LA URGENCIA DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 29 / 05/ 2015. “La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora – el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario.” (Jaime Guzmán, primer redactor de la Constitución Política de Chile en vigencia, 1980). La conclusión es obvia: cuando se redactó la actual Constitución, el objetivo de sus autores fue asegurar indefinidamente el tipo de Estado que ellos preconizaban de modo excluyente y sectario. Ese fue, en el fondo, el quid de todo: imponer al país unilateralmente una constitución política que consagrara un tipo muy específico de Estado, de acuerdo al programa de sólo una de las varias corrientes políticas existentes en la sociedad chilena. ¿Puede, entonces, llamarse “demócratas” a sus autores, los mismos personajes que desde el Parlamento hoy se niegan a terminan con ese engendro anti-democrático? Ahora veamos otro pensamiento. Cito textualmente: " La soberanía reside en el pueblo. Ella es una e indivisible, imprescriptible e inalienable. Una porción del pueblo no es la soberanía, ni puede ejercer la potencia soberana del pueblo entero. El pueblo siempre tiene derecho de rever y reformar su constitución. Una generación no puede sujetar irrevocablemente a sus leyes a las generaciones futuras. Todos los hombres libres tienen derecho a concurrir a la formación de la Constitución." (Fray Camilo Henríquez, 1813). He ahí dos pensamientos políticos sobre cómo se deben gestar las leyes que han de regir la vida social. Son, desde luego, diametralmente opuestos. El primero, el de la dictadura, anti-democrático, anacrónico, excluyente e impuesto exclusivamente sobre la base de la represión y la ausencia de las libertades públicas. El segundo, el del cura patriota Camilo Henríquez, es en cambio, democrático, inclusivo y dinámico, porque, aunque pronunciado hace 202 años, asegura la participación ciudadana tanto en su concepción como en su redacción. Asimismo, ese pensamiento garantiza el crecimiento, perfeccionamiento y adaptación de la Constitución política a nuevos tiempos; vale decir, es moderno y, sobre todo, humano. Esta es, precisamente, la diferencia entre una conciencia atrasada y opresiva, aquélla sobre cuya base se redactó la actual constitución, y una democrática y marchadora con los tiempos. Si nuestro deber ciudadano es honrar a pro-hombres de nuestra Historia como fue Camilo Henríquez, y con él, a todos los Libertadores, ¿qué impide que Michelle Bachelet y la clase política parlamentaria pregunten al pueblo qué tipo de Estado quiere, y por extensión, bajo qué tipo de Constitución Política se ha de ordenar la vida social de todos en nuestra Patria? La convicción de la necesidad de una nueva constitución ya se ha entronizado en el alma nacional, y ya nadie podrá evitar que el pueblo la tenga, ejerciendo así libremente su soberanía. Sin embargo, una vez más la mayor parte de quienes constituyen la clase política, transversalmente, pretenden usurpar al pueblo esa soberanía, y una vez más, con acuerdos bajo cuerda tomados entre cuatro paredes. De partida, no tienen ese derecho y, además, el pueblo, evidentemente, ya no les tiene confianza, y cada vez menos, en tanto su descrédito, prácticamente unánime en el país, aumenta cada día mientras más se conocen nuevos y peores actos de corrupción (CONTINUARÁ). La única vía posible de construir un nuevo cuerpo de leyes que refleje realmente la soberanía popular es la Asamblea Constituyente. Si