martes, 2 de agosto de 2016

El SISTEMA CHILENO DE JUBILACIÓN: ÚNICO EN EL MUNDO.

HAROLDO QUINTEROS. 2 DE AGOSTO DE 2016 El experimento neo-liberal introducido a fondo en Chile por la fuerza bruta en 1973, es un caso único en el mundo. Esto, porque precisamente, sólo pudo introducirse… por la fuerza bruta, y jamás en democracia. La majadera alharaca sobre el “éxito” del sistema neo-liberal vigente, que durante más de cuatro décadas vienen repitiendo sus partidarios, es enteramente cierta, pero sólo en cuanto la bonanza se concentra donde reside el gran poder económico. En verdad, sus efectos sociales han sido indiscutiblemente desastrosos. La Educación, transformada en servicio (es decir, en mercancía) es desigual, mediocre y elitista como ninguna otra a escala planetaria; en cuestión Salud, vemos cómo cada día acuden a la prensa padres desesperados solicitando dinero para solventar medicinas o millonarias operaciones para sus hijos; y en materia de pensiones… ni hablar. Probablemente es en este rubro en que el sistema alcanza su clímax en cuanto escándalo, además, obviamente, de la impronta de desigualdad que también caracteriza a la Educación y la Salud. Por lo menos, las recientes masivas manifestaciones populares en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) reflejan el evidente hecho que el pueblo de Chile, por fin, se ha rebelado de verdad, y de manera rotunda. Por cierto, definitivamente se ha dado cuenta que las AFP fueron técnicamente una estafa. Fue la más vulgar de las mentiras de la dictadura - como lo aventaba el audaz José Piñera, el gran creador de las AFP- que los afiliados a ellas tendrían como jubilación, por lo menos, el equivalente de lo que ahorrarían. La verdad es que las AFP eran puro lucro, otro nicho de negocios más para las mismas mega-empresas y bancos nacionales y transnacionales privados que terminarían haciéndose dueños del país en menos de tres décadas. Es decir, el sistema no tenía el objetivo democrático, moral y universal de pensionar con dignidad a quienes trabajaron toda la vida para engrandecer el país, sino ganar más y más plata apropiándose y especulando con dinero ajeno, i.e., los ahorros de los trabajadores acumulados por ellos llegado el momento de marchar al descanso. La verdad pura, repito, es que las AFP fueron y siguen siendo una estafa, un robo legal como probablemente nunca hubo otro igual en toda nuestra historia. La dictadura gobernó sólo y exclusivamente en favor de los capitalistas, y las AFP son la prueba más tangible de ello. Sólo el año pasado se acumularon 4,5 billones de pesos, y repartieron sólo una pequeña parte de esa suma; exactamente 2,3 billones; en estado contribuye con poco más de un billón. En otras palabras, al igual que en materia de Educación y Salud, el Estado (que no es otro que el referente de todo el pueblo chileno) contribuye a que los ricos se hagan más ricos dejando a ellos la mayor parte de los ahorros por pensiones, y a los que trabajan, más pobres. Los astutos consejeros de la dictadura (que hoy rasgan vestiduras ante “lo mal” que lo hacen los gobiernos de Nueva Mayoría, NM, en materia de pensiones y todo lo imaginable), son hoy los capos políticos de la derecha nacional. Obviamente, ellos no cambiarán el sistema, porque son sus creadores. Lo introdujeron en Chile siguiendo fielmente las instrucciones del primer mentor del neo-liberalismo, el primer ideólogo de la muy yanqui Escuela de Chicago, Milton Friedman. Quizás lo atenúen un poquitín ante el levantamiento popular en marcha, pero no lo cambiarán por el sistema universal tripartito, basado en el reparto solidario, con contribución de los patrones, del Estado y del trabajador, lo que es típico de las economías mixtas. En cuanto NM, poco se puede esperar. Sus dirigentes mayores y sus políticos profesionales han sido definitivamente absorbidos por el sistema; por lo tanto, es difícil que se aventuren a jugarse por la eliminación de las AFP. Un solo botón de muestra es el bochornoso incidente que acaba de protagonizar el diputado Andrade con la jubilación de su ex – cónyuge, de más de 5 millones de pesos, con sólo 52 años de edad y con muy poco más de 20 años de trabajo. Hasta hoy, el gran argumento de los inventores de