DESPIDOS MASIVOS EN LA UNIVERSIDAD ARTURO PRAT.

La justificación que ha hecho pública el rector de la Universidad Arturo Prat (UNAP), Gustavo Soto, sobre la reciente ola de despidos ordenada por él en la institución, no puede ser más débil. Soto aduce escuetamente que los despidos se han hecho en aras de la "optimización institucional." Por cierto, en una universidad el parámetro clave de optimización -si no el único- es la calidad académica de los profesores, que se mide a través de las evaluaciones que hacen de ellos los alumnos, y, desde luego, la producción investigativa y científico-literaria que exhiban periódicamente. Pues bien, los despidos masivos realizados por Soto en sus administraciones no reflejan en absoluto la aplicación de ese parámetro. Por el contrario, en esas masivas desafecciones de académicos figuran muchos docentes no sólo antiguos y de dilatada experiencia en sus áreas, sino ampliamente bien evaluados, sobre todo por sus alumnos; y, para rematar, son profesores de alta graduación. Desde luego, cualesquiera nuevos planes y proyectos institucionales no podía, en verdad, prescindir de estos académicos. Ergo, la razón de los despidos nada tiene que ver con una supuesta "optimización institucional." Evidentemente, el rector (cuyo poder es absoluto) busca resolver el problema de las crujias financieras de la UNAP a través del expediente del despido, sin haber estudiado seriamente de otras posibilidades; entre ellas, la corrección de la infamante inequidad existente en la institución en materia de salarios, de la cual él y sus más cercanos colaboradores son directos beneficiarios. Llamo la atención sobre lo ocurrido en la UNAP, porque las universidades estatales pertenecen al pueblo de Chile, y no a sus rectores ni a sus más bien simbólicas "juntas directivas." Es cierto que universalmente las universidades estatales son autónomas, pero eso tiene un límite, y ese límite no sólo es ético sino político. En efecto, las universidades estatales están para servir a la ciudadanía sin lucros y en la mejor forma posible, y funcionan sobre la base de los aranceles que pagan los estudiantes y sus familias, y los recursos que les aporta el Estado; es decir, sus verdaderos dueños, la comunidad. Por esto, es que mucho tienen que decir nuestras autoridades, sobre todo las de gobierno y los CORE, sobre lo que hoy está ocurriendo en la UNAP. Prof. Dr. Haroldo Quinteros. Candidato a Alcalde de Iquique, período 2012-2016. 28 de agosto de 2012.

LA MINERÍA. ENTREVISTA RADIAL A HAROLDO QUINTEROS

LA MINERÍA EN RADIO “EL SALITRE” (*). LUNES 20 DE AGOSTO DE 2012. “La Minería en Radio El Salitre” es un programa semanal que se transmite por la radio de ese nombre en Iquique (frecuencia en FM 91.9), todos los lunes a las 19:00 hrs, bajo la conducción del periodista Freddy Torres. La siguiente es la transcripción de la grabación hecha del programa del lunes 20 de agosto de 2012. En el programa fue entrevistado Haroldo Quinteros, candidato a alcalde de Iquique, del pacto Partido Igualdad-Independientes. ………………………………………………….. Pregunta: ¿ Profesor, que le parece a usted la situación de la explotación minera en Chile? RESPUESTA: Lo básico que hay que entender con respecto a nuestra minería es que el COBRE es y sigue siendo nuestra riqueza mayor, y representa más del 40% de de lo que obtenemos en ganancias con nuestras exportaciones. En 1971, el cobre se nacionalizó, como todos sabemos, pero se desnacionalizó con el advenimiento de la dictadura, y ese proceso sigue adelante. Traje algunos datos, que aquí están. Tomemos como referencia el año1990. En ese año la producción de CODELCO era el 75,2% del país, y más la de ENAMI (la estatal Empresa de Minería Nacional) sumaba 84,2% del total. Hasta 1973, era el 100%, como se sabe. O sea, en 1990, la producción y propiedad privada de las ventas del cobre chileno era sólo el 15,8%. Desde 1990 hasta hoy la producción general ha aumentado, pero el Estado de Chile, o sea CODELCO y ENAMI, sólo poseen el 33% del cobre, el 67% restante es de propiedad de empresas privadas. Algunas son nacionales, pero