El SISTEMA CHILENO DE JUBILACIÓN: ÚNICO EN EL MUNDO.

HAROLDO QUINTEROS. 2 DE AGOSTO DE 2016 El experimento neo-liberal introducido a fondo en Chile por la fuerza bruta en 1973, es un caso único en el mundo. Esto, porque precisamente, sólo pudo introducirse… por la fuerza bruta, y jamás en democracia. La majadera alharaca sobre el “éxito” del sistema neo-liberal vigente, que durante más de cuatro décadas vienen repitiendo sus partidarios, es enteramente cierta, pero sólo en cuanto la bonanza se concentra donde reside el gran poder económico. En verdad, sus efectos sociales han sido indiscutiblemente desastrosos. La Educación, transformada en servicio (es decir, en mercancía) es desigual, mediocre y elitista como ninguna otra a escala planetaria; en cuestión Salud, vemos cómo cada día acuden a la prensa padres desesperados solicitando dinero para solventar medicinas o millonarias operaciones para sus hijos; y en materia de pensiones… ni hablar. Probablemente es en este rubro en que el sistema alcanza su clímax en cuanto escándalo, además, obviamente, de la impronta de desigualdad que también caracteriza a la Educación y la Salud. Por lo menos, las recientes masivas manifestaciones populares en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) reflejan el evidente hecho que el pueblo de Chile, por fin, se ha rebelado de verdad, y de manera rotunda. Por cierto, definitivamente se ha dado cuenta que las AFP fueron técnicamente una estafa. Fue la más vulgar de las mentiras de la dictadura - como lo aventaba el audaz José Piñera, el gran creador de las AFP- que los afiliados a ellas tendrían como jubilación, por lo menos, el equivalente de lo que ahorrarían. La verdad es que las AFP eran puro lucro, otro nicho de negocios más para las mismas mega-empresas y bancos nacionales y transnacionales privados que terminarían haciéndose dueños del país en menos de tres décadas. Es decir, el sistema no tenía el objetivo democrático, moral y universal de pensionar con dignidad a quienes trabajaron toda la vida para engrandecer el país, sino ganar más y más plata apropiándose y especulando con dinero ajeno, i.e., los ahorros de los trabajadores acumulados por ellos llegado el momento de marchar al descanso. La verdad pura, repito, es que las AFP fueron y siguen siendo una estafa, un robo legal como probablemente nunca hubo otro igual en toda nuestra historia. La dictadura gobernó sólo y exclusivamente en favor de los capitalistas, y las AFP son la prueba más tangible de ello. Sólo el año pasado se acumularon 4,5 billones de pesos, y repartieron sólo una pequeña parte de esa suma; exactamente 2,3 billones; en estado contribuye con poco más de un billón. En otras palabras, al igual que en materia de Educación y Salud, el Estado (que no es otro que el referente de todo el pueblo chileno) contribuye a que los ricos se hagan más ricos dejando a ellos la mayor parte de los ahorros por pensiones, y a los que trabajan, más pobres. Los astutos consejeros de la dictadura (que hoy rasgan vestiduras ante “lo mal” que lo hacen los gobiernos de Nueva Mayoría, NM, en materia de pensiones y todo lo imaginable), son hoy los capos políticos de la derecha nacional. Obviamente, ellos no cambiarán el sistema, porque son sus creadores. Lo introdujeron en Chile siguiendo fielmente las instrucciones del primer mentor del neo-liberalismo, el primer ideólogo de la muy yanqui Escuela de Chicago, Milton Friedman. Quizás lo atenúen un poquitín ante el levantamiento popular en marcha, pero no lo cambiarán por el sistema universal tripartito, basado en el reparto solidario, con contribución de los patrones, del Estado y del trabajador, lo que es típico de las economías mixtas. En cuanto NM, poco se puede esperar. Sus dirigentes mayores y sus políticos profesionales han sido definitivamente absorbidos por el sistema; por lo tanto, es difícil que se aventuren a jugarse por la eliminación de las AFP. Un solo botón de muestra es el bochornoso incidente que acaba de protagonizar el diputado Andrade con la jubilación de su ex – cónyuge, de más de 5 millones de pesos, con sólo 52 años de edad y con muy poco más de 20 años de trabajo. Hasta hoy, el gran argumento de los inventores de las AFP, capitaneados por Kast, la "Cata" Edwards y otros políticos UDI o de la misma pluma, es el supuesto “fracaso” del sistema de reparto en Europa. Nada más falso. No fracasó el sistema tripartito de reparto en Europa. Por el contrario. Ante la crisis de la banca internacional por el exceso de movilidad de capitales especulativos, algunos gobiernos, como el de Rajoy, recurrieron a los fondos de pensiones (que administra el Estado, y no agentes privados), para salvarla. Es lo que hizo la dictadura de Pinochet en los 80 con la banca privada nacional. En verdad, lo más probable es que la medida, que ha producido serias tensiones sociales en España, serán transitorias, mientras la banca se recupera y devuelve los créditos que recibió del Estado. No fue así en Chile, en que los 5 billones de dólares que se pasaron a la banca se hicieron bajo el régimen de crédito “blando” que al final sólo favoreció a ella. España, mal que mal, es una democracia, y eso no sucederá. Ahora, una reflexión que cabe de Perogrullo: ¿Por qué las FF AA siguieron en el antiguo sistema público, aquel que era de todos los chilenos antes de 1973? Por supuesto, porque toda dictadura, sea militar o seudo-democrática como es la que hoy rige al país, necesita tener contentos a sus guardianes armados. En todos los países del mundo, sobre todo en las democracias, no hay pensiones de privilegio. Todo jubilado recibe alrededor del 65 al 100% de su último salario, además de incontables prebendas en atención médica, descanso, viajes y otras alegrías. Hoy, para los chilenos de las AFP su jubilación bordea la tercera parte o menos de lo que fueron sus salarios. Según cifras oficiales, el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de $305.000; el 70%, menos de 450.000, y sólo el 20%, más de $600.000. Además de esas miserias, ahora observen la burla: al mes, según datos oficiales, las pensiones promedio de la oficialidad militar fluctúan entre $ 1.489.497 y 1.622.680, mientras que el promedio de las mejores jubilaciones AFP es de apenas $ 180.898. El 90,9% de estos pensionados recibe una pensión igual o menor a $ 149.135, y el 68%, de 55 a 60 años, ha acumulado en su cuenta menos de $ 20,000.000, lo que significa que al jubilar tendrá una pensión de sólo unos $ 100.000 mensuales. Esto explica por qué los jubilados chilenos deben seguir y morir trabajando, más aun si tienen todavía hijos estudiando o están endeudados hasta los tuétanos. Un equipo de CENDA, liderado por el economista Manuel Riesco, publicó hace unos años un estudio muy poco conocido sobre las AFP. Entre otras sorpresas, demostró que de cada tres pesos que ellas recaudan, tanto por la vía de cotización como de subsidios estatales, dos se quedan enredados entre las AFP y los dueños de los grandes grupos financieros nacionales e internacionales, ¡los mismos dueños de las AFP!. No obstante, la conclusión más importante de Riesco fue otra. Su estudio demostró que si el sistema nacional de pensiones volviera a ser estatal, las pensiones de las AFP serían iguales a las del sistema público (IPS). Por supuesto, si el sistema no observara el lucro, las pensiones serán aun mejores. “La pregunta del millón” es obvia: ¿por qué no se ha eliminado o modificado el sistema de las AFP? Pues, simplemente, porque se ha entronizado en el orden económico actualmente vigente, orientado exclusivamente a la ganancia de las grandes empresas, que como sabemos, además ni siquiera pagan impuestos al Estado. Este es un orden que ni la derecha (sus creadores directos), ni NM, indecisa, errática, y en mayor o menor medida, comprometida con él, quieren cambiar. Bachelet no propuso en su campaña electoral eliminar el sistema, pero sí crear una AFP estatal sin fines de lucro, promesa todavía incumplida. En verdad, la eliminación o modificación sustancial del sistema AFP sólo necesita la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio, como así lo estipula el Artículo 19, inciso 18 de la Constitución. Es decir, si el gobierno lo quisiese, podría iniciar, ya, ahora mismo, la tramitación del fin del sistema, puesto que cuenta con esa mayoría. Ergo, no es la actual clase política la que resolverá el problema.

