ASAMBLEA CONSTITUYENTE PARA CHILE

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 24/ 10/ 2014. Cada vez que irrumpen en las calles los estudiantes, o cuando los trabajadores votan huelgas, vienen las más engatusadoras promesas – habilidad que ya desde ha harto tiempo caracteriza a la clase política profesional de nuestro país- y los más emolientes llamados a tener paciencia, y “no pedir más de la cuenta,” “por el bien de la Patria,” etc. Los estudiantes vuelven a sus liceos y universidades y los trabajadores a sus puestos habituales de trabajo. Todo eso, para volver un año después a lo mismo, una y otra vez. Antes de las grandes eclosiones sociales (vale decir, cuando la paciencia ciudadana se acaba), lo primero que surge es la desconfianza del pueblo hacia sus gobernantes. Pues bien, eso ya está ocurriendo en Chile. Piénsese sólo en el nulo respeto que tiene el grueso de la ciudadanía hacia la clase política, la prácticamente nula participación ciudadana en los partidos, y la magra concurrencia de los chilenos en los actos eleccionarios. De todos los países que eligen sus autoridades políticas en elecciones libres, si se cuentan todos los ciudadanos que pueden votar, inscritos o no inscritos en los registros electorales, Chile bate el récord mundial en baja participación. En efecto, no existe país democrático en el que el Presidente de la República sea elegido con menos de un cuarto de apoyo popular, lo que ocurre porque el pueblo no ve que las cosas cambien yendo a votar. Ante un conflicto laboral o social, la autoridad política cede a veces, con alguna que otra modificación a tal o cual ley, u ofrece leyes nuevas, pero que no alteran la sustancia y esencia de nuestro orden económico y jurídico, la gran fuente de las desigualdades y pobreza que sufre una enorme masa de chilenos. La actual constitución política fue impuesta al país en dictadura y en un escandaloso fraude plebiscitario del que nadie, absolutamente nadie (incluyendo sus autores), ignora su espuria naturaleza. Desde el advenimiento de la democracia, hace ya 25 años, la gran promesa de los políticos que sustituyeron a la dictadura fue cambiar la Constitución de 1980, y eso es sólo posible a través de una Asamblea Constituyente. No existe otro camino, y cualquier otro sería ilegal, además de moralmente ilegítimo. Hace un año, en su campaña presidencial, la actual Presidenta prometió una nueva constitución, pero ahora está insinuando que sería decidida y redactada por nuestros desprestigiados parlamentarios. Ante situaciones de conflicto, como la que hoy vivimos, en cualquier país democrático del mundo, rico o pobre, los gobiernos llamarían a la elección de una Asamblea Constituyente (como ya ha ocurrido en toda América Latina, menos en Chile), que fije un orden nuevo sobre el cual construir una sociedad más limpia y justa. Por supuesto, sería un acto cívico informado, de voto secreto y vinculante. Aunque todas las encuestas indican que la abrumadora mayoría del país está por una nueva Constitución, un grupúsculo de individuos, sucedáneos de los autores de la actual, parapetados en el Parlamento, lo impiden gracias al sistema binominal de elecciones, creado por ellos mismos. La actual constitución la redactaron no más de siete personajes, militantes de un solo bando político, la derecha y ultra-derecha nacional. La impusieron al país en un plebiscito fraudulento, al amparo de las bayonetas que gratuitamente les prestaron nuestras Fuerzas Armadas, supuestamente de todos y cada uno de los chilenos. Por todo ello, la constitución política chilena es espuria, falsa e ilegítima; por lo tanto, no merece el respeto de ningún chileno que quiera vivir en un país libre. ¡Asamblea Constituyente, ahora!.