la mayoría son extranjeras. O sea, Codelco, es decir Chile, es dueña sólo de un tercio del cobre que está en nuestro suelo. Pero aquí viene la paradoja: CODELCO entrega muchos más recursos económicos al Estado de Chile que todas las empresas privadas juntas. Otro dato, y éste es reciente: Desde 1990 hasta el 2011, CODELCO entregó al Estado unos 20.000 millones de dólares. En el mismo período las empresas extranjeras pagaron alrededor de 3.000; siete veces menos, a pesar de producir dos veces más, o mejor dicho aun, 200% más que lo que produce CODELCO. Es preciso que nadie ignore ni olvide que el Estado de Chile ha recibido en los últimos 8 años de la explotación del cobre la ínfima comisión – miserable, en verdad- de sólo el uno por ciento de las utilidades declaradas por las empresas. Hay otro problema más en contra de Chile: El cobre siempre sube de precio, lo que debiera obligar al estado a modificar oportunamente los contratos con las empresas mineras. Hace unos años, los precios del metal se triplicaron y hasta cuadruplicaron. Todos los países productores y exportadores de cobre, menos uno, Chile, tienen leyes que suben el valor de los royalties a las empresas extranjeras que explotan cobre si el precio internacional del cobre sube. En Chile, en los últimos años las transnacionales han obtenido ganancias que nunca antes en toda su historia obtuvieron en parte alguna del mundo, por dos razones. Primero, obviamente, por esta sustantiva alza en el precio del cobre, que, en general, se ha mantenido o ha variado muy poco negativamente; y segundo, porque el gobierno de Chile y nuestros parlamentarios, tanto de gobierno como de Concertacionista, que curiosamente hace llamarse “oposición,” resolvieron continuar la línea en materia de inversión extranjera fijada en 1973 por la dictadura, y entregaron , así no más, nuestro cobre a las empresas extranjeras para que lo exploten por unos 12 años más. Ha llegado la hora de plebiscitar una nueva ley minera, por ahora por lo menos, mientras un gobierno patriótico de verdad se atreva a nacionalizarlo de nuevo, como ocurrió en 1971 con el gobierno de Salvador Allende. Pregunta: En resumen, ¿cómo cree usted que es el trato a las empresas mineras privadas en Chile? RESPUESTA: Fantástico, pues. Entre otras ventajas, pagan muy poco en impuestos. Hasta hay casos en que no pagan, y por años, como fue el caso de la mina La Disputada de Las Condes que por 23 años no pagó impuestos. ¿Y qué me dice usted del Tratado de Libre Comercio con estados Unidos que firmó Ricardo Lagos a comienzos de su administración. Fue entonces que se acordaron los bajos royalties, y lo más escandaloso, si hay problemas entre empresa y trabajadores o el propio Estado de Chile, el problema lo deciden cortes de justicia estadounidenses. Algo más, estas empresas venden nuestro cobre en bruto a sus filiales en otros países a un precio menor que el del mercado, y sólo como materia prima. Para rematar, tienen el derecho de procesar el cobre en el exterior. En otras palabras, las utilidades de las grandes empresas en Chile son muy superiores a las que obtienen en sus países de origen o en otros territorios. Pregunta: ¿Qué opina usted de la ley Reservada del Cobre: RESPUESTA: Esa ley es tan insólita como antidemocrática. Imagínese, un 10% de las ventas brutas del cobre sólo estatal, repito sólo estatal, se entrega a las Fuerzas Armadas, lo que está estipulado en la Constitución de 1980, impuesta al país por la dictadura a balazos. En verdad, nada, absolutamente nada, justifica esto. Primero, por su origen antidemocrático, y, segundo, porque el Estado pertrecha muy bien a las FFAA para la defensa del país. Pero hay más. La ley es reservada; o sea, secreta, lo que significa que las FFAA pueden destinarlas a lo que se les ocurra. Eso se hace con una riqueza que es estratégica para el desarrollo del país, ¿qué les parece a los auditores? La verdad es que la asignación del 10% a las FFAA, no es sino una granjería, una clara expresión de abuso de poder, porque fue impuesta bajo un régimen dictatorial, es decir de poder absoluto. Ese