MICHELLE, LA APLICADA DISCÍPULA DEL IMPERIO.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 29 / 06 / 2016. Con toda seguridad, el 99,9% de quienes votaron por Bachelet en sus dos campañas presidenciales no tenían idea de sus conexiones con los estratos militares del imperio. Cuando fue designada por Ricardo Lagos (2000 – 2004) Ministra de Defensa, todo el mundo progresista estaba feliz. La designación no podía ser más simbólica: Michelle era hija del heroico militar constitucionalista y anti-imperialista Alberto Bachelet, asesinado inmediatamente después del golpe de estado de 1973. En verdad, eso sólo era el cebo del anzuelo. La realidad es otra, y no es de color rosa. Poco antes de asumir como Ministra de Defensa, Michelle Bachelet había partido al corazón del imperio a matricularse como alumna regular en el “Colegio Interamericano de Defensa (CID)," de Washington. ¿Qué es el CID? Es una academia militar norteamericana, situada sólo en territorio norteamericano, sin filiales en ninguna otra parte del continente americano, y cuyos instructores son exclusivamente norteamericanos, tanto militares como de adoctrinamiento político. Según sus principios fundacionales, en el CID se forman tanto militares como “líderes civiles” que respondan a la doctrina del “interamericanismo,” esa vaguedad con que los gringos así gustan llamar a lo que, al fin de cuentas, sólo refleja su dominio en el continente. En uno de sus informes, el CID se jacta de haber graduado a unos 2700 militares y civiles, egresados que en sus países han llegado a ser generales, almirantes o "sus equivalentes civiles," y, bueno doña Michelle Bachelet, en calidad de “equivalente civil” es la mejor muestra. Muy sugestivamente, el CID fue fundado en 1962, justamente a sólo meses de la derrota que el pueblo cubano propinara al imperialismo en Playa Girón, y apenas un año antes del inicio de la intervención directa de EE UU en la guerra civil que se libraba en Vietnam, la que más tarde se transformaría en la guerra total que perdiera tan estrepitosamente en 1975. El CID tiene una historia realmente macabra para los pueblos de América Latina. Por años, en grupos de cientos, han partido a formarse allí “militares y civiles” latinoamericanos funcionales al dominio continental de la super-potencia americana. Allí se formaron militar e ideológicamente los militares chilenos y sudamericanos que protagonizaron los golpes de estado de los años 70, actuando en ellos en calidad de fusileros, comandos de exterminio y torturadores, en los marcos de la Operación Cóndor, aquella conspiración criminal fraguada íntegramente en Washington. Según informes del propio CID, esta institución constantemente “realiza viajes a América Latina” y “es financiada por la OEA y la Junta Interamericana de Defensa (JID),” una especie de brazo militar de la OEA, que en su declaración de propósitos, señala que éstos consisten “la defensa en el Hemisferio…” ¿defensa hemisférica ante quién? ¿De los rusos comunistas, de los chinos, de los marcianos? Por cierto, EE UU es un país que está en permanente estado de guerra en todos los continentes, pero los latinoamericanos, ¿con quién lo estamos? Hasta hoy, como pantalla, el CID, este invento yanqui por donde se lo mire, exhibe su condición de instituto “interamericano”, y para esta farsa le viene a las maravillas aparecer también co-fundado por la OEA, esa patética extensión del imperio hacia su patio trasero que no ha hecho más que seguir sus designios. En efecto, en el acta de fundación del CID figuran como firmantes Dean Rusk, Secretario de Estado de EE UU del gobierno de Kennedy y José Antonio Mora, el entonces lacayuno Secretario General de la OEA. Como desde los años 90, el ala “progresista” de la Concertación, con Lagos a la cabeza, había pensado en Michelle Bachelet como la titular ideal del Ministerio de Defensa en alguno de sus gobiernos para desde allí proyectarla hacia la presidencia de Chile, la aún joven hija de Alberto Bachelet se matriculó como alumna de “Estrategia Militar” en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile (todo en secreto, obviamente… ¿o lo sabía usted, lector?) Eso, al fin y al cabo, podría ser digerible, aunque a duras penas, sabiéndose que por entonces Pinochet estaba vivo y el Ejército era más que nunca conservador y todavía golpista con sus “ejercicios de enlace”, los “cara pintadas”, etc. Aun así, era digerible, porque al fin y al cabo, esa academia es chilena. Pero, ¡demonios!, ¿puede alguien explicar por qué Michelle Bachelet partió a “educarse” al CID, academia de guerra yanqui cuyo único fin, como la Escuela de las Américas y otras, no es otro que aplastar toda resistencia en el continente al dominio imperialista? El diario inglés The Guardian, según nota escrita por Karen Calabria, para la “Oficina del Departamento de Estado de EE UU sobre Programas de Información Internacional,” Bachelet viajó al CID hace exactamente tres meses, el 30 de marzo pasado, inviatada a recibir dos galardones otorgados por el CID a sus más conspicuos ex - discípulos, el título de “Master Honoris Causa” y la “Medalla del Consejo de Delegados.” Además le requirieron que hiciera un discurso. Según el diario inglés, la Presidenta, entre otras acotaciones, dijo: “Observé que una de las barreras para la democracia plena era la (carencia de) comprensión entre el mundo militar y el mundo civil. Hablaban idiomas diferentes. Yo quería ayudar en eso. Yo podía ser un puente entre esos dos mundos.” Idílico cuadro de amor entre los pueblos de América Latina y sus verdugos, los militares lavados cerebralmente precisamente en el CID, y entrenados para repetir la Operación Cóndor y la experiencia chilena de 1973 cada vez que sea necesario. Por lo demás, la alusión a las contradicciones existentes entre “mundo militar y el mundo civil” son sólo efecto de algo más profundo, el hecho empíricamente probado que la mayor parte de las instituciones armadas latinoamericanas, al fin de cuentas, han servido y siguen sirviendo los intereses de las transnacionales estadounidenses y, obviamente, los de sus cómplices, las oligarquías nacionales. En otras palabras, la gran barrera para la democracia en el sub-continente latinoamericano no es otra cosa que la pobreza y las enormes desigualdades sociales, producto de la dominación política y económica del imperio estadounidense sobre nuestros países, con la complicidad de la clase dominante criolla. Finalmente, The Guardian anota que Bachelet hizo estas declaraciones “comentando sus estudios de Ciencia Militar (en el CID), los que condujeron a su nombramiento en 2002 como la primera mujer que ejerció el Ministerio de Defensa en Chile.” Ergo, más que Lagos, la nombró Ministra el Departamento de Estado de EE UU. La continuidad del sistema neo-liberal impuesto a Chile por el imperio, la postura anti-latinoamericana de los gobiernos chilenos frente a la hermana Venezuela, el apoyo inmediato que dio Lagos a los golpistas venezolanos de ultra-derecha pro-yanquis en 2002, la reciente firma de Bachelet del TPP, etc., etc., son, al fin de cuentas, situaciones perfectamente coincidentes con lo que realmente ella encarna.

MICHELLE, LA APLICADA DISCÍPULA DEL IMPERIO.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 29 / 06 / 2016. Con toda seguridad, el 99,9% de quienes votaron por Bachelet en sus dos campañas presidenciales no tenían idea de sus conexiones con los estratos militares del imperio. Cuando fue designada por Ricardo Lagos (2000 – 2004) Ministra de Defensa, todo el mundo progresista estaba feliz. La designación no podía ser más simbólica: Michelle era hija del heroico militar constitucionalista y anti-imperialista Alberto Bachelet, asesinado inmediatamente después del golpe Estado de 1973. Sin embargo, eso sólo era el cebo del anzuelo. La verdad es otra, y no es de color rosa. Poco antes de asumir como Ministra de Defensa, Michelle Bachelet había partido al corazón del imperio a matricularse como alumna regular en el “Colegio Interamericano de Defensa (CID)," en Washington. ¿Qué es el CID? Es una academia militar norteamericana, con instructores exclusivamente norteamericanos, tanto militares como de adoctrinamiento político. Según sus principios fundacionales, en el CID se forman tanto militares de EE UU y de todo el continente americano, como también “líderes civiles” que respondan a la doctrina del “interamericanismo,” esa vaguedad con que los gringos así gustan llamar a lo que, al fin de cuentas, sólo refleja su dominio en el continente. En efecto, en uno de sus informes, se jacta de haber graduado a unos 2700 militares y civiles, que en sus países han llegado a ser generales, almirantes o "sus equivalentes civiles," y, bueno doña Michelle Bachelet es la mejor muestra. Muy sugestivamente, el CID fue fundado en 1962, justamente sólo un año después de la derrota que el pueblo cubano propinara al imperialismo en Playa Girón, y sólo meses antes que EE UU iniciara su intervención directa en la guerra civil que tenía lugar en Vietnam, la que más tarde se transformaría en la guerra total que perdiera tan estrepitosamente en 1975. El CID tiene una historia realmente macabra para los pueblos de América Latina. Cada año, en grupos de cientos, parten a formarse allí las huestes de las satrapías latinoamericanas funcionales al dominio continental yanqui. Allí se formaron militar e ideológicamente los militares chilenos y sudamericanos que protagonizaron los golpes de estado de los años 70, actuando en ellos en calidad de fusileros, comandos de exterminio y torturadores; todo en los marcos de la Operación Cóndor, aquella conspiración criminal fraguada íntegramente en Washington. Según informes del propio CID, esta institución constantemente “realiza viajes a América Latina” y “es financiada por la OEA y la Junta Interamericana de Defensa,” la versión militar de la OEA. Hasta hoy, como pantalla, el CID, un invento yanqui por donde se lo mire, exhibe su condición de instituto “interamericano”, y para esta farsa, obviamente, aparece también co-fundado por la OEA, esa patética extensión del imperio hacia su patio trasero que no ha hecho más que seguir sus designios. En el acta de su fundación, figuran como firmantes Dean Rusk, el Secretario de Estado de EE UU del gobierno de Kennedy, y José Antonio Mora, el entonces lacayuno Secretario General de la OEA. Como desde los años 90, ya se había pensado en Michelle Bachelet como titular del Ministerio de Defensa en algún gobierno de la Concertación, para desde allí proyectarla hacia la presidencia de Chile, se matriculó como alumna de “Estrategia Militar”, en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile (todo en secreto, obviamente… ¿o lo sabía usted, lector?) Eso, al fin y al cabo, podría ser digerible, aunque a duras penas, sabiéndose que por entonces Pinochet estaba vivo y el Ejército era profundamente conservador y todavía golpista con sus “ejercicios de enlace”, los “cara pintadas”, etc. Al fin y al cabo, esa academia es chilena. Pero, ¡demonios!, ¿puede alguien explicar por qué Michelle Bachelet partió a “educarse” al siniestro CID, academia de guerra yanqui cuyo fin, como la Escuela de las Américas y otras, no es otro que aplastar la lucha de nuestros pueblos por liberarse del dominio imperialista? El diario inglés The Guardian, según nota escrita por Karen Calabria, para la “Oficina del Departamento de Estado de EE UU sobre Programas de Información Internacional,” Bachelet fue invitada hace un tiempo al CID a hacer un discurso. Según el diario inglés, la Presidenta dijo textualmente: “Observé que una de las barreras para la democracia plena era la (carencia de) comprensión entre el mundo militar y el mundo civil. Hablaban idiomas diferentes. Yo quería ayudar en eso. Yo podía ser un puente entre esos dos mundos.” Idílico cuadro de amor entre los pueblos de América Latina y sus verdugos, justo lo que es deleite para los oídos del amo imperial. Además, ¿no será que la barrera más grande para la democracia plena en el sub-continente latinoamericano es la dominación política y económica yanqui sobre nuestros países, en complicidad con las oligarquías nacionales? Finalmente, según The Guardian, Bachelet hizo estas declaraciones “comentando sus estudios de Ciencia Militar (en el CID), los que condujeron a su nombramiento en 2002 como la primera mujer que ejerció el Ministerio de Defensa en Chile.” En otras palabras, más que Lagos, la nombró Ministra el Departamento de Estado de EE UU. La continuidad del sistema neo-liberal impuesto a Chile por el imperio, la postura anti-latinoamericana de los gobiernos chilenos frente a la hermana Venezuela, el apoyo inmediato que dio Lagos a los golpistas venezolanos de ultra-derecha pro-yanquis en 2002, la reciente firma de Bachelet del TPP, etc., etc., son, al fin de cuentas, situaciones perfectamente coincidentes con lo que realmente ella encarna.

