ELECCIONES Y DESARROLLO.

HAROLDO QUINTEROS. DIARIO EL LONGINO. 15 / 11/ 2013 A casi horas de las próximas elecciones, ha vuelto al tapete el manido tema “Chile, país desarrollado.” En una de sus últimas embestidas publicitarias, la candidata de la derecha ha acusado a su contendora de dos deméritos: haber impedido que Chile, supuestamente “en las puertas del desarrollo,” accediera a éste durante su administración; y, sólo hace unos días, de gastar millonadas en su campaña, más allá de los márgenes legales. Los dos temas se imbrican perfectamente. En efecto, sobre el tema del desarrollo, son demasiadas las razones que desmienten el supuesto de Matthei que estamos, o hemos estado, en las puertas del desarrollo, entre muchas otras, precisamente aquella que dice relación con las campañas electorales. Los países desarrollados son democracias en todo el sentido de la palabra, lo que no es Chile; es decir, allí, para empezar, no hay desigualdades ni trampas electorales legales, como el sistema binominal de elecciones chileno, un invento ideado en Polonia en los años 80, como método transitorio de cambio desde una dictadura a una democracia (obviamente, hoy en Polonia el binominalismo ya no existe, mientras que en Chile es virtualmente inmutable). Las prácticas electorales grafican muy bien el abismo que hay entre un país desarrollado y uno que no lo es. Para empezar, en ellos la Ley asegura a los candidatos igualdad de acceso a los medios masivos de comunicación. El Estado pone a disposición de los candidatos legalmente declarados como tales, por igual, de espacios televisados y de radios, sobre cuyos horarios se informa previamente. En Chile, como todos sabemos, excepto en candidaturas presidenciales, no es así. Aquí, el candidato que cuenta con más dinero, tiene más propaganda, y, con ello, como lo demuestra la cruda realidad, tiene también la mayor opción de ganar. ¿Es eso estar “en las puertas del desarrollo?” En un país desarrollado, la prensa y demás medios de comunicación privados, salvo si se unen voluntariamente a los estatales en cadena, no hacen propaganda electoral. Aquí, en períodos de elecciones, los medios de comunicación privados crecen, pagan sus deudas y hasta podrían, si lo quisieran, regalar un “aguinaldo de elecciones” a su personal. En un país desarrollado, las gigantografías son permitidas sólo al comercio, y en lugares pre-establecidos para ello. Los grandes carteles de carácter político no se permiten por ley y los afiches sólo se admiten en espacios especialmente habilitados para ello. Se trata de gruesas columnas en lugares públicos, con espacios para cada candidato previamente asignados por los municipios. Aquí, las paredes de las ciudades se embadurnan con carteles hasta el infinito, lo que, por supuesto, es pingüe negocio para las empresas gráficas locales y del extranjero. En un país desarrollado, los gastos de campaña se auditan hasta el último centavo y tienen un tope, que, en verdad, es comparativamente bajo. También se prohíben a las grandes empresas los “generosos donativos” a tal o cual candidato en campaña. En un país desarrollado, los vecinos reclamarían de inmediato a la policía por los vehículos que de manera ensordecedora perifonean solos o en caravana por los barrios. En un país desarrollado, muy rara vez un jefe político tiene el poder de designar a su mujer, hijos o yernos en postulaciones electorales. Aquí… ¿debo mencionar los clanes y familiones que en muchas ciudades se han adueñado del poder político, por lado y lado, a lo largo de las últimas décadas?. En un país desarrollado, nunca, jamás, alguien se atrevería a llamar a los militares a apoyar corporativamente a un candidato, justo lo que acaban de hacer importantes sectores de derecha. ¿No son neutrales nuestras FF AA, o eso es un cuento? ¿O la “familia militar” es una familia armada que milita en la derecha? Finalmente, el cargo de Matthei a Bachelet sobre gastos de campaña me recuerda el viejo dicho “la sartén le dijo a la olla.” Por cierto, es la derecha el conglomerado político que menos razones tiene para preocuparse del financiamiento de sus campañas electorales, por su relación ideológica directa con los centros financieros y empresariales del país. Las gigantescas sumas de dinero quemadas como hojarasca en las campañas electorales, un hecho en sí inmoral en un país que acusa tantos problemas sociales, tienen, obviamente, un origen, que no puede estar sino en el corazón del hiper-concentrado sector empresarial privado, que nunca ha tenido precisamente aspiraciones filantrópicas ni menos aun ideas de izquierda. Es urgente una nueva Ley Electoral que defina y limite bien el financiamiento de las campañas electorales, el mejor expediente que existe para frenmar la corrupción política, y que, por lo tanto, asegure a todos los candidatos la más absoluta igualdad de acceso a los oídos de la ciudadanía. Sólo así la ciudadanía podrá medir bien la calidad de las propuestas y programas políticos, y, con ello, la posibilidad que Chile sea regido realmente por sus mejores hijas e hijos.