HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21. 29-12-11.
VOTO VOLUNTARIO
El gran argumento dado por los partidarios de la inscripción automática y el voto voluntario es que este cambio, recientemente introducido al país por las dos coaliciones que comparten el poder político, es que tendería a aumentar la participación ciudadana en las elecciones. Claro, mientras más inscritos hay, más irán a votar… ¡Vaya! Así que bastaba este truco burocrático para terminar con la profunda y vergonzante crisis de credibilidad que tienen los chilenos hacia el sistema político, cual es la gran causa del desinterés por participar en las elecciones. Hay que ser muy candoroso para creer que con el voto voluntario, sin cambiar nada estructural, el pueblo acudirá a las urnas, y nuestro país será mejor y más feliz. Si una democracia es fuerte, es porque realmente es representativa de la voluntad popular; vale decir, por sobre toda otra consideración, es participativa, funcione con voto voluntario o no. Por otra parte, la realidad es que no participar en las elecciones es una forma de votar, aunque, seguramente en muchos casos, generalmente en el de los chilenos más pobres, no sea del todo consciente. “No voto porque no creo en los políticos,” “porque todos roban,” “porque las cosas siguen y seguirán siempre igual,” “porque después de las elecciones nadie se acuerda de mí,” etc., dicen muchos. Otros, los que a conciencia plena tampoco creen en el sistema político, votan, pero votan en blanco, garabatean el voto con algún improperio, o se buscan una excusa post-elecciones. Estemos de acuerdo o no con ellos, estos chilenos actúan así en repudio al engaño que es nuestra “democracia.” En Chile, hay desigualdades sociales abisales que nadie corrige; los chilenos que viven en el extranjero no tienen derecho a voto (único caso en el mundo), puesto que la mayoría de ellos se quedaron en el exilio con sus familias; no hay plebiscitos vinculantes (único caso en el mundo), y un sistema binominal de elecciones (también único en el mundo) que condena al país no sólo a un eterno empate político, sino a la conservación de lo que en Chile se instituyó sólo por la fuerza bruta. Los antiguos atenienses, que fundaron la primera democracia en el siglo VI a.C., aun con todas las limitaciones impuestas por el tipo de sociedad entonces existente, sabían lo que ella era. No sólo se otorgaba el derecho a voto a todos los ciudadanos, sino se lo acompañaba con la exigencia legal de ejercerlo, puesto que un ciudadano no sólo tiene derechos, sino deberes. Las autoridades políticas eran elegidas en voto secreto, que podía contener las palabras “me abstengo.” El cohecho era imposible, puesto que los candidatos no tenían nada que ofrecer a sus electores, ni plata o “pegas,” puesto que los cargos administrativos de la ciudad-república eran sorteados entre los ciudadanos. Comparemos: la clase política de Chile es una de las de menor base representativa popular del mundo, y, además, el país nunca ha sido administrado “por los mejores,” sino exclusivamente por militantes de los partidos gobernantes. Lo peor, sin embargo, es la falta de interés por la política. Una inmensa mayoría de chilenos en edad de votar no se inscribió nunca en los Registros Electorales, y muchos inscritos no concurren a votar. El resultado no puede ser más decidor: nuestras autoridades son elegidas por sólo poco más de la mitad del país, y a veces por una minoría, como el propio actual Presidente de la República, apenas elegido con poco más de una quinta parte de los chilenos en edad y condiciones de salud mental de votar. Cuentos aparte, la voluntariedad del voto no terminará con la abstención, puesto que nada se ha hecho por re-encantar al pueblo en el amor por la política, en su sentido más limpio y pleno. Lo más probable es que suceda lo contrario. Como habrá más electores, más aumentará la parafernalia electorera y los gastos de las campañas, mientras la pobreza sigue y sigue, y faltan aulas en las escuelas públicas y camas en los hospitales. El sistema binominal seguirá; a los chilenos que viven fuera del país se les seguirá indefinidamente usurpando el derecho a votar; no habrá plebiscitos vinculantes para nada, y la represión contra el descontento popular seguirá viento en popa. A propósito, el proyecto del Ministro Hinzpeter “Resguardo del Orden Público” será votado la primera semana de enero…
martes, 27 de diciembre de 2011
lunes, 19 de diciembre de 2011
Violencia contra la mujer
PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21. 15-12-2011.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
La constitución política de cualquier estado que se precie de civilizado establece que toda persona, hombre o mujer, nace libre e igual a sus congéneres en dignidad y derechos. Esta es la pauta básica ético-jurídica de la Ley, y la piedra angular del Derecho. Entonces, en estricto rigor, envilecer la dignidad de un hombre o una mujer, puede considerarse hasta un acto contrario a la Ley, aun cuando ello se haga aparentemente en forma inocente a través de chistecitos misóginos, aunque los cuente un presidente de la república (por fortuna, hay uno solo en el mundo que lo hace; y por desgracia para nosotros, es el nuestro). En el transcurso del siglo XX, los movimientos sociales por más libertad, igualdad, tolerancia, dignificación para todos y democracia, tenían que tener como primera bandera a las mujeres, porque por miles de años, la sociedad patriarcal, profundamente ajena al conocimiento científico, había relegado a la mujer a la categoría de un ser inferior al hombre e, incluso, maligno (“la mujer es la fuente del pecado”, decían los clérigos medievales, y todavía algunos repiten esa estupidez en nuestros días). La mujer fue por siglos un objeto del hombre; obviamente, para ser servido por ella y para su satisfacción sexual. También para procrear, función que hasta sólo unos siglos, se creía que era sólo masculina. La noción bíblica semilla (el semen) y tierra (la matriz femenina), grafica muy bien este antiquísimo error. ¡Nada menos que no se sabía que la mujer ovula y es parte igual en la procreación! El ensayista, profesor y teórico del pensamiento político Norberto Bobbio afirma certeramente que “los derechos nacen cuando pueden nacer.” Así es, y los tiempos, felizmente, cambiaron; o mejor dicho, hubo una vanguardia de revolucionaros que los cambiaron, tras larga y dura lucha contra la opresión y el oscurantismo. La mujer, por fin, es ahora, por lo menos en la letra, libre y tiene los mismos derechos que el hombre. Sin embargo. aún en muchos países las mujeres son todavía legalmente discriminadas, un acto de violencia política ejercida por sociedades cuyas leyes aún tienen el viejo y anacrónico sesgo de género; es decir, las hacen los hombres de manera privativa para ellos. También todavía esa discriminación se da en países que explícitamente observan leyes que consideran a las mujeres como iguales a los hombres. Tal es el caso de Chile. Las mujeres, teóricamente, ya tienen el derecho legal a la libertad personal, al divorcio, al sufragio, al trabajo remunerado, a una vida de elección propia, al ejercicio de la función política y a la felicidad personal, en la forma que ella, y sólo ella, elija; pero en la práctica, todavía no gozan de esos derechos en plenitud. Lo peor, no obstante, es otra cosa: Chile marca un infamante récord en materia de violencia contra la mujer. En ocasión de celebrarse hace poco en todo el mundo “El Día de la No–violencia contra la Mujer,” resulta muy pertinente referirse a este tema. Chile es un país en el que especialmente los hombres ejercen violencia contra las mujeres, particularmente en el hogar. Se trata de una forma de esclavitud, a la que se las somete a través del chantaje de la manutención (aunque ellas se ganan con creces la vida trabajando más horas que los hombres). El hombre que golpeó o que, incluso, asesinó a su esposa, conviviente o novia, lo hizo porque la considera un objeto suyo, no como una persona libre e independiente de él. Hay que ser firmes frente al flagelo de la agresión contra las mujeres, y no justificarlo en absolutamente ningún caso. A veces, en favor del agresor, se arguye que el pobre estaba fuera de sí por los celos, o ebrio, y, por lo tanto, no sabía lo que hacía. Pamplinas. Nada justifica al cobarde que ataca físicamente a una mujer, puesto que nunca lo haría ante alguien superior a él en fuerza bruta. Es un deber ciudadano denunciar todo acto de violencia contra una mujer del que podamos ser testigos, en el vecindario, en la calle, en el trabajo o en hasta nuestro propio hogar. Sin embargo, más que eso, lo que hay que hacer es eliminar las causas de esa violencia. Empecemos por pensar si en Chile las mujeres tienen realmente los mismos derechos de los hombres. Observemos la miseria que nos rodea, que mucho más que los hombres, la sufren las mujeres más pobres, que se obligan a depender del marido o el conviviente, lo que las condena a una vida de servidumbre. Observemos también las prácticas culturales de nuestro pueblo, aquellas que tienen expresión diaria en el seno de cada familia, entorno laboral y social, y luego, preguntémonos, ¿qué cambios hay que producir para que todos los seres humanos de nuestro pueblo, incluidas las mujeres, vivan con los mismos derechos a la libertad, a la seguridad y al desarrollo personal?, ¿qué tipo de convivencia y habilidades culturales necesitamos para solucionar los diarios conflictos y violencias en que se encuentran sumidas tantas familias, de las cuales las mujeres son las primeras víctimas?, y finalmente, ¿qué hacemos todos, y que hago yo por que eso cambie? Esa reflexión será más poderosa si la hacemos en conjunto, como sociedad entera, en todos sus rincones, y si nos decidimos colectivamente a actuar. Termino recordando las palabras de Valèry Giscard d’Estaing, ex - presidente de Francia: “Las mujeres todavía son discriminadas, y eso que no sólo son la mitad de la población mundial, sino, además, traen al mundo a la totalidad de esa población.”
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
La constitución política de cualquier estado que se precie de civilizado establece que toda persona, hombre o mujer, nace libre e igual a sus congéneres en dignidad y derechos. Esta es la pauta básica ético-jurídica de la Ley, y la piedra angular del Derecho. Entonces, en estricto rigor, envilecer la dignidad de un hombre o una mujer, puede considerarse hasta un acto contrario a la Ley, aun cuando ello se haga aparentemente en forma inocente a través de chistecitos misóginos, aunque los cuente un presidente de la república (por fortuna, hay uno solo en el mundo que lo hace; y por desgracia para nosotros, es el nuestro). En el transcurso del siglo XX, los movimientos sociales por más libertad, igualdad, tolerancia, dignificación para todos y democracia, tenían que tener como primera bandera a las mujeres, porque por miles de años, la sociedad patriarcal, profundamente ajena al conocimiento científico, había relegado a la mujer a la categoría de un ser inferior al hombre e, incluso, maligno (“la mujer es la fuente del pecado”, decían los clérigos medievales, y todavía algunos repiten esa estupidez en nuestros días). La mujer fue por siglos un objeto del hombre; obviamente, para ser servido por ella y para su satisfacción sexual. También para procrear, función que hasta sólo unos siglos, se creía que era sólo masculina. La noción bíblica semilla (el semen) y tierra (la matriz femenina), grafica muy bien este antiquísimo error. ¡Nada menos que no se sabía que la mujer ovula y es parte igual en la procreación! El ensayista, profesor y teórico del pensamiento político Norberto Bobbio afirma certeramente que “los derechos nacen cuando pueden nacer.” Así es, y los tiempos, felizmente, cambiaron; o mejor dicho, hubo una vanguardia de revolucionaros que los cambiaron, tras larga y dura lucha contra la opresión y el oscurantismo. La mujer, por fin, es ahora, por lo menos en la letra, libre y tiene los mismos derechos que el hombre. Sin embargo. aún en muchos países las mujeres son todavía legalmente discriminadas, un acto de violencia política ejercida por sociedades cuyas leyes aún tienen el viejo y anacrónico sesgo de género; es decir, las hacen los hombres de manera privativa para ellos. También todavía esa discriminación se da en países que explícitamente observan leyes que consideran a las mujeres como iguales a los hombres. Tal es el caso de Chile. Las mujeres, teóricamente, ya tienen el derecho legal a la libertad personal, al divorcio, al sufragio, al trabajo remunerado, a una vida de elección propia, al ejercicio de la función política y a la felicidad personal, en la forma que ella, y sólo ella, elija; pero en la práctica, todavía no gozan de esos derechos en plenitud. Lo peor, no obstante, es otra cosa: Chile marca un infamante récord en materia de violencia contra la mujer. En ocasión de celebrarse hace poco en todo el mundo “El Día de la No–violencia contra la Mujer,” resulta muy pertinente referirse a este tema. Chile es un país en el que especialmente los hombres ejercen violencia contra las mujeres, particularmente en el hogar. Se trata de una forma de esclavitud, a la que se las somete a través del chantaje de la manutención (aunque ellas se ganan con creces la vida trabajando más horas que los hombres). El hombre que golpeó o que, incluso, asesinó a su esposa, conviviente o novia, lo hizo porque la considera un objeto suyo, no como una persona libre e independiente de él. Hay que ser firmes frente al flagelo de la agresión contra las mujeres, y no justificarlo en absolutamente ningún caso. A veces, en favor del agresor, se arguye que el pobre estaba fuera de sí por los celos, o ebrio, y, por lo tanto, no sabía lo que hacía. Pamplinas. Nada justifica al cobarde que ataca físicamente a una mujer, puesto que nunca lo haría ante alguien superior a él en fuerza bruta. Es un deber ciudadano denunciar todo acto de violencia contra una mujer del que podamos ser testigos, en el vecindario, en la calle, en el trabajo o en hasta nuestro propio hogar. Sin embargo, más que eso, lo que hay que hacer es eliminar las causas de esa violencia. Empecemos por pensar si en Chile las mujeres tienen realmente los mismos derechos de los hombres. Observemos la miseria que nos rodea, que mucho más que los hombres, la sufren las mujeres más pobres, que se obligan a depender del marido o el conviviente, lo que las condena a una vida de servidumbre. Observemos también las prácticas culturales de nuestro pueblo, aquellas que tienen expresión diaria en el seno de cada familia, entorno laboral y social, y luego, preguntémonos, ¿qué cambios hay que producir para que todos los seres humanos de nuestro pueblo, incluidas las mujeres, vivan con los mismos derechos a la libertad, a la seguridad y al desarrollo personal?, ¿qué tipo de convivencia y habilidades culturales necesitamos para solucionar los diarios conflictos y violencias en que se encuentran sumidas tantas familias, de las cuales las mujeres son las primeras víctimas?, y finalmente, ¿qué hacemos todos, y que hago yo por que eso cambie? Esa reflexión será más poderosa si la hacemos en conjunto, como sociedad entera, en todos sus rincones, y si nos decidimos colectivamente a actuar. Termino recordando las palabras de Valèry Giscard d’Estaing, ex - presidente de Francia: “Las mujeres todavía son discriminadas, y eso que no sólo son la mitad de la población mundial, sino, además, traen al mundo a la totalidad de esa población.”