abuso legal, pero injusto, como las AFP o las Isapres, impuestos en dictadura, explica por qué muchos chilenos ven a nuestros militares como un segmento privilegiado de nuestra sociedad, lo que por supuesto, es motivo de suspicacias políticas nada positivas para nuestra estabilidad y convivencia democrática: Al fin de cuentas, los militares gobernaron con y para la derecha política del país. Mire, hay más todavía sobre esta increíble ley. Fíjese usted que el 10% del cobre a las FFAA tiene un piso mínimo anual, que es de 93 millones de dólares. Pero resulta que no tiene máximo. Sólo hace dos años la suma del 10% del cobre a las FFAA llegó a más de mil millones, lo que excede lejos ese piso mínimo de 93 millones. Una distribución justa, decente y patriótica de esos fondos, resolvería en el mediano plazo infinidad de problemas en Chile, como, por sólo dar un ejemplo, la de tener en Chile definitivamente una educación estatal buena y gratuita en todos los niveles. Pregunta: ¿en que se ha traducido la desnacionalización del cobre: RESPUESTA: A ver… tenemos los yacimientos más grandes de cobre del mundo, y, sin embargo, el pueblo chileno sigue, día a día, acusando los mismos problemas de pobreza y subdesarrollo de siempre. Ahora lamentamos la pérdida de mucho más de 40.000 mil millones de dólares, desde que en 1981 se dictó la nueva Ley Minera. Las dos coaliciones políticas mayores del país, que hoy comparten amablemente el poder “binominal” existente, la Alianza y la Concertación, tampoco han tenido la disposición de modificar los contratos con las empresas que explotan nuestro cobre cuando los precios del metal se disparan. Ha habido años en que se han triplicado y hasta cuadruplicado, tal como lo hacen regularmente todos los países que comercializan sus recursos no renovables. Pregunta: ¿Y que le parece la licitación ya en marcha del litio chileno? RESPUESTA: Ahora está en peligro otra valiosísima riqueza nuestra, de la cual también tenemos el privilegio de poseerla en una cantidad mayor que ningún otro país del mundo: el litio, metal que ha irrumpido espectacularmente en la economía mundial en los últimos años. El litio tiene infinitud de aplicaciones en la era tecnológica en que vivimos. Se lo usa, por ejemplo, en la fabricación de todo tipo de baterías eléctricas y fotoválticas, en la fusión nuclear; en medicina, especialmente en el tratamiento de diversas enfermedades mentales, etc., etc.. Como era de esperar, empresas extranjeras mineras ya se dejaron caer en Chile, e inmediatamente después de ello, comenzó la campaña por su privatización, cuyo líder es el propio ministro de Minería. Pregunta: ¿Pero el litio no es concesible? Así es, el litio no es concesible. Las dos explotaciones privadas existentes (SQM y Chemetall-SCL) son reguladas por contratos con el Estado por períodos determinados, que permiten fijar cuotas de extracción y cobrar derechos y royalties especiales. El Litio no pudo ser considerado en la ley de 1981 por una ley anterior, que no hace concesible metales o no metales que sean indispensables en los procesos de fusión nuclear. Es decir, su licitación exigía un trato legal especial y de Estado. El Ministerio de Minería de Chile decidió privatizar, mediante un astuto artilugio, a partir del pasado 31 de julio, las bases de la licitación, lo que significará su privatización definitiva. O sea, la “patriótica” clase política chilena modifica la Ley, así como cuando en dictadura se barrió con la Ley que nos daba la propiedad total del cobre. Lo que hace falta es un plebiscito, o sea, un acto realmente democrático y participativo del pueblo de Chile, que impida que se consume otra afrenta más al pueblo de Chile, como ocurrió con nuestro cobre, y antes con el salitre. Pregunta: ¿Qué opina sobre la participación de las regiones en las ganancias que se obtengan de la explotación de los minerales existentes en sus territorios? Chile es un país horrendamente centralizado, lo que tiene un origen histórico. El centralismo es totalmente extemporáneo; o sea, ya no condice con nuestros tiempos. Las grandes ganancias