ELECCIÓN DE CORES

PROF. HAROLDO QUINTEROS. DIARIO EL LONGINO. 4 /10/ 2013. Probablemente, la mayor expresión de la democracia en un país es la autonomía que tengan sus regiones, provincias o estados, con respecto al poder central. Es asunto de tener confianza en que la ciudadanía tiene la capacidad de decidir bien sobre las materias que le afectan, a lo largo y ancho de una nación. Chile, que se declaró independiente, libre y soberano en 1811 con don José Miguel Carrera, partió como un país altamente descentralizado, y autoproclamado país federal. Esa impronta democrática se perdió con los años, y la verdad es que no fue retomada nunca por gobierno alguno hasta nuestros días. No obstante, el pueblo de Chile, evidentemente, con más claridad que nunca, ha vuelto a esa senda. Lo prueban, por ejemplo, los muchos movimientos por más autonomía regional que han venido surgiendo en los últimos años, que han culminado, por lo menos, en un hecho que no deja de ser sumamente interesante: la elección de los miembros de los Consejos Regionales (CORES) a través del voto universal. Desde luego, este hecho no significa la autonomía regional definitiva; ni siquiera un avance muy importante en materia de descentralización. Sin embargo, puede ser el comienzo de la futura emancipación de las regiones de un centro metropolitano dictatorial y voraz. Es preciso, entonces, hacer de los CORES el inicio de un proceso descentralizador del país. Empecemos por definir bien los CORES. Según reza la Ley, el CORE, es parte del GORE (Gobierno Regional). Este fenómeno equivale a la réplica parcial del Estado en sus poderes ejecutivo y legislativo en las regiones, en el sentido que son órganos públicos fiscalizadores de la gestión del Intendente, con un carácter normativo y resolutivo, y encargado “de hacer efectiva la participación ciudadana en la gestión política y administrativa del Estado.” Vale decir, los CORES son parlamentos regionales, que, así como el Parlamento Nacional fiscaliza al Presidente de la República -pudiendo impedir la concreción de sus planes más importantes y hasta destituirlo - pueden también hacer lo mismo en las regiones con respecto a los intendentes, los primeros representantes del Presidente en cada región. Hasta hace poco, los miembros del CORE eran elegidos por los concejales municipales, lo que equivalía, en un país partidocrático como Chile, a que los partidos políticos fueran los dueños de facto de ese enclave político-administrativo. Peor aun, en los hechos, los CORES han sido feudos personales de caudillos y caciques locales de los partidos, en una nación en que la ciudadanía, indiferente y apática, ha venido desentendiéndose de la política cada vez con más fuerza. No es raro, entonces, tal como ha ocurrido en Iquique, que los amigos de confianza, cónyuges, hijos y parientes de los jefes de los partidos hayan tenido la primera opción de ocupar los sillones de los CORES. Afortunadamente, esa figura ahora ha empezado a cambiar; quizás no enteramente, porque después de todo, los partidos siguen en posesión de la primera movida en el tablero de ajedrez político. Pero, insisto, es un comienzo, y hay que saberlo aprovechar. Por ejemplo, toda gestión municipal que signifique inversiones públicas se trata en el CORE, según las presentaciones de proyectos del intendente. Aun con todas los amarres constitucionales impuestos al país en dictadura, todavía vigentes, podemos lograr avances en la construcción de una sociedad verdaderamente participativa y democrática, exigiendo, por ejemplo, la convocatoria a plebiscitos vinculantes como método para dirimir sobre medidas relacionadas con el desarrollo regional, en caso de producirse empates o disensiones entre el CORE y el Intendente, o entre los propios miembros del CORE. Quienes integren el próximo CORE regional deben exigir la asignación a la región de un porcentaje de los ingresos que genera la minería al Estado, la devolución a la región de un porcentaje del IVA que genera el gasto en la región, incluyendo las empresas que tributan en Santiago; la desmunicipalización de la Educación, la importación y venta de combustible a través de ZOFRI, la nacionalización de los recursos hídricos de la región. Finalmente, debieran hacer todo lo que esté a su alcance para detener la contaminación de nuestro aire y mar con la generación de energía termoeléctrica. En fin, se inicia un proceso democratizador en el país, del que nadie debiera estar ausente.