martes, 13 de diciembre de 2011
Violencia contra la Mujer
PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21. 15-12-2011.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
La constitución política de cualquier estado que se precie de civilizado establece que toda persona, hombre o mujer, nace libre e igual a sus congéneres en dignidad y derechos. Esta es la pauta básica ético-jurídica de la Ley, y la piedra angular del Derecho. Entonces, en estricto rigor, envilecer la dignidad de un hombre o una mujer, puede considerarse hasta un acto contrario a la Ley, aun cuando ello se haga aparentemente en forma inocente a través de chistecitos misóginos, aunque los cuente un presidente de la república (por fortuna, hay uno solo en el mundo que lo hace; y por desgracia para nosotros, es el nuestro). En el transcurso del siglo XX, los movimientos sociales por más libertad, igualdad, tolerancia, dignificación para todos y democracia, tenían que tener como primera bandera a las mujeres, porque por miles de años, la sociedad patriarcal, profundamente ajena al conocimiento científico, había relegado a la mujer a la categoría de un ser inferior al hombre e, incluso, maligno (“la mujer es la fuente del pecado”, decían los clérigos medievales, y todavía algunos repiten esa estupidez en nuestros días). La mujer fue por siglos un objeto del hombre; obviamente, para ser servido por ella y para su satisfacción sexual. También para procrear, función que hasta sólo unos siglos, se creía que era sólo masculina. La noción bíblica semilla (el semen) y tierra (la matriz femenina), grafica muy bien este antiquísimo error. ¡Nada menos que no se sabía que la mujer ovula y es parte igual en la procreación! El ensayista, profesor y teórico del pensamiento político Norberto Bobbio afirma certeramente que “los derechos nacen cuando pueden nacer.” Así es, y los tiempos, felizmente, cambiaron; o mejor dicho, hubo una vanguardia de revolucionaros que los cambiaron, tras larga y dura lucha contra la opresión y el oscurantismo. La mujer, por fin, es ahora, por lo menos en la letra, libre y tiene los mismos derechos que el hombre. Sin embargo. aún en muchos países las mujeres son todavía legalmente discriminadas, un acto de violencia política ejercida por sociedades cuyas leyes aún tienen el viejo y anacrónico sesgo de género; es decir, las hacen los hombres de manera privativa para ellos. También todavía esa discriminación se da en países que explícitamente observan leyes que consideran a las mujeres como iguales a los hombres. Tal es el caso de Chile. Las mujeres, teóricamente, ya tienen el derecho legal a la libertad personal, al divorcio, al sufragio, al trabajo remunerado, a una vida de elección propia, al ejercicio de la función política y a la felicidad personal, en la forma que ella, y sólo ella, elija; pero en la práctica, todavía no gozan de esos derechos en plenitud. Lo peor, no obstante, es otra cosa: Chile marca un infamante récord en materia de violencia contra la mujer. En ocasión de celebrarse hace poco en todo el mundo “El Día de la No–violencia contra la Mujer,” resulta muy pertinente referirse a este tema. Chile es un país en el que especialmente los hombres ejercen violencia contra las mujeres, particularmente en el hogar. Se trata de una forma de esclavitud, a la que se las somete a través del chantaje de la manutención (aunque ellas se ganan con creces la vida trabajando más horas que los hombres). El hombre que golpeó o que, incluso, asesinó a su esposa, conviviente o novia, lo hizo porque la considera un objeto suyo, no como una persona libre e independiente de él. Hay que ser firmes frente al flagelo de la agresión contra las mujeres, y no justificarlo en absolutamente ningún caso. A veces, en favor del agresor, se arguye que el pobre estaba fuera de sí por los celos, o ebrio, y, por lo tanto, no sabía lo que hacía. Pamplinas. Nada justifica al cobarde que ataca físicamente a una mujer, puesto que nunca lo haría ante alguien superior a él en fuerza bruta. Es un deber ciudadano denunciar todo acto de violencia contra una mujer del que podamos ser testigos, en el vecindario, en la calle, en el trabajo o en hasta nuestro propio hogar. Sin embargo, más que eso, lo que hay que hacer es eliminar las causas de esa violencia. Empecemos por pensar si en Chile las mujeres tienen realmente los mismos derechos de los hombres. Observemos la miseria que nos rodea, que mucho más que los hombres, la sufren las mujeres más pobres, que se obligan a depender del marido o el conviviente, lo que las condena a una vida de servidumbre. Observemos también las prácticas culturales de nuestro pueblo, aquellas que tienen expresión diaria en el seno de cada familia, entorno laboral y social, y luego, preguntémonos, ¿qué cambios hay que producir para que todos los seres humanos de nuestro pueblo, incluidas las mujeres, vivan con los mismos derechos a la libertad, a la seguridad y al desarrollo personal?, ¿qué tipo de convivencia y habilidades culturales necesitamos para solucionar los diarios conflictos y violencias en que se encuentran sumidas tantas familias, de las cuales las mujeres son las primeras víctimas?, y finalmente, ¿qué hacemos todos, y que hago yo por que eso cambie? Esa reflexión será más poderosa si la hacemos en conjunto, como sociedad entera, en todos sus rincones, y si nos decidimos colectivamente a actuar. Termino recordando las palabras de Valèry Giscard d’Estaing, ex - presidente de Francia: “Las mujeres todavía son discriminadas, y eso que no sólo son la mitad de la población mundial, sino, además, traen al mundo a la totalidad de esa población.”
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
La constitución política de cualquier estado que se precie de civilizado establece que toda persona, hombre o mujer, nace libre e igual a sus congéneres en dignidad y derechos. Esta es la pauta básica ético-jurídica de la Ley, y la piedra angular del Derecho. Entonces, en estricto rigor, envilecer la dignidad de un hombre o una mujer, puede considerarse hasta un acto contrario a la Ley, aun cuando ello se haga aparentemente en forma inocente a través de chistecitos misóginos, aunque los cuente un presidente de la república (por fortuna, hay uno solo en el mundo que lo hace; y por desgracia para nosotros, es el nuestro). En el transcurso del siglo XX, los movimientos sociales por más libertad, igualdad, tolerancia, dignificación para todos y democracia, tenían que tener como primera bandera a las mujeres, porque por miles de años, la sociedad patriarcal, profundamente ajena al conocimiento científico, había relegado a la mujer a la categoría de un ser inferior al hombre e, incluso, maligno (“la mujer es la fuente del pecado”, decían los clérigos medievales, y todavía algunos repiten esa estupidez en nuestros días). La mujer fue por siglos un objeto del hombre; obviamente, para ser servido por ella y para su satisfacción sexual. También para procrear, función que hasta sólo unos siglos, se creía que era sólo masculina. La noción bíblica semilla (el semen) y tierra (la matriz femenina), grafica muy bien este antiquísimo error. ¡Nada menos que no se sabía que la mujer ovula y es parte igual en la procreación! El ensayista, profesor y teórico del pensamiento político Norberto Bobbio afirma certeramente que “los derechos nacen cuando pueden nacer.” Así es, y los tiempos, felizmente, cambiaron; o mejor dicho, hubo una vanguardia de revolucionaros que los cambiaron, tras larga y dura lucha contra la opresión y el oscurantismo. La mujer, por fin, es ahora, por lo menos en la letra, libre y tiene los mismos derechos que el hombre. Sin embargo. aún en muchos países las mujeres son todavía legalmente discriminadas, un acto de violencia política ejercida por sociedades cuyas leyes aún tienen el viejo y anacrónico sesgo de género; es decir, las hacen los hombres de manera privativa para ellos. También todavía esa discriminación se da en países que explícitamente observan leyes que consideran a las mujeres como iguales a los hombres. Tal es el caso de Chile. Las mujeres, teóricamente, ya tienen el derecho legal a la libertad personal, al divorcio, al sufragio, al trabajo remunerado, a una vida de elección propia, al ejercicio de la función política y a la felicidad personal, en la forma que ella, y sólo ella, elija; pero en la práctica, todavía no gozan de esos derechos en plenitud. Lo peor, no obstante, es otra cosa: Chile marca un infamante récord en materia de violencia contra la mujer. En ocasión de celebrarse hace poco en todo el mundo “El Día de la No–violencia contra la Mujer,” resulta muy pertinente referirse a este tema. Chile es un país en el que especialmente los hombres ejercen violencia contra las mujeres, particularmente en el hogar. Se trata de una forma de esclavitud, a la que se las somete a través del chantaje de la manutención (aunque ellas se ganan con creces la vida trabajando más horas que los hombres). El hombre que golpeó o que, incluso, asesinó a su esposa, conviviente o novia, lo hizo porque la considera un objeto suyo, no como una persona libre e independiente de él. Hay que ser firmes frente al flagelo de la agresión contra las mujeres, y no justificarlo en absolutamente ningún caso. A veces, en favor del agresor, se arguye que el pobre estaba fuera de sí por los celos, o ebrio, y, por lo tanto, no sabía lo que hacía. Pamplinas. Nada justifica al cobarde que ataca físicamente a una mujer, puesto que nunca lo haría ante alguien superior a él en fuerza bruta. Es un deber ciudadano denunciar todo acto de violencia contra una mujer del que podamos ser testigos, en el vecindario, en la calle, en el trabajo o en hasta nuestro propio hogar. Sin embargo, más que eso, lo que hay que hacer es eliminar las causas de esa violencia. Empecemos por pensar si en Chile las mujeres tienen realmente los mismos derechos de los hombres. Observemos la miseria que nos rodea, que mucho más que los hombres, la sufren las mujeres más pobres, que se obligan a depender del marido o el conviviente, lo que las condena a una vida de servidumbre. Observemos también las prácticas culturales de nuestro pueblo, aquellas que tienen expresión diaria en el seno de cada familia, entorno laboral y social, y luego, preguntémonos, ¿qué cambios hay que producir para que todos los seres humanos de nuestro pueblo, incluidas las mujeres, vivan con los mismos derechos a la libertad, a la seguridad y al desarrollo personal?, ¿qué tipo de convivencia y habilidades culturales necesitamos para solucionar los diarios conflictos y violencias en que se encuentran sumidas tantas familias, de las cuales las mujeres son las primeras víctimas?, y finalmente, ¿qué hacemos todos, y que hago yo por que eso cambie? Esa reflexión será más poderosa si la hacemos en conjunto, como sociedad entera, en todos sus rincones, y si nos decidimos colectivamente a actuar. Termino recordando las palabras de Valèry Giscard d’Estaing, ex - presidente de Francia: “Las mujeres todavía son discriminadas, y eso que no sólo son la mitad de la población mundial, sino, además, traen al mundo a la totalidad de esa población.”
lunes, 5 de diciembre de 2011
ELECCIÓN DE RECTOR EN LA UNAP.
En torno a la reciente elección de rector de la Universidad Arturo Prat (UNAP), llama la atención que el ganador, el Profesor Gustavo Soto, que se re-postuló al cargo, no obtuviera la mayoría necesaria para ser elegido en primera vuelta. En la segunda, además, hubo menos votantes y más abstenciones. Lo que ocurrió es que los académicos que votaron por la Dra. Antonia Santos (la tercera mayoría, con ca. 20% de los votos), y, en menor proporción, los que apoyaron al cuarto candidato, el Profesor Marcos Hernández (con sólo 3%), tomaron dos caminos: unos se negaron a elegir entre los dos candidatos finales, Soto y el Dr. Álvaro Carevic; y otros decidieron no arriesgar nada y seguir con el status quo actual, re-eligiendo a Soto. Ergo, Soto no ha sido elegido por la mayoría de los académicos (los únicos con derecho a votar); menos aun por el estudiantado, que ha rechazado su gestión siempre y de manera más que manifiesta; ni por el personal administrativo, que en un reciente acto eleccionario, aunque no reglamentario, lo rechazó de manera rotunda. En suma, no existe la tal mayoría que, como un exultante Soto lo ha declarado ante la prensa, reconozca las bondades de su pasada gestión. Es bueno que se conozca cómo funciona la UNAP, la única universidad estatal de la región, además de ser la mayor y la más antigua. Para ello, un poco de historia reciente: En el año 2005, el rector Profesor Carlos Merino, exigido por la comunidad universitaria, convocó a un claustro general, en el que participaron masivamente académicos, estudiantes y funcionarios. El fin del claustro era establecer un estilo de gestión más participativo, que sintonizara con los nuevos tiempos que vivía y vive el país. Finalizado el evento, Merino –aunque lo había prometido- no puso en práctica los acuerdos básicos del evento, y su sucesor de línea programática, Soto, elegido en 2007, tampoco. "Pacta sunt servanda," decían los latinos: los acuerdos se toman para cumplirse, y eso no sucedió en la UNAP. La comunidad universitaria, de manera prácticamente unánime, acordó, primero, la creación de facultades en la UNAP, la única forma posible de descentralizar una universidad, en todos los aspectos posibles. La UNAP es la universidad más atrasada institucionalmente del país, puesto que es la única que no tiene facultades. Como resultado, el poder de gestión se concentra en una sola persona, el rector. En la UNAP no hay, entonces, un consejo de decanos que fiscalice la gestión del rector en el aspecto académico ni en ningún otro. Lo único que teóricamente hay sobre el rector es la Junta Directiva, una inútil herencia del pasado autoritario del país, compuesta mayoritariamente por personas ajenas a la universidad. Por cierto, la existencia de esta instancia no sólo contradice el principio constitucional de la autonomía de la universidad, sino, en razón de la natural lejanía entre sus miembros y lo que ocurre en ella, termina por no tener ninguna gravitación ideológica ni administrativa importante sobre la institución. De modo que el Rector, en los hechos, tiene un poder absoluto, lo que, además de dar origen a un estilo de gobierno derechamente dictatorial, conlleva la formación de influyentes grupos de poder cercanos al “big boss,” que facilitan la reproducción permanente del sistema. Segundo, el claustro acordó la participación, con voto ponderado, de los tres estamentos en la elección de las autoridades políticas de la universidad. Todas las universidades estatales del país, menos una, la UNAP, de manera paulatina, han tenido la voluntad política de encontrar las formas de integrar a toda la comunidad universitaria en la gestión institucional, incluso en la elección de algunas de sus autoridades, a pesar de los lastres legales de la dictatura aún vigentes en materia de educación superior. Por ello es que sorprende que Soto declare a la prensa que "cree en la descentralización" de la universidad, y que "la UNAP (léase sus rectores) ha respetado a las federaciones (los gremios estudiantiles)." Las tensiones vividas en la UNAP no las han causado los estudiantes "ultras" como Soto ha declarado a la prensa. Se deben al incumplimiento de los dos grandes acuerdos del claustro de 2005, la descentralización administrativa y académica de la UNAP a través de la creación de facultades, y la participación tri-estamental en la gestión universitaria. Soto, tiene, entonces, dos alternativas: el continuismo, u honrar los acuerdos del claustro general universitario del año 2005.
martes, 22 de noviembre de 2011
EL INSÓLITO HOMENAJE A KRASSNOFF
PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21. 24 / 11 / 2012.
(Primera Parte)
Los crímenes de lesa humanidad son los más graves que puedan cometerse, no sólo por la crueldad que involucran, sino porque los perpetra el Estado. Por su gravedad extrema, estos crímenes son inamnistiables, imprescriptibles, inexcarcelables y, además, las leyes que los tipifican y sancionan son internacionales; vale decir, si un país las suscribe, debe someter a ellas sus propias leyes y decretos nacionales. Chile ha suscrito todos los pactos, acuerdos y leyes internacionales existentes en materia de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad. Es más, nunca ha renunciado a ellos. Se recordará que la dictadura de Pinochet, bajo cuya égida se cometieron flagrantemente miles de estos crímenes, no retiró su firma de ellos, obviamente con el solo fin de guardar falsas apariencias. De manera que fue estulticia pura, o, lo menos probable, ignorancia supina, que el Dictador y sus asesores legales crearan en 1979 la “Ley de Amnistía General,” el más vergonzoso intento de evitar que sobre los criminales de lesa humanidad cayera la espada de la justicia. ¡Vaya “Amnistía General”! En los 80, estos criminales deambulaban por las calles libremente, mientras los miles de presos políticos seguían en las cárceles y los exiliados seguían sin poder volver al país. Sin embargo, alguna vez nuestros tribunales dejarían de ser cómplices de la dictadura (mácula en su historia por la cual han pedido expresamente perdón al país más de una vez). La propia dictadura tenía que terminar algún día, como así sucedió. Por ello es que Manuel Contreras, Álvaro Corbalán, Pedro Espinoza, y muchos más criminales de lesa humanidad, entre ellos Miguel Krassnoff, que se creían dioses intocables en la dictadura, hoy están presos. El “homenaje” oficial y financiado con fondos públicos que rindió el lunes pasado el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, a Miguel Krassnoff Martchenko, su antiguo colega en los aparatos secretos de la dictadura, sólo revela que el espíritu de exterminio de Estado sigue vivo, y lo que es más grave es que sigue vivo en ámbitos cercanos a las FF AA, que suponemos neutrales y pertenecientes a todos los chilenos. En verdad, la iniciativa de Labbé es una temeraria provocación a los tribunales chilenos que pusieron en la cárcel a Krassnoff y a muchos más de su pluma, una abierta afrenta a las leyes nacionales e internacionales y al propio Estado y gobierno del país. Es más: se trata de un vulgar acto sedicioso que intenta hacer oír un ruido de sables que cause alarma en el país, justo cuando nuestras instituciones se encuentran en una evidente crisis de credibilidad nacional, y justo también cuando se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Rodrigo Anfruns, un niñito de apenas 6 años, perpetrados por agentes secretos de la dictadura, obviamente, psicópatas. ¿Quién es Krassnoff? Sin duda, otro psicópata; como muchos más de su especie que sirvieron en las FF AA durante la dictadura. ¿Y qué es un psicópata? Según la ciencia, un psicópata es un individuo depravado moralmente, quien, normalmente movido por un irrefrenable odio y permanente ánimo de venganza y dominación sobre otros, planea y ejecuta los más horribles y atroces actos contra quienes, según él, lo merezcan. Al psicópata lo mueven motivos propios muy personales, que subyacen en un subconsciente permeado por frustraciones y agresiones sufridas en o desde la infancia. Es cruel y sádico, condición que a veces simula con actitudes empáticas y carismáticas. No tiene temor a las consecuencias que sus actos puedan acarrear a él, a su entorno familiar, a sus amigos, o a la sociedad, puesto que su vida sólo gira en torno a la idea fija de hacer el mayor daño posible a otros. Siempre justifica sus crueldades con sublimaciones como la Moral Pública, Dios y la Patria. No es, en rigor, un enfermo mental. Es una persona consciente de lo que hace, por lo tanto, es legalmente imputable. Miguel Krassnoff, “homenajeado” el pasado lunes por los sectores militares más politizados, y los duros de la derecha nacional, es, por cierto, el arquetipo del psicópata político. Sus padres y familiares cercanos, rusos zaristas anti-semitas y ultra-conservadores, fueron perseguidos por los comunistas rusos luego del triunfo de la Revolución bolchevique. Lograron escapar de Rusia, avecindándose en Austria, donde nació Miguel Krassnoff
EL INSÓLITO HOMENAJE A KRASSNOFF.