que Chile obtuvo del salitre del salitre fueron a parar al centro del país, y eso ya no debe suceder más. Con respecto a Iquique, su cobre y su litio: Por supuesto, no pedimos que todas ni la mayor parte de las ganancias queden aquí, pero sí un porcentaje, digamos alrededor de un 5 a 7%. Todas las regiones mineras como es la nuestra deben recibir un trato especial. Las razones son obvias. Primero, las instalaciones se encuentran aquí, con todos los problemas que eso acarrea, como los problemas de contaminación del aire y el agua. Con dineros extras pueden instalarse plantas desalinizadoras del agua del mar, la que debiera usarse en la explotación minera, y además eliminaríamos las venenosas plantas termoeléctricas que están destruyendo nuestras costas Por último, los trabajadores y técnicos viven gran parte de su tiempo de vida en Iquique, lo que significa problemas de vivienda, abastecimiento y urbanismo muy grandes, que deben resolverse. Locutor: Muchas gracias, profesor. Ha sido un placer haberlo tenido en nuestro prgrama. H. Quinteros: Gracias a ustedes, por la oportunidad, que son muy escasas en Iquique, de esta entrevista. Gracias a las y los radio-escuchas por su atención. Hasta pronto.

MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES.

HAROLDO QUINTEROS, CANDIDATO A ALCALDE DE IQUIQUE, PERÍODO 2012-2016. Iquique, 20 de agosto de 2012. Una vez más vuelven nuestros jóvenes estudiantes a las calles en demanda de una educación igualitaria en calidad, eficaz en su administración y gratuita; es decir, realmente democrática. Nuestros jóvenes nunca se cansarán de hacerlo. Eso es imposible. Por el contrario, lo seguirán haciendo y volverán a concitar más y más apoyo ciudadano a su movimiento, por la simple razón que la mala educación existente en Chile, clasista, costosa y de mala calidad general (incluso la privada) afecta a todo el país, especialmente a las familias de los sectores más pobres de la sociedad. El año pasado, el Presidente de la República y su Ministro de Educación anunciaron con bombos y platillos que en Chile habría una “revolución en Educación”. Como no creo que el Presidente y el Ministro ignoren el significado de la palabra “revolución” (“cambio rápido y profundo en cualquier cosa,” DRAE, última edición), evidentemente se trataba de una mentira más y otro show mediático del gobierno. Por cierto, no hay ninguna revolución en Educación en Chile. Lo que se ha venido haciendo hasta ahora no es más que la aplicación de medidas destinadas a fortalecer y consolidar el actual sistema educacional. Este sistema es subsidiario; es decir, ha entregado a capitalistas privados, chicos o grandes, la tarea de educar, deber que es propio del Estado. El resultado es evidente: nuestra Educación es clasista, profundamente desigual en calidad, y verticalista y anti-democrática en la toma de decisiones. Un cambio de verdad revolucionario habría sido otro: poner fin a la subsidiaridad; es decir, declarar al Estado como el primer dador y responsable de la Educación, desestimándola como un servicio de mercado. Revolucionario habría sido también dar término a las subvenciones estatales a las universidades, escuelas y liceos privados, aunque fuese en forma pactada y paulatina. También habría sido revolucionario desmunicipalizar la administración educacional, que entrega la Educación a la politiquería reinante en Chile en la persona de los alcaldes, quienes,las más de las veces, no tienen la más mínima idea de Educación, en ningún sentido. También la municipalización ha sido el expediente más eficaz para hundir al país en la desigualdad cultural, por cuanto es desigual en cuanto al acceso a una educación de calidad. En verdad, lo que ha hecho este gobierno es identificarse con el régimen educacional dejado por la dictadura, y nada más. Sigue hablando de calidad en la Educación, pero las medidas que ha aplicado sólo profundizan las desigualdades, como aquello de “los colegios de excelencia” y los “liceos Bicentenario.” También para asegurar tal cacareada “calidad”, da especial énfasis a un invento que nos había traído