CONSULTAS CIUDADANAS.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO EL LONGINO. 6/ 10/ 2013. CONSULTAS CIUDADANAS. Con plena tranquilidad, sin oposición y en los marcos de un contexto político represivo sin precedentes en nuestra historia, con todos los medios materiales, militares, legales y mediáticos a su disposición, y con todo el tiempo que fuese necesario, el sector civil que gobernó el país protegido por la dictadura militar, se dio a la tarea de planificar y redactar una nueva constitución política. A unos días de cumplirse 40 años del golpe de estado de 1973, conviene recordar, una vez más, que los autores de la constitución la constitución, Guzmán, Diez y Ortúzar, eran militantes activos de sólo un sector del espectro político nacional, la derecha. La tarea no podía ser más fácil y expedita. Era, por cierto, una orgía de poder absoluto. Como decía Lord Acton, el poder corrompe. En verdad, la corrupción no sólo consiste en usar el poder en beneficio propio del que lo detenta, como lo demuestra, por ejemplo, el enriquecimiento personal del dictador Pinochet. No, la peor expresión de esa corrupción es ideológica, como la que llevó a esos “legisladores” al extremo de dejar establecido en la misma constitución que redactaron, la infame aberración, única en el mundo, de hacerla absoluta; es decir, eterna. Para simular esta atrocidad, se diseñó un sucio plan. La constitución se iba a “plebiscitar,” pero sin registros electorales, debates, prensa libre, derechos cívicos para todos u observadores extranjeros. Mas, el plan no sólo era sucio, sino burdo. ¿Quién podría creer en la validez de un “plebiscito” realizado en las condiciones descritas? Pero más que eso, ¿quién de conciencia verdaderamente democrática podría creer en una constitución que relega al país a un permanente empate entre las dos primeras mayorías, siendo una de ellas, la propia autora de la constitución? Imagínense, para producir algún cambio que afecte la voluntad de la derecha, que nos impuso a balazos “SU” constitución, hay que doblarla en las elecciones parlamentarias por lo menos en dos tercios de los distritos del país. ¿Qué hacer? Pues, luchar por las consultas ciudadanas; i.e., los plebiscitos, transparentes, observados, con plena vigencia de las libertades civiles y con amplios debates públicos. Vale decir, jamás como el fraude de 1980. Si la ciudadanía se organiza en exigirlos, pueden perfectamente hacerse. En Chile, cuando los ha habido, no han sido vinculantes. Esto significa que la autoridad política no está obligada a respetar sus resultados ni transformarlos en leyes. Aun así, es importante impulsarlos y realizarlos, porque son moralmente lo suficientemente fuertes como para ejercer presión en favor del mejoramiento de muchos aspectos de la vida social. La iniciativa popular de crear leyes más allá de lo que acuerden los parlamentarios en sus períodos de ejercicio, es propia de las más antiguas y mejores democracias del mundo. En Chile, un ciudadano de 40 años de edad, sólo ha sido convocado a votar en 15 oportunidades, y únicamente para elegir a sus representantes: presidentes, parlamentarios, alcaldes y concejales. No es así en países de verdad democráticos. Por ejemplo, en Suiza (país que conozco bien), los ciudadanos deciden en plebiscitos todas las materias que afectan esencialmente su vida cotidiana, desde las locales hasta las nacionales. El ciudadano suizo, a los 40 años de edad ha tomado decisiones en más de 1000 oportunidades. En la mayor parte de los países europeos y en Estados Unidos, conjuntamente con el voto que se emite en las elecciones políticas ordinarias, es normal ver la presencia de una urna adicional, en la que se consulta sobre un tema que atañe directamente a una localidad determinada, o a opciones nacionales que significarán cambios constitucionales. Por ejemplo, en la última elección presidencial estadounidense, simultáneamente con la elección de presidente, los ciudadanos de distintos estados votaron, en total, alrededor de 100 plebiscitos. El método político de profundizar el sistema democrático a través de las consultas ciudadanas y plebiscitos no es sólo propio de los países desarrollados. De hecho, se hacen frecuentemente en nuestros países vecinos, como Uruguay, donde se votó hace poco si la propiedad del agua sería privada estatal (por supuesto, el pueblo uruguayo votó por que fuese estatal). En nuestro país, luchar por los plebiscitos debiera ser tarea prioritaria de la población. Sería, por lo menos, el inicio de la recuperación verdadera de nuestra perdida democracia.