(Segunda Parte)
En su exilio en Austria, en los años 30, Semion Krassnoff, padre de Miguel Krassnoff, y su padre, Piotr NIkolaievitch Krassnoff, ambos ex–cosacos (soldados de caballería zaristas, de origen ruso-tártaro), abrazaron la causa nazi, entre cuyos ejes fundamentales estaban el aniquilamiento del estado soviético y el exterminio de los judíos en Europa. Al estallar la II Guerra Mundial, ingresaron voluntariamente en el ejército hitleriano, y después de la victoria aliada sobre Alemania, fueron buscados durante dos años por crímenes de guerra y genocidio. Esta última acusación ha sido ratificada por el jefe de la comunidad judía nacional, Gabriel Zaliasnik, quien ha declarado que Semion y Piotr Krassnoff son autores del exterminio de 150.000 judíos europeos (Diario La segunda, 18 / 11). Fueron capturados por el ejército inglés, que ocupaba Austria, país que había sido anexado por Hitler a Alemania en 1938, y entregados al ejército soviético, puesto que eran rusos. Llevados a juicio en Rusia por los crímenes señalados, más por el de traición a la patria, fueron ejecutados en Moscú, en 1947. Un año después, Dhyna Martchenko, ahora viuda y madre de Miguel Krassnoff, solicitó visa de residencia en varios países, y Chile, país amable y hospitalario por antonomasia, fue el primero en concedérsela (curiosamente, gobernaba en ese año Gabriel González, en cuyo gobierno aún participaban comunistas). Ya en Chile, ella sólo quería, por fin, paz y tranquilidad, y sobre todo, una buena educación y la mayor adaptabilidad social posible de su hijo en su nueva patria. No obstante, el niño y más tarde el joven Krassnoff, conocería la suerte corrida en Rusia por su familia y por su padre y abuelo, por boca de otros familiares rusos que también llegaron a Chile desde Europa. Entonces, comenzó a obsederlo un incontrolable odio y sed de venganza. Contra la voluntad expresa de su madre, siguió´ y terminó la carrera militar, y por su origen étnico y por la condición de cosacos de sus ancestros, fue apodado por sus pares “el cosaco Krassnoff,” apelativo por el que, orgullosamente, gustaba que lo llamaran. En 1973, el destino le ofreció la ansiada oportunidad de la revancha que tanto había buscado siempre, y no la dejó pasar. Consiguió llegar a los más altos rangos de la carrera militar, y en plena dictadura, cumplió su sueño de ser uno de los más importantes jefes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). La condena en Chile a 144 años de presidio, más los 30 años a que lo condenó “in absentia” la justicia francesa, se explican por sus muchísimos crímenes de lesa humanidad, todos probados y acreditados por testigos presenciales, pruebas documentales y sus propias confesiones. Entre los más espantosos, destaca el caso de Diana Arón, la joven periodista que, a pesar de su embarazo de siete meses, fue sacada de una cama de hospital, torturada, violada y asesinada con la participación directa de Krassnoff, quien, además, en las sesiones de tortura le profería insultos por su condición de judía. También está el caso de otra mujer, Lumi Videla, una profesora de 25 años, que corrió la misma suerte de Diana Arón, con el horrendo agregado que su cadáver fue lanzado al interior de la embajada de Italia, como castigo a ese país europeo por haber otorgado visa a la joven cuando era buscada por la DINA. Que conste bien, ¡MIguel Krassnoff ordenó esa atrocidad! El “cosaco” tuvo también participación directa en la tortura, cercenamiento de los dedos de la mano derecha y muerte a balazos del artista Víctor Jara, al igual que en el secuestro, y la muerte por efecto de las torturas, del cura español Antonio Llidó. Ofició miles de “interrogatorios” de la DINA (léase torturas) y participó directamente en centenares de ejecuciones secretas sumarias, fueran de hombres, mujeres y niños, tanto chilenos como extranjeros. No es de extrañar que el gobierno no se haya opuesto a la consumación de este “homenaje;” al fin y al cabo, lo sostiene la derecha, la mayor favorecida por la dictadura en que se “lució” Krassnoff. Lo que realmente extraña es que las Iglesias cristianas (de gran influencia en la conciencia popular), y muchos partidos políticos hicieran poco o nada por impedir esta afrenta a la Justicia, la paz social, la dignidad y el prestigio internacional de Chile. Por lo menos, la “funa” del lunes aguó este insólito y macabro “homenaje.”
(Primera Parte)
Los crímenes de lesa humanidad son los más graves que puedan cometerse, no sólo por la crueldad que involucran, sino porque los perpetra el Estado. Por su gravedad extrema, estos crímenes son inamnistiables, imprescriptibles, inexcarcelables y, además, las leyes que los tipifican y sancionan son internacionales; vale decir, si un país las suscribe, debe someter a ellas sus propias leyes y decretos nacionales. Chile ha suscrito todos los pactos, acuerdos y leyes internacionales existentes en materia de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad. Es más, nunca ha renunciado a ellos. Se recordará que la dictadura de Pinochet, bajo cuya égida se cometieron flagrantemente miles de estos crímenes, no retiró su firma de ellos, obviamente con el solo fin de guardar falsas apariencias. De manera que fue estulticia pura, o, lo menos probable, ignorancia supina, que el Dictador y sus asesores legales crearan en 1979 la “Ley de Amnistía General,” el más vergonzoso intento de evitar que sobre los criminales de lesa humanidad cayera la espada de la justicia. ¡Vaya “Amnistía General”! En los 80, estos criminales deambulaban por las calles libremente, mientras los miles de presos políticos seguían en las cárceles y los exiliados seguían sin poder volver al país. Sin embargo, alguna vez nuestros tribunales dejarían de ser cómplices de la dictadura (mácula en su historia por la cual han pedido expresamente perdón al país más de una vez). La propia dictadura tenía que terminar algún día, como así sucedió. Por ello es que Manuel Contreras, Álvaro Corbalán, Pedro Espinoza, y muchos más criminales de lesa humanidad, entre ellos Miguel Krassnoff, que se creían dioses intocables en la dictadura, hoy están presos. El “homenaje” oficial y financiado con fondos públicos que rindió el lunes pasado el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, a Miguel Krassnoff Martchenko, su antiguo colega en los aparatos secretos de la dictadura, sólo revela que el espíritu de exterminio de Estado sigue vivo, y lo que es más grave es que sigue vivo en ámbitos cercanos a las FF AA, que suponemos neutrales y pertenecientes a todos los chilenos. En verdad, la iniciativa de Labbé es una temeraria provocación a los tribunales chilenos que pusieron en la cárcel a Krassnoff y a muchos más de su pluma, una abierta afrenta a las leyes nacionales e internacionales y al propio Estado y gobierno del país. Es más: se trata de un vulgar acto sedicioso que intenta hacer oír un ruido de sables que cause alarma en el país, justo cuando nuestras instituciones se encuentran en una evidente crisis de credibilidad nacional, y justo también cuando se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Rodrigo Anfruns, un niñito de apenas 6 años, perpetrados por agentes secretos de la dictadura, obviamente, psicópatas. ¿Quién es Krassnoff? Sin duda, otro psicópata; como muchos más de su especie que sirvieron en las FF AA durante la dictadura. ¿Y qué es un psicópata? Según la ciencia, un psicópata es un individuo depravado moralmente, quien, normalmente movido por un irrefrenable odio y permanente ánimo de venganza y dominación sobre otros, planea y ejecuta los más horribles y atroces actos contra quienes, según él, lo merezcan. Al psicópata lo mueven motivos propios muy personales, que subyacen en un subconsciente permeado por frustraciones y agresiones sufridas en o desde la infancia. Es cruel y sádico, condición que a veces simula con actitudes empáticas y carismáticas. No tiene temor a las consecuencias que sus actos puedan acarrear a él, a su entorno familiar, a sus amigos, o a la sociedad, puesto que su vida sólo gira en torno a la idea fija de hacer el mayor daño posible a otros. Siempre justifica sus crueldades con sublimaciones como la Moral Pública, Dios y la Patria. No es, en rigor, un enfermo mental. Es una persona consciente de lo que hace, por lo tanto, es legalmente imputable. Miguel Krassnoff, “homenajeado” el pasado lunes por los sectores militares más politizados, y los duros de la derecha nacional, es, por cierto, el arquetipo del psicópata político. Sus padres y familiares cercanos, rusos zaristas anti-semitas y ultra-conservadores, fueron perseguidos por los comunistas rusos luego del triunfo de la Revolución bolchevique. Lograron escapar de Rusia, avecindándose en Austria, donde nació Miguel Krassnoff
EL INSÓLITO HOMENAJE A KRASSNOFF.
(Segunda Parte)
En su exilio en Austria, en los años 30, Semion Krassnoff, padre de Miguel Krassnoff, y su padre, Piotr NIkolaievitch Krassnoff, ambos ex–cosacos (soldados de caballería zaristas, de origen ruso-tártaro), abrazaron la causa nazi, entre cuyos ejes fundamentales estaban el aniquilamiento del estado soviético y el exterminio de los judíos en Europa. Al estallar la II Guerra Mundial, ingresaron voluntariamente en el ejército hitleriano, y después de la victoria aliada sobre Alemania, fueron buscados durante dos años por crímenes de guerra y genocidio. Esta última acusación ha sido ratificada por el jefe de la comunidad judía nacional, Gabriel Zaliasnik, quien ha declarado que Semion y Piotr Krassnoff son autores del exterminio de 150.000 judíos europeos (Diario La segunda, 18 / 11). Fueron capturados por el ejército inglés, que ocupaba Austria, país que había sido anexado por Hitler a Alemania en 1938, y entregados al ejército soviético, puesto que eran rusos. Llevados a juicio en Rusia por los crímenes señalados, más por el de traición a la patria, fueron ejecutados en Moscú, en 1947. Un año después, Dhyna Martchenko, ahora viuda y madre de Miguel Krassnoff, solicitó visa de residencia en varios países, y Chile, país amable y hospitalario por antonomasia, fue el primero en concedérsela (curiosamente, gobernaba en ese año Gabriel González, en cuyo gobierno aún participaban comunistas). Ya en Chile, ella sólo quería, por fin, paz y tranquilidad, y sobre todo, una buena educación y la mayor adaptabilidad social posible de su hijo en su nueva patria. No obstante, el niño y más tarde el joven Krassnoff, conocería la suerte corrida en Rusia por su familia y por su padre y abuelo, por boca de otros familiares rusos que también llegaron a Chile desde Europa. Entonces, comenzó a obsederlo un incontrolable odio y sed de venganza. Contra la voluntad expresa de su madre, siguió´ y terminó la carrera militar, y por su origen étnico y por la condición de cosacos de sus ancestros, fue apodado por sus pares “el cosaco Krassnoff,” apelativo por el que, orgullosamente, gustaba que lo llamaran. En 1973, el destino le ofreció la ansiada oportunidad de la revancha que tanto había buscado siempre, y no la dejó pasar. Consiguió llegar a los más altos rangos de la carrera militar, y en plena dictadura, cumplió su sueño de ser uno de los más importantes jefes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). La condena en Chile a 144 años de presidio, más los 30 años a que lo condenó “in absentia” la justicia francesa, se explican por sus muchísimos crímenes de lesa humanidad, todos probados y acreditados por testigos presenciales, pruebas documentales y sus propias confesiones. Entre los más espantosos, destaca el caso de Diana Arón, la joven periodista que, a pesar de su embarazo de siete meses, fue sacada de una cama de hospital, torturada, violada y asesinada con la participación directa de Krassnoff, quien, además, en las sesiones de tortura le profería insultos por su condición de judía. También está el caso de otra mujer, Lumi Videla, una profesora de 25 años, que corrió la misma suerte de Diana Arón, con el horrendo agregado que su cadáver fue lanzado al interior de la embajada de Italia, como castigo a ese país europeo por haber otorgado visa a la joven cuando era buscada por la DINA. Que conste bien, ¡MIguel Krassnoff ordenó esa atrocidad! El “cosaco” tuvo también participación directa en la tortura, cercenamiento de los dedos de la mano derecha y muerte a balazos del artista Víctor Jara, al igual que en el secuestro, y la muerte por efecto de las torturas, del cura español Antonio Llidó. Ofició miles de “interrogatorios” de la DINA (léase torturas) y participó directamente en centenares de ejecuciones secretas sumarias, fueran de hombres, mujeres y niños, tanto chilenos como extranjeros. No es de extrañar que el gobierno no se haya opuesto a la consumación de este “homenaje;” al fin y al cabo, lo sostiene la derecha, la mayor favorecida por la dictadura en que se “lució” Krassnoff. Lo que realmente extraña es que las Iglesias cristianas (de gran influencia en la conciencia popular), y muchos partidos políticos hicieran poco o nada por impedir esta afrenta a la Justicia, la paz social, la dignidad y el prestigio internacional de Chile. Por lo menos, la “funa” del lunes aguó este insólito y macabro “homenaje.”
lunes, 7 de noviembre de 2011
OTRA VEZ LA TELETÓN
PROF. HAROLDO QUINTEROS, DIARIO 21, 10 DE NOVIEMBRE DE 2011.
OTRA VEZ LA TELETÓN
(Primera Parte)
No son pocos los chilenos que por años han venido expresando sus dudas sobre la Teletón. Si estamos de verdad en un país civilizado, que, además, se precia de democrático, las dudas en torno a ella debieran aclararse públicamente, para así terminar con toda sospecha de fraude o negociados. Hasta ahora, empero, eso no ha sucedido nunca. Por el contrario, cada vez que alguien expresa sus dudas, no faltan las acusaciones de “insensible,” “egoísta,” etc. Un poco de historia: Por supuesto, no es Mario Kreuzberger, el animador Don Francisco, quien inventó la Teletón. Fue el actor cómico estadounidense Jerry Lewis. Lo hizo hace algunas décadas, con el mismo objetivo de ayudar a los minusválidos. La palabra en inglés es “Telethon,” una ingeniosa ocurrencia de Lewis, en referencia a la voz griega “Marathon,” la carrera olímpica que evoca a Pheidippides, el joven soldado griego que tras correr unos 12 kilómetros, a la mayor velocidad humana imaginable, desde el sitio de la batalla de Marathon hasta Atenas, vino a dar la noticia a los gobernantes de Atenas de la victoria en combate sobre los invasores persas, precisamente en Marathon (Siglo V a. C.). Cuenta la leyenda que frente a los gobernantes de Atenas, Pheidippides gritó “¡Niki!! (¡Victoria!) y cayó muerto en el lugar. Bien, menos heroica que la hazaña de Pheiddipides, la Telethon de Lewis es un “maratónico” show con el fin de recolectar fondos para personas minusválidas en algunos estados del oeste de Estados Unidos. Don Francisco copió la idea, y la trajo a Chile. No obstante, hay profundas diferencias entre la Telethon y la Teletón. La primera es que Don Francisco le dio a su show un tono especialmente melodramático, circunscribiéndolo exclusivamente a niños, con un despliegue mediático sin precedentes en la historia chilena de los medios masivos de comunicación. No fue así en Estados Unidos, porque, como país más avanzado culturalmente, no se considera admisible utilizar el sufrimiento –menos aun de niños- con el objeto de conseguir fines, del tipo que sean. Otra diferencia, crucial: en este caso, es que Lewis dirigió su Telethon al grueso público en general, lo que permite la mayor transparencia en la contribución que se hace. Lewis, además, no gana un centavo con su Telethon, mientras que Don Francisco es uno de los hombres más ricos del país, en gran parte gracias a su Teletón. Así que no nos hagamos los inocentes. Sólo recordemos al alcalde UDI de las Condes, de La Maza, que acusó a Kreuzberger de maniobras “mafiosas,” una vez que el animador prefirió sospechosamente a ciertas empresas, por sobre otras para participar en el negocio de la Teletón. En realidad, la Teletón es un gran negocio empresarial, muy lejos de merecer el título de “Cruzada del Amor.” Analicemos el asunto con objetividad: Como sabemos, el Estado chileno no destina fondos suficientes para la solución del problema de los minusválidos. Además, si se hiciera una campaña o colecta como cualquiera otra para ese objetivo, no se obtendrían los fondos que se consiguen a través de la metodología de la Teletón. Entonces, hay que activar la gran maquinaria empresarial del país, que jamás se ha movido ni se moverá si no obtiene ganancias. Veamos cuán “generosas” son las empresas. Como sabemos, un tiempo antes de la jornada, muchas de ellas “entran” en la Teletón. En verdad, pujan y hasta compiten por hacerlo, por lo bueno del negocio. “¡Tenga cuenta en tal o cual banco, adhiera a tal o cual AFP, ISAPRE o empresa financiera, compre tal o cual cerveza, jabón o detergente, porque están en la Teletón, y así usted apoya a los niños minusválidos!.” El pueblo, en su candor, cree el mensaje, y compra, y vuelve a comprar (CONTINUARÁ).