Lagos, poco antes del fin de su gobierno: la posibilidad de despido a los maestros que supuestamente “hagan mal su pega.” De partida, esa medida es violatoria al principio de igualdad ante la Ley pues sólo ocurre con los profesionales de la Educación, y, además, afectará sólo a las escuelas y liceos que atienden a los estratos sociales más pobres del país. Lo que más llama la atención es que sin el apoyo y complicidad de la mayoría de los políticos la Concertación (dirigentes de partidos y parlamentarios, sobre todo), el gobierno de Piñera y los partidos que sustentan su gobierno, no habrían podido seguir marcando el paso impuesto al país en dictadura. La verdad de las cosas es que la Concertación lo siguió antes. No podemos olvidar que el movimiento estudiantil irrumpió en el gobierno anterior, puesto que el grave problema educacional hasta entonces no observaba ningún atisbo de solución. En efecto, Bachelet había prometido a los estudiantes universitarios y secundarios, y a todo el país, hacer todo lo posible por revertir la infamante Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), la que hizo de la Educación una mercancía cualquiera, además de haber sido impuesta al país por la fuerza bruta. La Concertación no cumplió su promesa, lo que explica, entre otras muchas incumplidas, el desprestigio en que se encuentra. El gobierno de Bachelet sólo retocó la LOCE, y dictó después una idéntica en lo básico, la Ley General de Educación (LGE). No tocó en nada la LOCE en lo referido a educación superior (técnico-profesional y universitaria); por lo tanto se da el asombroso caso que en Chile hay dos leyes educacionales, puesto que la ley nuevo, la LGE, no contempla el tema de la educación superior. También llama la atención que la Concertación haya lanzado por la borda el más caro de los principios que le dieron vida, la democracia y la participación ciudadana en las decisiones de Estado. De hecho, ha vuelto a ratificarse el estilo habitual de los gobiernos de Chile, el de no consultar a la ciudadanía, por ninguna vía, sobre las materias de Estado que la involucran directamente. Así, al igual que la LOCE de la dictadura y la LGE de la Concertación, todas las medidas en Educación que se aplican en Chile han sido acuerdos entre gallos y medianoche, sin participación de los profesores ni de los estudiantes. Todo se hace entre las dos coaliciones “binominales”, y de manera tan silenciosa, como sumaria y sorpresiva. Lo real es que el problema educacional del pueblo de Chile sigue y se agrava cada vez más. Continúa el sentido clasista de nuestra educación, el Estado cada vez más se desentiende de ella, sigue siendo de mala calidad, como lo revelan cada año, sostenidamente y sin variaciones, los resultados de las pruebas SIMCE y PSU. Esta última es de suyo importante, pues mide el resultado final de la educación escolar institucional chilena. Sépase que casi el 80% de los estudiantes universitarios provienen de los sectores sociales acomodados, que no representan más del 20% de la población. De los puntajes nacionales de PSU, el 66% proviene de los colegios particulares pagados, que suman alrededor de sólo el 10% de los colegios del país. Los datos oficiales señalan también que alrededor del 50% de los puntajes nacionales proviene sólo de las 8 comunas más ricas del país. En fin, ¿por qué han salido a las calles nuestros estudiantes? Porque la educación chilena, especialmente la pública escolar (escuelas básicas y liceos) y la universitaria y técnico-profesional sigue decayendo. La situación es tan grave que la educación escolar marcha ya derechamente hacia la extinción; porque es de mala calidad y clasista, como lo revelan muchos informes internacionales, como los de la OCDE y de la UNESCO. Nuestras universidades, estatales y privadas ya no son gratuitas, como lo fueron en el pasado. Tampoco observan la buena calidad que tuvieron antes del advenimiento del régimen neoliberal y subsidiario. Las universidades, las escuelas y liceos del Estado no pueden estar bien financiados, porque los fondos estatales para la Educación se reparten