EL LITIO DE CHILE PARA CHILE

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21, 16-02-12.


¡EL LITIO DE CHILE PARA CHILE!


La medida más importante que tomó el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende fue la nacionalización del cobre. La recuperación para Chile de nuestro mayor recurso natural fue difícil; mas, sobre todo, valiente. Era, como principio, por una parte, alzarse contra el más poderoso imperio económico y militar del mundo, y por otra, echarse encima a la poderosa y pragmática derecha nacional, posesora de la mayor parte de las explotaciones industriales y comerciales del país, partidaria acérrima de las concesiones de nuestras riquezas básicas a empresas extranjeras, y, por añadidura, de una tradicional presencia e influencia política en las FF AA. El argumento para auto-negarse la soberanía chilena sobre el cobre era ésta: Nosotros, habitantes de un país periférico y de escaso desarrollo, no poseíamos el “know-how” ni la infraestructura material para explotar el metal. Necesitábamos, entonces, la “generosa ayuda” de los gringos para poder hacerlo. La experiencia de la explotación del cobre luego de su nacionalización probó la falsedad de ese argumento. La empresa estatal CODELCO, antes titular por ley de toda la explotación y comercialización de nuestro cobre, hoy apenas tiene un tercio de esa titularidad en virtud de la anti-patriótica Ley de Concesiones Mineras de 1981 (desde luego, impuesta al país en plena dictadura. Sin embargo, aun con ese solo tercio, ha sostenido y sigue sosteniendo al país en todos los aspectos imaginables. ¡Qué paradoja! Tenemos los yacimientos más grandes de cobre del mundo, y, sin embargo, el pueblo chileno sigue, día a día, acusando los mismos problemas de pobreza y subdesarrollo de siempre. Otro gallo cantaría si los gobiernos de Chile, desde 1973 hasta hoy, pasando por la dictadura, cada uno de los gobiernos de la Concertación, y el actual, hubiesen asegurado nuestra propiedad total sobre el cobre. Pudieron hacerlo, y no lo hicieron. Por ello, ahora lamentamos la pérdida de más de 40.000 mil millones de dólares, desde el fatídico año en que se dictó aquella ley. Las dos coaliciones políticas mayores del país, que hoy comparten amablemente el poder “binominal” existente, la Alianza y la Concertación, tampoco han tenido la disposición de modificar los contratos con las empresas que explotan nuestro cobre cuando los precios del metal se disparan (ha habido años en que se han triplicado y hasta cuadruplicado), tal como lo hacen regularmente todos los países que comercializan sus recursos no renovables. Pues bien, ahora está en peligro otra valiosísima riqueza nuestra, de la cual también tenemos el privilegio de poseerla en una cantidad mayor que ningún otro país del mundo: el litio, metal que ha irrumpido espectacularmente en la economía mundial en los últimos años. El litio tiene infinitud de aplicaciones en la era tecnológica en que vivimos. Se lo usa, por ejemplo, en la fabricación de todo tipo de baterías eléctricas y fotoválticas, en la fusión nuclear; en medicina, especialmente en el tratamiento de diversas enfermedades mentales, etc., etc., etc. Como era de esperar, empresas extranjeras mineras ya se dejaron caer en Chile, e inmediatamente después de ello, comenzó la campaña por su privatización, cuyo líder es el propio ministro de Minería (El Mercurio, 05/ 08 / 2011). Empero, hay que solucionar un problema: resulta que el litio no es concesible. Las dos explotaciones privadas existentes (SQM y Chemetall-SCL) son reguladas por contratos con el Estado por períodos determinados, que permiten fijar cuotas de extracción y cobrar derechos y royalties especiales. El Litio, en efecto, no fue considerado en la ley de 1981 porque es indispensable en el proceso de fusión nuclear, lo que en sí demanda un trato especial de Estado. Entonces, se pretende ahora modificar la Ley, tal como cuando en dictadura se barrió con la Ley que nos daba la propiedad total del cobre. En estos precisos instantes, la clase política nacional tiene dos caminos. Uno, en uso de todos los recursos legales, aplica al litio la mejor política estatal y soberana para su explotación y comercialización; o, dos, lo entrega en concesión a empresas extranjeras. No hay que confiarse, e impedir en las calles que la ley se modifique y perdamos ahora el litio. ¡Que no ocurra con el litio lo que ocurrió con nuestro cobre hace tres décadas!