…………………………………………………….
PROF. HAROLDO QUINTEROS, DIARIO 21, 17 DE NOVIEMBRE DE 2011.
OTRA VEZ LA TELETÓN
(Segunda Parte).
Llega el esperado show de la Teletón, que cubre toda la televisión chilena más la inmensa mayoría de las radios, diarios y revistas. Intervienen orquestas, cómicos, cantantes y hasta políticos que hacen sus payasadas. ¡Como se van a perder la brillante oportunidad de cazar electores! Sólo recordemos que en sus tiempos de parlamentario, Piñera, con varios colegas parlamentarios, cantó allí los “oldies” “Bienvenido Amor” y “La Pera Madura”… Y llega.. ta-ta-ta-táaan… el momento en que las empresas de la Teletón deben abrir las chequeras, y… ¿qué sucede entonces? Lo de siempre, las mega empresas que participan en la Teletón, en verdad, no han dado un centavo a los minusválidos, ¡NI UNO SOLO!, ni siquiera gastaron plata en la promoción de sus productos, previa a la jornada-show, porque les fue gratuita. Veamos: durante el período de promoción, el público consumidor, al comprar, prefirió los productos de las empresas que anunciaron formalmente su compromiso con la Teletón. Obviamente, se produjo un inusitado boom de ventas en su favor. Pues bien, que alguien responda esta pregunta: ¿quién asegura que las empresas dieron a la Teletón ese incremento adicional a sus ventas regulares? De sobra se sabe, porque la noticia se ha filtrado sostenidamente, que sólo dieron una ínfima parte de esas ganancias. Ergo, “se hicieron el pino” gracias a la Teletón; es decir, gracias a los niños minusválidos. Esto es de fácil comprobación. Muéstrese al público el cálculo del promedio de sus ganancias por mes en los dos años transcurridos desde la Teletón anterior, y luego compárese con el del los meses del período de promoción. Entonces, si vamos a creer en la generosidad las empresas, una vez establecida la diferencia, que la den completa a la Teletón, y no la suma que se les antoje dar, como así ha sido siempre. En realidad, si así fuese, no sólo es probable que se resuelvan los problemas de salud y ortopedia de los niños minusválidos, sino hasta tendríamos educación gratuita. Como no lo hacen, y no lo han hecho nunca hasta hoy, no veo por qué debe creerse que es el “amor” el leit motiv de la Teletón. Desde el punto de vista administrativo-empresarial, con la Teletón, las empresas, en una exitosa transacción netamente comercial, simplemente cobran una fantástica comisión por su rol de simple intermediario entre los consumidores y la Teletón, lo que ocultan ingeniosamente con un chequecito que entregan entre estruendosos aplausos el día del show. Vale decir, el único contribuyente a la Teletón fue el público, y nadie más. Lo triste es hasta hoy, ese mismo público no se da cuenta que regaló más dinero a las empresas que a los niños minusválidos.
El problema de la minusvalidez es tema de salud pública, y, por lo tanto, su atención debiera ser responsabilidad del Estado, haciéndose cargo directamente de él, y/u obligando a las Isapres a asumir un rol responsable en la materia. No es así, en absoluto. Entonces, viene la Teletón a llenar el vacío. Además de terminar siendo un negocio, la Teletón sirve para preservar indefinidamente en nuestro país la cultura de la limosna y no la del derecho. Hoy, cuando las reservas morales de Chile hacen agua por todos los costados, la Teletón sirve como un analgésico mecanismo compensatorio, introducido en la conciencia de la gente a través de una descomunal parafernalia mediática. Alguien me decía, “pero, sin Teletón, los niños lisiados se quedan sin ayuda.” Eso sólo refleja la incapacidad del país y del Estado de solucionar los problemas de salud de la población, a pesar que ello es posible, dada la inmensa riqueza de nuestro país.
OTRA VEZ LA TELETÓN
(Primera Parte)
No son pocos los chilenos que por años han venido expresando sus dudas sobre la Teletón. Si estamos de verdad en un país civilizado, que, además, se precia de democrático, las dudas en torno a ella debieran aclararse públicamente, para así terminar con toda sospecha de fraude o negociados. Hasta ahora, empero, eso no ha sucedido nunca. Por el contrario, cada vez que alguien expresa sus dudas, no faltan las acusaciones de “insensible,” “egoísta,” etc. Un poco de historia: Por supuesto, no es Mario Kreuzberger, el animador Don Francisco, quien inventó la Teletón. Fue el actor cómico estadounidense Jerry Lewis. Lo hizo hace algunas décadas, con el mismo objetivo de ayudar a los minusválidos. La palabra en inglés es “Telethon,” una ingeniosa ocurrencia de Lewis, en referencia a la voz griega “Marathon,” la carrera olímpica que evoca a Pheidippides, el joven soldado griego que tras correr unos 12 kilómetros, a la mayor velocidad humana imaginable, desde el sitio de la batalla de Marathon hasta Atenas, vino a dar la noticia a los gobernantes de Atenas de la victoria en combate sobre los invasores persas, precisamente en Marathon (Siglo V a. C.). Cuenta la leyenda que frente a los gobernantes de Atenas, Pheidippides gritó “¡Niki!! (¡Victoria!) y cayó muerto en el lugar. Bien, menos heroica que la hazaña de Pheiddipides, la Telethon de Lewis es un “maratónico” show con el fin de recolectar fondos para personas minusválidas en algunos estados del oeste de Estados Unidos. Don Francisco copió la idea, y la trajo a Chile. No obstante, hay profundas diferencias entre la Telethon y la Teletón. La primera es que Don Francisco le dio a su show un tono especialmente melodramático, circunscribiéndolo exclusivamente a niños, con un despliegue mediático sin precedentes en la historia chilena de los medios masivos de comunicación. No fue así en Estados Unidos, porque, como país más avanzado culturalmente, no se considera admisible utilizar el sufrimiento –menos aun de niños- con el objeto de conseguir fines, del tipo que sean. Otra diferencia, crucial: en este caso, es que Lewis dirigió su Telethon al grueso público en general, lo que permite la mayor transparencia en la contribución que se hace. Lewis, además, no gana un centavo con su Telethon, mientras que Don Francisco es uno de los hombres más ricos del país, en gran parte gracias a su Teletón. Así que no nos hagamos los inocentes. Sólo recordemos al alcalde UDI de las Condes, de La Maza, que acusó a Kreuzberger de maniobras “mafiosas,” una vez que el animador prefirió sospechosamente a ciertas empresas, por sobre otras para participar en el negocio de la Teletón. En realidad, la Teletón es un gran negocio empresarial, muy lejos de merecer el título de “Cruzada del Amor.” Analicemos el asunto con objetividad: Como sabemos, el Estado chileno no destina fondos suficientes para la solución del problema de los minusválidos. Además, si se hiciera una campaña o colecta como cualquiera otra para ese objetivo, no se obtendrían los fondos que se consiguen a través de la metodología de la Teletón. Entonces, hay que activar la gran maquinaria empresarial del país, que jamás se ha movido ni se moverá si no obtiene ganancias. Veamos cuán “generosas” son las empresas. Como sabemos, un tiempo antes de la jornada, muchas de ellas “entran” en la Teletón. En verdad, pujan y hasta compiten por hacerlo, por lo bueno del negocio. “¡Tenga cuenta en tal o cual banco, adhiera a tal o cual AFP, ISAPRE o empresa financiera, compre tal o cual cerveza, jabón o detergente, porque están en la Teletón, y así usted apoya a los niños minusválidos!.” El pueblo, en su candor, cree el mensaje, y compra, y vuelve a comprar (CONTINUARÁ).
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PROF. HAROLDO QUINTEROS, DIARIO 21, 17 DE NOVIEMBRE DE 2011.
OTRA VEZ LA TELETÓN
(Segunda Parte).
Llega el esperado show de la Teletón, que cubre toda la televisión chilena más la inmensa mayoría de las radios, diarios y revistas. Intervienen orquestas, cómicos, cantantes y hasta políticos que hacen sus payasadas. ¡Como se van a perder la brillante oportunidad de cazar electores! Sólo recordemos que en sus tiempos de parlamentario, Piñera, con varios colegas parlamentarios, cantó allí los “oldies” “Bienvenido Amor” y “La Pera Madura”… Y llega.. ta-ta-ta-táaan… el momento en que las empresas de la Teletón deben abrir las chequeras, y… ¿qué sucede entonces? Lo de siempre, las mega empresas que participan en la Teletón, en verdad, no han dado un centavo a los minusválidos, ¡NI UNO SOLO!, ni siquiera gastaron plata en la promoción de sus productos, previa a la jornada-show, porque les fue gratuita. Veamos: durante el período de promoción, el público consumidor, al comprar, prefirió los productos de las empresas que anunciaron formalmente su compromiso con la Teletón. Obviamente, se produjo un inusitado boom de ventas en su favor. Pues bien, que alguien responda esta pregunta: ¿quién asegura que las empresas dieron a la Teletón ese incremento adicional a sus ventas regulares? De sobra se sabe, porque la noticia se ha filtrado sostenidamente, que sólo dieron una ínfima parte de esas ganancias. Ergo, “se hicieron el pino” gracias a la Teletón; es decir, gracias a los niños minusválidos. Esto es de fácil comprobación. Muéstrese al público el cálculo del promedio de sus ganancias por mes en los dos años transcurridos desde la Teletón anterior, y luego compárese con el del los meses del período de promoción. Entonces, si vamos a creer en la generosidad las empresas, una vez establecida la diferencia, que la den completa a la Teletón, y no la suma que se les antoje dar, como así ha sido siempre. En realidad, si así fuese, no sólo es probable que se resuelvan los problemas de salud y ortopedia de los niños minusválidos, sino hasta tendríamos educación gratuita. Como no lo hacen, y no lo han hecho nunca hasta hoy, no veo por qué debe creerse que es el “amor” el leit motiv de la Teletón. Desde el punto de vista administrativo-empresarial, con la Teletón, las empresas, en una exitosa transacción netamente comercial, simplemente cobran una fantástica comisión por su rol de simple intermediario entre los consumidores y la Teletón, lo que ocultan ingeniosamente con un chequecito que entregan entre estruendosos aplausos el día del show. Vale decir, el único contribuyente a la Teletón fue el público, y nadie más. Lo triste es hasta hoy, ese mismo público no se da cuenta que regaló más dinero a las empresas que a los niños minusválidos.
El problema de la minusvalidez es tema de salud pública, y, por lo tanto, su atención debiera ser responsabilidad del Estado, haciéndose cargo directamente de él, y/u obligando a las Isapres a asumir un rol responsable en la materia. No es así, en absoluto. Entonces, viene la Teletón a llenar el vacío. Además de terminar siendo un negocio, la Teletón sirve para preservar indefinidamente en nuestro país la cultura de la limosna y no la del derecho. Hoy, cuando las reservas morales de Chile hacen agua por todos los costados, la Teletón sirve como un analgésico mecanismo compensatorio, introducido en la conciencia de la gente a través de una descomunal parafernalia mediática. Alguien me decía, “pero, sin Teletón, los niños lisiados se quedan sin ayuda.” Eso sólo refleja la incapacidad del país y del Estado de solucionar los problemas de salud de la población, a pesar que ello es posible, dada la inmensa riqueza de nuestro país.
miércoles, 26 de octubre de 2011
El actual gobierno y los Poderes del Estado
PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21. 27 /10/2011.
EL ACTUAL GOBIERNO Y LOS PODERES DEL ESTADO.
PRIMERA PARTE.
Los términos “soberanía” y “Estado” son claves en el trato de los problemas relativos a la política y el gobierno. Soberanía es, grosso modo, el ejercicio del gobierno; y Estado, su aparato institucional, establecido sobre un determinado cuerpo de leyes. En la Atenas pre-clásica y clásica (siglo VI y V a. C.), probablemente por primera vez en el mundo civilizado, se organizó una compleja forma de Estado democrático; es decir, aquel en que la soberanía está en manos de todos los ciudadanos, y no de un monarca. Con limitaciones propias de la antigüedad, los atenienses eran los autores de las leyes de su Estado y, además, elegían periódicamente a sus gobernantes. Fue la democracia lo que hizo a Atenas la indiscutida líder y adalid de la victoria griega contra la invasión persa, y también fue la democracia lo que la llevó a las cumbres del Humanismo. Empero, la Atenas democrática, una extraña y microcósmica excepción en el mundo antiguo, finalmente sucumbió a las condiciones políticas generales de esa época. En el siglo IV a. C. fue anexada en calidad de colonia al imperio macedónico, luego al romano, después al turco, hasta desaparecer por completo. Los imperios y estados contemporáneos de la Atenas clásica, eran regidos por monarcas absolutos, cuya potestad tenía su origen en una supuesta voluntad divina. Desde entonces, hasta por lo menos el siglo XVI, no se alteró aquel concepto. El primer intento de restringir la soberanía monárquica fue la propuesta del francés Jean Bodin, quien en su “República” (1576) sugiere tímidamente que el monarca, sometido naturalmente a la ley divina, debe cumplir realmente con ella, que, en tanto cristiana, es esencialmente buena. Un siglo después, ante los primeros esbozos de propuestas democráticas en Europa -particularmente en Inglaterra- el inglés Thomas Hobbes propone someterse, fatalmente, al Estado. Lo hace en su nada optimista obra “Leviathan,” nombre que da al Estado, que define como una especie de monstruo colosal e invencible, y, sobre todo, inevitable. La contrapartida a Hobbes, por fin, llega en el siglo XVIII, poco antes de la Revolución Francesa. El pensador francés Jean Jacques Rousseau vuelve al tema de la soberanía y el Estado con dos propuestas revolucionarias. Primero, las leyes del Estado, en las que se enmarca la soberanía, deben tener su origen en la voluntad popular; y, segundo, esa soberanía, para ser justa y legítima, debe ser ejercida directamente por el pueblo, puesto que él es el autor de las leyes. Pero el Estado democrático es complejo. De partida, los gobernantes, elegidos periódicamente, fuera de serles imposible servir en todos los frentes sociales, siempre representan a una determinada parte de la ciudadanía. Si esa parte se hiciera de todo el poder, bien podría caer en la tentación autocrática, y, con ella, en la corrupción. Los atenienses se dieron cuenta de ello, y supieron separar al gobernante elegido de la instancia creadora de las leyes, como asimismo, de la encargada de administrar justicia. En términos modernos, el problema viene a resolverlo Charles Louis de Secondat, más conocido como Montesquieu, coetáneo de Rousseau. Montesquieu propone “la división de los poderes del Estado.” Escribía, “cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad… Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.” En suma, en el Estado democrático la soberanía la ejerce el pueblo, sobre la base de leyes que él mismo ha creado, y la división de los poderes del Estado. Los legisladores (el Parlamento) introducen a la Ley ( lo que hoy se llama la Constitución Política del Estado) leyes que la actualizan, sin modificar su sentido original, lo que sólo puede hacer el pueblo. El Poder Judicial (los jueces del país) aplicará esas leyes de manera totalmente libre e independiente, y el Poder Ejecutivo (el Presidente de la República y sus ministros) será, en general, gestor de las leyes que involucren costos financieros, y el primer garante de la correcta marcha del Estado, dividido en tres poderes. Veremos luego que nada de ello se cumple cabalmente en nuestro país (CONTINUARÁ).
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PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21. 3/ 11/2011.
EL ACTUAL GOBIERNO Y LOS PODERES DEL ESTADO
(SEGUNDA PARTE).
