ELECCIONES Y PLATAS DE CAMPAÑAS.

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO EL LONGINO, 20.09.2013. En verdad, la derecha es el conglomerado político que menos razones tiene para preocuparse del financiamiento de sus campañas electorales. Piénsese sólo en que el comando de Joaquín Lavín, cuando éste fue candidato a la presidencia de la República, pagó 240 millones solamente a la cantante Miriam Hernández por algunas breves presentaciones en su campaña (dato aparecido en Revista “Qué Pasa, ” Nºs 1.487 y 1.488, de 1999). El gran argumento en favor del comando de Lavín para justificar ese gasto, como los demás de miles de millones que se gastaron en su campaña hasta unas horas antes de la elección, es que, simplemente, no eran estatales. En cambio, los de Chile Deportes sí lo eran. Por supuesto, no suena mal el argumento. Uno es, evidentemente, un robo al Estado, y el otro aparece como una generosa donación. Sin embargo, aunque suene razonable, el argumento es intrínsecamente falaz, porque el dinero no surge de la nada. Por cierto, ¿cuál es el origen del dinero, si no el trabajo humano? El economista del siglo XVIII David Ricardo – que, por supuesto, no tenía nada de marxista – decía que “el propietario no produce dinero, sino sólo lo recibe… y el valor de todo bien está determinado por la cantidad de trabajo que se necesitó en su producción” (Enciclopedia Collier’s, Vol. 20, 1966). Vamos ahora al asunto: el grueso del poder empresarial de Chile está, evidentemente, con la derecha política. Son centenares las empresas que financian las candidaturas de la derecha y de la Concertación. Se trata, después de todo, de un asunto puramente comercial: un empresario de la hípica compra un caro caballo de fina raza para que cuando llegue el momento de correr, éste gane y le asegure no sólo la amortización de la compra del animal, sino, además, una buena ganancia. Las enormes sumas de dinero que los clanes Edwards, Lucsic o Angelini regalan sistemáticamente en cada campaña electoral a sus candidatos, en su significado intrínseco, son ganancias obtenidas del trabajo ajeno; más claramente, del trabajo de los trabajadores chilenos. Vale decir, al final de cuentas, son los trabajadores de Chile los que financian todas las campañas electorales, sin excepción. La revisión de la actual Ley Electoral, muy especialmente en lo que respecta al financiamiento de las campañas, está en la agenda presidencial de Marcel Claude. El esquema actual sobre el tema es totalmente inmoral. Efectivamente, resulta exasperante que un compatriota que no sea cliente de algún empresario; es decir, que sea, por ejemplo, un trabajador que vive de su salario y, además, de izquierda, difícilmente pueda, como candidato, dar a conocer bien su programa político. De modo que si pierde las elecciones, bien pudo ser no porque le faltara capacidad e inteligencia, sino porque le faltó dinero en su campaña. Si el Estado y la Ley aseguraran a todo candidato las mismas posibilidades en el volumen de propaganda electoral, otro gallo cantaría en Chile. En las democracias más desarrolladas del orbe, además de la prohibición legal de embadurnar las calles con papelería y pinturas, de caravanas de automóviles, etc., todos los candidatos tienen el mismo acceso y tiempo en televisión, radios, revistas y diarios. Así, disminuye la cantidad de dinero que se gasta en las elecciones, y en Chile, tal medida terminaría con la inmoralidad de gastar millonadas en letreros luminosos, shows y avisos televisivos y radiales, mientras miles de chilenos viven en la miseria. Por supuesto, este cambio también terminaría con la tentación de robarle plata al Estado para gastarla en el circo electoral.