LA CAMPAÑA ELECTORAL

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21, 10 / 05 / 2013. Enfrentadas en la campaña electoral por la presidencia de la República, las dos grandes coaliciones que se vienen disputando el gobierno del país desde hace un cuarto de siglo, la Alianza y la Concertación, más que ideas y propuestas, se encuentran enfrascadas en una feroz riña de dimes y diretes sobre fraudes y pecados financieros. Es decir, la campaña sólo consistirá en demostrar cuál coalición ha administrado mejor o peor el sistema jurídico y económico actualmente vigente, injusto e ilegítimo en su origen, e impuesto al país como una camisa de fuerza en 1980. De hecho, los dos bloques no cuestionarán el sistema; menos aun se pelearán por su eliminación ni reemplazo por uno justo y legítimo, que refleje de verdad la voluntad soberana del pueblo. El tema de moda, elegido como campo de batalla electoral, es el de los abusos financieros contra consumidores y ahorrantes, en su mayoría modestos chilenos. Sobre esto, dejemos las cosas claras. Objetivamente, los abusos de este tipo cometidos en los años de la dictadura de Pinochet no tienen parangón posible a lo largo de toda nuestra historia republicana, tanto en cantidad como en gravedad. Por supuesto, no son del todo conocidos porque entonces no se podían denunciar. De partida, los “ganadores” del cuartelazo, que gobernaron en la dictadura –la derecha, que hoy clama por justicia y equidad – defraudaron al Estado hasta la saciedad, y sin oposición; es decir, con el 100% del poder bajo su control. Qué más estafa al país que los capitalistas más fieles a la dictadura, ligados en su mayoría a los partidos de derecha de hoy, se llevaran a su casa, y a precio de huevo, la mayor parte de las posesiones que pertenecían al Estado. La Concertación ganó el plebiscito de 1988 y, además, gobernó durante 20 años. Su fin era, precisamente, iniciar la reversión del anterior status quo, tarea que, en lo fundamental, no hizo, ni trató seriamente de hacer. Además de completar la obra privatizadora iniciada durante la dictadura, algunos conspicuos dirigentes de partidos concertacionistas se beneficiaron y siguen beneficiándose con las “bondades” del sistema neo-liberal que nos rige, impuesto al país a sangre y fuego por ella. Hay que reconocer que, por lo menos, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se dictó la “segunda ley del consumidor,” que mejoraba la de 1990. Esta ley fue la que permitió la impetración del juicio colectivo que acaba de ganar la agrupación de tarjeta-habientes del Banco Estado “Conadecus,” que destapó la megaestafa contra 575.000 ahorrantes, perpetrada por este banco estatal. ¡Por Dios! Si un banco estatal comete un acto de latrocinio como éste, ¿qué nos queda como esperanza de probidad financiera en el país? También, gracias a esa ley, salió a la luz pública el caso Cencosud, que determinó la estrepitosa caída de Laurence Golborne. Por suerte, esta vez, en ambos casos, triunfaron los aporreados trabajadores y consumidores. Está por verse qué pasará con Cencosud, y en cuanto a Banco Estado, Conadecus, Banco Estado y SERNAC acordaron que el ente financiero devuelva $ 5.670 millones al más de medio millón de sus clientes afectados por cobros fraudulentos de comisiones. Pues bien, los dos casos, Cencosud y Banco Estado, tuvieron su origen durante gobiernos de la Concertación, situación de la que ahora, en plena campaña electoral, la derecha trata de obtener todo el provecho posible. Es cierto que gracias al SERNAC de hoy se pudo hacer justicia; tal es la carta electoral que está exhibiendo la derecha. Sin embargo, Conadecus había interpuesto su causa ante la justicia por su propia cuenta, durante 10 largos años y, curiosamente, SERNAC vino a actuar sólo ahora, en plena lucha electoral. En fin, el primer round lo había ganado la Concertación (con la ayuda de RN, obviamente) al sacar del camino a Laurence Golborne, potencialmente el más probable ganador de las primarias presidenciales de la derecha, y el contendor más peligroso de Bachelet. La segunda vuelta la ha ganado la Alianza, al aventar, justo ahora, el caso Banco Estado, con, incluso, insinuaciones de corrupción. En efecto, el caso ha puesto al descubierto una sospechosa relación entre el conocido socialista Jaime Estévez y otros dirigentes de la Concertación con el poderoso grupo Luksic. Estévez, presidente del Banco Estado en 2003, para empezar, es el primer responsable del fraude. Pero lo peor es esto: ordenó un crédito a favor del grupo Luksic por US $120 millones (unos 54 mil millones de pesos), para que éste comprara una parte del Banco Chile, y luego del término del gobierno de Lagos, ingresó al directorio del Banco de Chile y a la presidencia del Club Universidad Católica, ligado a Luksic… ¿Qué nos trae el próximo round?