LA QUERELLA DE LA PRESIDENTA

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 5 de junio de 2016. La oposición al gobierno se ha anotado un nuevo gol. No hay que ser muy astuto como para no darse cuenta que todo el problema iniciado por la revista conservadora e hija putativa de la UDI "Qué Pasa" no ha sido sino una ingeniosa trampa en la que la Presidenta y sus asesores, tan ingenuos como ella, cayeron como niños. El ardid no pudo ser más elaborado. Consistía en hacerla cometer estos errores: 1. Cualesquiera que sean los argumentos que tenga Bachelet sobre su derecho a defender su honra personal, ella no puede aducir que se querella como una “ciudadana” más del país contra una publicación; es decir, desprendiéndose de su condición de Jefa de Estado. Eso, aunque legalmente sea posible, no lo es en la realidad política, que es lo que realmente importa. Un Jefe de Estado es siempre tal, trátese de un Presidente o un Primer Ministro, aquí y en todo el mundo. Sólo como muestra, aunque la Presidenta alega que se querella como “ciudadana,” ha debido inevitablemente declarar La Moneda como su domicilio, pues, por supuesto, debe seguir cumpliendo funciones de Jefa de Estado. Además, cada día sus ministros y jefes de los partidos de la coalición de gobierno que encabeza le reiteran su respaldo, etc., etc. En suma, todo lo que haga Bachelet es político e inherente a su condición de Presidenta del país; por lo tanto, la suerte que corra la querella afecta mucho más al Poder Ejecutivo del país que a la ciudadana Michelle Bachelet. 2. Ni Doña Michelle ni sus asesores se dieron cuenta que el estigma que le han colgado sus enemigos políticos es que ella encarna hoy al Primer Jefe de Estado en democracia que se querella formalmente contra un medio periodístico en nuestro país. 3. Tampoco calcularon que el solo hecho de querellarse tendría que forzosamente levantar una polvareda nacional e internacional tanto por parte de la prensa conservadora de derecha, como de la generalidad de los organismos que agrupan a las asociaciones periodísticas de todos los colores y países. 4. Otro error es NO haber hecho lo que hacen los jefes de Estado normalmente en todo el mundo cuando se los acusa infundadamente; esto es, primero, expresar su molestia; segundo, demandar aclarar las cosas, y finalmente exigir las consiguientes disculpas a los ofensores. La primera reacción de la Presidenta fue correcta, firme y propia de un Jefe de Estado. Calificó el ataque a su persona no sólo como una falsedad y un montaje, sino, además, como una “canallada.” Luego de ello, "Qué Pasa" se disculpó, lo que le daba a la Presidenta y al gobierno la gran oportunidad de desbaratar definitivamente la estratagema que se urdía en su contra, dejando a la revista opositora, ante los ojos de todo el país, como tendenciosa y mal intencionada. Luego de las disculpas de “Qué Pasa,” el gobierno pudo haber centrado sus ataques –incluso querellarse- contra un individuo, el ciudadano Juan Díaz, la persona sindicada como la iniciadora de la intriga, aunque no su real autora. No puede olvidarse que Díaz es uno de los formalizados en el caso Caval. Si bien es cierto que involucró a la Presidenta en él, no es menos cierto que lo hizo en conversaciones telefónicas que fueron captadas por la policía. De modo que, si se asume que la Presidenta es inocente, no debió querellarse. Si hubiese seguido los pasos mencionados, habría asestado un duro golpe a “Qué Pasa” y, además, castigado al falsario; y todo, sin haber irrespetado el derecho a la libertad de prensa. Como esto no se hizo, Esto fue un regalo que la oposición y “Qué pasa” aprovecharon muy bien, y siguieron felices con su plan. La revista retiró sus disculpas y volvió al ataque. 5. Bachelet y su equipo tampoco calcularon los efectos políticos de la querella. Cuando los abogados de la revista deban hacer su defensa ante los tribunales, lo harán con argumentos que nadie hasta hoy conoce, ni siquiera el gobierno. No sería extraño que esto complique más las cosas para la Presidenta, puesto que se verá obligada a nuevas respuestas e interminables contra-contra-contra- respuestas 6. El último error es el siguiente: la defensa de la revista alargará el trámite del libelo extendiéndolo indefinidamente, pasando por tiempos de elecciones y tomas de decisiones de Estado; vale decir, la querella estaría tramitándose en medio de la incertidumbre sobre su validez y su resultado final. Para entonces, en una atmósfera cargada de dudas, los enemigos del gobierno tendrán la mar de temas para la cotidianeidad politiquera, como todo lo que se destape en el juicio del caso Caval, y las peripecias que en él la nuera de la Presidenta todavía tiene que jugar. No puede ser más raro que Natalia Compagnon no ha dicho nada sobre la forma en que Juan Díaz la involucra en todo el caso, y que, además, no es testigo clave en favor de la Presidenta en la querella. En fin, la Presidenta y sus asesores no calcularon nada, ni la bomba que muy sospechosamente hizo estallar “Qué Pasa,” ni lo que desde ahora sucederá en los tribunales. De seguro, la derecha no descansará en presentar a “Qué Pasa” como una dulce mártir de la causa de la libertad de prensa. Imagínense, una de las revistas más emblemáticas de la derecha política, la misma que controla más del 80% de los medios de comunicación de masas del país (de los cuales “Qué Pasa” es uno), que gobernó en una dictadura en que la obligación era callar… ahora exhibiéndose ante el mundo como mártir de la libertad de expresión. En suma, Bachelet no debió jamás querellarse. Así como se están dando las cosas, si la Presidenta no gana la querella en un 100%, el libelo no será más que un boomerang. Dicho más claramente, si la causa se sobresee, Bachelet (y, obviamente su gobierno) habrá perdido la querella porque en tales casos no hay culpables; y si la querella es admitida sólo en parte, y “Qué Pasa” recibe una sanción mínima, quedará la sensación que, al fin de cuenta, la revista (y Juan Díaz) no estaban faltando del todo a la verdad. Y, bueno, ni hablar si la pierde. Presidenta, por su bien ¡retire la querella!

PROCESO CONSTITUYENTE: OTRO ENGAÑO MÁS.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 09 / 05/ 2016. Sin duda, suena duro, pero así es. Puesto que Chile está viviendo precisamente ahora momentos decisivos en su historia, momentos que determinarán su futuro, hay que hablar claramente y sin ambages. El llamado “proceso constituyente” impulsado por el actual gobierno, que, salvo algunos dimes y diretes baladíes entre la derecha tradicional chilena y Nueva Mayoría (NM), ya cuenta con el respaldo mayoritario de la clase política; es decir, la derecha histórica y buena parte de NM. Alerta, chilenos. Es ahora cuando hay que poner en tensión al máximo toda nuestra capacidad reflexiva y crítica. Lo que se nos está vendiendo como otra expresión más del “juego democrático chileno” es, para desgracia del pueblo, el segundo gran engaño fraguado entre cuatro paredes por un compacto grupúsculo de políticos profesionales, i.e., la inefable clase política chilena. El primero fue lo que debía ser el fin total del sistema binominal de elecciones, lo que hasta ahora no ha sucedido cabalmente. En verdad, lo que acordó la derecha y la Concertación-NM al respecto fue maquillar el viejo sistema binominal con un redistritaje a lo largo del país, más el aumento exagerado de “honorables,” lo que permitiría la posible elección de parlamentarios que no provengan del actual duopolio que integran NM y la derecha. En suma, el sistema de listas sigue vigente; por lo tanto, no hay proporcionalidad, cual es el método universal en toda democracia al elegir sus parlamentarios. Por cierto, los parlamentarios elegidos de partidos o coaliciones nuevas, no serán suficientes como para contrapesar el tradicional peso del duopolio. Pues bien, ahora, el fraude mayor: se nos dice que en estos marcos habrá una “nueva constitución.” Esto es básicamente falso. Veamos: Cuando el pueblo de Chile, aún en plena dictadura, decidió terminar con ella, su gran anhelo era el restablecimiento completo del sistema democrático. Ello implicaba, ineludiblemente, el cambio de la constitución política de 1980 por una nueva. Para ello, era preciso, primero, poner fin, total y de raíz, al sistema binominal de elecciones, el mismo que no permite terminar con la constitución de 1980; y, luego, redactar una nueva, que realmente reflejara lo que jurídicamente en todo el mundo se llama “soberanía popular.” El único expediente posible para conseguir ello, es la convocatoria y organización de la Asamblea Constituyente (AC). Razones para justificar este estancamiento de lo que debió ser el desarrollo democrático del país desde el fin de la dictadura, siempre van a sobrar: “Qué pretende usted? ¿No sabe que aquí rige el sistema binominal y que no podemos cambiar nada importante? ¿No sabe que los milicos están con la derecha y que si exigimos mucho puede haber otro pinochetazo como el 1973?, etc.” La constitución política de 1980 es intrínsecamente espuria e ilegítima, tanto moral como jurídicamente; es decir, ilegal. Esto es así desde cualquiera perspectiva. Se impuso bajo la égida de una dictadura, para luego ser “ratificada” en un fraude plebiscitario sin precedentes en toda nuestra historia nacional. Su único objetivo era sentar las bases del régimen económico actualmente vigente, cuyo fundamento fue el desmantelamiento de la propiedad pública y su traspaso a los grandes empresarios chilenos y a las mega-empresas transnacionales, con la consecuente hiper-concentración de la riqueza y la aflicción económica de la gran mayoría de los trabajadores y sus familias. Pues bien, el “proceso constituyente,” a punto de iniciarse, por muchos discursos y frases altisonantes que lo rodeen, sólo tiene por fin la preservación indefinida, con algún maquillaje externo, de las actuales estructuras jurídicas, políticas y económicas consagradas en la espuria constitución política de 1980, la misma que pretendidamente se dice que se quiere cambiar. Veamos los hechos: Como primer paso del proceso, se está llamando al pueblo a reunirse y discutir sobre lo que será la nueva constitución política. De partida, los acuerdos que se tomen no serán vinculantes; es decir, serán, en el mejor de los casos, sugerencias que llegarán … ¿a quiénes? , pues al Parlamento que se elija en 2017. Entonces, será ese Parlamento el que verá qué hace con esas sugerencias y, además, la forma en que finalmente se hará la constitución. Lo primero que llama poderosamente la atención es que, aunque el método de la AC es el único real y universalmente legítimo en estos casos, es un secreto a voces que no sólo figura como sólo una de cuatro alternativas (y además, la cuarta), sino, en los hechos, ya ha sido descartado. En otras palabras, los personajes que componen la clase política serán finalmente los autores de la nueva constitución. La primera pregunta que surge naturalmente de este cuadro es, ¿tiene el pueblo de Chile la confianza suficiente en los partidos políticos, sus dirigentes y mandatarios, como para confiar a ellos tan importante misión? Pues, no, y eso lo sabe todo el mundo. Por ello es que no se puede correr el riesgo de que una vez más, esta clase política, resuelva amigablemente NUESTROS problemas por la bendita vía de la “política de los acuerdos.” Por lo tanto, lo más probable, como ha sucedido ya mil veces, es que lleguen a un acuerdo sobre una constitución que deje contentos a todos; o sea, que siga la actual constitución, pero, claro, con algunos arreglos. El Parlamento que se elegirá en 2017, bajo las reglas de un sistema binominal bien maquillado, con dos tercios de los diputados y senadores, decidirá cuál será definitivamente el método que nos llevará a una nueva constitución. No será la AC, a menos que este nuevo fraude lo impida el pueblo chileno. Nadie ignora que la derecha entera y ya varios personajes de NM no la apoyan, y 66% de “honorables” por la democracia verdadera es, por cierto, un lujo en Chile en nuestros días. En suma, dicho crudamente: no habrá la suficiente mayoría de parlamentarios que estén dispuestos a cambiar nada de fondo de la actual institucionalidad. Insisto de modo tajante: Primero, la soberanía de una nación, LLEGADO EL MOMENTO DE CREAR UNA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, reside únicamente en su pueblo, no en sus representantes, que fueron elegidos con anterioridad y para cumplir con otros objetivos y tareas. Este principio es universal en toda democracia, y se nos lo está escamoteando de modo flagrante. Menos aun puede la actual clase política nacional arrogarse unilateralmente una potestad que el pueblo no le ha delegado: su soberanía. Segundo, como el establecimiento de una constitución política debe ser única y exclusivamente producto de la explícita y abierta expresión de la soberanía popular, y como en este caso ésta sólo puede ser ejercida a través de la elección de una AC, debe convocársela. Es ella la que tendrá la única y exclusiva misión de la redacción de nuestra nueva Carta Magna. Finalmente, debe convocarse al pueblo a un plebiscito ratificatorio vinculante. El “proceso constituyente” ya en marcha es abrumadoramente engañoso. La AC apenas se sugiere, y si ésta finalmente no se establece, lo que habrán acordado los cabildos comunales y regionales propuestos no tendrá valor vinculante. Además, puesto que de parte de la clase política no existe la menor intención de dar curso a la AC, y conociéndose ya bien su menguada altura ética, su inveterada cultura de los acuerdos en secreto, y su general ineficacia política, este “proceso constituyente” no llevará a una realmente nueva Constitución. Dicho de una vez, sin AC, todo lo que hagan nuestros “honorables” no será representativo. Hay más todavía: además de hasta hoy la soterrada intención de la clase política de ser ella la autora exclusiva de la nueva constitución, el propio “proceso constituyente” adolece de graves fallas, si pensamos en representatividad y participación ciudadana. En efecto, la cantidad de cabildos es claramente menor a la cantidad de comunas que tiene el país; es decir, la gran mayoría de los ciudadanos ni siquiera se va a enterar del proceso y, en definitiva, el porcentaje de participación con respecto a la cantidad de electores en el mejor de los casos no excederá el 0,5% ciudadano. Como no basta criticar, proponemos: primero, no aceptar que se nos diga “harina, sabiéndose que es afrecho,” recordando a Violeta. Es preciso denunciar y desenmascarar este descomunal “cuento del tío.” Segundo, debemos todos dejar bien establecido, desde ya, que no aceptaremos ninguna seudo-representativa nueva constitución que no venga de una AC. Por lo tanto, debemos exigir, tras una permanente movilización social, que el “proceso constituyente” propuesto por el gobierno debe ampliarse en posibilidades de participación popular, y que forzosamente termine en la convocatoria y elección de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE, SEGUIDA DE SU CORRESPONDIENTE PLEBISCITO RATIFICATORIO. No hay otro camino, si realmente queremos vivir en una democracia de verdad.