Efectivamente, sólo la real expresión de la voluntad popular en la gestión de la Ley: la separación de los poderes del Estado, que impide el abuso y la tentación autocrática; y, finalmente, la formación de una cultura cívica de participación permanente de la ciudadanía en la vida política, garantizan la fortaleza y vigencia de la democracia, hasta hoy la única forma posible de alcanzar una vida social en paz, segura e igualitaria. Como les anunciaba en la primera parte de esta crónica, probaré que Chile no es una democracia verdadera. Partamos por la base sobre la cual descansa toda la vida social: la Ley; es decir, la Constitución Política del Estado. En una democracia de verdad, la Ley – recordando a Rousseau – surge íntegra y directamente de la soberanía popular. Pues bien, la Constitución vigente, la de 1980, no surgió así, sino del arbitrio de un dictador, cuyo gobierno fue integrado unilateralmente y sin elecciones, por una sola de las corrientes políticas entonces existentes, la derecha. Con todo el poder en sus manos, y con la protección de las armas brindada por la dictadura, esa corriente política tuvo el impresionante desparpajo de imponer al país un cambio revolucionario en el país, que consagró en la actual Constitución. Para rematar, lo que hace más dramático ese aciago capítulo de nuestra historia, es que la Constitución se impuso luego de un patético espectáculo eleccionario que la dictadura llamó “plebiscito,” en aquel tiempo en que no había prensa libre, ninguna posibilidad de confrontar ideas, ni registros electorales ni observadores extranjeros. Ergo, y lo digo con todas sus letras, estamos regidos por una Constitución Política ilegítima y espuria, e impuesta al país cuando la libertad no existía. Lo que corresponde, entonces, es liquidarla y plebiscitar una nueva, en que estén presentes todos los requisitos propios de un acto realmente democrático, anotados más arriba. Sigamos con el Poder Legislativo. Estatuido en la Constitución de 1980, estamos ante otra fechoría de la dictadura, por cuanto el sistema de elecciones de los parlamentarios no es proporcional, sino binominal, caso insólito y único en el mundo. Por esta razón, tanto la Constitución Política como el sistema binominal son incambiables, lo que es impensable en una democracia. Y finalmente, el Poder Judicial. En las democracias verdaderas, rige un sistema objetivo de carrera profesional que separa de plano al Poder Ejecutivo del Judicial. En otras, como la estadounidense (lo que USA haga afuera es otro cuento), los jueces se eligen en votaciones populares. En Chile, el Poder Ejecutivo tiene una amplia influencia en las designaciones, promociones y ascensos de los jueces, así que las “recomendaciones“ que haga el Presidente o su Ministro de Justicia difícilmente pueden ser evadidas por los jueces. Eso explica por qué hoy nos aflige una severa crisis entre el gobierno y el Poder Judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Chile (ANM), oficialmente rechazó lo que llamó “las presiones" que el gobierno está ejerciendo sobre el poder judicial, luego que el Ejecutivo acusara a los jueces de ser demasiado "garantistas" con los detenidos por desórdenes públicos en las marchas estudiantiles, condicionando la promoción de los magistrados a los fallos que ellos dicten. El Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, no pudo ser más directo al asegurar que “el gobierno tendrá en cuenta el desempeño de los jueces a la hora de promocionarlos.” Cito textualmente a Leopoldo Llanos, presidente de la ANM: "… esto es derechamente una intimidación para que los jueces durante su desempeño se guíen por los criterios del Ejecutivo para ser posteriormente nombrados." Mientras tanto, la política de verdad se está dando en las calles, no en el ineficiente Parlamento que tenemos, ni en el gobierno ni en los ministerios. No puede ser de otro modo, puesto que lo que está en el tapete es la exigencia de la mayoría de los chilenos de un giro político de 180º en el país, hacia más justicia y equidad social. El país pide la instauración en Chile de un orden institucional nuevo, verdaderamente democrático. La resistencia del actual gobierno a esa reivindicación popular ha ido más allá de lo esperado. Por ejemplo, además de la violenta represión de la policía contra los manifestantes, muchos de ellos niñas y niños adolescentes, Carabineros, que obedece al Ministerio del Interior (o sea, al gobierno) se ha querellado contra civiles por la toma del ex – Congreso, una bagatela comparada con la desastrosa situación educacional, causa del levantamiento estudiantil. Este es un caso inédito en nuestra historia, más grave que todas las tomas y marchas juntas, que, al fin de cuentas, son sólo la expresión natural del descontento popular. Así las cosas, preparémonos para tiempos peores.
EL ACTUAL GOBIERNO Y LOS PODERES DEL ESTADO.
PRIMERA PARTE.
Los términos “soberanía” y “Estado” son claves en el trato de los problemas relativos a la política y el gobierno. Soberanía es, grosso modo, el ejercicio del gobierno; y Estado, su aparato institucional, establecido sobre un determinado cuerpo de leyes. En la Atenas pre-clásica y clásica (siglo VI y V a. C.), probablemente por primera vez en el mundo civilizado, se organizó una compleja forma de Estado democrático; es decir, aquel en que la soberanía está en manos de todos los ciudadanos, y no de un monarca. Con limitaciones propias de la antigüedad, los atenienses eran los autores de las leyes de su Estado y, además, elegían periódicamente a sus gobernantes. Fue la democracia lo que hizo a Atenas la indiscutida líder y adalid de la victoria griega contra la invasión persa, y también fue la democracia lo que la llevó a las cumbres del Humanismo. Empero, la Atenas democrática, una extraña y microcósmica excepción en el mundo antiguo, finalmente sucumbió a las condiciones políticas generales de esa época. En el siglo IV a. C. fue anexada en calidad de colonia al imperio macedónico, luego al romano, después al turco, hasta desaparecer por completo. Los imperios y estados contemporáneos de la Atenas clásica, eran regidos por monarcas absolutos, cuya potestad tenía su origen en una supuesta voluntad divina. Desde entonces, hasta por lo menos el siglo XVI, no se alteró aquel concepto. El primer intento de restringir la soberanía monárquica fue la propuesta del francés Jean Bodin, quien en su “República” (1576) sugiere tímidamente que el monarca, sometido naturalmente a la ley divina, debe cumplir realmente con ella, que, en tanto cristiana, es esencialmente buena. Un siglo después, ante los primeros esbozos de propuestas democráticas en Europa -particularmente en Inglaterra- el inglés Thomas Hobbes propone someterse, fatalmente, al Estado. Lo hace en su nada optimista obra “Leviathan,” nombre que da al Estado, que define como una especie de monstruo colosal e invencible, y, sobre todo, inevitable. La contrapartida a Hobbes, por fin, llega en el siglo XVIII, poco antes de la Revolución Francesa. El pensador francés Jean Jacques Rousseau vuelve al tema de la soberanía y el Estado con dos propuestas revolucionarias. Primero, las leyes del Estado, en las que se enmarca la soberanía, deben tener su origen en la voluntad popular; y, segundo, esa soberanía, para ser justa y legítima, debe ser ejercida directamente por el pueblo, puesto que él es el autor de las leyes. Pero el Estado democrático es complejo. De partida, los gobernantes, elegidos periódicamente, fuera de serles imposible servir en todos los frentes sociales, siempre representan a una determinada parte de la ciudadanía. Si esa parte se hiciera de todo el poder, bien podría caer en la tentación autocrática, y, con ella, en la corrupción. Los atenienses se dieron cuenta de ello, y supieron separar al gobernante elegido de la instancia creadora de las leyes, como asimismo, de la encargada de administrar justicia. En términos modernos, el problema viene a resolverlo Charles Louis de Secondat, más conocido como Montesquieu, coetáneo de Rousseau. Montesquieu propone “la división de los poderes del Estado.” Escribía, “cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad… Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.” En suma, en el Estado democrático la soberanía la ejerce el pueblo, sobre la base de leyes que él mismo ha creado, y la división de los poderes del Estado. Los legisladores (el Parlamento) introducen a la Ley ( lo que hoy se llama la Constitución Política del Estado) leyes que la actualizan, sin modificar su sentido original, lo que sólo puede hacer el pueblo. El Poder Judicial (los jueces del país) aplicará esas leyes de manera totalmente libre e independiente, y el Poder Ejecutivo (el Presidente de la República y sus ministros) será, en general, gestor de las leyes que involucren costos financieros, y el primer garante de la correcta marcha del Estado, dividido en tres poderes. Veremos luego que nada de ello se cumple cabalmente en nuestro país (CONTINUARÁ).
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PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21. 3/ 11/2011.
EL ACTUAL GOBIERNO Y LOS PODERES DEL ESTADO
(SEGUNDA PARTE).
Efectivamente, sólo la real expresión de la voluntad popular en la gestión de la Ley: la separación de los poderes del Estado, que impide el abuso y la tentación autocrática; y, finalmente, la formación de una cultura cívica de participación permanente de la ciudadanía en la vida política, garantizan la fortaleza y vigencia de la democracia, hasta hoy la única forma posible de alcanzar una vida social en paz, segura e igualitaria. Como les anunciaba en la primera parte de esta crónica, probaré que Chile no es una democracia verdadera. Partamos por la base sobre la cual descansa toda la vida social: la Ley; es decir, la Constitución Política del Estado. En una democracia de verdad, la Ley – recordando a Rousseau – surge íntegra y directamente de la soberanía popular. Pues bien, la Constitución vigente, la de 1980, no surgió así, sino del arbitrio de un dictador, cuyo gobierno fue integrado unilateralmente y sin elecciones, por una sola de las corrientes políticas entonces existentes, la derecha. Con todo el poder en sus manos, y con la protección de las armas brindada por la dictadura, esa corriente política tuvo el impresionante desparpajo de imponer al país un cambio revolucionario en el país, que consagró en la actual Constitución. Para rematar, lo que hace más dramático ese aciago capítulo de nuestra historia, es que la Constitución se impuso luego de un patético espectáculo eleccionario que la dictadura llamó “plebiscito,” en aquel tiempo en que no había prensa libre, ninguna posibilidad de confrontar ideas, ni registros electorales ni observadores extranjeros. Ergo, y lo digo con todas sus letras, estamos regidos por una Constitución Política ilegítima y espuria, e impuesta al país cuando la libertad no existía. Lo que corresponde, entonces, es liquidarla y plebiscitar una nueva, en que estén presentes todos los requisitos propios de un acto realmente democrático, anotados más arriba. Sigamos con el Poder Legislativo. Estatuido en la Constitución de 1980, estamos ante otra fechoría de la dictadura, por cuanto el sistema de elecciones de los parlamentarios no es proporcional, sino binominal, caso insólito y único en el mundo. Por esta razón, tanto la Constitución Política como el sistema binominal son incambiables, lo que es impensable en una democracia. Y finalmente, el Poder Judicial. En las democracias verdaderas, rige un sistema objetivo de carrera profesional que separa de plano al Poder Ejecutivo del Judicial. En otras, como la estadounidense (lo que USA haga afuera es otro cuento), los jueces se eligen en votaciones populares. En Chile, el Poder Ejecutivo tiene una amplia influencia en las designaciones, promociones y ascensos de los jueces, así que las “recomendaciones“ que haga el Presidente o su Ministro de Justicia difícilmente pueden ser evadidas por los jueces. Eso explica por qué hoy nos aflige una severa crisis entre el gobierno y el Poder Judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Chile (ANM), oficialmente rechazó lo que llamó “las presiones" que el gobierno está ejerciendo sobre el poder judicial, luego que el Ejecutivo acusara a los jueces de ser demasiado "garantistas" con los detenidos por desórdenes públicos en las marchas estudiantiles, condicionando la promoción de los magistrados a los fallos que ellos dicten. El Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, no pudo ser más directo al asegurar que “el gobierno tendrá en cuenta el desempeño de los jueces a la hora de promocionarlos.” Cito textualmente a Leopoldo Llanos, presidente de la ANM: "… esto es derechamente una intimidación para que los jueces durante su desempeño se guíen por los criterios del Ejecutivo para ser posteriormente nombrados." Mientras tanto, la política de verdad se está dando en las calles, no en el ineficiente Parlamento que tenemos, ni en el gobierno ni en los ministerios. No puede ser de otro modo, puesto que lo que está en el tapete es la exigencia de la mayoría de los chilenos de un giro político de 180º en el país, hacia más justicia y equidad social. El país pide la instauración en Chile de un orden institucional nuevo, verdaderamente democrático. La resistencia del actual gobierno a esa reivindicación popular ha ido más allá de lo esperado. Por ejemplo, además de la violenta represión de la policía contra los manifestantes, muchos de ellos niñas y niños adolescentes, Carabineros, que obedece al Ministerio del Interior (o sea, al gobierno) se ha querellado contra civiles por la toma del ex – Congreso, una bagatela comparada con la desastrosa situación educacional, causa del levantamiento estudiantil. Este es un caso inédito en nuestra historia, más grave que todas las tomas y marchas juntas, que, al fin de cuentas, son sólo la expresión natural del descontento popular. Así las cosas, preparémonos para tiempos peores.
miércoles, 19 de octubre de 2011
Diario 21, "Indignados:"
PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21 . 20 / 10 / 2011.
INDIGNADOS.
Fueron los “indignados” de España quienes iniciaron en Europa el alzamiento popular contra las desigualdades sociales en el viejo continente, efecto del irracional y siempre creciente proceso de acumulación de la riqueza en unas pocas manos, cuestión inevitable en el capitalismo. Tanto este proceso como la paciencia de los pueblos ya han llegado a su punto límite, y la marea de protestas, incluso, ya tocó las playas del primer gran bastión del sistema capitalista mundial, Estados Unidos. La situación ya es mundial, y afecta más dramáticamente a las regiones más vulnerables del planeta. En efecto, en estos momentos, según datos oficiales internacionales (ONU, OCDE, UNESCO, FAO, etc.), mientras las ganancias de los imperios económicos crecen desorbitadamente cada día, la cantidad de hambrientos en el mundo ya alcanza la cifra de 950 millones de seres humanos y los pobres ya suman 4.750 millones. Hay 1.000 millones de desempleados, y el 50% de la población mundial activa está subempleada, o trabajando en precario. A ello hay que agregar que el 45% de la población mundial no tiene acceso directo a agua potable; 113 millones de niños no van a la escuela y 875 millones de adultos son analfabetos. También 12 millones de niños mueren todos los años a causa de enfermedades curables y 13 millones de personas mueren cada año debido al deterioro del medio ambiente y al cambio climático. 16.306 especies animales están en peligro de extinción, entre ellas la cuarta parte de los mamíferos, etc., etc. Si bien este espantoso cuadro, producto exclusivo de la desigual distribución global de la riqueza, es visible en los países más pobres, los efectos de la excesiva concentración del poder económico ya se han dejado sentir en países desarrollados. La acumulación geométrica del dinero es connatural al sistema capitalista, y con mayor fuerza en su versión post-moderna más ultrance, la réplica post-moderna del sistema “laissez faire,” propuesto hace más de dos siglos por Adam Smith, hoy conocida como el neo-liberalismo. En verdad, la derecha y los golpistas chilenos de 1973 entenderían mejor este ya indiscutido aserto, si en vez de quemar los libros de Karl Marx los hubieran leído. Introducido en Chile a balazos, el modelo jibarizó el poder contralor del Estado sobre la economía, redujo drásticamente el gasto público y entregó las empresas estatales (por cierto, a precios de huevo) a la voracidad de los mega imperios económicos, tanto de dentro como de fuera del país. Por causa de estas infelices medidas, surgieron abisales desigualdades en el ingreso, las deudas por bienes de consumo no terminan de pagarse nunca, y la protección sanitaria de la población, las pensiones, la vivienda y la educación son sistemas clasistas y deficitarios. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre 1993 y 2008, el salario real de los trabajadores chilenos creció en un insignificante 1%., mientras que en ese mismo periodo, el producto interno bruto lo hizo en alrededor del 200%. Por otra parte, la banca privada, con una rentabilidad del 30% sobre capital y reservas, acusa ganancias de más de 1.700 millones de dólares anuales. En fin, para terminar, una pequeña digresión. En este mes del Día Nacional de España, comparémonos con ella. A Chile y la Madre Patria les es común no sólo el neo-liberalismo como sistema, sino el hecho que se impuso en ambos países por la fuerza bruta; en Chile con Pinochet y en España, en las postrimerías de la dictadura de Francisco Franco, el general fascista ex - aliado de Hitler. También les es común que quienes sellaron el neo-liberalismo institucionalmente fueron dos supuestos “socialistas,” Ricardo Lagos en Chile y Felipe González en España. Otro hecho en común es cómo se entendían estos muchachos. Lagos y González trajeron a Chile al olvidable empresario neo-liberal Fernando Flores, en calidad de presidenciable para el 2004. El comienzo era hacerlo senador, y aprovechando la confianza que buena parte de los nortinos pusieron en la Concertación, González vino hasta aquí a proclamarlo como candidato. ¡Qué chascarro! Desagradable, soez, flojo y desaprensivo, era imposible que Flores pretendiera seguir en su carrera, y terminó finalmente en su redil político natural. En verdad, fue su elección de senador lo que marcó en nuestra región el comienzo del fin de la confianza ciudadana en la Concertación, y más aun en su ala progresista.