con la educación privada. Este es un hecho único e insólito en todo el mundo. Es por esto que nuestros estudiantes salen a las calles. Simplemente, lo hacen porque no ven salida por el conducto político regular. Iquiqueños, Nuestra candidatura tiene un amplio plan educacional, cuyo eje fundamental es el fortalecimiento de la educación pública. Nuestra alcaldía estará siempre en primera línea luchando por devolver a nuestro pueblo el derecho a una educación garantizada en calidad y gratuidad por el Estado. En estos momentos, es un asunto patriótico apoyar el movimiento estudiantil. Llamamos también a todos, cuando sea necesario, a estar con nuestros estudiantes en las calles, por una educación verdaderamente democrática e igualitaria. HAROLDO QUINTEROS, Candidato a alcalde de Iquique, 2012-2016.

HACE FALTA TRANSPARENCIA Y MÁS EFICACIA EN EL TEMA DE LA EXTRACCIÓN DE LA BASURA.

NUESTRA CANDIDATURA Y EL PROBLEMA DE LA BASURA. HAROLDO QUINTEROS. El problema de la extracción de la basura en Iquique sigue sin solucionarse a cabalidad. Hace poco, nuestra ciudad vivió la peor crisis sanitaria en muchos años, y todavía la basura, a pesar de los esfuerzos de la alcaldía por mejorar su imagen en período de elecciones, no se extrae a tiempo ni de manera total, especialmente en nuestros barrios populares. Iquique ya es conocida nacionalmente como una ciudad sucia. El comentario general nacional y el de los turistas que nos visitan es que a pesar de nuestras preciosas playas, el atractivo comercial de la ZOFRI, el Festival de Iquique, y lo amable de sus habitantes, nuestro puerto es derechamente sucio. Y es verdad. Baste ver el espectáculo de las basuras en muchas calles y rincones de la ciudad, a veces en lugares centrales y de atracción turística, como es el mercado municipal. A menudo, nuestras autoridades alegan que la ciudad es sucia por culpa de sus habitantes. Hay bastante de verdad en ello, puesto que hay iquiqueños que tiran basuras en las calles, colillas de cigarrillos encendidos desde vehículos en marcha y hasta escupitajos en la vía pública. No obstante, para educar a estas personas, las autoridades debieran dar el ejemplo, y, por desgracia, no lo hacen. Por el contrario, siguen demostrando evidente incompetencia en el problema. Más grave, sin embargo, que la triste imagen que estamos proyectando como ciudad hacia el resto de Chile y países vecinos, es el peligro sanitario en que seguimos encontrándonos. Me refiero a las enfermedades que puede causar la basura, sobre todo en verano y muy especialmente en nuestros niños, ancianos y mujeres embarazadas. Las basura desparramada en las calles, con pañales usados, desechos hospitalarios, químicos y materias orgánicas en descomposición, dispersada por perros y gatos vagos, en la que proliferan ratas e insectos vectores, nos siguen teniendo al borde de infecciones respiratorias e intestinales, tifus, meningitis, otitis media aguda, conjuntivitis clásica y hemorrágica, neumonías y bronconeumonias, gripe, etc. Una alcaldía y un concejo municipal de excelencia no sólo ya debería haber resuelto el problema de la eliminación de la basura, sino que crearía una infraestructura para su reciclaje, educando a la población en esa cultura. En los países desarrollados (¿no estábamos, según Lagos y ahora Piñera, tan cerca del desarrollo?) y también en muchos que no lo son, la basura se deposita en recolectores diferentes, según el tipo de desperdicio que se arroja, con el fin de reciclarlo. Así, el ambiente es más limpio y el país progresa. Pregunto, ¿por qué la empresa que se adjudicó hace un tiempo la extracción de la basura no cumple bien con su trabajo? Se supone que hay un contrato, y si no se cumple bien, la parte contratante puede escindirlo, para luego llamar de nuevo a licitación. Vamos, vamos… en Iquique se sabe todo. Se sabe, por ejemplo, que la mayoría de los concejales no aprobó en su oportunidad a la actual empresa recolectora de basura, y que la alcaldesa impuso su criterio unilateralmente, como en sus mejores tiempos de alcaldesa delegada de la dictadura. Se cuenta también que