LA MUERTE DE PATRICIO AYLWIN.

PROF. HAROKLDO QUINTEROS. Cuando alguien moría en la Grecia Clásica, se elegía a alguien para pronunciar el discurso fúnebre, que entonces podía ser un panegírico (es decir, una loa) o una "humillación del cadáver." Los sabios, luego de estudiar la vida y las obras del difunto, decidían cuál de esas opciones era la que correspondía en estos casos. Esa antigua costumbre helénica está muy bien graficada en la tragedia griega. Así por ejemplo, Electra, heroína de tres trágicos, Sófocles, Esquilo y Eurípides, declama en una de esas piezas un apasionado discurso contra el cadáver de Egistos, el amante de Clitemnestra, su madre, y asesino de su padre, Agamenón. Por supuesto, los tiempos han cambiado. Hoy, en estas circunstancias la cultura del duelo significa, en primer lugar, observar el mayor respeto ante quien acaba de fallecer, y enfatizar sus méritos por sobre sus deméritos. Por cierto, es justo que así sea, sobre todo, si ante cualesquiera humillaciones al estilo griego, hay acusaciones y actos adjudicados al difunto que éste, obviamente, ya no puede responder. Aun así, como también enseñaban los griegos, “todo tiene su límite,” y ese límite lo pone específicamente la Política. Si bien todo político que ha muerto debe ser respetado, también debe ser bien definido y medido con arreglo a lo que hizo en vida, sobre todo, si ha alcanzado las esferas más altas del poder. Esto debe hacerse, porque, ineludiblemente, es un deber ciudadano, en tanto la política es la gran y superior actividad del ser humano, “el animal político” por esencia. Las acciones que toda mujer u hombre público que tiene y ha tenido poder, tanto en vida, después de su mandato como también fallecido, afectan, afectaron y afectarán la vida de todos sus semejantes, para bien o para mal, y el perfeccionamiento de la actividad política, la estabilidad y el progreso de un colectivo humano, depende de la calidad del examen que se haga sobre lo que hacen e hicieron los políticos. Creo que no es eso lo que está ocurriendo con el recientemente fallecido político Patricio Aylwin. Lo primero fue su actuación en el golpe de estado que derrocó al presidente Allende. Aylwin fue uno de sus planeadores y ejecutores, una vez que dentro de la dirección de la DC de entonces pudo neutralizar a los dirigentes democráticos, como Tomic, Fuentealba, Leighton y algunos más. El proyecto golpista de Aylwin, Zaldívar y Frei Montalva, se transformó en un pacto secreto entre la DC y la golpista derecha de entonces, seguida por lo más granado de la derecha militar. Lo primero que salta a la vista es el hecho que desde 1971, la DC y la derecha estaban unidas en coalición, a pesar de lo disímil de sus programas políticos. Esa unidad se mantuvo incólume hasta bastante tiempo después del golpe, lo que hasta hoy muchos analistas chilenos y extranjeros (Duhamel, Garaudy, Münster, etc.) atribuyen a la existencia de un acuerdo fraguado entre esas fuerzas antes del golpe. Ese acuerdo ha sido acreditado por testigos civiles y militares y abundante documentación desclasificada de la CIA, y que siguen desclasificándose. También está totalmente acreditado que la gran condición que pusieron los militares para asestar el golpe, fue el compromiso de la DC de sumarse a él. Pues, aunque hoy no guste oírlo a muchos, esa es la verdad histórica. Tal compromiso de la DC no podía ser por “bolitas de dulce.” El pacto DC-derecha y militares golpistas contenía la promesa de los últimos de entregar el gobierno al líder mayor DC Eduardo Frei (que era presidente del Senado). Como muestra de lealtad en ese pacto, inmediatamente después del golpe Aylwin recorrió el mundo repartiendo el folleto anti-allendista "El Libro Blanco de la Unidad Popular", redactado por él mismo y los ideólogos de la derecha y ultra-derecha de entonces (hay una famosa fotografía de Aylwin y Pinochet revisándolo). Todo eso ocurría mientras en las cárceles se torturaba y mataba a mujeres y hombres partidarios del gobierno derrocado, cuestión que nadie ignoraba. Los golpistas, todos, realizaron felices la “humillación” griega del cadáver de Allende; es decir, la abyecta campaña oficial de la dictadura, seguida a diario por El Mercurio, La Tercera y La Segunda por envilecer la figura del Presidente muerto. Obviamente, ni él ni sus amigos y partidarios podían refutar nada. Empero, la DC fue traicionada. En 1975, Zaldívar, otro de los artífices del golpe, fue expulsado del país, miles de funcionarios DC de la administración pública, de la salud y la Educación fueron expulsados de sus puestos, mientras Frei salía silenciosamente de Chile, siendo recibido en Suiza, desde donde inició su acción anti-dictadura. Fue sólo entonces cuando la DC se volvió contra sus antiguos socios de la conjura que puso fin a nuestra antigua democracia. La famosa frase de Aylwin (que prefería una dictadura "de nuestros militares a una dictadura marxista"), que repitió en muchas oportunidades en Chile y en el extranjero, es, en sí, un error de lógica formal elemental. Antepone en el plano político dos entes distintos: uno, la "dictadura marxista," realmente político; y otro, que él supone neutral. Obviamente, lo que debió decir es que prefería una dictadura militar fascista de ultra-derecha a una dictadura socialista-marxista. Por lo tanto, su consciente participación en la conjura que derrocó al gobierno constitucional de Chile, que no era una dictadura marxista, fue para instalar la dictadura fascista de derecha que advino con Pinochet. Su silencio ante la infinidad de actos de lesa humanidad que ordenó la dictadura luego del golpe, sólo puede reflejar el estado de su conciencia, profundamente anti-democrática y oportunista, en todos esos meses anteriores al portazo que dio la dictadura a la dirección de la DC. No puede dejar de reconocerse la calidez humana que demostró espontáneamente al quebrarse emocionalmente en aquel famoso discurso de asunción a la Presidencia, que revelarían su pesar por haber guardado silencio ante los crímenes de la dictadura. Tampoco se deben olvidar las obras de su gobierno, luego de vencer al candidato de Pinochet Hernán Büchi en 1990. Sin embargo, esto último no debe exagerarse. Los sueldos no se “quintuplicaron” como hoy señalan algunos, ni tampoco se redujo ostensiblemente la inflación. Lo que quería entonces la mayoría nacional, primero, al ganar el NO, y segundo, al apoyar la candidatura presidencial de Aylwin, era la liquidación de la espuria constitución de 1980, y con ella, el fin de la subsidiaridad, y la recuperación del Estado de sus riquezas y empresas estratégicas, además de la Salud y la Educación. Nada de eso ocurrió en el gobierno de Aylwin, ni de ninguna administración posterior. En suma, respetos al fallecido, pero la abrumadora carga de homenajes, no los sienten, por lo menos, las víctimas del golpe que hasta hoy sufren sus efectos, como tampoco los chilenos que esperábamos que el primer presidente post-dictadura, elegido por nosotros, iniciara seriamente el camino a la democracia verdadera. .

