ACUSACIÓN CONTRA EL MINISTRO BEYER

HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21. 29 / 03 / 2013. El eje de la acusación constitucional que varios parlamentarios de la Concertación harán contra el Ministro de Educación Harald Beyer es, según ellos, la nula preocupación ministerial por impedir el lucro en la educación superior, grave ilícito contemplado expresamente en la Ley. El gran argumento que exhibe el Ministro y la derecha para recusar la acusación es de carácter ético. Beyer ha declarado que ordenó la investigación de cinco universidades, mientras que la Concertación, su promotora, no investigó jamás ni una sola; vale decir, no tiene la solvencia moral para acusarlo. Eso es cierto, pero tal defensa no puede ser más feble. Por una parte, la supuesta investigación de cinco universidades no ha llegado a ningún resultado ni término; y, además, si la derecha admite que sabía que había lucro en los gobiernos de la Concertación, ¿por qué en su oportunidad no fue ella la acusadora? ¡40 años con este ilícito encima del pueblo chileno, y en todo ese lapso la clase política completa se desentendió del problema! ¿No les parece sospechoso? Veamos: Es obvio que los parlamentarios y dirigentes políticos de derecha, autores del sistema subsidiario en Educación, y muy a menudo con intereses creados en todos los niveles del sector educacional privado, se opondrán al libelo, porque así se desprestigiaría demasiado el modelito que ellos impusieron en el país por la fuerza bruta. Sin embargo, a la vez y muy sugestivamente, también se oponen a él conspicuos personajes de la Concertación; entre otros, los ex – ministros Velasco, de Gregorio, Brunner Mariana Aylwin y Bitar (los tres últimos nada menos que ex – ministros de Educación). ¿No será porque, además de tener intereses creados en la educación privada, temen que los resultados de la investigación revelen sus responsabilidades en un delito que se ha venido cometiendo desde hace 23 años? Nadie ignora que siempre ha habido lucro en las universidades, al punto que hasta el propio ex – ministro de Educación de esta administración Joaquín Lavín confesó una vez en el programa “Tolerancia Cero” haber obtenido dinero en su condición de miembro del directorio de una universidad privada. La ineptitud de nuestra clase política en torno a este problema ha sido tal, que la bomba no explotó porque el gobierno o la Concertación se interesaron milagrosamente por terminar con el lucro en las universidades, así, de un rato a otro. No, la verdad pura es que al descubrirse la existencia de sobornos en la acreditación de las universidades, se destapó la nauseabunda olla del lucro. El detonante fue la renuncia de Raúl Urrutia, rector de la Universidad del Mar, la entidad que sobornó al Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación para obtener su acreditación. Se recordará que en mayo de 2012, la renuncia de Urrutia vino aparejada con su acusación pública, y con pruebas, que los dueños de esa casa superior de estudios, además de “coimeros,” lucraban a través del desvío de fondos a empresas inmobiliarias relacionadas. Por eso es que llama la atención que el Ministro Beyer aduzca que él no puede ordenar ninguna fiscalización sobre lucro si no hay “denuncias formales,” en circunstancias que denuncias ha habido a granel, formales e informales. Entre ellas está el acucioso estudio sobre el lucro en las universidades de la periodista y Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Mönckeberg, plasmada en un libro suyo que cualquier vecino puede comprar en la calle. También está el trabajo realizado por los académicos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile Carola Canelo, Miguel González y Joaquín Polit, fechado en septiembre de 2011. A tal punto llegó la seriedad de este estudio, que la abogada Canelo advirtió al Ministro Beyer que si el gobierno no cumplía con el deber de intervenir a todas las universidades que lucran, “la Cámara de Diputados podía acusarlo constitucionalmente por no velar en el cumplimiento de la ley en materia educacional.” En suma, este gobierno no ha tenido real intención de acabar con el lucro en las universidades, pero tampoco lo tuvo la Concertación. Por esta sola razón, es un error pensar que con su acusación la Concertación sólo busca dividendos políticos en este período pre-eleccionario. Todo lo contrario; los acusadores saben que el lucro no tuvo control ni sanción desde la administración Aylwin hasta Bachelet, lo que se les enrostrará en el proceso acusatorio. Además, con toda seguridad, la propia candidata presidencial de la Concertación será emplazada en torno al tema, tanto por la derecha como por la izquierda. En todo caso, lo positivo es que la puerta hacia la verdad ha empezado a abrirse, y eso, objetivamente, se debe a la Concertación, que, aunque tarde, ha obligado a la clase política entera a transparentar el verdadero destino de los fondos que entran en las universidades privadas, aun a costa de develarse la indiscutible responsabilidad que también a ella le cabe en este escandaloso fraude al pueblo chileno.