INDIGNADOS.
Fueron los “indignados” de España quienes iniciaron en Europa el alzamiento popular contra las desigualdades sociales en el viejo continente, efecto del irracional y siempre creciente proceso de acumulación de la riqueza en unas pocas manos, cuestión inevitable en el capitalismo. Tanto este proceso como la paciencia de los pueblos ya han llegado a su punto límite, y la marea de protestas, incluso, ya tocó las playas del primer gran bastión del sistema capitalista mundial, Estados Unidos. La situación ya es mundial, y afecta más dramáticamente a las regiones más vulnerables del planeta. En efecto, en estos momentos, según datos oficiales internacionales (ONU, OCDE, UNESCO, FAO, etc.), mientras las ganancias de los imperios económicos crecen desorbitadamente cada día, la cantidad de hambrientos en el mundo ya alcanza la cifra de 950 millones de seres humanos y los pobres ya suman 4.750 millones. Hay 1.000 millones de desempleados, y el 50% de la población mundial activa está subempleada, o trabajando en precario. A ello hay que agregar que el 45% de la población mundial no tiene acceso directo a agua potable; 113 millones de niños no van a la escuela y 875 millones de adultos son analfabetos. También 12 millones de niños mueren todos los años a causa de enfermedades curables y 13 millones de personas mueren cada año debido al deterioro del medio ambiente y al cambio climático. 16.306 especies animales están en peligro de extinción, entre ellas la cuarta parte de los mamíferos, etc., etc. Si bien este espantoso cuadro, producto exclusivo de la desigual distribución global de la riqueza, es visible en los países más pobres, los efectos de la excesiva concentración del poder económico ya se han dejado sentir en países desarrollados. La acumulación geométrica del dinero es connatural al sistema capitalista, y con mayor fuerza en su versión post-moderna más ultrance, la réplica post-moderna del sistema “laissez faire,” propuesto hace más de dos siglos por Adam Smith, hoy conocida como el neo-liberalismo. En verdad, la derecha y los golpistas chilenos de 1973 entenderían mejor este ya indiscutido aserto, si en vez de quemar los libros de Karl Marx los hubieran leído. Introducido en Chile a balazos, el modelo jibarizó el poder contralor del Estado sobre la economía, redujo drásticamente el gasto público y entregó las empresas estatales (por cierto, a precios de huevo) a la voracidad de los mega imperios económicos, tanto de dentro como de fuera del país. Por causa de estas infelices medidas, surgieron abisales desigualdades en el ingreso, las deudas por bienes de consumo no terminan de pagarse nunca, y la protección sanitaria de la población, las pensiones, la vivienda y la educación son sistemas clasistas y deficitarios. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre 1993 y 2008, el salario real de los trabajadores chilenos creció en un insignificante 1%., mientras que en ese mismo periodo, el producto interno bruto lo hizo en alrededor del 200%. Por otra parte, la banca privada, con una rentabilidad del 30% sobre capital y reservas, acusa ganancias de más de 1.700 millones de dólares anuales. En fin, para terminar, una pequeña digresión. En este mes del Día Nacional de España, comparémonos con ella. A Chile y la Madre Patria les es común no sólo el neo-liberalismo como sistema, sino el hecho que se impuso en ambos países por la fuerza bruta; en Chile con Pinochet y en España, en las postrimerías de la dictadura de Francisco Franco, el general fascista ex - aliado de Hitler. También les es común que quienes sellaron el neo-liberalismo institucionalmente fueron dos supuestos “socialistas,” Ricardo Lagos en Chile y Felipe González en España. Otro hecho en común es cómo se entendían estos muchachos. Lagos y González trajeron a Chile al olvidable empresario neo-liberal Fernando Flores, en calidad de presidenciable para el 2004. El comienzo era hacerlo senador, y aprovechando la confianza que buena parte de los nortinos pusieron en la Concertación, González vino hasta aquí a proclamarlo como candidato. ¡Qué chascarro! Desagradable, soez, flojo y desaprensivo, era imposible que Flores pretendiera seguir en su carrera, y terminó finalmente en su redil político natural. En verdad, fue su elección de senador lo que marcó en nuestra región el comienzo del fin de la confianza ciudadana en la Concertación, y más aun en su ala progresista.
lunes, 26 de septiembre de 2011
EL DISCURSO DEL GENERAL ARTEAGA
PRIMERA PARTE.
En ocasión de celebrarse el Día de las Glorias del Ejército, el General Mario Arteaga, Comandante en Jefe de la VI División, dijo en su alocución oficial: “La Historia de la Patria y del Ejército (por extensión, de todo el conjunto de las Fuerzas Armadas) son una sola, y continuamos escribiéndola juntos.” Y prosiguió: “ el Ejército ha contribuido a consolidar el espíritu libertario de la sociedad chilena, y a hacer realidad la ruta que trazaron los Padres de la Patria.” Bellas palabras. Sin embargo, si observamos objetivamente la historia reciente del país, veremos que más tienen de retórica que de realidad. En estos precisos instantes, un masivo y prolongado movimiento estudiantil por una educación gratuita y de calidad ha concitado la simpatía de la abrumadora mayoría ciudadana. Esta inusitada situación ha terminado por poner en jaque a todo el orden político-administrativo y económico vigente, caracterizado, fundamentalmente, por una exagerada concentración del ingreso y riqueza del país en unas pocas manos. Pues bien, ese orden responde a las concepciones ideológicas e intereses de sólo una parte de la sociedad política chilena, representada políticamente por la derecha nacional. Como es ella la que hoy gobierna, lógicamente es difícil que quiera conmover las bases del sistema en el cual cree. Mientras tanto, el resto del país exige una mejor y más equitativa distribución del ingreso, lo que, según ella, puede resolver todos los problemas educacionales y sociales del país. Este conflicto de intereses es la causa de la crisis que hoy vivimos. Ante ella, algunos conspicuos personajes de la derecha (Zalaquett, Pérez de Arce, Labbé, Lobos y varios más), directa o indirectamente, han llamado a las Fuerzas Armadas (FF AA) a intervenir en la crisis; por supuesto, en favor del sector político al cual pertenecen. ¿Por qué estos civiles de derecha se sienten con autoridad para hacer estos llamados? Por una razón muy simple: porque asumen que las FF AA son sólo suyas. Por desgracia, tienen base para hacerlo. En efecto, la verdad histórica es que el orden vigente, programado unilateralmente por sólo una parte de la civilidad, la derecha, fue impuesto “manu militari” por las FF AA en 1973. “Miles sub omnibus civibus,” decían los antiguos romanos (los militares deben estar bajo el poder de todos los ciudadanos). Además de ser ésta la enseña universal sobre la cual descansa todo sistema democrático en el mundo moderno, tras ella hay una cuestión moral básica: la sociedad entera, y no sólo una de sus partes, ha entregado a sus militares, con arreglo a la Ley, el privilegio del monopolio de las armas, que pertenecen a todo el pueblo. La misión básica de las FF AA es, entonces, una sola: la defensa del territorio nacional contra eventuales enemigos externos. No obstante ese principio, en 1973 se introdujeron en el país los conceptos “enemigo interno” y “seguridad interna,” completamente ilegales, pero también 100% políticos. En efecto, esos conceptos dieron cuenta de un acuerdo político suscrito por nuestros militares, la derecha civil nacional y el imperio estadounidense, que en plena Guerra Fría, defendía sus propios intereses geo-políticos globales, con el objeto de eliminar de todo el cono sur latinoamericano a los militantes y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda, entre ellos los que sostenían en Chile el gobierno constitucional de Salvador Allende. De modo que, objetivamente, nuestras FF AA tomaron entonces partido político, y claramente en favor de una sola y reducida parte de la sociedad, para luego instaurar, con ella, una atroz dictadura militar. La dictadura cumplió su tarea: exoneró de sus trabajos, persiguió, torturó, asesinó, encarceló y exilió a cientos de miles de chilenos y chilenas. La derecha llamó a esa felonía “otra gloria del Ejército,” mientras cómodamente, con todo el poder imaginable en sus manos y sin oposición, llevaba adelante su programa político íntegro, lo que nunca pudo hacer en el Chile libre y democrático de antes del golpe de estado de 1973. Por lo tanto, por lo menos dejemos en claro que las FF AA no escribieron esa infamante parte de nuestra historia “junto con la Patria,” ni tampoco preservaron “el espíritu libertario de la sociedad chilena.” Por el contrario, durante la dictadura militar, que presidía el todavía primer líder e ídolo de la derecha civil, Pinochet, el sagrado legado de O’Higgins, Carrera y Rodríguez, sellado en los versos de nuestro Himno Nacional “que, o la tumba serás de los libres, o el asilo contra opresión” fue letra muerta, puesto que entonces no hubo libertad en Chile, sino opresión. Es obvio que si las FF AA realmente hubiesen querido “salvar la democracia y la libertad,” habrían llamado a un plebiscito, no a la manera del fraude de 1980, sino uno que observara todas las garantías propias de los comicios democráticos del mundo, para que el pueblo, libre y legítimamente, decidiera su destino (CONTINUARÁ).
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PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21, 6 / 10 / 2011.
EL DISCURSO DEL GENERAL ARTEAGA.
SEGUNDA PARTE.
El concejal UDI de Concepción Fernando González debe sentir muy suyas a las FF AA. Hace un tiempo, declaró públicamente lo siguiente: “A punta de balazos deberían sacar a los upelientos que aún hay en el gobierno regional…con dos militares se te arrancan.” González no se iba molestar de echar a esos “upelientos” a través de la Ley o la denuncia pública. ¿Por qué, si era más simple que lo hicieran por él “sus” militares, a balazos? González no es un político cualquiera. Fue jefe de gabinete de la intendenta de la Octava Región, la presidenciable Jacqueline van Rysselberghe, y es hermano del gobernador de Concepción. En su twitter, González cuenta que se reúne frecuentemente con los oficiales del Ejército en retiro para “conversar y escuchar historias del Pronunciamiento Militar.” Si las FF AA tuvieran una cultura de verdadera neutralidad política habrían respondido ipso facto a González, separando aguas públicamente con él. De este modo, este político profesional habría quedado como un desubicado. En realidad, no quedó como un desubicado. En esa oportunidad, tanto el gobierno de derecha que tenemos, como el propio comandante en jefe de las FF.AA, el general Fuente-Alba, callaron; y quien calla, otorga. González quedó feliz, pues, como nadie replicó sus dichos, se ratificó, en la realidad, que las FF AA pertenecen a su bando. Son demasiados los hechos que prueban la parcialidad de nuestras FF AA en materia política. Por ejemplo, ha sorprendido a todo el país que una nave insignia de la Marina de Chile, de gran desempeño en el rescate de los restos de los infortunados compatriotas que murieron en la tragedia de Juan Fernández, no lleva el nombre de ningún héroe de nuestra Marina, sino del más fanático e ideologizado de los golpistas de 1973, el almirante José Toribio Merino, muerto de viejo en su cama. La personalidad de Merino ya había quedado retratada en 1964 en el relato del difunto ex – canciller Gabriel Valdés (G. Valdés: “Sueños y Memorias,” Editorial Taurus, 2011). Cuenta Valdés que en calidad de segundo Jefe de la Marina, Merino propuso al recién elegido Presidente Frei (padre) hundir el acorazado argentino “Belgrano,” surto en un astillero trasandino por reparaciones, para así acabar con las disputas territoriales que teníamos con Argentina (disputas que ganamos legalmente en La Haya, poco después). Luego del golpe de 1973, Merino asumió públicamente la responsabilidad personal de los asesinatos y torturas que se realizaran contra civiles chilenos y extranjeros en los cuarteles de la Marina, y particularmente en el buque-escuela “Esmeralda,” baldón que todavía impide a esa bella y emblemática nave nuestra ser bienvenida y recalar tranquila en los puertos del mundo. Al fin y al cabo, como decía Merino, los izquierdistas no eran personas, sino “humanoides.” Bufón por vocación, motejó al cardenal Juan Francisco Fresno como “El chapulín colorado,” por la postura crítica del prelado ante las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por la dictadura. También, ante el estupor internacional, Merino llamó a los bolivianos “auquénidos metamorfoseados…” ¡y una poderosa nave insignia de la Marina de Chile lleva el nombre de ese desquiciado! Más todavía: Hay en Chile las “Asociaciones de Amigos del Ejército,” que repletan exclusivamente civiles de derecha, y donde se producen los “encuentros” a que se refería Fernando González. ¿”Amigos del Ejército”? ¿Qué significa eso? ¿Que el Ejército tiene todavía su “enemigo interno,” el sustento ideológico del golpe de estado de 1973? Si las FFAA fueran realmente neutrales, no sólo ignorarían tales “asociaciones,” sino evitarían toda relación corporativa con civiles reconocidamente activos en política, del signo que sean. Para rematar, otro hecho que no da cuenta precisamente de la necesaria ponderación republicana y neutralidad política que debieran observar nuestros militares: Entre muchos otros, ex - uniformados de alto rango, como Stange, Frez, Arancibia, y el polémico ex – agente de la Dina Cristián Labbé, se lanzaron a la política contingente apenas terminada la dictadura, en calidad de candidatos; desde luego, de partidos de derecha o de agrupaciones proclives a ella. ¿No es hora que el Estado y las propias FF AA establezcan la condición militar permanente del soldado, hasta su muerte? El militar en retiro, al ingresar a un partido político, está proclamando públicamente que mientras vistió uniforme no fue neutral en política, como debió serlo, obligado por las leyes del país. A pesar de todo lo anterior, en estricto rigor, las FF AA son y serán siempre de todos los chilenos. Como así el Estado de Chile y ellas mismas lo proclaman, pues demuéstrenlo en los hechos, particularmente a través de la conducta personal de los soldados, activos o en retiro. Sólo cuando lo hagan, recuperarán el cariño y la confianza de TODO el pueblo de Chile.
En ocasión de celebrarse el Día de las Glorias del Ejército, el General Mario Arteaga, Comandante en Jefe de la VI División, dijo en su alocución oficial: “La Historia de la Patria y del Ejército (por extensión, de todo el conjunto de las Fuerzas Armadas) son una sola, y continuamos escribiéndola juntos.” Y prosiguió: “ el Ejército ha contribuido a consolidar el espíritu libertario de la sociedad chilena, y a hacer realidad la ruta que trazaron los Padres de la Patria.” Bellas palabras. Sin embargo, si observamos objetivamente la historia reciente del país, veremos que más tienen de retórica que de realidad. En estos precisos instantes, un masivo y prolongado movimiento estudiantil por una educación gratuita y de calidad ha concitado la simpatía de la abrumadora mayoría ciudadana. Esta inusitada situación ha terminado por poner en jaque a todo el orden político-administrativo y económico vigente, caracterizado, fundamentalmente, por una exagerada concentración del ingreso y riqueza del país en unas pocas manos. Pues bien, ese orden responde a las concepciones ideológicas e intereses de sólo una parte de la sociedad política chilena, representada políticamente por la derecha nacional. Como es ella la que hoy gobierna, lógicamente es difícil que quiera conmover las bases del sistema en el cual cree. Mientras tanto, el resto del país exige una mejor y más equitativa distribución del ingreso, lo que, según ella, puede resolver todos los problemas educacionales y sociales del país. Este conflicto de intereses es la causa de la crisis que hoy vivimos. Ante ella, algunos conspicuos personajes de la derecha (Zalaquett, Pérez de Arce, Labbé, Lobos y varios más), directa o indirectamente, han llamado a las Fuerzas Armadas (FF AA) a intervenir en la crisis; por supuesto, en favor del sector político al cual pertenecen. ¿Por qué estos civiles de derecha se sienten con autoridad para hacer estos llamados? Por una razón muy simple: porque asumen que las FF AA son sólo suyas. Por desgracia, tienen base para hacerlo. En efecto, la verdad histórica es que el orden vigente, programado unilateralmente por sólo una parte de la civilidad, la derecha, fue impuesto “manu militari” por las FF AA en 1973. “Miles sub omnibus civibus,” decían los antiguos romanos (los militares deben estar bajo el poder de todos los ciudadanos). Además de ser ésta la enseña universal sobre la cual descansa todo sistema democrático en el mundo moderno, tras ella hay una cuestión moral básica: la sociedad entera, y no sólo una de sus partes, ha entregado a sus militares, con arreglo a la Ley, el privilegio del monopolio de las armas, que pertenecen a todo el pueblo. La misión básica de las FF AA es, entonces, una sola: la defensa del territorio nacional contra eventuales enemigos externos. No obstante ese principio, en 1973 se introdujeron en el país los conceptos “enemigo interno” y “seguridad interna,” completamente ilegales, pero también 100% políticos. En efecto, esos conceptos dieron cuenta de un acuerdo político suscrito por nuestros militares, la derecha civil nacional y el imperio estadounidense, que en plena Guerra Fría, defendía sus propios intereses geo-políticos globales, con el objeto de eliminar de todo el cono sur latinoamericano a los militantes y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda, entre ellos los que sostenían en Chile el gobierno constitucional de Salvador Allende. De modo que, objetivamente, nuestras FF AA tomaron entonces partido político, y claramente en favor de una sola y reducida parte de la sociedad, para luego instaurar, con ella, una atroz dictadura militar. La dictadura cumplió su tarea: exoneró de sus trabajos, persiguió, torturó, asesinó, encarceló y exilió a cientos de miles de chilenos y chilenas. La derecha llamó a esa felonía “otra gloria del Ejército,” mientras cómodamente, con todo el poder imaginable en sus manos y sin oposición, llevaba adelante su programa político íntegro, lo que nunca pudo hacer en el Chile libre y democrático de antes del golpe de estado de 1973. Por lo tanto, por lo menos dejemos en claro que las FF AA no escribieron esa infamante parte de nuestra historia “junto con la Patria,” ni tampoco preservaron “el espíritu libertario de la sociedad chilena.” Por el contrario, durante la dictadura militar, que presidía el todavía primer líder e ídolo de la derecha civil, Pinochet, el sagrado legado de O’Higgins, Carrera y Rodríguez, sellado en los versos de nuestro Himno Nacional “que, o la tumba serás de los libres, o el asilo contra opresión” fue letra muerta, puesto que entonces no hubo libertad en Chile, sino opresión. Es obvio que si las FF AA realmente hubiesen querido “salvar la democracia y la libertad,” habrían llamado a un plebiscito, no a la manera del fraude de 1980, sino uno que observara todas las garantías propias de los comicios democráticos del mundo, para que el pueblo, libre y legítimamente, decidiera su destino (CONTINUARÁ).
