LEY Y DEMOCRACIA

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21. 12/ 04/ 2012.

LEY Y DEMOCRACIA

Ante las próximas elecciones, ha vuelto a las páginas de los diarios y entrevistas de televisión el concepto político más manido de todos: democracia, que sería la característica política mayor nuestra como nación. No es muy difícil engañar al pueblo con esta aparente verdad, puesto que, en efecto, en nuestro país se realizan elecciones periódicas y se puede expresar opiniones, derechos que no existen en las dictaduras claras y sin ambages. Sin embargo, detenerse sin ningún análisis serio de esos argumentos (absolutamente relativos, por lo demás) revela un craso simplismo. De partida, más de la mitad de los chilenos que pueden elegir autoridades nunca votan, aunque hasta la última elección, ello era obligatorio. ¿Se imaginan cuál será el nivel de abstención en las elecciones que se avecinan, que se realizarán sobre el principio del voto voluntario? Si la mitad o más del país no participa en la elección de sus autoridades, es porque esos millones de compatriotas no creen en nuestra supuesta “democracia,” y si no creen es porque, obviamente, para ellos la tal “democracia” no existe. Bueno, ¿qué es democracia? “El gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo,” decía Lincoln, la definición clásica y más aceptada del término. Sin embargo, la concreción en la práctica del famoso aforismo del Leñador no la produce la sola realización de elecciones periódicas, sino un concepto mucho mayor y más profundo, la ”soberanía popular,” expuesto por J.J. Rousseau en el siglo XVIII, según el cual el poder político es representativo de los intereses del pueblo sólo si la ciudadanía participa en la gestión del Estado de modo consciente, masivo y sistemático. La primera manifestación de esa participación popular en el poder político, según Rousseau, es la construcción por el pueblo de la base sobre la cual se sustenta el Estado, la Ley. Escribía Rousseau en su “Contrato Social”: “Las leyes no son sino las condiciones de la asociación civil, y el pueblo debe ser su autor” (Capítulo VI, De la Ley). Ergo, en una democracia la Ley sólo puede tener su origen en la voluntad popular, y nada más. Una ley que provenga de otra fuente no tiene por qué ser obedecida, y, por extensión, la resistencia a toda ley que no ha nacido de la voluntad popular es legítima, y hasta obligatoria. Esta formidable idea ha sido la partera de todos los grandes movimientos y cambios sociales que han hecho avanzar a la Humanidad, entre ellas la gesta independentista de Carrera, O’Higgins y Rodríguez. Ya en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, la había planteado con una claridad solar en su “Summa Theologica” (Parte Moral, I.2 y II.2). Dice el Doctor Angelicus, ”las leyes injustas, que suponen una extralimitación del poder del que las da, jamás deben ser acatadas y obedecidas.” Entonces, mi pregunta es: ¿Es la Ley que nos rige (léase la Constitución de 1980) producto de la voluntad popular? La respuesta no puede ser más rotunda: NO. La actual constitución es el arquetipo de la “extralimitación del poder” a que hace referencia Santo Tomás de Aquino. Fue impuesta al país sobre los clásicos cuatro principios dictatoriales: los intereses de sólo un sector de la sociedad, la negación de la libertad al que piensa distinto, la fuerza bruta y su inmutabilidad. La dictadura, por lo tanto, estableció en Chile, a balazos, un orden político y económico obligatorio para todos e inmutable; en otras palabras, lo que tenemos no es más que una dictadura, muy bien simulada legalmente. La argucia para conseguir este objetivo “sin que se note,” fue el primer “top one” mundial anti-democrático de Chile: el sistema binominal de elecciones, único en el mundo, que obliga a los chilenos a elegir sólo entre dos coaliciones. Para asegurar aun más ese orden, está establecido que si ganara la coalición que quisiera cambiar las leyes, ésta se toparía con otras tres grandes murallas: los altos quora calificados exigidos para cambiarlas, la negación práctica de votar al medio millón de chilenos que viven fuera del país, y, dejémonos de cuentos, la más dura de todas, las Fuerzas Armadas, a las que la autora de las leyes - la derecha política y económica- ha convencido de ser su único, “patriótico” e infalible autor. Entonces, me perdonarán los que creen que en Chile tenemos democracia, aunque tenga sus “defectos” como dicen algunos. Chile está regido, indiscutiblemente, por una constitución política de raíz ilegítima, inmutable, y primer garante de los intereses de los grandes imperios económicos. La democracia chilena, entonces, deber ser re-conquistada. Para ello, hay que revocar la espuria Ley que nos rige, y plebiscitar con todas las garantías libertarias del caso una nueva constitución. Sólo ello, y no las rutinarias elecciones a que se ha acostumbrado al pueblo, puede dar cuenta del gran principio que orienta toda democracia, el principio de la soberanía popular.