las AFP, capitaneados por Kast, la "Cata" Edwards y otros políticos UDI o de la misma pluma, es el supuesto “fracaso” del sistema de reparto en Europa. Nada más falso. No fracasó el sistema tripartito de reparto en Europa. Por el contrario. Ante la crisis de la banca internacional por el exceso de movilidad de capitales especulativos, algunos gobiernos, como el de Rajoy, recurrieron a los fondos de pensiones (que administra el Estado, y no agentes privados), para salvarla. Es lo que hizo la dictadura de Pinochet en los 80 con la banca privada nacional. En verdad, lo más probable es que la medida, que ha producido serias tensiones sociales en España, serán transitorias, mientras la banca se recupera y devuelve los créditos que recibió del Estado. No fue así en Chile, en que los 5 billones de dólares que se pasaron a la banca se hicieron bajo el régimen de crédito “blando” que al final sólo favoreció a ella. España, mal que mal, es una democracia, y eso no sucederá. Ahora, una reflexión que cabe de Perogrullo: ¿Por qué las FF AA siguieron en el antiguo sistema público, aquel que era de todos los chilenos antes de 1973? Por supuesto, porque toda dictadura, sea militar o seudo-democrática como es la que hoy rige al país, necesita tener contentos a sus guardianes armados. En todos los países del mundo, sobre todo en las democracias, no hay pensiones de privilegio. Todo jubilado recibe alrededor del 65 al 100% de su último salario, además de incontables prebendas en atención médica, descanso, viajes y otras alegrías. Hoy, para los chilenos de las AFP su jubilación bordea la tercera parte o menos de lo que fueron sus salarios. Según cifras oficiales, el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de $305.000; el 70%, menos de 450.000, y sólo el 20%, más de $600.000. Además de esas miserias, ahora observen la burla: al mes, según datos oficiales, las pensiones promedio de la oficialidad militar fluctúan entre $ 1.489.497 y 1.622.680, mientras que el promedio de las mejores jubilaciones AFP es de apenas $ 180.898. El 90,9% de estos pensionados recibe una pensión igual o menor a $ 149.135, y el 68%, de 55 a 60 años, ha acumulado en su cuenta menos de $ 20,000.000, lo que significa que al jubilar tendrá una pensión de sólo unos $ 100.000 mensuales. Esto explica por qué los jubilados chilenos deben seguir y morir trabajando, más aun si tienen todavía hijos estudiando o están endeudados hasta los tuétanos. Un equipo de CENDA, liderado por el economista Manuel Riesco, publicó hace unos años un estudio muy poco conocido sobre las AFP. Entre otras sorpresas, demostró que de cada tres pesos que ellas recaudan, tanto por la vía de cotización como de subsidios estatales, dos se quedan enredados entre las AFP y los dueños de los grandes grupos financieros nacionales e internacionales, ¡los mismos dueños de las AFP!. No obstante, la conclusión más importante de Riesco fue otra. Su estudio demostró que si el sistema nacional de pensiones volviera a ser estatal, las pensiones de las AFP serían iguales a las del sistema público (IPS). Por supuesto, si el sistema no observara el lucro, las pensiones serán aun mejores. “La pregunta del millón” es obvia: ¿por qué no se ha eliminado o modificado el sistema de las AFP? Pues, simplemente, porque se ha entronizado en el orden económico actualmente vigente, orientado exclusivamente a la ganancia de las grandes empresas, que como sabemos, además ni siquiera pagan impuestos al Estado. Este es un orden que ni la derecha (sus creadores directos), ni NM, indecisa, errática, y en mayor o menor medida, comprometida con él, quieren cambiar. Bachelet no propuso en su campaña electoral eliminar el sistema, pero sí crear una AFP estatal sin fines de lucro, promesa todavía incumplida. En verdad, la eliminación o modificación sustancial del sistema AFP sólo necesita la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio, como así lo estipula el Artículo 19, inciso 18 de la Constitución. Es decir, si el gobierno lo quisiese, podría iniciar, ya, ahora mismo, la tramitación del fin del sistema, puesto que cuenta con esa mayoría. Ergo, no es la actual clase política la que resolverá el problema.

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