LA QUEMA DE JUDAS.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 25 /03/ 2016. En años anteriores, y por estos mismos días de Semana Santa, hice referencia a la "Quema de Judas," un espectáculo que en Iquique sus organizadores exhiben como la preservación de una amable tradición iquiqueña. Noto, para empezar, que cada vez estas personas son menos del grupo de los antiguos iquiqueños que vamos quedando, porque, evidentemente, desconocen mucho del origen e historia de este show, pues recientemente han dado datos a la prensa local que son definitivamente incompletos y falsos. La Quema de Judas se inició al inicio de la década de los 40 y desapareció por completo a mediados de la década posterior. Mientras tuvo lugar, y desde su reposición hace algunos años, la cantidad de accidentes que provocó bastaría para que se suspendiera definitivamente, sobre todo en el caso de los niños, que se queman las manos en busca de las monedas que caen ardientes mientras arde el muñeco. No obstante, a pesar de la gravedad de estos incidentes, hay razones de mayor peso para que se ponga fin a este espectáculo. Para empezar, no es una tradición nuestra, si atendemos seriamente al significado del término “tradición.” Se llama así a aquello que se manifiesta de manera espontánea, anónima, continua y masiva y desde la base social. Esto no es eso, puesto que siempre ha tenido el carácter de farándula de calle, copiada de una versión anterior, y organizada por un grupo reducido de personas. Además, ni siquiera es realmente iquiqueño. Veamos: Siglos atrás, la quema de Judas era un tipo de "auto sacramental" católico, obviamente traído de España y Portugal, siempre acompañado de una pieza teatral sobre pasajes bíblicos. Se realizaba en toda América Latina, y su vigencia se correspondía con la muy primitiva y elemental religiosidad popular de esos tiempos. Con la Independencia, el progreso educacional y social, y la separación de la Iglesia del Estado al término del primer cuarto del siglo pasado, este acto desapareció en nuestro país. Sin embargo, un comerciante venido de Valparaíso, Jorge Muñoz Rojas, imitando a un congénere suyo también porteño, lo revivió en Iquique hace unos 70 años, pero con el único y exclusivo fin de promover su negocio, una tienda de cambalaches, “Mi Casa,” ubicada en la esquina noroeste de la calle Juan Martínez, en la intersección con Zegers. Cuando niño, mi familia era vecina de ese barrio, y recuerdo muy bien lo que entonces vi allí siendo pequeño, muchos Sábados Santos. Por ejemplo, recuerdo que mientras el monigote pendía de cuatro cables de acero sujetos a las esquinas de ese cruce de calles, la esposa e hijas de Muñoz Rojas repartían volantes entre las personas que iban al espectáculo: "Compre bueno y barato en Mi Casa… También le compramos a usted lo que no le sirve…”, etc. Mientras esas mujeres hacían lo suyo, un hijo de Muñoz Rojas, con la ayuda de un anciano que era dependiente y bodeguero de la tienda, lanzaba desde el techo de ella unos globos de papel de seda con las letras MI CASA. Los globos remontaban el cielo de Iquique impulsados por una tea encendida en su interior, así que podrán imaginar el pavor de los vecinos en una época en que virtualmente toda la construcción iquiqueña era de madera, y el agua estaba racionada en toda la ciudad. Mientras la familia del dueño de "Mi Casa" trabajaba en la promoción del negocio cambalachero, Muñoz repartía “cañas” de vino desde una ventana que daba a la calle Zegers. El hijo de Muñoz, finalmente, encendía el monigote. Terminado el espectáculo, mientras la gente abandonaba el lugar, un carretero, de esos de carreta y burro del viejo Iquique, cargaba su carreta con borrachos y los iba literalmente a tirar no lejos de allí, a la polvorienta calle Juan Fernández con la aun más terrosa calle Latorre, luego de recibir una propina de Muñoz. Unos años después se instaló en la calle Zegers con la calle Tacna (hoy Obispo Labbé) un negocio del mismo tipo, “Las Cachás Grandes,” pero que nada pudo hacer con la competencia que ofrecía “Mi Casa.” Al desaparecer “Las Cachás Grandes,” la gente empezó a llamar a la tienda de Muñoz, y a él mismo, “los cachos grandes,” lo que a Muñoz, por supuesto no le agradaba nada. La quema de Judas no se realizaba todos los años, y desapareció en 1955, cuando el negocio declinó, hasta desaparecer. Pero vamos a la parte realmente seria del asunto. En cuanto a su fondo, que es, por supuesto, religioso, es realmente muy extraño que la Iglesia Católica no se pronunciara antes ni hoy sobre este espectáculo, a pesar que muchos católicos lo reprueban, y con toda razón. Desde aproximadamente el Siglo VII, se realizaba en todos los países cristianos, y siguió hasta no hace mucho, en algunos del Mediterráneo. Hoy en día, su transformación y en muchos casos su desaparición, da cuenta de un fenómeno muy importante para el mundo cristiano, cual es la modernización y humanización de las expresiones religiosas cristianas. La “Quema de Judas,” es, en verdad, un rito completamente obsoleto. En España pervivió por más tiempo, en razón de la conquista musulmana de la península ibérica, que hacía de este acto, entre muchos otros, un rito de reafirmación de la identidad cultural y nacionalidad hispanas. España, convertida en la primera potencia del mundo occidental entre los siglos XV y XVIII, la impuso en toda Europa, con Inquisición y todo, en cuyo marco, a veces, en lugar de quemar un monigote que representaría a Judas, se quemaba vivas a personas consideradas herejes, i. e., enemigas de la fe. Normalmente, como cuenta Giovanni Papini en su genial obra "Espía del Mundo," mientras se quemaba a personas, o más tarde un muñeco, se lanzaban a una hoguera siete animales vivos que representaban los siete pecados capitales: un cerdo, la gula; un gato, la pereza; un asno, la lujuria, etc. Los tiempos, felizmente, terminaron con esa atroz barbarie, y para siempre. La “quema de Judas,” en el tono que se le da en Iquique, ya no se realiza en ninguna parte. Si bien esto aún ocurre en unos muy pocos pueblos del Mediterráneo, tiene una connotación jocosa. En España, por ejemplo, al muñeco no se lo quema, en clara alusión a la repulsa que causa el recuerdo de la Inquisición, sino que se lo apedrea o mantea hasta destrozarlo. Esto, porque, al fin y al cabo, aunque se trate de un monigote de pacotilla, representa un ser humano. Los tiempos, por cierto, han cambiado, y mucho. Hoy, cuando cada persona tiene la libertad de estudiar, investigar, pensar lo que le plazca y sacar sus propias conclusiones en cualesquiera asuntos, incluida la religión, lo que muchos aún llaman la "traición de Judas," está en severo entredicho teológico. Desde la perspectiva propiamente religiosa, Judas Iscariote no hizo más que cumplir un rol que alguien debía forzosamente cumplir, como parte del designio divino que el Hijo del Hombre debía morir y resucitar para la salvación de la Humanidad; y lo más importante, que se suicidó porque, lógicamente, se sintió atormentado y arrepentido de su acto, lo que, a la luz de la propia doctrina cristiana del perdón, lo redime para siempre. Por otra parte, desde la perspectiva laica histórico-sociológica (asumiendo que el Nazareno realmente existió), bien pudo ser que Judas entregó a Jesús por el ansia de Judas de liberar al pueblo judío de la dominación romana, y con ello, por la desconfianza que tenía en el método pacifista de vida propagado en su prédica. Así que, no gracias, a esta quema simbólica, o en juego, de un ser humano, y en fin, esperemos que alguna vez se acabe para siempre este morboso acto que sólo nos desprestigia como ciudad. Nos sobran otras tradiciones que conservar, y que,además, son más humanas y verdaderamente nuestras.

DESMUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR.

PROF. DR. HAROLDO QUINTEROS. 22/ 03/ 2016. Hace unos días, el senador Rossi llamó al alcalde Soria a entregar la educación municipal al gobierno, debido, según sus palabras, al fracaso en calidad que ésta registra, a raíz de los continuos bajos resultados SIMCE en la comuna. De los dichos de Rossi, salta a la vista la ingenuidad del senador al suponer que nadie se dará cuenta que se ha acordado de la educación municipal en Iquique justo ahora cuando, por una parte, está compelido a limpiar su deteriorada imagen ética en materia política, y cuando, por otra, el alcalde Soria acaba de anunciar oficialmente que ya es candidato al Senado. En verdad, el comentario de Rossi no responde a mayor convicción en materia de educación, sino a la inveterada obsesión suya por desplazar al viejo caudillo, que si de veras llega a ser candidato al Senado, Rossi puede empezar a olvidarse definitivamente de volver a él, por lo menos en nuestra región. Eso, para empezar. Además, las palabras de Rossi revelan, una vez más, que el joven senador entiende muy poco de educación. Veamos: Primero, la calidad de la educación no sólo se mide con pruebas de conocimientos, sino también con arreglo a otras variables, entre ellas la más importante de todas, la calidad del ambiente, convivencia e interacción diaria al interior de las escuelas entre docentes y educandos, como asimismo entre la escuela y los padres, familias y tutores de los niños. Eso implica la destinación de fondos a la correcta estructuración y re-estructuración de dependencias en las escuelas, la contratación de trabajadores sociales, psicólogos y psico-pedagogos profesionales para cada establecimiento, especialmente en localidades, como Iquique, en que hay fuertes expresiones de desigualdad social, problemas de violencia y abandono de los niños al interior de muchos hogares, drogadicción, casos de suicidio juvenil, etc. A ello, hay que sumar la aplicación de ciertas estrategias metodológicas en el plano del currículo general de cada escuela, asunto que no compete a políticos, sino exclusivamente a especialistas. En segundo lugar, aun con su relativa validez evaluativa, cuestionada desde hace mucho tiempo por infinidad de expertos, SIMCE (“Sistema de Medición de la Calidad de la Educación”) no mide toda la calidad educacional, sino, a pesar de su pretencioso nombre, sólo una parte de ella, el rendimiento asignatural. Además de ciertas fallas metodológicas muy evidentes, es una prueba de tipo nacional en un país por definición diverso y heteróclito hasta la exacerbación. En Chile, desde hace mucho tiempo se viene aplicando esta prueba por igual a niños de las escuelas de Las Condes o Vitacura, como a los que asisten a las escuelitas rurales de la Araucanía o las masivas escuelas de las barriadas santiaguinas de Cerro Navia o la Legua. En verdad, lo que más refleja SIMCE son las agudas diferencias de clases que hay en Chile, y con ello, respalda la acusación de la OCDE contra nuestra educación escolar, en el sentido que su calidad está “directamente asociada al ingreso familiar.” Obviamente, pruebas como SIMCE no existen, en absoluto, en países que exhiben buenos niveles educacionales. En los demás, si existen, son descentralizadas y muy acotadas a contenidos regionales. La educación escolar es de administración municipal en todos los países de democracia avanzada del mundo, y, por lo tanto, decididamente descentralizada. Es lo que Rossi debiera propugnar, como miembro de un partido político que, por lo menos en la letra, es democrático y de izquierda. La municipalización de la educación no es más que una expresión del particular orden democrático y participativo que los países de buen desarrollo educacional se han dado. Su sentido y pilar es la participación del pueblo en la educación de las jóvenes generaciones, que sólo puede partir desde la primera instancia de la democracia, la comuna. En los países en que la educación es municipalizada, existen los “consejos comunales educacionales,” cuyos dirigentes son elegidos en elecciones populares. Por lo tanto, a contracorriente de la probada eficacia internacional que exhibe la municipalización en democracia, el actual gobierno de Chile está cometiendo un muy serio error, quizás el más grave de toda su gestión, al decretar la desmunicipalización de la Educación, en lugar de mejorar el actual sistema municipal. Para que no reclamáramos quienes, modestamente, entendemos de Educación, el decreto desmunicipalizador del gobierno viene, efectivamente, con los “consejos locales educacionales,” pero curiosamente hasta hoy, tal capítulo de la propuesta ni siquiera se ha discutido, ni formulado sus alcances en ningún punto ni materia; menos aun ha sido discutido en instancia alguna. Ni siquiera sabemos si se ha redactado o se está redactando. …………………………………………………………. PROF. DR. HAROLDO QUINTEROS. 22/ 03/ 2016. DESMUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR. (Segunda parte) Lo más divertido de la propuesta desmunicipalizadora del gobierno es que ella podría contar con el respaldo de la derecha, la misma que hizo todo lo contrario, pero en dictadura. Con respecto a la “municipalización” en dictadura, el dato mayor de la causa es que el traspaso de las escuelas y liceos públicos a las municipalidades en Chile no tuvo origen ni basamento democráticos; vale decir, fue nada más que una de las tantas medidas autocráticas de la dictadura cívico-militar de derecha que acabó con nuestra antigua democracia. Según rezaba la propaganda dictatorial de la época, la única permitida, la municipalización era signo que Chile estaba “aprendiendo” de los países de excelencia en materia de educación. Sin embargo, la dictadura se hacía la desentendida del hecho que todos esos países eran democráticos, que en ninguno de ellos existían las descomunales desigualdades sociales que se multiplicaron exponencialmente en razón de la imposición del modelo social y económico que advino con ella, y que aún perviven en nuestros días. Finalmente, en su propaganda la dictadura jamás mencionó los consejos locales educacionales, cuya constitución es inexorablemente inherente al modelo municipalizador. Por ello es que el traspaso de la educación escolar desde el Estado a las municipalidades no era sincero ni podía ser efectivo. Además de todos los abusos que se cometieron en materia laboral, profesional y humana con nuestros maestros, la municipalización, a diferencia del modelo democrático de municipalización, sólo se confinó a la educación pública; tampoco se hizo algún distingo medianamente serio entre los municipios con mayor capacidad de financiamiento y los más pobres; los alcaldes de la época eran exclusivamente personajes de derecha designados desde el Ministerio del Interior, y a su vez, ellos designaban a los directores de las escuelas, y, bueno, mejor paro de contar. Aquello, recto verso, no era municipalización de la educación, como se quiso hacer creer al pueblo de Chile; sino una forma de control ideológico-político sobre los docentes, los asistentes de la educación de la época, los alumnos de los cursos mayores de la educación secundaria, sus hogares y la sociedad toda. El gremio de los profesores (el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTE) ya estaba disuelto, con muchos de sus antiguos dirigentes presos o asesinados. Lo peor de toda esta comedia es que la municipalización hecha en dictadura sigue casi invariable hasta hoy. Los municipios aún observan desiguales competencias técnicas para su administración; ante la ausencia de consejos comunales educacionales, los alcaldes siguen siendo pequeños señores feudales que pueden hacer lo que se les venga en gana en la administración de la educación local, como, por ejemplo, en cuanto la contratación de personal, en la que, como sabemos, demasiadas veces priman los intereses político-partidistas y el nepotismo por sobre las capacidades profesionales; las áreas educacionales de los municipios del país no se conocen entre sí, lo que hace difícil planear acciones regionales conjuntas; existen municipios al borde de la quiebra, con tan serios problemas de financiamiento, que ni siquiera pueden solventar el pago de imposiciones de docentes y asistentes de la educación. En este caos, entre otras barbaridades, como efecto de sus crujías económicas, en muchos municipios ha habido malversación de los recursos provenientes de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), dictada exclusivamente para el mejoramiento de la educación en las escuelas que atienden a los niños provenientes de las familias pobres. A todo esto, también hay que agregar el hecho que hay alcaldes que no creen que la Educación es la más importante de las instituciones sociales, y la relegan a un plano secundario, distrayendo su atención principalmente en otras áreas. En resumen, la educación, sobre todo en nuestros tiempos de progreso de la idea democrática, de las comunicaciones y el desarrollo general de los países, no debiera, por ningún motivo, ser centralizada, y es eso lo que propugna el proyecto del gobierno. Toda la educación escolar, la pública, la privada, y la privada- subvencionada, debería ser de administración municipal, pero, por supuesto, jamás en la forma concebida e impuesta al país por la dictadura. Hoy, Chile tiene la oportunidad de asumir la municipalización de manera correcta; es decir, en un marco democrático de descentralización y regionalización. Sería así, si de este modo lo quisieran nuestros gobernantes y políticos profesionales. Volviendo a Rossi, si realmente quisiera mejorar nuestra educación escolar, no debiera confundirla con el problema senatorial que tiene con Soria, sino, abogar por frenar el proyecto de desmunicipalización en marcha. ¡Sancta simplicitas! , si se aplicara en Chile el modelo municipal correctamente, otro gallo cantaría en educación en nuestro país.