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PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO 21, 6 / 10 / 2011.
EL DISCURSO DEL GENERAL ARTEAGA.
SEGUNDA PARTE.
El concejal UDI de Concepción Fernando González debe sentir muy suyas a las FF AA. Hace un tiempo, declaró públicamente lo siguiente: “A punta de balazos deberían sacar a los upelientos que aún hay en el gobierno regional…con dos militares se te arrancan.” González no se iba molestar de echar a esos “upelientos” a través de la Ley o la denuncia pública. ¿Por qué, si era más simple que lo hicieran por él “sus” militares, a balazos? González no es un político cualquiera. Fue jefe de gabinete de la intendenta de la Octava Región, la presidenciable Jacqueline van Rysselberghe, y es hermano del gobernador de Concepción. En su twitter, González cuenta que se reúne frecuentemente con los oficiales del Ejército en retiro para “conversar y escuchar historias del Pronunciamiento Militar.” Si las FF AA tuvieran una cultura de verdadera neutralidad política habrían respondido ipso facto a González, separando aguas públicamente con él. De este modo, este político profesional habría quedado como un desubicado. En realidad, no quedó como un desubicado. En esa oportunidad, tanto el gobierno de derecha que tenemos, como el propio comandante en jefe de las FF.AA, el general Fuente-Alba, callaron; y quien calla, otorga. González quedó feliz, pues, como nadie replicó sus dichos, se ratificó, en la realidad, que las FF AA pertenecen a su bando. Son demasiados los hechos que prueban la parcialidad de nuestras FF AA en materia política. Por ejemplo, ha sorprendido a todo el país que una nave insignia de la Marina de Chile, de gran desempeño en el rescate de los restos de los infortunados compatriotas que murieron en la tragedia de Juan Fernández, no lleva el nombre de ningún héroe de nuestra Marina, sino del más fanático e ideologizado de los golpistas de 1973, el almirante José Toribio Merino, muerto de viejo en su cama. La personalidad de Merino ya había quedado retratada en 1964 en el relato del difunto ex – canciller Gabriel Valdés (G. Valdés: “Sueños y Memorias,” Editorial Taurus, 2011). Cuenta Valdés que en calidad de segundo Jefe de la Marina, Merino propuso al recién elegido Presidente Frei (padre) hundir el acorazado argentino “Belgrano,” surto en un astillero trasandino por reparaciones, para así acabar con las disputas territoriales que teníamos con Argentina (disputas que ganamos legalmente en La Haya, poco después). Luego del golpe de 1973, Merino asumió públicamente la responsabilidad personal de los asesinatos y torturas que se realizaran contra civiles chilenos y extranjeros en los cuarteles de la Marina, y particularmente en el buque-escuela “Esmeralda,” baldón que todavía impide a esa bella y emblemática nave nuestra ser bienvenida y recalar tranquila en los puertos del mundo. Al fin y al cabo, como decía Merino, los izquierdistas no eran personas, sino “humanoides.” Bufón por vocación, motejó al cardenal Juan Francisco Fresno como “El chapulín colorado,” por la postura crítica del prelado ante las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por la dictadura. También, ante el estupor internacional, Merino llamó a los bolivianos “auquénidos metamorfoseados…” ¡y una poderosa nave insignia de la Marina de Chile lleva el nombre de ese desquiciado! Más todavía: Hay en Chile las “Asociaciones de Amigos del Ejército,” que repletan exclusivamente civiles de derecha, y donde se producen los “encuentros” a que se refería Fernando González. ¿”Amigos del Ejército”? ¿Qué significa eso? ¿Que el Ejército tiene todavía su “enemigo interno,” el sustento ideológico del golpe de estado de 1973? Si las FFAA fueran realmente neutrales, no sólo ignorarían tales “asociaciones,” sino evitarían toda relación corporativa con civiles reconocidamente activos en política, del signo que sean. Para rematar, otro hecho que no da cuenta precisamente de la necesaria ponderación republicana y neutralidad política que debieran observar nuestros militares: Entre muchos otros, ex - uniformados de alto rango, como Stange, Frez, Arancibia, y el polémico ex – agente de la Dina Cristián Labbé, se lanzaron a la política contingente apenas terminada la dictadura, en calidad de candidatos; desde luego, de partidos de derecha o de agrupaciones proclives a ella. ¿No es hora que el Estado y las propias FF AA establezcan la condición militar permanente del soldado, hasta su muerte? El militar en retiro, al ingresar a un partido político, está proclamando públicamente que mientras vistió uniforme no fue neutral en política, como debió serlo, obligado por las leyes del país. A pesar de todo lo anterior, en estricto rigor, las FF AA son y serán siempre de todos los chilenos. Como así el Estado de Chile y ellas mismas lo proclaman, pues demuéstrenlo en los hechos, particularmente a través de la conducta personal de los soldados, activos o en retiro. Sólo cuando lo hagan, recuperarán el cariño y la confianza de TODO el pueblo de Chile.
LA CRISIS EDUCACIONAL CHILENA
La crisis educacional que vive Chile vis à vis la inmensa riqueza del país en que nos tocó nacer y vivir, justo en estos tiempos en que la humanidad cada día afirma más los valores democráticos, los de la igualdad, la independencia económica y la justicia social, revela un cuadro rayano en el más completo absurdo. Se trata de un absurdo que tiene una explicación muy real: somos un país riquísimo, con un pueblo amante de su patria y trabajador, pero atravesado por la dependencia económica, la enajenación de nuestras riquezas básicas y muy agudas desigualdades sociales. Si antes de 1973, estos problemas existían, el rumbo social y político que tomaba el país, marcaba un seguro paso hacia su desaparición. Luego de ese año, se exacerbaron a un grado extremo, por la instauración en Chile de una economía nueva, la neo-liberal, subsidiaria por definición, y protegida por la espuria constitución de 1980. A la luz de datos oficiales de gobierno e institutos de investigación social (Education at a Glance, OCDE, 2009; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; Emol www.buscacarreras.com, “Estudio Sobre las causas de la deserción universitaria,” Centro de Microdatos , Dep. de Economía de la Universidad de Chile, entre otras fuentes), veamos lo que ha ocurrido en nuestra historia reciente. Desde 1950 a 1973, el gasto público en educación había crecido hasta el 10% anual, llegando a constituir el 7% del Producto Interno Bruto (PIB). La dictadura militar abruptamente lo redujo a un 3 %. A esta audaz medida, sin ninguna contemplación por el sentir y los intereses del pueblo, se sumó otra: la mitad de esos fondos, empezaron a distribuirse entre la educación estatal y la privada. Eso explica por qué Chile es el país en el mundo cuyo Estado aporta menos a la educación en comparación con lo que aportan las familias. Ergo, como nuestro país es, además, un país de desigualdades sociales realmente muy agudas, ha terminado por situarse entre el primer y segundo lugar en el mundo de los países con la educación más desigual existente. En el mundo, todos los países, menos uno, financian la Educación entre un 80 y 100%, incluido los de economía más liberal. Ese “uno” es Chile. Aquí, el Estado contribuye a la educación apenas con un vergonzoso 56%, mientras que las familias están obligadas a financiar el 44% restante, trabajando diariamente, haciendo patria cada día con su esfuerzo, y pagando todos sus impuestos. En los países de la OCDE, organización a la cual ingresó Chile con grandes ínfulas de país democrático y supuestamente “en el umbral del desarrollo,” los estados, como promedio, aportan más del 85% del financiamiento de la educación, y las familias, sólo el 15%. Chile tiene el ingreso per cápita (IC) más alto de América Latina, con 15.000 dólares promedio anuales; sin embargo, todos los demás estados de la región, en algunos casos con un IC muchísimo menor, responsablemente asumen su rol docente como corresponde, liberando a las familias de la carga económica de la educación. Chile, con sus 15.000 dólares de IC, exige a las familias que lo hagan. ¡Cómo estarán de “bien” distribuidos esos 15 mil verdes! Este inaudito hecho ha tenido el funesto resultado que en los colegios estatales, que son, en general, de baja calidad, el 85% de alumnos proviene del 60% más pobre de la población. Como contrapartida, en los colegios privados, más del 60% de los alumnos proviene del 20% más rico. Conclusión: como declaró la propia OCDE, directa y claramente contra uno de sus miembros, la calidad de la educación en Chile está profundamente ligada a la clase social a la cual se pertenece. La situación descrita es especialmente aguda en el sector de la educación superior. En Chile, el 15% de los recursos de la educación superior los pone el Estado. Vale decir, las familias deben poner el 85% restante. El 15% estatal equivale al 0,3% del PIB, el más bajo de la OCDE y uno de los más escuálidos del mundo. Para empeorar más las cosas, esos magros recursos se distribuyen tanto en universidades privadas como estatales, caso único en el mundo. Para rematar, como la mitad de esos fondos se destinan sólo a 4 Universidades del Consejo de Rectores, la mayoría de las universidades estatales están gravemente endeudadas, y aun así deben seguir autofinanciándose. Se está dando otra atrofia: la desquiciada “oferta” de carreras universitarias. No importa si habrá o no campo ocupacional para ellas; la cosa es que se vendan, así como vendía “La Polar” con su slogan “llegar y llevar.” (CONTINUARÁ)
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PROF. HAROLDO QUINTEROS, DIARIO 21, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y LA CRISIS EDUCACIONAL.
SEGUNDA PARTE.
Sigamos con nuestras universidades. Hoy tenemos muchos más profesionales universitarios (una enorme parte, completamente cesantes) que técnicos, mientras que en todos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es al revés (¿no pertenece Chile a la OCDE?). El lucro, para el caso de las universidades, no es constitucional ¡en el propio esquema de la constitución del 80!, y, sin embargo, nadie ignora que existe. ¿Se terminará con él de una vez por todas? Una sola universidad, la estatal Universidad de Chile, genera el 80% de la investigación y las publicaciones científicas nacionales, y gran parte de los presupuestos universitarios, en lugar de destinarse a infraestructuras, mejor docencia, investigación, extensión universitaria y el desarrollo de tecnologías, se van, en millones de dólares, en pura publicidad, con los motes, slogans, carteles y jingles propios de una marca de cerveza o de calzoncillos. En Chile, prácticamente no existen filtros de ingreso en las universidades. Basta pagar. Si a un joven le fue mal en la PSU, hay decenas de universidades privadas esperando reclutarlo. Y si no tiene plata, están los bancos, para sacarle el alma por décadas después de titularse, aun si no pudo hacerlo… Por el contrario, los sistemas de ingreso a las universidades y los estudios en ellas, en todos los países desarrollados y de la OCDE (menos su socio Chile, por supuesto), son claramente meritocráticos, además de ser, en la mayoría de los casos, prácticamente gratuitos. A nivel universitario, el costo de la educación (que, como se ha anotado, pagan en su mayor parte las familias) es un 72% del ingreso per cápita (IC); en tanto,en los países de la OCDE es el 44%. La gran crisis educacional chilena radica en dos grandes ejes: Primero, la educación escolar es mala para la mayoría del país, y buena, y hasta muy buena, para una minoría. Segundo, por falta de dinero, una gran parte de nuestra juventud no accede a la educación superior, puesto que es pagada; y el 65 % de los jóvenes que lo consiguen no termina sus carreras, exclusivamente por razones económicas. Para rematar, casi la mitad de ese porcentaje no termina en las carreras en que se iniciaron, sino en otras; por cierto, más cortas y baratas. Finalmente, los jóvenes que pudieron estudiar gracias a créditos fiscales, se endeudan por más del doble o el triple que lo que pagaron, hipotecando así su futuro. Para complicar todavía más las cosas, los aranceles universitarios chilenos se encuentran entre los cinco o seis más caros del mundo, superado sólo por países de altísimo desarrollo económico, en una comparación sobre la base de igual poder de paridad de compra. Hay más aun: según la OCDE, Chile tiene el peor sistema de becas y ayuda de estudio de los 6 países de aranceles caros (como Australia y Estados Unidos, nada menos), y ninguna universidad de calidad mundial, a diferencia de los otros 5. Las acreditaciones sirven de poco o nada, puesto que, de manera ya explícita, no acreditan calidad. Evalúan procesos y no resultados, y sólo acreditan que los egresados de tal o cual universidad tengan el perfil que esa misma universidad define, según como ella, exclusivamente, estime conveniente. A diferencia de los países de la OCDE, debiéramos contar con sistemas que acrediten la igual calidad de los egresados, como asimismo de la investigación, definiendo un perfil estándar para todas las universidades y todas las carreras del país. En el mejor de los casos, debiera apoyar financieramente y dar plazos a las universidades menores, para que así alcancen el estándar nacional de acreditación. Hay otra carencia muy seria en el sistema universitario chileno. También a diferencia de los países de la OCDE, en Chile aún no se acreditan los grados académicos. Esto es especialmente grave, porque la calidad de los docentes, cuyo aval son sus estudios de grado, es el mérito mayor de una universidad. Si no se acreditan pronto los grados, la calidad de los docentes quedará en una nebulosa. No puede ser de otro modo, porque los grados ya se están transformando en una mercancía más. Como todo el mundo académico lo sabe, muchas universidades nacionales y extranjeras los venden en breves y cómodos cursos, a veces sólo levemente presenciales, y sin control alguno de acreditación. Así, la posesión del grado de magíster o doctor en tal cual disciplina, no podrá garantizar necesariamente la calidad del docente (CONTINUARÁ).
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PROF. HAROLDO QUINTEROS, DIARIO 21, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y LA CRISIS EDUCACIONAL.
TERCERA PARTE.