la Presidenta de la República, a quien en primer lugar corresponde convocarla, no lo hace, no tendremos un Estado ni país realmente libre, en el que su pueblo haya expresado cabalmente su soberanía. Esto es lo que NO tenemos en Chile, puesto que se nos impuso una constitución por la fuerza, y bajo el imperio de un régimen dictatorial. Ningún Estado que haya tenido una dictadura y restablecido o fundado un régimen democrático ha dejado de anular por completo la constitución que lo rigió bajo dictadura. Un caso interesante es éste: En 1949, un tribunal en la República Federal Alemana procesó a una mujer según las leyes anteriores al ascenso de Adolf Hitler al poder. La mujer fue juzgada por haber delatado a un disidente anti-nazi, quien, nótese, era su cónyuge legal. El hombre fue declarado culpable por un tribunal nazi y condenado en primera instancia a muerte, pero no fue ejecutado, sino se le mandó a luchar al frente ruso. La mujer, en su defensa, alegó que su acción no había sido ilegal pues la conducta de su marido había contravenido las leyes vigentes en la época, las que obligaba a todo ciudadano a denunciar a los opositores. No obstante, el tribunal condenó a la mujer a presidio, por cuanto al restaurarse la democracia, según reza la sentencia, aquellas leyes eran "contrarias al sentido común y de justicia de cualquier ser humano decente." Por ende, la obligación de todo ciudadano alemán, aun bajo el atroz régimen dictatorial nazi, era no respetarlas. Hitler, si bien no eliminó completamente la Constitución alemana de 1919, aprobada en la ciudad de Weimar por una Asamblea Constituyente, le introdujo reformas que la dejaron irreconocible; entre ellas, su inmutabilidad, tal como lo quisieron los autores de la actual Constitución chilena. Los nazis, para evitar la posible rebelión de algunos militares de conciencia democrática (por lo tanto, contrarios a sus designios y al nuevo estado que fundaban, el “Tercer Reich”), sólo un año después de su ascenso al poder, asesinaron a varios altos militares de las FFAA alemanas, como Ernst Röhm, un antiguo amigo y partidario de Hitler. En Chile, recuérdese siempre, la ultra-derecha armada asesinó al General René Schneider en 1970 y Pinochet mandó matar a Carlos Prats en 1974. ¡Que parecidas estas dos historias! Lo primero que hizo el Estado alemán democrático (el occidental, obviamente) luego de constituirse poco después de finalizada la 2º guerra mundial, guerra inspirada e iniciada por los nazis, fue declarar ilegítimas todas las leyes impuestas por la dictadura de Hitler, restituyendo, con las debidas modernizaciones, su antigua constitución política. Por lo tanto, la defensa de aquella mujer que durante el régimen nazi denunció a su marido aduciendo que ella sólo cumplía con la ley, es básicamente ilegal, pues el basamento de las leyes impuestas al pueblo alemán por los nazis era totalmente espurio e ilegítimo, y sólo podían servir los intereses políticos de sus autores. Ese caso no fue el único. Los alemanes reconocidos después de la guerra por haber denunciado a disidentes anti-nazis fueron procesados y castigados. Hoy, lo único que pedimos es que en un plebiscito se le hagan al pueblo dos preguntas: si quiere o no una nueva Constitución, y si la quiere a través de la elección de una Asamblea Constituyente, o si dejamos a los “honorables” (¿honorables?) que decidan nuestro destino. En verdad, no es pedir nada del otro mundo si creemos sinceramente en la democracia.