DÍA DE LA MUJER.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 08/ 03/ 2016. Hoy es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. En este día, en la prensa oral, visual y escrita abundan los panegíricos y loas a las mujeres, hasta el punto de definirlas, algunos de mis congéneres hombres, sean éstos periodistas, opinólogos y, obviamente, políticos profesionales, como seres cuasi divinos, y, desde luego, superiores a los varones. La verdad es que las mujeres no necesitan tantos piropos en este día ni en ningún otro, sino, simplemente, que en los 364 restantes del año, todos los hombres del mundo, incluidos los curas y predicadores antiguo-testamentarios fanáticos y misóginos, y, sobre todo, los hombres que han accedido al poder político, simplemente las consideren personas. Así de simple, PERSONAS. Vale decir, que tengan exactamente los mismos derechos y las mismas posibilidades de desarrollo personal de los hombres, cuestión que por siglos y siglos no ha variado sustancialmente. Como sabemos, y como lo han declarado incontables informes de organismos internacionales como la ONU, UNESCO y otros, en muchos países, incluido el nuestro, las mujeres no son respetadas a nivel social general, cuestión que indiscutiblemente es parte inherente a la cultura de la sociedad de consumo, en la que, incluso, muchas veces participan ellas mismas. Ello tiene su expresión en haber sido transformadas, desde hace mucho tiempo, en objeto de mercado sexual y de farándula (como diría Pamela Jiles, como “muñecas inflables”), y en la vida habitual, siguen siendo consideradas como un ser inferior, como “un hombre incompleto,” como decía San Agustín en el siglo V. Hoy, cuando tantas genuflexiones se hacen ante la figura de la mujer, ellas siguen teniendo en Chile y el mundo, sobre todo en la clase obrera, salarios inferiores a los de los hombres, aunque realicen la misma labor; el trabajo de la mujer en el hogar no es considerado como tal, las mujeres siguen siendo objeto de acoso sexual en el trabajo y de abuso verbal y físico en muchos hogares, sin que los acosadores ni los abusadores sean realmente sancionados; siguen marcando segunda prioridad cuando se trata de acceder a un puesto de trabajo, especialmente en las universidades y centros científicos de investigación; tampoco acceden con la debida facilidad a los cargos políticos y de poder, etc., etc. Personalmente, lo que más me impresiona es la ignorancia existente sobre el origen del Día de la Mujer. En general, algunos saben que un 8 de marzo, de algún año, hubo en algún lugar del mundo una especie de protesta en que murieron mujeres, y nada más. Para quienes no conocen bien en lo ocurrido, les cuento: En un día como hoy, en 1908, en Nueva York, Estados Unidos, las obreras de una fábrica textil protagonizaron una jornada de protesta, que tuvo un horrendo fin. Era una fábrica de vestuario, y ellas eran costureras, lavanderas y aplanchadoras. Habían planteado reiteradas veces sus demandas a sus patrones, sin ningún éxito. Sus sueldos eran mucho más bajos que los de los obreros estadounideneses; trabajaban más de 8 horas diarias sin compensación adicional alguna, aunque la jornada de las 8 horas ya era una conquista laboral conseguida por los trabajadores de Estados Unidos y de Europa varias décadas antes. Tampoco se practicaba en esta fábrica la debida mantención de las máquinas, lo que era causa de continuos accidentes. Había también otra demanda: La mayoría de esas obreras eran madres, y ellas pedían la habilitación de una sala cuna y un jardín infantil para sus hijos. Ante las negativas patronales, desesperadas, salieron a las calles en protesta, y días después declararon la huelga. De pronto, los patrones, y, en general, el sistema político imperante, inquietos por lo que estaba ocurriendo, decidieron aplastar el movimiento de aquellas mujeres. Les dijeron que estaban dispuestos a negociar, y las invitaron a una reunión en el interior del taller mayor de la fábrica. Sospechosamente, no aparecieron los patrones, sino unos representantes suyos, los que, inexplicablemente, venían acompañados de un numeroso piquete policial. Las mujeres fueron las primeras en entrar. Lo hicieron en fila y se ubicaron en asientos dispuestos en el interior. Al ingresar al recinto la última trabajadora, las puertas se cerraron abruptamente, y a los minutos sobrevino un feroz incendio. 129 trabajadoras murieron quemadas vivas o asfixiadas, al no poder escapar. Muy sugestivamente, ningún policía ni delegado patronal quedó encerrado en la fábrica. Sobrevino el juicio de rigor, y desde un comienzo las declaraciones de los sospechosos de haber causado el incendio fueron contradictorias. Como el cine y la televisión no existían, los hechos no se registraron visualmente, menos aun mientras sucedían, y, por lo tanto, era difícil probar la verdad. No obstante, siempre se supo que todo había sido una monstruosa masacre seguida por un montaje en el que se coludieron patrones, la policía, la prensa, el poder judicial y el poder político. A pesar de todo, se filtraron declaraciones de algunos policías que contaron todo. Mientras oficialmente se decía que todo había sido un “lamentable“ accidente, aquellos policías declararon días después que ellos, como asimismo varios de sus colegas, fueron obligados a encerrar a las mujeres “cumpliendo órdenes superiores,“ y que otros tantos recibieron la orden de un oficial superior de iniciar el fuego. El crimen, finalmente, quedó impune. El conflicto era social y político, puesto que al igual que la masacre de Chicago del 1 de mayo de 1856, que dio origen al Día Internacional de los Trabajadores, se trató de un episodio de confrontación entre capital y trabajo, y en estos casos, como sabemos acá y acullá, los que poseen la fuerza de las armas, las usan, si consideran que la situación es extrema. Desnudada toda la verdad, el horror que causó en el mundo esta masacre fue tal que los patrones debieron ceder a muchas de las demandas de las mujeres trabajadoras, que se alzaban organizadamente en todo el país. El propio gobierno central, algunos años después, decretó, incluso, el sufragio universal. Por extensión, y rindiendo mi más sentido homenaje a una coterránea nuestra, recordemos que demasiado tiempo después, sólo en 1949 (tanta hipocresía en Chjile, por Dios), nuestras compatriotas conquistaron ese derecho, a través de la lucha, en primera línea, de nuestra muy iquiqueña Elena Caffarena, Amanda Labarca, María de la Cruz y otras próceres chilenas de los derechos de la mujer. Empero, la brega por los derechos de nuestras madres, hermanas, esposas, hijas y amigas no ha terminado. La discriminación sexual y el machismo han perdido bastante terreno, como asimismo las posturas retrógradas ultra - conservadoras que se negaban a aceptar el divorcio, el control responsable de la maternidad, y hasta una ley de filiación. Hoy, a la zaga de todos los países desarrollados y democráticos del mundo, aún no se resuelve el tema del aborto sobre las tres causales ya conocidas; siguen las violaciones y los femicidios, todavía hay muchas fábricas y lugares de trabajo sin salas-cunas; como promedio nacional, las mujeres trabajadoras chilenas ganan un 33% menos que los hombres; etc., etc.. En fin, falta mucho por hacer. Se trata de una lucha en la que, también, todo hombre justo y digno debe participar. La brecha ya fue abierta. La abrieron, para el mundo, esas tiernas y heroicas mártires estadounidenses, aquel 8 de marzo, hace 108 años.