en una reunión del Concejo Municipal se le espetó a doña Myrta (que fue castigada hace poco por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, CPLT, por una falta distinta a ésta; The Clinic, 7 de febrero) que la empresa en cuestión tendría un dueño o co-dueño, que es nada menos que el marido de la diva de la farándula Patricia Maldonado… de quien se sabe muy bien la “onda” política a que pertenece. Hay concejales que han reclamado a Contraloría por el procedimiento irregular de adjudicación de la extracción de basura, y sin embargo, no pasa nada. ¿Y qué dice a todo esto la Seremía de Salud? ¿Y la intendencia? En fin, seguimos con un mediocre servicio de extracción de la basura, y, por lo tanto, cercados de moscas, ratas, y con el alma en un hilo ante eventuales epidemias. Los ciudadanos que cumplen día a día con la obligación de trabajar por el país y pagar disciplinadamente todos los impuestos, exigen probidad, transparencia y eficacia en la licitación de todo servicio que afecta la vida urbana, como es el de la eliminación de la basura. En nuestra administración municipal habrá transparencia absoluta en la contratación de todos y cada uno de los servicios a la comunidad, muy en especial el de la eliminación de la basura. No sólo eso: nuestro programa de gobierno comunal contempla un moderno plan de reciclaje de la basura, que además de proveer de nuevos fondos a la Municipalidad, hará más limpia la ciudad y dará trabajo a muchos iquiqueños. Haroldo Quinteros, candidato a Alcalde, período 2012-2016.

El PODER DEL DINERO EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

Ya conocidos los nombres de los candidatos que aspiran a los cargos de alcalde y concejales en la próxima elección municipal, es preciso insistir que, de no corregirse, el mayor obstáculo que impedirá su correcta realización, incluso su propia legitimidad, es la desigualdad con que las candidaturas enfrentarán la campaña electoral sobre la exclusiva base del dinero. Esto constituye una ostensible falla en nuestro orden político; por desgracia, avalado por la propia Ley, supuestamente garante de los derechos democráticos de todos. Desde luego, esto no ocurre en ningún país de real cultura democrática. En efecto, en nuestro medio los dueños de los medios privados de comunicación - la mayor parte de los existentes, sea prensa, radio y televisión - a veces son adherentes activos a tales o cuales posturas y partidos políticos, y, en obvia razón de ello, ponen abiertamente esos medios a disposición de sus candidatos, cerrando a la vez sus puertas a los demás. En otros casos, en uso de su derecho de dueños de un negocio, cobran ingentes sumas de dinero por algún programa o entrevista, que sólo pueden pagar repetidas veces sólo las candidaturas donde no falta el dinero, sino donde más bien sobra. Sin embargo, hay una puerta de escape a esta injusticia: hay medios masivos de comunicación que son públicos. En Iquique, por ejemplo, hay una estación de televisión y una radio que es municipal; es decir, un ente financiado por el trabajo y los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Aunque este es un hecho evidente, por décadas estos medios han servido exclusivamente a la promoción personal y política de los alcaldes, que actúan como si estos medios fuesen de su propiedad. Pues bien, puesto que la televisión y radio municipales son patrimonio de todos los iquiqueños, y no de los alcaldes, me asiste todo el derecho a exigir que la autoridad alcaldicia ofrezca a cada uno de los candidatos a alcaldes y concejales, el derecho a informar a la ciudadanía de sus programas y proyectos con el mayor detalle. En verdad, sobre todo se trata del legítimo derecho que tienen los propios electores de saber lo que piensan y le ofrecen todos los candidatos. Esperemos que la autoridad municipal actúe con el suficiente decoro político y espíritu democrático que permita en estas elecciones a todos los candidatos, 100% por igual, a ser vistos y oídos por todos los ciudadanos. Profesor Haroldo Quinteros, Candidato a alcalde por Iquique. Iquique, 15 de agosto de 2012.