CORRUPCIÓN (HABÍA MÁS TODAVÍA)

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 22 / 05 / 2015. Con su gigantesco poder financiero, los grandes empresarios descubrieron que podían manipular a su conveniencia a buena parte de la clase política, financiando transversalmente campañas electorales, ofreciendo millonarios cargos en directorios de sus empresas, o, simplemente, recurriendo al cohecho (léase, coimeando). Esta nueva forma de modus vivendi político, inédita en el pasado por su volumen, tiene su origen y data. Se desencadenó inmediatamente después del advenimiento de la dictadura cívico-militar que impuso en Chile un nuevo tipo de Estado, el Estado subsidiario, concebido y programado por la derecha; en lo económico definido, grosso modo, como el traspaso de las empresas del Estado a los mega-empresarios y, claro está, a varios nuevos ricos más, como el yerno del dictador. Las empresas mayores estatales habían sido levantadas con gran sacrificio por todo el pueblo de Chile por lo menos desde la fundación de la CORFO, durante la presidencia de Pedro Aguirre Cerda (1939-1942), el mismo mandatario radical autor de las históricas frases “Pan para el Pueblo” y “Gobernar es Educar.” Con Pinochet, el Estado las perdió prácticamente todas. El propio dictador fue uno de los beneficiarios de un orden que jamás habría podido implantarse e institucionalizarse en democracia. Sólo recientemente, la prensa ha revelado un hecho sucedido hace bastante tiempo: seis militares en retiro han sido formalizados por malversar fondos públicos a través del traspaso de dineros a las cientos de cuentas que tenía en diversos bancos del mundo Augusto Pinochet, bajo varias "chapas," como "Daniel López;" en fin, conforme a la usanza habitual de los delincuentes económicos. Según nos lo informa con todo detalle el periodista Benedicto Castillo en su reciente estudio “Pinochet el Gran Comisionista," los fraudes al Estado los hacían estos militares en calidad de secretarios privados del dictador. Abrían cuentas en el Banco Riggs, y luego las desviaban a 129 cuentas repartidas en todo el mundo, todas de propiedad de Pinochet. Añade Castillo que desde 1989, en plena democracia, el Servicio de Impuestos Internos (SII) no se querelló nunca contra el entonces senador vitalicio Augusto Pinochet ni su familia por estos fraudes, existiendo antecedentes de sobra como para hacerlo. Eran, al fin y al cabo, los mejores tiempos de la “política de los acuerdos” y de "las razones de Estado," la mismas razones acordadas entre cuatro paredes por los corifeos de las dos coaliciones reinantes en Chile desde el fin de la dictadura. Esas "razones de Estado," entre otras desgracias para el pueblo de Chile, al cual se le había prometido Justicia y democracia, y para nuestro propio prestigio como país, llevaron al gobierno de la Concertación a liberar al dictador de la Justicia internacional. Hoy, cuando las ollas de la corrupción se han destapado por completo, estos seis ex – militares deberán enfrentar la Justicia por “substracción de fondos públicos;” es decir, de dineros de todos los chilenos que engrosaron la fortuna del dictador hasta 21 millones de dólares. Estos “verdes,” desde luego, nunca tuvieron explicación legal alguna, lo que ameritaba una investigación. Una vez más, sólo serán los sirvientes y no los amos los que paguen los delitos de estos últimos. La fortuna del dictador, el verdadero malhechor en esta historia, la heredó su familia, y hasta ahora nadie habla de recuperarla desde esa fuente, por lo menos en parte. En suma, la corrupción partió en dictadura, y con el propio dictador y su familia a la cabeza. Alcanzó luego horizontalmente a la clase política, y también a nuestras FF AA. Como ya lo demostró la periodista Olivia Monckeberg en su libro-libelo “El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno,” así como el sociólogo Dauno Tótoro con su “La Cofradía Blindada,” son muchos los oficiales que se convirtieron en hombres ricos de la noche a la mañana, al hacerse de bienes y tierras expropiadas por la dictadura. “Cosas que ya pasaron,” dirán hoy algunos, pero no es del todo así. Informa la prensa que sólo hace unos días, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte de Santiago formalizó al mayor de Ejército Mauricio Lazcano por la emisión de más de cien facturas a nombre del Ejército por servicios informáticos que nunca se prestaron, ascendentes a 6 mil millones de pesos. Además, según la acusación, la empresa cómplice en el fraude pagó a Lazcano $200 millones en coimas. Antes de 1973, nunca en la historia de las FFAA se habían conocido casos como éstos.

