miércoles, 26 de marzo de 2014

LUCRO Y REFORMA DE LA EDUCACIÓN.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. 28 /03 / 2014. LUCRO Y REFORMA DE LA EDUCACIÓN. Es muy injusto el estado en que se encuentra nuestro sistema educacional público, en todos sus niveles, a raíz de su inclusión en el régimen económico neo-liberal impuesto al país bajo dictadura. A contracorriente de ese espíritu, la Presidenta Bachelet, al parecer contrariamente a lo que hizo en su primer mandato, ahora está de verdad dispuesta a remplazar la actual legislación educacional por una que podríamos llamar simplemente normal; quizás mejor dicho, universal. En efecto, Chile es el único país en el mundo en que el Estado financia la educación en todos sus niveles con una clara preferencia por la privada, que hoy cubre casi el 70% del total de escuelas, liceos y establecimientos de educación superior. Todos los establecimientos privados subvencionados, además, cobran por educar, lo que, obviamente aumenta significativamente la cantidad de fondos que ya les regaló el Estado para el menester educativo (y, claro, para el lucro, aunque sea ilegal). El primer resultado está a la vista: la educación de los más pobres no es siquiera regular, a pesar de los desvelos de nuestros maestros, lo que marca la aguda inequidad existente en Chile al acceso de la Educación, hecho tan conocido aquí y en el mundo entero, que la OCDE calificó nuestro sistema educacional como uno cuya calidad radica exclusivamente en la clase social a la que pertenezcan las familias de los educandos. Veamos el caso de la educación escolar: La subvención estatal por la educación de cada niño y joven chileno es de unos $50.000, dinero que insólitamente también reciben las escuelas y liceos privados subvencionados, hoy, aproximadamente el 60% de todos los del país. El Estado gasta al año unos 12 mil millones de dólares en educación, y las familias de los niños de los establecimientos privados subvencionados otros 10 mil millones. Todo eso hace algo más del 7% del PIB, cifra mayor que la que se dedica a la Educación en muchos países desarrollados, incluida Finlandia, reconocida como el Nº 1 del mundo en materia educacional. El Ministro Eyzaguirre ha sido poco claro en sus mediáticas entrevistas. Según él, un colegio privado subvencionado puede llegar a invertir hasta $130.000 mensuales por alumno (de los cuales 50.000 vinieron del Estado), y luego señala que la parte de copago de cargo de las familias disminuiría hasta la nada a medida que el Estado aumente su cuota. Pues bien, si el Estado, por fin vuelve a ser el mayor responsable, mentor y guía de la Educación, costeándola enteramente, la pregunta es ¿qué pasará con los dueños de los establecimientos privados, sean personas o instituciones? Obvio, si el gasto entero lo va a firmar el Estado, éste tendría que comprarles o confiscarles los colegios, que en su mayoría les pertenecen. Es urgente poner el tema en la discusión pública. Lo definitivo es que no se puede permitir más el lucro en la Educación que financia el Estado, que, aunque la Ley lo prohíba - y a otro perro con ese hueso - unos más u otros menos, se lucra con ella.

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