No sólo las desigualdades en Chile alcanzan la categoría del espanto, sino también el trato de privilegio tributario a las empresas privadas. Por ejemplo, en la actualidad, las empresas mineras privadas, aun con el alto precio del cobre, pagan sólo poco más de 3 mil millones de dólares de impuestos, produciendo el 70% del cobre chileno. CODELCO, la única empresa cuprífera estatal, con el 27% de toda la extracción nacional, aporta cerca de 7 mil millones de dólares. Las ganancias de las mineras privadas en 2007 fueron más de 25 mil millones de dólares, y entre 1974 y 2005 toda la inversión extranjera en minería fue de 20 mil millones. Es decir, en un año se llevaron todo lo que invirtieron en 30. En 2010, las mineras privadas tuvieron ganancias por 29 mil 500 millones de dólares, y a fines de este año, sus ganancias llegarán a los 34 mil 600 millones. A todo ello, se suma el insólito hecho que sólo CODELCO financia el 10% adicional a las Fuerzas Armadas. Que alguien responda, ¿no es justo que parte de ese 10% también lo financien las empresas mineras privadas, que obtienen más del doble de las ganancias de CODELCO? Las ganancias de las empresas mineras equivalen hoy a 3 veces el presupuesto educacional, 7 veces el presupuesto en salud, y 12 veces el de vivienda. CODELCO, con su 27% de la producción nacional, aporta al fisco más de 4 millones de dólares por tonelada extraída, mientras que el sector privado lo hace sólo con 1,7 millones de dólares. Como si todo esto fuera poco, las empresas privadas no pagan impuestos, puesto que lo que pagan en impuestos, sus dueños lo descuentan de sus propios impuestos. Dicho más claramente, si se elimina este “derecho,” el Estado tendría importantes recursos adicionales. Hay más: En Chile, la carga tributaria para las grandes empresas es el 19% del PIB; en los países de la OCDE llega al 38% promedio. Por lo tanto, si Chile realmente mereciera su membresía en la OCDE (de la que tanto se jacta), subiría esa carga tributaria. Bastaría que lo hiciera en unos10 puntos para obtener el margen de recursos que le permitiría crear nuevas universidades, financiar bien la educación superior estatal y mejorar ostensiblemente la escolar. ¡Cómo han inflado sus fortunas los imperios familiares económicos chilenos, gracias a esa más que favorable política tributaria, en desmedro del desarrollo general del país, impuesta al país por la fuerza hace 38 años! Se pensaba que la Concertación pondría fin a este inicuo régimen de tan disparatadas desigualdades. No fue así, y aunque sus líderes aleguen que no pudieron hacerlo, por no tener la mayoría parlamentaria necesaria, por efecto del incambiable sistema binominal de elecciones, su desprestigio ya es general. No admitirlo sería esconder la cabeza bajo la arena, a la manera del avestruz. Las encuestas más serias dan cuenta de esa realidad, con índices de rechazo a la Concertación en más del 70%, levemente mayor, incluso, que el del propio gobierno, hoy en manos de los autores del sistema imperante. En un país en que la tributación a las grandes empresas es la menor del mundo, puede darse el caso que la Familia Luksic, por ejemplo, tenga una fortuna neta de 19.200 millones de dólares, con un aumento en su patrimonio de 8.100 millones de dólares, en comparación sólo con el año 2010. El imperio del retail Cencosud, cuyo dueño es Horst Paulmman y su familia, posee un patrimonio de 10.500 millones de dólares, 5.500 millones más que el que tenía el mismo año pasado. Las familias de los hermanos Eliodoro, Bernardo y Patricia Matte tienen un patrimonio de 10.400 millones dólares, con una variación positiva de 2.300 millones en un año. Y sin embargo, Chile tiene una pésima educación, con rendimientos escolares de los peores del mundo. Nuestro país es hoy 7 veces más rico que en los 60, y exporta 80 veces más cobre que en esos tiempos, cuando el metal rojo valía mucho menos y cuando se financiaba bien e íntegramente toda la Educación Pública. En fin, como he estado repitiendo desde hace semanas, el problema educacional tiene solución, tanto en el inmediato como en el largo plazo. En el largo plazo, habrá que llegar paulatinamente a una mejor distribución de la riqueza, producida por el trabajo de todos los chilenos. En efecto, sólo un cambio estructural en el financiamiento de la educación, nos pondrá a la altura, por lo menos, de los países de la OCDE. En el plazo inmediato, es decir, ahora, bastaría con volver al 7% del PIB en gasto público en educación. Para eso, se requieren sólo 7 mil millones de dólares, que pueden alcanzarse con sólo enmiendas menores al sistema tributario nacional, y con un trato ecuánime y justo sobre las ganancias privadas del cobre.
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PROF. HAROLDO QUINTEROS, DIARIO 21, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y LA CRISIS EDUCACIONAL.
SEGUNDA PARTE.
Sigamos con nuestras universidades. Hoy tenemos muchos más profesionales universitarios (una enorme parte, completamente cesantes) que técnicos, mientras que en todos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es al revés (¿no pertenece Chile a la OCDE?). El lucro, para el caso de las universidades, no es constitucional ¡en el propio esquema de la constitución del 80!, y, sin embargo, nadie ignora que existe. ¿Se terminará con él de una vez por todas? Una sola universidad, la estatal Universidad de Chile, genera el 80% de la investigación y las publicaciones científicas nacionales, y gran parte de los presupuestos universitarios, en lugar de destinarse a infraestructuras, mejor docencia, investigación, extensión universitaria y el desarrollo de tecnologías, se van, en millones de dólares, en pura publicidad, con los motes, slogans, carteles y jingles propios de una marca de cerveza o de calzoncillos. En Chile, prácticamente no existen filtros de ingreso en las universidades. Basta pagar. Si a un joven le fue mal en la PSU, hay decenas de universidades privadas esperando reclutarlo. Y si no tiene plata, están los bancos, para sacarle el alma por décadas después de titularse, aun si no pudo hacerlo… Por el contrario, los sistemas de ingreso a las universidades y los estudios en ellas, en todos los países desarrollados y de la OCDE (menos su socio Chile, por supuesto), son claramente meritocráticos, además de ser, en la mayoría de los casos, prácticamente gratuitos. A nivel universitario, el costo de la educación (que, como se ha anotado, pagan en su mayor parte las familias) es un 72% del ingreso per cápita (IC); en tanto,en los países de la OCDE es el 44%. La gran crisis educacional chilena radica en dos grandes ejes: Primero, la educación escolar es mala para la mayoría del país, y buena, y hasta muy buena, para una minoría. Segundo, por falta de dinero, una gran parte de nuestra juventud no accede a la educación superior, puesto que es pagada; y el 65 % de los jóvenes que lo consiguen no termina sus carreras, exclusivamente por razones económicas. Para rematar, casi la mitad de ese porcentaje no termina en las carreras en que se iniciaron, sino en otras; por cierto, más cortas y baratas. Finalmente, los jóvenes que pudieron estudiar gracias a créditos fiscales, se endeudan por más del doble o el triple que lo que pagaron, hipotecando así su futuro. Para complicar todavía más las cosas, los aranceles universitarios chilenos se encuentran entre los cinco o seis más caros del mundo, superado sólo por países de altísimo desarrollo económico, en una comparación sobre la base de igual poder de paridad de compra. Hay más aun: según la OCDE, Chile tiene el peor sistema de becas y ayuda de estudio de los 6 países de aranceles caros (como Australia y Estados Unidos, nada menos), y ninguna universidad de calidad mundial, a diferencia de los otros 5. Las acreditaciones sirven de poco o nada, puesto que, de manera ya explícita, no acreditan calidad. Evalúan procesos y no resultados, y sólo acreditan que los egresados de tal o cual universidad tengan el perfil que esa misma universidad define, según como ella, exclusivamente, estime conveniente. A diferencia de los países de la OCDE, debiéramos contar con sistemas que acrediten la igual calidad de los egresados, como asimismo de la investigación, definiendo un perfil estándar para todas las universidades y todas las carreras del país. En el mejor de los casos, debiera apoyar financieramente y dar plazos a las universidades menores, para que así alcancen el estándar nacional de acreditación. Hay otra carencia muy seria en el sistema universitario chileno. También a diferencia de los países de la OCDE, en Chile aún no se acreditan los grados académicos. Esto es especialmente grave, porque la calidad de los docentes, cuyo aval son sus estudios de grado, es el mérito mayor de una universidad. Si no se acreditan pronto los grados, la calidad de los docentes quedará en una nebulosa. No puede ser de otro modo, porque los grados ya se están transformando en una mercancía más. Como todo el mundo académico lo sabe, muchas universidades nacionales y extranjeras los venden en breves y cómodos cursos, a veces sólo levemente presenciales, y sin control alguno de acreditación. Así, la posesión del grado de magíster o doctor en tal cual disciplina, no podrá garantizar necesariamente la calidad del docente (CONTINUARÁ).
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PROF. HAROLDO QUINTEROS, DIARIO 21, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
LAS DESIGUALDADES SOCIALES Y LA CRISIS EDUCACIONAL.
TERCERA PARTE.
No sólo las desigualdades en Chile alcanzan la categoría del espanto, sino también el trato de privilegio tributario a las empresas privadas. Por ejemplo, en la actualidad, las empresas mineras privadas, aun con el alto precio del cobre, pagan sólo poco más de 3 mil millones de dólares de impuestos, produciendo el 70% del cobre chileno. CODELCO, la única empresa cuprífera estatal, con el 27% de toda la extracción nacional, aporta cerca de 7 mil millones de dólares. Las ganancias de las mineras privadas en 2007 fueron más de 25 mil millones de dólares, y entre 1974 y 2005 toda la inversión extranjera en minería fue de 20 mil millones. Es decir, en un año se llevaron todo lo que invirtieron en 30. En 2010, las mineras privadas tuvieron ganancias por 29 mil 500 millones de dólares, y a fines de este año, sus ganancias llegarán a los 34 mil 600 millones. A todo ello, se suma el insólito hecho que sólo CODELCO financia el 10% adicional a las Fuerzas Armadas. Que alguien responda, ¿no es justo que parte de ese 10% también lo financien las empresas mineras privadas, que obtienen más del doble de las ganancias de CODELCO? Las ganancias de las empresas mineras equivalen hoy a 3 veces el presupuesto educacional, 7 veces el presupuesto en salud, y 12 veces el de vivienda. CODELCO, con su 27% de la producción nacional, aporta al fisco más de 4 millones de dólares por tonelada extraída, mientras que el sector privado lo hace sólo con 1,7 millones de dólares. Como si todo esto fuera poco, las empresas privadas no pagan impuestos, puesto que lo que pagan en impuestos, sus dueños lo descuentan de sus propios impuestos. Dicho más claramente, si se elimina este “derecho,” el Estado tendría importantes recursos adicionales. Hay más: En Chile, la carga tributaria para las grandes empresas es el 19% del PIB; en los países de la OCDE llega al 38% promedio. Por lo tanto, si Chile realmente mereciera su membresía en la OCDE (de la que tanto se jacta), subiría esa carga tributaria. Bastaría que lo hiciera en unos10 puntos para obtener el margen de recursos que le permitiría crear nuevas universidades, financiar bien la educación superior estatal y mejorar ostensiblemente la escolar. ¡Cómo han inflado sus fortunas los imperios familiares económicos chilenos, gracias a esa más que favorable política tributaria, en desmedro del desarrollo general del país, impuesta al país por la fuerza hace 38 años! Se pensaba que la Concertación pondría fin a este inicuo régimen de tan disparatadas desigualdades. No fue así, y aunque sus líderes aleguen que no pudieron hacerlo, por no tener la mayoría parlamentaria necesaria, por efecto del incambiable sistema binominal de elecciones, su desprestigio ya es general. No admitirlo sería esconder la cabeza bajo la arena, a la manera del avestruz. Las encuestas más serias dan cuenta de esa realidad, con índices de rechazo a la Concertación en más del 70%, levemente mayor, incluso, que el del propio gobierno, hoy en manos de los autores del sistema imperante. En un país en que la tributación a las grandes empresas es la menor del mundo, puede darse el caso que la Familia Luksic, por ejemplo, tenga una fortuna neta de 19.200 millones de dólares, con un aumento en su patrimonio de 8.100 millones de dólares, en comparación sólo con el año 2010. El imperio del retail Cencosud, cuyo dueño es Horst Paulmman y su familia, posee un patrimonio de 10.500 millones de dólares, 5.500 millones más que el que tenía el mismo año pasado. Las familias de los hermanos Eliodoro, Bernardo y Patricia Matte tienen un patrimonio de 10.400 millones dólares, con una variación positiva de 2.300 millones en un año. Y sin embargo, Chile tiene una pésima educación, con rendimientos escolares de los peores del mundo. Nuestro país es hoy 7 veces más rico que en los 60, y exporta 80 veces más cobre que en esos tiempos, cuando el metal rojo valía mucho menos y cuando se financiaba bien e íntegramente toda la Educación Pública. En fin, como he estado repitiendo desde hace semanas, el problema educacional tiene solución, tanto en el inmediato como en el largo plazo. En el largo plazo, habrá que llegar paulatinamente a una mejor distribución de la riqueza, producida por el trabajo de todos los chilenos. En efecto, sólo un cambio estructural en el financiamiento de la educación, nos pondrá a la altura, por lo menos, de los países de la OCDE. En el plazo inmediato, es decir, ahora, bastaría con volver al 7% del PIB en gasto público en educación. Para eso, se requieren sólo 7 mil millones de dólares, que pueden alcanzarse con sólo enmiendas menores al sistema tributario nacional, y con un trato ecuánime y justo sobre las ganancias privadas del cobre.
La verguenza de los aranceles universitarios Chilenos
Existen unas 20.000 universidades en el mundo. Las hay en todos los países, incluso en los más pobres y atrasados. La calidad de ellas es evaluada cada año por diversas agencias, como, entre otras, la Universidad Jiao Tong de Shangai, China, por encargo de la Unión Europea; y la revista educacional del periódico inglés “The Times.” Ambas instancias destacan en sus rankings sólo a unas 500 de las universidades existentes. La calidad máxima, en lo fundamental, tiene relación directa con la calidad de sus profesores, que deben, por obligación, ser doctores en sus especialidades; deben realizar permanentemente investigaciones acreditadas, y publicar revistas científicas autorizadas. Las universidades chilenas no son de las mejores. Ni siquiera ocupan algún lugar de cierta dignidad en los rankings mundiales. En las últimas evaluaciones de Jiao Tong y de “The Times,” figuran apenas dos universidades chilenas, la U. de Chile y la U. Católica, entre los últimos lugares promedio, el 450º cada una. La Universidad Autónoma de Méjico (UNAM), y las universidades argentinas de Buenos Aires y la Austral, alcanzan a situarse mucho mejor, entre las primeras 200. Desde luego, es obvio que los primeros lugares se concentren en universidades de países desarrollados, particularmente de Estados Unidos y Europa, cuyo potencial industrial, equidad social y niveles de vida y de salarios son muy altos. Lo que no tiene nada de obvio es que los aranceles universitarios en Chile, un país en desarrollo, con una cuarta parte de su población viviendo en la pobreza y con universidades mal rankeadas en el mundo, sean tan o más altos que los se pagan en muchos países desarrollados, que, precisamente por serlo, albergan a las mejores. Según estudios realizados por la OECD hace algunos años, publicados por la revista en línea “Santiago Times,” el costo promedio de una carrera universitaria en Chile es de poco más de 3.000 dólares al año. En esa misma categoría está Australia, pero con la “pequeña” diferencia que este país tiene a ocho de sus universidades entre las 100 mejores del mundo; también está Canadá, con 6 y Japón, con 4. El escándalo es mayúsculo si comparamos a Chile con países como Inglaterra, cuyo arancel promedio equivale a casi la mitad del chileno, y tiene a 19 de sus universidades entre las 100 mejores del orbe. En torno a este tema de los aranceles de educación superior, es muy importante recordar que la gran mayoría de las universidades de la tierra son totalmente gratuitas, tanto en países desarrollados como en los que no lo son. A lo más, los estudiantes –y no todos ellos- pagan algún leve derecho de matrícula y seguro de salud, como la UNAM de Méjico, la de Buenos Aires y la Austral de Argentina, de mucho mejor ranking que las mejores nuestras. Además, en los países desarrollados en que las universidades se pagan, existen masivos y muy eficaces sistemas de becas de subsistencia y apoyo académico a todos los estudiantes de menores recursos, sin excepción, lo que no ocurre en Chile. Finalmente, en todos los países desarrollados hay universidades estatales (incluyendo a Estados Unidos), con aranceles menores que los que se pagan en todas las de Chile. No puede ser más insólito, entonces, que nuestro país, con su modestísimo 450º lugar mundial, según la OCDE, ocupe uno de los primeros lugares del mundo en costos de aranceles universitarios, que son, además, asumidos ¡en un 85%! por las familias de los estudiantes. Ahora se ha sumado a este patético cuadro un nuevo problema. Por la general baja calidad de nuestras universidades, el Estado debió exigir su acreditación. Si una universidad no acredita consecutivamente algunos años, deberá cerrar, y mientras no esté acreditada, no podrá concursar a fondos estatales, establecer convenios con empresas o entidades internacionales, y sus estudiantes no tendrán derecho a crédito fiscal, lo que las acabaría. Todo esto obliga a las universidades a contratar a más profesores con jornada completa, financiar investigaciones y publicaciones indexadas, y, desde luego, hacerse de una mejor infraestructura en edificios, bibliotecas, equipos y laboratorios. Resultado: como el Estado ni nadie financiará esas necesidades, los hogares chilenos deberán cargar con el grueso de esos nuevos costos. Y pensar que hasta la revolución neo-liberal de 1973, las universidades estatales chilenas eran no sólo gratuitas, sino su calidad era reconocida internacionalmente.
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