IQUIQUEÑOS INDIGNADOS

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 27 / 03 / 2015 La semana pasada fue histórica en Iquique. Fue la primera vez que marcharon por nuestras calles iquiqueños que no representaban a grupos determinados políticos, sindicales o estudiantiles. Había manifestantes de todo tipo, aunque, como era de esperar, no participaron quienes adscriben a organizaciones que piensan que no estamos mal en Chile, ni siquiera medio mal; es decir, la derecha política. Los carteles contenían gruesas diatribas contra las desigualdades sociales, contra las AFP, las Isapres, las termoeléctricas, los bajos sueldos, los altos arriendos de casas y departamentos, la falta de atención médica de calidad para los asalariados más pobres, el centralismo, etc., etc. Hasta aquí, cualquiera podría pensar que la marcha pudo ser convocada por algún grupo o partido de izquierda. No. Las pancartas más abundantes se referían a la corrupción política en el país, y más claro aun, a la corrupción personal de los políticos profesionales chilenos, de todas las tiendas sin excepción. La manifestación tuvo ribetes violentos, con apaleos y guanaco incluidos, y la visión de una anciana manifestante, de unos 80 años, enfrentando a viva voz a las fuerzas especiales de represión, recorrió todo el país, lo que devela el carácter horizontal y general de esta “Marcha de los Indignados de Iquique.” Como todas las manifestaciones de este tipo (ya están teniendo lugar en todo el país), la de Iquique empezó hace tiempo con rayados clandestinos, de sello anárquico, no identificables con grupos políticos organizados, los que así como aparecen, al poco tiempo desaparecen, para volver a aparecer. Lo claro es que tendremos que convivir con este fenómeno, porque todo indica que continuará, por lo menos hasta que persistan sus razones básicas: la inequidad reinante en todos los aspectos de la vida social y la rotunda desconfianza que la ciudadanía siente por la totalidad de los chilenos elegidos para ejercer la administración política del país, de rey a paje, sin ambages ni excepción. El descontento es general, porque la clase política, evidentemente, no ha resuelto los graves problemas de la población, y, además, porque, además de incapaz, está resultando ser probadamente corrupta. Es una pena que el sentimiento general del pueblo sea que nuestros políticos no son honestos, porque esto conlleva el mayor de los peligros: la tentación por “la solución militar,” la del “orden” traído por el “general apolítico,” supuesto primer depositario de las glorias de la Patria, etc. La realidad chilena ha demostrado que eso no es más que un cuento. Baste sólo recordar la “neutralidad” y “patriotismo” de la dictadura de Pinochet, que entregó el país entero a la voracidad de las grandes empresas nacionales y transnacionales, en sintonía perfecta con los intereses de la derecha nacional. Es cierto que la clase política está severamente cuestionada por la opinión pública, pero ésta no puede dejar de tener en cuenta que la corrupción política tiene su origen en el orden institucional existente. Lo lógico, entonces, es cambiar ese orden, cuya base es el binominalismo (que no ha sido eliminado, como se miente a diario), y la doctrina general del lucro y la ganancia y ventaja personal. Los dirigentes mayores de las dos grandes coaliciones siguen negándose, en bloque, a terminar de raíz con ese orden antidemocrático y espurio. Se niegan a llamar a una Asamblea Constituyente, con plebiscito popular, que le dé al país una nueva Constitución Política, una que haya surgido de la soberanía popular. En verdad, la colusión de nuestros políticos por negarse a la convocatoria de una Asamblea Constituyente es el mayor acto de corrupción imaginable. Basta ya, ¡Asamblea Constituyente, ahora!.