NUESTRA DISCRETA CLASE POLÍTICA.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 14 / 02/ 2016. El público apoyo de José Miguel Insulza a Pablo Longueira, y el espaldarazo que este gesto ha tenido de varios caudillos del Partido Socialista (PS. el partido de Insulza), de varios jefes más de partidos de Nueva Mayoría (NM), y, obviamente de toda la derecha, es la más reveladora fotografía que pudo tomarse la clase política chilena (digo “clase política” a sabiendas que algunos ortodoxos no aceptarán el término. Creo, empero, que cabe perfectamente en el caso del grueso de los políticos profesionales chilenos). Aunque esta clase, por mandato de las leyes de la Historia, de seguro será transitoria, se presenta ante el país y el mundo entero en la forma de un match entre dos gladiadores que se disputan apasionadamente el gobierno del país, los hechos - lo único que cuenta en política y en todas las cosas de la vida - vienen demostrando irrefutablemente que tal match no es sino un “tongo,” y desde hace bastante tiempo. Funciona, ni más ni menos, a la manera de las clases sacerdotales hereditarias de la Antigüedad, i. e., como un grupo de privilegiados que creen en el mismo dios y a los cuales los pueblos los veneran en periódicos ritos, como hoy son los actos electorales y sus campañas. La legislación que enmarca nuestra sociedad ha sido elaborada en función de los intereses de la clase dominante en lo económico, la misma que hoy, mientras se dedica a lo que le da vida, los negocios, asegura su carácter dominante financiando horizontalmente a la clase política, la que le sirve a las maravillas para mantener un falso clima social de “paz,” “acuerdos,” “democracia,” etc., gracias al poder que el pueblo le otorga voluntariamente en las elecciones, aunque por suerte, cada vez con menos entusiasmo. Esto no sólo permite a los individuos que integran la clase política perpetuarse en el poder, sino, además, preservar indefinidamente el status quo vigente, el hasta ahora inamovible organum capitalista subsidiario neoliberal que fuera impuesto al país por el imperio estadounidense y la derecha nacional a través de una dictadura cívico militar que consiguió recuperar el poder del Estado en 1973 por la única vía que le era posible, la violencia. Esto sucedía cuando el avance de las libertades populares - que permitía a medias el modelo constitucional de entonces - había desbordado todos los límites y se acercaba a la estructuración de un orden económico nuevo. En verdad, a pesar de su aparente perfil confrontacional, la clase política chilena actúa unida. Lo hace como un grupo compacto, cerrado, elitario y unísono cuando se trata de abordar los temas realmente claves. De hecho, en el concierto de las naciones capitalistas del mundo, ninguna de las reformas actualmente en curso en Chile, en materia tributaria, educacional, sanitaria o laboral, se acercan siquiera a las estructuras que en esos rubros caracterizan a los países capitalistas más conservadores. Vale decir, las concesiones que de vez en cuando hace la derecha política nacional, no alteran las bases sobre las cuales se sostiene el sistema. Estamos, en estricto rigor, ante el más perfecto complexio oppositorum (opuestos que, al fin de todo, están unidos), concatenado en su interior por compromisos económicos con el sistema imperante del más diverso tipo y calibre, por el control que tienen sus integrantes sobre las burocracias de sus partidos políticos, por relaciones de nepotismo, amiguismo, y servilismos locales a poderosos caudillos de provincia que darían envidia a las peores dictaduras centroamericanas de los años 50. Con gran precisión, como si fuera sido escrito con dedicatoria al caso chileno, el novelista y pensador estadounidense Donald de Lillo señaló: Quienes tienen el poder harán todo en secreto con el fin de mantenerlo y afianzarlo. Pues bien, la clase política nacional hace tiempo que exhibe esta oscura impronta. El más flagrante ejemplo lo grafica la reciente firma de la Presidenta de la República en el pre-acuerdo de aceptación por parte de Chile del Acuerdo Transpacífico (Trans - Pacific Partnership, TPP), pacto comercial que integra a Chile en calidad de satélite a una asociación internacional de comercio controlada sin contrapeso por Estados Unidos, con arreglo a sus intereses y condiciones. Si el TPP fuese tan conveniente para Chile, como alega el gobierno y la derecha (vale decir, la clase política nacional), ¿por qué durante meses se realizaron secretamente conversaciones entre Chile y Estados Unidos, antes que se firmara el pre-acuerdo, sin conocerse su texto ni en lo más mínimo? Además, ¿por qué la entrada definitiva y formal de Chile al TPP será próximamente sometida al voto del Parlamento –como corresponde legalmente hacerlo- sin información a la ciudadanía, a tiempo y completa, sin ningún examen crítico público, sin una consulta o encuesta popular que lo legitime, como se haría en cualquier país democrático? Su próxima ratificación, obviamente, ya es un hecho, porque así ya lo ha acordado la clase política. No fue discutida seriamente en el país, y tampoco lo será en el Parlamento. Por cierto, todo esto ocurre sabiéndose que la mayor parte del país rechazaría el TPP si se aventaran con claridad y transparencia sus alcances. Esto de la clase política de actuar a escondidas, cobró ribetes realmente dramáticos cuando nos impusimos de la distribución secreta e ilegal de dineros de SQM y otras mega-empresas a connotados líderes de Nueva Mayoría (NM) y de la derecha, para –hasta donde sabemos- el financiamiento de campañas electorales. Vale decir, estas platas se destinaban a prácticamente toda la clase política. Esto, simplemente, revela un masivo dolo contra el Estado, tras la expedición fraudulenta de boletas de honorarios ideológicamente falsas al Servicio de Impuestos Internos. No obstante, revela dos cuestiones más graves aun: Primero, el colectivo compromiso que existe entre la clase política y quienes detentan y manejan el concentrado sistema capitalista imperante y, segundo, el conocimiento mutuo y cómplice que las dos grandes coaliciones tenían de su participación en un acto ilegal e inmoral. En medio de este descalabro moral, justo ahora, surge Insulza quien, a la manera del Chapulín Colorado, pone su coraza de “panzer” en defensa de su afligido amigo y socio Longueira, acosado por la Justicia por ser el más conspicuo protagonista del delito señalado. José Miguel Insulza, probablemente el más importante militante socialista (es, por cierto, el más conocido socialista en el exterior), entre otros panegíricos, definió a Longueira como un “estadista,” porque éste, en sus tiempos de corifeo mayor de la derecha, había demostrado “capacidad de llegar a acuerdos” con la ex - Concertación. Esto es enteramente cierto, pero ¡vaya qué acuerdos!, tomados en secreto, sin conocimiento, escrutinio ni consentimiento de la ciudadanía. Recordemos, por ejemplo, el caso “MOP-gate,” un escándalo de corrupción al interior de dos gobiernos de la Concertación, que finalmente quedó en la nada, como igualmente quedaron en la nada los casos COPEVA, las indemnizaciones multimillonarias e ilegítimas que se pagaron a funcionarios de gobierno que no habían jubilado ni que habían sido despedidos, y los copiosos dineros, hasta hoy irremediablemente perdidos, que Alemania envió a Chile para ser entregados a los ex - exilados chilenos que se refugiaron en ese país. Y, bueno, mejor paro de contar. Por entonces, la evidente moneda de cambio fue la salvada de Pinochet, un criminal que había caído en manos de jueces extranjeros para ser juzgado de acuerdo a Derecho Internacional. El gobierno concertacionista de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con la intervención directa del entonces canciller Insulza, consiguió traer de vuelta a Chile al dictador, con la promesa formal de juzgársele, pero éste no pisó el estrado de ningún tribunal luego de inventársele una inexistente “demencia senil,” burda farsa que se transformó en el mayor bochorno que Chile pudo haber tenido en toda su historia judicial ante el país y la comunidad de naciones. Como en un operático finale brillante, la lista de “felices” acuerdos signados entre los dos grandes bloques integrantes de la clase política nacional la vino a rematar Ricardo Lagos, quien, en septiembre de 2005, en calidad de Presidente del país, refrendó con su firma la espuria Constitución de 1980; por supuesto, con algunos arreglitos por aquí y por allá, para simular que en lo básico de su estructura ideológica seguía totalmente intacta. Muchos creyeron que este acto, más la salvada del tirano, tendría como efecto la aprobación popular de una nueva Constitución Política, o por lo menos, el fin del sistema binominal de elecciones. Por supuesto, nada de esto sucedió. A propósito, hoy se habla de cambiar la Constitución de 1980, bandera que agitaba la flamante Concertación de Partidos por la Democracia en la histórica campaña del NO en 1988, como asimismo en la campaña electoral que llevó a la presidencia del país a Patricio Aylwin en 1990. Hoy, el gobierno está proponiendo cuatro alternativas, entre ellas, en último lugar, la Asamblea Constituyente; en verdad, internacionalmente, el único expediente verdaderamente democrático para darse un pueblo una Constitución Política. Aunque explícita y horizontalmente muchos dirigentes de la clase política han manifestado su rechazo a la Asamblea Constituyente, por lo menos, se ha abierto una tímida puerta que permite llevar a la discusión pública su necesidad, lo que podría significar (¡albricias, por fin!) la muerte del engendro dictatorial de 1980, aún vigente . Atención, entonces: habrá que ser extraordinariamente firmes en llevar adelante esa alternativa, dado el viejo historial de engaños y promesas incumplidas a que nos ha acostumbrado la clase política. Que la derecha nacional se juegue por preservar el orden existente es obvio, puesto que ella es su autora. Empero, que a esa defensa se sumen socialistas no tiene explicación, a menos que tales “socialistas” no lo sean. Los acuerdos producidos al interior de nuestra clase política en orden a preservar la herencia dictatorial, son muchos y han sido fraguados desde el mismo día de la partida de Pinochet. Un reciente ejemplo es “el fin del sistema binominal,” que no es tal, sino el resultado de un acordado cambio superficial del sistema de elecciones parlamentarias, el más ingenioso invento de la dictadura para preservar el sistema vigente. El binominalismo no ha terminado. Por el contrario, su falso fin no es sino una descomunal maniobra anti-democrática para evitar el surgimiento de una tercera fuerza alternativa e independiente que enfrente en cancha pareja y limpiamente a la corrupta clase política que nos gobierna. En otras palabras, preservar el binominalismo, con algunos cambios cosméticos, conviene tanto a la derecha como a los partidos mayores de NM. A la derecha, porque siendo minoría conserva el empate político que garantiza la inmutabilidad del sistema fundado por ella en 1973; al grueso de NM (que simula brillantemente su naturaleza de centro-derecha teniendo en su interior a comunistas, la IC y al MAS de Navarro), porque impide la formación de una fuerza auténtica de izquierda que le sea contrapeso ante los sectores populares más vapuleados por el neo-liberalismo. “El fin del sistema binominal” no es más que un conveniente re-distritaje para dos socios, al que hacía falta agregar un costoso y desproporcionado aumento de “honorables,” lo que significará un gasto adicional de miles de millones de pesos anuales que, obviamente, pagaremos nosotros. En los hechos, en el conteo de los votos seguirán prevaleciendo las listas sobre los candidatos independientes que obtengan primeras mayorías, sistema que, excepto Chile, no existe en ningún otro país del mundo. Sigamos con “los acuerdos” de nuestra clase política: En 1990, Codelco producía más cobre que las empresas transnacionales. Esto era así porque en ese tiempo cerca del 80% de la producción de nuestra mayor riqueza estaba en manos del Estado; hoy es menos de un tercio. La desnacionalización de nuestra riqueza básica no fue obra de la dictadura ni exclusivamente de la derecha, sino de la clase política nacional; es decir, fue acordada por la derecha y la ex – Concertación, y tuvo lugar, además, nada menos que en los gobiernos de esta última. El propio Pinochet había dejado vigente en la Constitución del 80 (Disposición 3° Transitoria) la nacionalización de la Gran Minería, la obra mayor del Presidente Allende, como asimismo la posesión del Estado de todas las riquezas mineras ya descubiertas y que se descubrieren en nuestro suelo. En 1990, un tercio de la generación eléctrica estaba en manos del Estado, con empresas como Colbún, Edelnor, Edelaysen, Termoeléctrica Tocopilla y Termoeléctrica Cachapoal. Todas fueron privatizadas en los marcos de la “política de los acuerdos.” Esto ocurrió en gobiernos de la Concertación, así como también se privatizaron todas las empresas del agua y de los puertos que pertenecían al Estado. En 1990, la colusión empresarial era objeto de penas que incluían la cárcel, según leyes de la propia dictadura. En 2005, Ricardo Lagos, Presidente de la Concertación y hoy presidenciable de ciertos recalcitrantes personajes de la derecha, propuso al congreso la Ley 19.911, en virtud de la cual se elimina la reclusión como castigo a este delito, que hoy tiene a gran parte de los chilenos empobrecidos y endeudados hasta la médula. Obviamente, la ley fue aprobada. ¿Por qué se promulgó esta ley? La respuesta es obvia: porque la colusión ya existía, y de ello, más obvio aun, Lagos y la clase política entera tenían pleno conocimiento. En 1990, las AFP eran casi todas chilenas, y la dictadura sólo permitía invertir el 10% de los fondos de pensiones en el extranjero. Gracias a esa limitación la rentabilidad de los fondos en esa época era bastante superior a la de ahora. La Concertación (con Bachelet en La Moneda), autorizó la colocación hasta el 80% de los fondos de pensiones en el extranjero, y, además, eximió a las AFP de pagar el IVA. Como guinda de la torta, les mejoró el negocio al aumentarles la cotización adicional. Hoy, una familia humilde debe pagar 19% de IVA al comprar pan (con Pinochet, era un 16%), mientras que a las AFP, aunque también pagan IVA por todo lo que compran, el Estado se lo devuelve, porque así lo establece la ley 20.255 de 2008; es decir, una ley dictada bajo la presidencia de doña Michelle Bachelet. En 1990, las universidades privadas no recibían créditos del Estado, ni sus estudiantes Créditos con Aval del Estado (CAE). Hoy estas universidades han proliferado y sus dueños se han hecho más ricos que nunca gracias a los CAE. ¿O creen ustedes que ya se acabó el lucro en materia educacional, tanto escolar como superior? En 1990, estaba estampado en la Ley que las resoluciones sobre los temas laborales eran, y son hasta hoy, de quórum simple y de iniciativa presidencial. Sin embargo, la clase empresarial, la posesora real del poder en nuestro país nunca ha permitido que los gobiernos engañosamente democráticos transformen la legislación laboral hasta un punto que pueda exponerlos a enfrentarse con la clase trabajadora en igualdad de condiciones. Llegado este momento, es cuando recurre, en primera instancia, a su brazo político oficial, los partidos reconocidamente de derecha. Si allí falta fuerza, están, además, aquellos políticos más importantes del resto de la clase política, que han sido financiados en sus campañas con recursos empresariales. Resultado: después de la dictadura, en los gobiernos que se decían democráticos, la clase empresarial ha tenido, en tanto tal, un desarrollo enorme, mientras que el sector laboral sigue estancado. La explicación oficial siempre ha sido “más no se puede hacer,” lo que no es cierto, y que “se necesita tranquilidad social que haga posible el desarrollo económico del país,” lo que tampoco es cierto. ¿De qué desarrollo nos hablan si el único desarrollo que ha habido ha sido el crecimiento de un solo sector, el empresarial? En la actualidad vivimos la globalización de las economías del mundo, consecuencia inequívoca de la cada vez mayor concentración de la riqueza a nivel planetario. Esta situación conlleva, a nivel internacional, la obligación de los países subdesarrollados y en desarrollo (como es Chile), a no contradecir en sus legislaciones los intereses de los más desarrollados. Esto, con el obvio fin de equiparar las condiciones de competencia de las empresas en el mercado internacional. Las grandes empresas, i. e., el poder económico paralelo al poder político, descubrieron que podían rebajar sus costos y reducir sus problemas derivados de la administración de personal, utilizando lo que se llamó “tercerización”, que no es otra cosa que el traslado de la ejecución de algunas funciones de la empresa hacia el exterior; es decir, a empresas menores de contratistas. Obviamente, esto sólo persigue impedir el crecimiento sindical al interior de las empresas. En esta pax romana chilensis, estos trucos son absolutamente legales, aunque tan descaradamente sirvan sólo los intereses de las grandes empresas. Los Presidentes de la Concertación nunca se han decidido a restablecer en plenitud el derecho de huelga, como tampoco que todos los trabajadores contratistas reciban el mismo salario que los trabajadores de las empresas mandantes, como es en todo el mundo democrático. Pudieron establecer la negociación colectiva por rama o sector, etc., pero, teniendo mayoría para hacerlo, esas reformas no se hicieron cabalmente. Sin embargo, se implementaron otras que son un gran retroceso. Desde hace casi un siglo y hasta mediados de los años noventa, en las faenas mineras sólo se podía trabajar por turnos de 8 horas diarias. Ahora se trabaja en turnos de 12 horas día, lo que equivale a dos semanas de trabajo de 42 horas semanales, con gran daño para la salud de los trabajadores, sobre todo los de altura. Dicho de una vez, en materia laboral no se puede culpar a la Constitución de Pinochet sobre lo que la clase política entera no ha querido hacer. La clase política (es decir, hoy NM y Vamos Chile), en forma perfectamente concertada, y las más de las veces de manera subrepticia y secreta, ha tomado medidas y aprobado leyes de carácter político y económico tal como lo haría cualquier gobierno de la más conservadora derecha; es decir, en lo básico, los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales siguen siendo los favorecidos, como así lo demuestra hoy la entrada de Chile al TPP. Como sabemos, todo esto ha sido retribuido generosa y horizontalmente retribuido a la clase política en dinero constante y sonante destinados, por lo menos, a sus campañas electorales, cuestión que revela una colusión peor que la de las farmacias o las multitiendas, la firme colusión entre el poder económico y el político. ¿Se nos acabará la paciencia un día, o seguiremos así eternamente? A estas alturas, evoco al escritor y crítico político alemán Ludwig Börne, quien hace más de 200 años declaró: Todo el secreto del poder es saber que los demás son más cobardes que tú.