LO “BIEN” QUE ESTÁN NUESTROS PROFESORES. Prof. Haroldo Quinteros. Además del pésimo estado en que se encuentra nuestra Educación, como lo revelan estudios y cifras internacionales, particularmente en cuanto a la calidad de la enseñanza y los rendimientos escolares en Educación Media, lo que más debiera conmover a la conciencia nacional es la situación salarial de nuestros maestros. Un gráfico publicado por El Mercurio el jueves 31 de julio, revela que en cuanto a salario por hora en 19 sectores de la economía chilena, la Educación (es decir, los profesores) está en el cuarto peor lugar, sólo a tres lugares de Servicios Domésticos, que ocupa el último lugar. La información da cuenta también que el salario de los profesores está por debajo del Promedio de la Economía. La verdad objetiva es que a los gobiernos chilenos, desde hace mucho tiempo, no les interesa mayormente el tema. Es cierto que poco después de la asunción de la Concertación al gobierno del país en 1990, se produjo un alza en los salarios de los profesores, que hasta ese año eran -comparativamente en el espectro laboral nacional- sin discusión alguna, los más bajos del mundo. No obstante ello, hoy siguen siendo de los más bajos que existen. Es preciso, con la mayor urgencia, ajustar los salarios de los profesores a un nivel digno, habida cuenta de la importancia de la Educación en la vida y en el futuro del país y la condición de carrera universitaria de la Pedagogía. Por cierto, la sostenida negativa a hacerlo durante más de dos décadas, es uno de los factores claves que han incidido en la baja de la calidad de la Educación nacional. Los salarios de nuestros maestros deberían estar, por lo menos, en el nivel del millón de pesos mensuales, al iniciarse en la profesión. Sólo después de eso podría exigírseles someterse a evaluaciones nacionales, y sobre todo, a la humillante situación de estar a punto de perder su título profesional, ganado limpia y dignamente tras 5 o más años de estudios universitarios. La profesión docente es la única actualmente sujeta a esa infamante exigencia, aunque en todas las profesiones, objetivamente, se dan casos de deficiente preparación profesional. No habrá educación de calidad mientras haya profesores que deban conducir un taxi, vender empanadas o atender un puesto en las ferias dominicales, o, en el mejor de los casos correr diariamente de una escuela a otra para hacer 10 o 15 horas de clase al día a cursos de 45 o más alumnos. Finalmente, no es aceptable que un profesor con 40 años de trabajo jubile con una pensión de unos $300.000, si está en una AFP, como la mayoría de ellos, ó $600.000, si está en el sistema antiguo de pensiones. En la patriótica empresa de hacer justicia salarial a los maestros, factor clave en el mejoramiento de la Educación chilena, deben responsabilizarse todas las autoridades educacionales, incluidos los alcaldes, a quienes, en su calidad de presidentes de las corporaciones municipales, corresponde administrarla. Prof. Haroldo Quinteros, Candidato a alcalde por la comuna de Iquique.