NUEVO GABINETE

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 15 / 05 / 2015. De la formación del nuevo gabinete pueden desprenderse varias conclusiones. La primera es que la esperanza que se cumpla cabalmente el programa de gobierno que Nueva Mayoría (NM) ofreció al país comienza a desvanecerse. El actual estado de cosas, en su visión más general, parte de la comprobación empírica que la derecha chilena aseguraba el financiamiento de sus campañas electorales gracias a siderales sumas de dinero que les proporcionaban las mega-empresas chilenas. Esto, en verdad, no podía sorprender a nadie. Aquello se sabía desde hacía mucho tiempo por las declaraciones de muchos empresarios que ya en los años 90 daban cuenta de ello, aunque la ley lo prohibía. Obviamente, esto no podía ser aportaciones financieras gratuitas, porque, al fin y al cabo, los beneficiarios son los defensores de sus intereses. Ahora, esta situación se vino a complicar gravemente luego del estallido del caso PENTA y las falsas boletas de servicios emitidas, en su gran mayoría, por candidatos de la UDI. Hasta allí, todo marchaba sobre ruedas para NM, que asestaba a la derecha un decisivo golpe de gracia político, a sólo un año de su aplastante victoria electoral. Sin embargo, muy pronto la caja de Pandora se abrió, y aunque fuese en menor escala comparativa con respecto a sus adversarios, el país se enteró que una buena parte de los parlamentarios de NM también hacían lo mismo, en los marcos de una intrincada maraña de oscuros operadores políticos y lobistas. Vale decir, Chile se revelaba como la plutocracia perfecta: la política chilena era financiaba horizontalmente por el gran empresariado. Para la derecha, se había producido el ansiado empate, que abriría las puertas a la restitución de la vieja “política de los acuerdos,” en la que dándose al interior de una cancha cuyo rayado lo hizo enteramente ella, difícilmente puede perder mucho. Se ha iniciado, entonces, la marcha atrás, y, precisamente, lo prueba la conformación del nuevo gabinete. Súper dialéctico todo: Estamos viviendo la más aguda crisis de credibilidad hacia la totalidad del sistema político que recuerda la historia nacional, y ante ella NM sólo tenía dos giros posibles: expulsar de sus filas a TODO político y funcionario suyo metido en chanchullos de negociados, cohechos, fraudes y boleteos falsos, incluyendo al hijo de la Presidenta, enfrentando sin ambages al conservadurismo nacional cumpliendo el programa que prometió al país, o, simplemente, no hacerlo, y saltar, junto a la derecha, de un barco que se hunde. Llegó finalmente la hora de las definiciones y NM empieza, en la práctica, una forzada marcha atrás. De partida, nada cambiará en Chile si no tenemos una nueva Constitución, lo que todo el mundo sabe perfectamente. Pues bien, el Ministro del Interior, el DC Burgos, que se autodefine como persona "prudente,” ya ha anunciado que no se reemplazará la actual Constitución por una nueva y básicamente diferente, sino que sólo habrá "cambios" que se harán haciendo uso de sus mismos instrumentos. Esto es imposible, algo que también él, el gobierno, la derecha, la izquierda y toda la ciudadanía de Chile saben perfectamente. Su primer autor, Jaime Guzmán, declaró públicamente, y varias veces, que ella sería prácticamente inmutable, por los altos quora parlamentarios para introducirle cambios estructurales en la economía, y por la supresión “ad aeternum” del régimen proporcional de elecciones. Remata Burgos su discurso descartando abiertamente el más legítimo de los métodos para que el pueblo ejerza su soberanía: levantar una Constitución Política a través de una Asamblea Constituyente. Y, bueno, ¿cuál será la respuesta de los invitados de piedra “de izquierda” a NM, el PC, el MAS de Navarro y la IC? ¿Seguirán todavía allí sólo para preservar sus status de partidos "institucionales" sólo para mantenerse a flote en un país obligado a no cambiar nunca? ¿O iniciarán, por fin, el camino de reagruparse en torno a la re-fundación del Estado chileno? Por supuesto, tal cambio sólo puede partir con una nueva Constitución Política, surgida inequívocamente de la soberanía popular. Burgos acaba de advertirnos que eso no está en los planes del gobierno que ahora él vice-preside.