¿RESPETO A LAS FUERZAS ARMADAS?

PROF. HAROLDO QUINTEROS. Amigos, después de un descanso, creo que merecido, vuelvo a mis crónicas, del tipo que no todos quieren publicar... En toda democracia, las Fuerzas Armadas constitucionales poseen el monopolio de la tenencia, mantenimiento y uso de las armas, cuando así se lo ordena su jefe máximo, el Presidente de la República. En países de feble historia democrática, la generalidad ciudadana siempre ha mirado con inquietud a las instituciones armadas; esto, porque no pocas veces ellas reprimieron a sangre y fuego las demandas populares por más justicia y equidad social, cuadrándose con la clase dominante. Si bien éste es el caso de Chile, por 1969, el año en que fracasara por completo una intentona de golpe de estado (el “tacnazo”) de corte derechista, dirigida por el general Roberto Viaux Marambio, quien se atrincheró en el regimiento “Tacna” en Santiago, las FF AA parecían situarse en el terreno de la legalidad y la democracia. La intención de Viaux, supuestamente conseguir mejoras salariales para los militares, era otra: impedir las elecciones presidenciales de 1970, en que la izquierda chilena se veía para muchos, si no como segura ganadora, por lo menos muy cerca del triunfo, lo que daba cuenta de su innegable y creciente fuerza política. El fracaso de Viaux demostraba, por lo tanto, que los militares chilenos eran constitucionalistas, neutrales en política, y cualquiera fuese el resultado de las elecciones de 1970, lo respetarían; vale decir, se someterían a la Constitución Política del Estado de Chile, reconociendo en la persona del Presidente elegido a su Generalísimo. Los militares, entonces, habían recobrado su prestigio. A su expresa lealtad a las leyes, se sumaba su probidad, puesto que también en esa época, aunque no parezca importante, los uniformados no tenían privilegios sobre el resto de la ciudadanía en materia de sueldos, pensiones, atención de salud, ni en ninguna otra, a ninguno de sus oficiales se les conocía escándalos bancarios o de enriquecimientos ilícitos o misteriosos, no había leyes reservadas a su favor, y la sub-oficialidad, incluso, vivía como la clase obrera asalariada nacional. La situación cambió dramáticamente en 1970, cuando la ultra-derecha civil, que no se quedó impávida ante el triunfo del candidato presidencial de la izquierda, Salvador Allende, se alzó en sedición contra el gobierno constitucional del país. Sólo entonces se hizo manifiesta la antigua, latente y soterrada alianza entre gran parte de la oficialidad de las FF AA y lo más granado del ultrismo derechista civil. A sólo semanas de la asunción de Allende, un comando armado cívico-militar, encabezado por Viaux, y seguido por los oficiales Camilo Valenzuela, el almirante Hugo Tirado, los generales Alfredo Canales, Vicente Huerta y Joaquín García de la FACH, asesinó nada menos que al comandante en jefe de las FF AA, general René Schneider Chereaux. Lo demás es archisabido: el gobierno de Allende sufrió desde dentro y fuera del país el más abierto boycot económico, sabotajes y asesinatos, incluidos de militares, como el capitán de Marina Arturo Araya, acribillado en el antepatio de su propia casa por un comando armado. A Schneider le sucedió el General Carlos Prats, quien se mantuvo leal al Presidente Allende, al punto de aplastar un intento sedicioso en junio de 1973. Sin embargo, ante las presiones de sus pares golpistas, dimitió sólo meses antes del golpe de estado. La derecha golpista, bien financiada por los entonces grandes consorcios privados empresariales nacionales y norteamericanos, más el confeso apoyo logístico y financiero del Departamento de Estado de EE UU, había recuperado para sí las Fuerzas Armadas, que siempre consideró suyas. Los militares que habían demostrado en 1969 su neutralidad política y adhesión a la democracia y a las leyes vigentes, estaban muertos, renunciados, exonerados o completamente neutralizados. Luego del golpe de estado, Viaux, que había sido condenado a extrañamiento en un país de su elección (obviamente, eligió una dictadura fascista, la de Stroessner en Paraguay), fue retornado al país y recibido con abrazos por Pinochet. Los demás cómplices y sicarios de Viaux, los mismos que asesinaron a Schneider, fueron liberados, y los saboteadores, terroristas de bomba en mano del grupo fascista “Patria y Libertad” también lo fueron. Después, la dictadura impuso en el país un modelo foráneo en lo económico, el neo-liberalismo, y el más cobarde y abyecto régimen de terror, que también sufrieron militares que no siguieron las aguas de la dictadura. En efecto, Prats fue asesinado junto a su esposa en Buenos Aires, el general Augusto Lutz, decidido opositor al omnímodo al dictador Pinochet , fue envenenado; y Oscar Bonilla, que siempre se le opuso, murió en un burdo “accidente” de helicóptero. Otro militar constitucionalista, el mayor Mario Lavanderos, fue asesinado de un balazo que le atravesó el cráneo, disparado por los mismos asesinos de Araya. Quizás nuestro generoso pueblo podría olvidar esa macabra saga de crímenes y abusos de poder, si ahora no fuese testigo del bochornoso involucramiento de altos oficiales de las FF AA en una vorágine de enriquecimiento y corrupción que no cesa de asombrar. Con toda esta historia, ¿qué respeto pueden inspirar en el corazón de los chilenos las FF AA? Como si esto fuera poco, la ideología ultra-conservadora de la derecha civil (por ejemplo, uno de sus instructores semanales, hasta su muerte, era Jaime Guzmán), se enseñorea en las escuelas y academias militares, cuestión que hasta hoy, desde hace 25 años y en democracia, a ningún gobierno preocupa. Tómese un solo ejemplo: el embadurnamiento con pintura del monolito erigido hace un tiempo a los mártires asesinados en 1973 en el regimiento de Telecomunicaciones. Los autores de ese atentado fueron oficiales jóvenes del Ejército. Vale decir, mozalbetes que hace poco habían egresado de la Escuela Militar, no de una célula de la UDI. Evidentemente, egresaron “bien instruidos”, como cualquier militante joven de algún partido político de derecha que pasó por alguna escuela de instrucción política. Por supuesto, es en la Escuela Militar donde justamente hoy los futuros militares debieran aprender bien todo lo relativo al rol de un uniformado en una democracia. En primer lugar, su total neutralidad en política partidista y el respeto irrestricto a los derechos humanos. En suma, y digamos las cosas por su nombre, no estamos en 1969. La mayor parte del país ha perdido la confianza y el respeto que entonces tenía por sus FF AA. A los escándalos de ventas de armas de FAMAE, las platas perdidas de la Ley reservada del Cobre (el bullado “milico-gate”) y otros escándalos más, se suman los noticieros que cada día dan cuenta del arresto, juicio y condena de torturadores, violadores de mujeres y asesinos que durante la dictadura perpetraron sus crímenes vistiendo el uniforme militar. El desprestigio de los militares, aunque parezca una bagatela, lo ilustra este ejemplo: Al último escándalo de platas en que están involucrados oficiales de las FF AA, no sólo el vulgo, sino políticos, académicos y toda la prensa oral y escrita sin excepción, le llaman “milico-gate.” Si “milico” es la palabra despectiva que en Chile hace referencia a un militar, ¿por qué no lo llaman Fuerzas Armadas- gate,” “Militar-gate,” “castrense-gate” o, simplemente, “escándalo de corrupción militar”? Es de esperar que nuestras FF AA limpien su imagen expulsando de sus filas a todos los corruptos que aún perviven en ellas y los pongan en manos de la Justicia, que sean los primeros en renunciar a privilegios advocando por el fin de la Ley Reservada del Cobre, y, sobre todo, que cumplan con su deber constitucional de observar la más estricta neutralidad política y reconozcan ante el país las atrocidades que cometieron y prometan solemnemente no volver a incurrir nunca más en ellas. Finalmente, que colaboren con los tribunales en el esclarecimiento del destino que sufrieron miles de asesinados y desaparecidos. No hay otra forma que recuperen su perdido prestigio.