa es 150% y 300% mejor académicamente que los demás? ¿Se ha considerado si tiene más grados y/o si ha investigado más? ¿Se ha cotejado bien su calidad como docente a través de las anuales consultas a los alumnos? Pues, NO. Nada de ello se ha hecho nunca. Las contrataciones y su régimen por profesor, son atribución exclusiva de la autoridad, y resulta que la mayoría de los profesores de la UNAP son los de media jornada y los profesores-hora. Muchos de estos últimos, a pesar de sus títulos, prestigio público y probada calidad académica y docente tienen muchos años de trabajo bajo el humillante régimen del "boleteo." ¿No habrá de por medio la espuria consideración que si esa mayoría votara, Soto no habría sido elegido, aun con tan injusta ponderación 6-3-1? Así las cosas, si los estudiantes no consiguen terminar con tanta oscuridad justo en el lugar en que más debe reinar la luz, nadie lo hará. Evidentemente, hasta ahora no han podido. El gobierno, hace mutis por el foro cada vez que hay un conflicto, con marchas, bataholas y huelgas estudiantiles que no han conseguido hacer ni cosquillas a la autoridad. El rector Soto ha autorizado la realización de un claustro universitario, en el que con toda seguridad se acordará la tri-estamentalidad. ¿Es nuevo esto? No. En 2005, ya se realizó ese claustro, bajo la administración Merino. A pesar que el ex-rector había prometido respetar sus acuerdos, estos quedaron en la nada. ¿Hay todas las razones del mundo para creer que ahora sí se respetarán?